Sesión continuará el próximo 30 de noviembre, con la exposición del director general de Carabineros, Bruno Villalobos.
Con el objetivo de conocer cuáles son las medidas concretas que se están adoptando para impedir que la violencia siga fuera de control en las regiones del Biobío y de La Araucanía, la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado realizó este martes una sesión especial donde abordó dicha situación, con la presencia del Subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy; del alto mando de Carabineros y de fiscales del Ministerio Público.
Tras finalizada la reunión, que se extendió por más de dos horas en el Congreso Nacional en Valparaíso, el Senador Alberto Espina –quien solicitó la instancia y que fue aprobada de forma unánime por sus integrantes- señaló que para mejorar esta realidad que se vive en el sur del país se deben efectuar “cambios legales urgentes”.
Al respecto, el parlamentario RN apuntó a que se debe aprobar el proyecto de dilación de juicio ya que “evitará que a través de resquicios legales que se demoren causas sobre este tipo de delitos”.
Por otra parte, Espina expresó que “resulta inconcebible que no exista un estatuto de protección de testigos lo que hace que muchos que tienen información sobre estos hechos, no estén dispuestos a declarar y finalmente no lo hacen con lo cual aumentan enormemente los niveles de impunidad”.
“También existe la necesidad de regularizar el uso de la información de los servicios de inteligencia en los juicios que en la práctica no se pueden utilizar, por lo tanto, se pierde una prueba muy útil”, argumentó.
Asimismo, Espina esgrimió que “es urgente que el Gobierno ponga urgencia al proyecto que establece los agentes encubiertos y entrega vigilada, que curiosamente existente en la Ley de Drogas, pero no existe en la Ley de Control de Armas, Ley de Seguridad del Estado, ni tampoco en la Ley Antiterrorista, transformándose en una ventaja enorme para los delincuentes”.
Finalmente, el parlamentario por La Araucanía expresó que “cuando uno ve los niveles de delincuentes que son detenidos versus los que son formalizados, y posteriormente sujetos a prisión preventiva, hay una diferencia importante”.
“Hoy quedó en evidencia que el sistema de investigación penal tiene gravísimas falencias, algunas de las cuales dice relación con leyes que deben tramitarse con urgencia, lo que depende de la voluntad del Gobierno, y otras donde deben coordinarse las policías y la fiscalía ya que obviamente hay carencias de recursos y medios para llevar adelante y de forma exitosa estas investigaciones”, concluyó.
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