Emilio Oñate
Decano Facultad de Derecho, U. Central
El gobierno acaba de anunciar la conformación de una comisión que se aboque a analizar y proponer en cien días, medidas tendientes a modernizar el Estado. Hace rato ya sabemos que se vuelve imperioso un Estado más eficiente y eficaz, por lo que una reforma y modernización del mismo urge.
En el actual clima de crisis y desconfianza hacia las instituciones, el Estado y los servicios públicos en general son los que menos confianza genera y requieren de una profunda reformulación. La relación entre el ciudadano y la ventanilla de tal o cual servicio, o la entrega de un certificado, o el deambular de un piso a otro para obtener un documento, inciden directamente en cómo se percibe al sector público y lo que es más importante influyen en la calidad de vida de las personas.
De igual forma, si lo miramos desde el otro lado de la ventanilla, es muy probable que ese funcionario que entregó el documento o certificado, no tenga contrato con el Estado, reciba honorarios contra boleta, por una baja remuneración y carezca por consiguiente de los mínimos derechos que cualquier trabajador debe tener.
Sin el ánimo de ser clarividente, de seguro la comisión abordará la ya escandalosa situación de los funcionarios a contrata y de quiénes desempeñan labores a honorarios, lo que se traduce en que el Estado sea, precisamente, uno de los peores empleadores. De igual forma, se requiere fortalecer el servicio civil y la designación de cargos mediante el sistema de alta dirección pública, con remuneraciones que resulten efectivamente competitivas con el sector privado, para atraer profesionales de excelencia. Sin dudarlo, deberán tener en cuenta en su análisis, si se justifica la existencia de más de 20 Ministerios y el rol y funciones que en su estructura interna tienen las Subsecretarias y las respectivas divisiones. Además de concluir, entre muchas otras cuestiones, la reformulación de la Dirección de Presupuestos, la conocida y nunca bien ponderada DIPRES que evalúa programas y recorta formulaciones presupuestarias, las más de las veces sin mucha argumentación, bajo la conocida frase de la siempre necesaria restricción presupuestaria.
Tal vez, en los pocos más de 100 días del actual gobierno, esta sea una buena oportunidad para evaluar si además de lo presupuestario debe existir una dirección o agencia que haga seguimiento y evalué la calidad y el impacto de las Políticas Públicas.
En fin, nada de lo dicho es nuevo y desconocido, ha sido estudiado y propuesto por un sin fin de técnicos y expertos, por lo que a mi juicio una reforma o modernización al Estado (nociones que no son necesariamente equivalentes), más allá de un diagnostico, requiere decisión política para su implementación. Esperemos, por el bien de la institucionalidad pública y la calidad de la democracia, que algunas de estas conocidas propuestas y repetidas medidas se concreten.
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