Gobernador Saffirio entrega auditoría a la Fiscalía Regional y cuestiona lentitud del Ministerio Público

El informe elaborado por Fortunato y Asociados detectó millonarios montos sin rendición y bienes sin regularizar.

El gobernador regional de La Araucanía, René Saffirio, presentó ante la Fiscalía Regional los resultados de la auditoría externa correspondiente al período 2022-2024 del Gobierno Regional, elaborada por la consultora Fortunato y Asociados. El proceso, que se extendió durante cinco meses, evaluó la ejecución presupuestaria, el cumplimiento de la normativa vigente y los mecanismos de control interno de la institución.

El informe expone la existencia de más de $79 mil millones sin rendición y $756 mil millones en propiedades y bienes sin regularizar ni transferir a sus beneficiarios finales, antecedentes que —según Saffirio— implican riesgos administrativos y legales.

“Hemos hecho el acto de entregarlo en el Ministerio Público porque nos parece que esta información es relevante para avanzar con mayor celeridad en las investigaciones que lleva la Fiscalía Regional. No ha habido la suficiente acuciosidad y celeridad que esperábamos para el avance de este proceso. No puede una institución pública permanecer con procesos pendientes eternamente”, señaló el gobernador.

Saffirio agregó que parte de estos fondos fueron transferidos “a privados, universidades, fundaciones, corporaciones, municipios y servicios públicos que a diciembre de 2024 no habían sido rendidos”, pese a haber sido entregados con anterioridad.

El gobernador Saffirio destacó del documento que este concluyó con una calificación de “abstención de opinión”, y precisó que esta es «la evaluación más grave que se puede generar en una auditoría externa«. Agregó además que «la abstención de opinión en una auditoría financiera administrativa tiene que ver con la imposibilidad de emitir precisamente una opinión por la magnitud de las sumas comprometidas y por la invasividad de los órganos comprometidos, tanto dentro del gobierno regional como fuera«.

La clasificación de abstención de opinión, de acuerdo a la clasificación nacional de auditoría, indica una falta significativa de información o trazabilidad. «Estas opiniones se emiten en función de si los estados financieros presentan o no incorrecciones materiales y si el auditor pudo obtener suficiente evidencia para formarse una opinión». 

Además, el propio documento distingue entre las observaciones técnicas (falta de conciliaciones, rendiciones o respaldo documental) y las interpretaciones políticas posteriores. Es decir, la auditoría no atribuye dolo ni califica las acciones como un “crimen organizado”, sino que expone debilidades estructurales y de control interno que deben ser corregidas mediante medidas administrativas y de gestión. Cuestión ya planteada por Contraloría.

Desde esta perspectiva, a diferencia del tono técnico del informe, el gobernador planteó interpretaciones más amplias sobre los hechos: “Lo que ha ocurrido no es casual. Aquí ha habido una estructura pública utilizada para defraudar. Aquí hay crimen organizado, esto no ocurre por casualidad, aquí hay muchas personas involucradas”, sostuvo.

Saffirio además mencionó una resolución dictada por el exgobernador en 2022 que habría delegado firmas en otros funcionarios, lo que a su juicio “provee de cierta impunidad respecto de actos administrativos que se desarrollan gradualmente para defraudar al Gobierno Regional”.

Finalmente, el jefe regional anunció acciones administrativas y legales complementarias, incluyendo sumarios internos y el envío de una copia del informe a la Contralora General de la República, Dorothy Pérez, con el objetivo de acelerar las investigaciones y determinar responsabilidades de aquellos funcionarios que no ejercieron sus labores de control.