Como una gran noticia que viene a sellar con broche de oro 24 años de gestión parlamentaria, calificó el senador Eugenio Tuma, el avance de este proyecto de ley de su autoría y que podría ser ley en los próximos meses.
La sala del senado aprobó el proyecto que perfecciona las normas de pago para las pequeñas y microempresas gracias al apoyo casi unánime de los senadores presentes.
La iniciativa fue ingresada en julio del 2016 por obra del Senador Eugenio Tuma- apoyado por los senadores Andrés Allamand, Alfonso De Urresti y Andrés Zaldívar- y modifica la ley N°20.416 con el objetivo de promover el pronto pago de las deudas contraídas con pequeñas y micro empresas cuando efectúan las ventas de un producto o debido a una prestación de servicios.
“Como parlamentario es una gran satisfacción terminar este período legislativo con la aprobación del Senado de un proyecto tan importante para las pequeñas y microempresas. Chile no tiene una política robusta para proteger a las empresas de menor tamaño, están expuestas a las prácticas abusivas de grandes empresas y cadenas que controlan los principales mercados, por eso éstas pueden postergar las fechas de pago a 90, 180 y más días, por tanto lo que pretendemos es terminar con estos abusos mediante este proyecto”, señaló el gestor de la iniciativa, Eugenio Tuma Zedán.
Para llegar a este punto, la moción parlamentaria tuvo que antes pasar por las Comisiones de Economía y Hacienda, donde se realizaron adecuaciones a los plazos, se reguló el no cumplimiento de los mismos, se garantizó el derecho a la aplicación de intereses por morosidad, se definieron corno cláusulas abusivas cualquier acuerdo que vulnere los derechos contenidos en la ley y, por último, se incorporó el derecho a indemnización.
El proyecto de ley intenta establecer mayor simetría en las relaciones de comercio y prestaciones de servicio que efectúan las empresas de menor tamaño, particularmente las pequeñas y micro empresas, considerando su posición en el mercado, su baja participación en ventas y exportaciones, su aporte en la generación de empleos y las dificultades que presentan para acceder a fuentes de financiamiento formales.
El proyecto recoge la experiencia comparada, particularmente las directrices emanadas por la Unión Europea, la legislación de España y de Reino Unido, que ya han dictado diversas normas para regular esta materia.
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