El proyecto de retirar el 10% de los fondos de pensiones avanzó en la Cámara de Diputados y se está a la espera del Senado. Más allá de ser una medida con alta aprobación de las personas que ven en ella una oportunidad de ingresos en esta compleja situación económica, se deben mencionar algunos elementos que permiten señalar que el proyecto es una mala política pública.
En primer lugar, baja las pensiones. Es contradictorio con los esfuerzos para mejorar las pensiones. Muchos años se habla del problema de las bajas pensiones, se ha planteado entre otros que habría que subir la edad de jubilación y aumentar la tasa de ahorro. Resulta que este proyecto va en sentido absolutamente contrario, hará disminuir las futuras pensiones. Aunque se creen mecanismos para devolver eventualmente a futuro parte del retiro, se perderá toda la rentabilidad acumulada de lo que se retire. Recordemos que dos tercios del ahorro del afiliado es rentabilidad y solo un tercio es el aporte del trabajador.
Es regresivo, es decir, favorece a los de mayores recursos. Los que ganan más tienen mayores ahorros por lo que podrán retirar una mayor cantidad de dinero. Los que ganan menos podrán retirar menos y además muchos de ellos van a ver desaparecer todo o gran parte de su saldo, ya que el monto mínimo a retirar sería de UF35 (aprox. $1 millón). Los que tengan menos de esa cantidad podrán retirar todo su ahorro quedando en $0. En Chile, casi 3 millones de afiliados tienen menos de $1 millón en su cuenta, todos ellos quedarían sin saldo.
El retiro del afiliado sería sin pagar impuestos, lo que nuevamente es un beneficio del Estado para eximir de impuestos a los de mayores ingresos que retiran mayor cantidad. El proyecto plantea además que se creará un fondo solidario con aportes del Estado y empleador para restituir en parte los montos que se retiren. Esto implicará que el Estado devolverá con recursos públicos mayores montos a las personas de mayores ingresos que hicieron mayores retiros, otra muestra de la regresividad.
Es también discriminatorio contra la mujer, ya que como existe brecha salarial en desmedro de la mujer eso también se traduce en una brecha de ahorros previsionales. Las mujeres tienen en promedio un 45% menos de saldo previsional que los hombres, por lo que podrán retirar menos.
Es cortoplacista e irresponsable. Muchas veces se señala que hay que pensar en el Chile del futuro, del largo plazo; pues este proyecto hace justamente lo contario. Intenta resolver un problema transitorio con una solución que generaría un daño permanente y de largo plazo a las pensiones.
Afectará la rentabilidad de todos los afiliados. Si se aprueba el retiro, las AFP deberán vender sus instrumentos de inversión de renta fija y variable para hacer caja, el exceso de oferta hará caer el precio de acciones y bonos, lo que hará caer el valor de los fondos de pensiones. Esto afectará especialmente a los que están por jubilar.
Impactará las alicaídas arcas fiscales y generará otro impuesto al empleador. El proyecto plantea que se creará un fondo solidario con aportes del Estado y del empleador. Esto significa más deuda y gasto fiscal en donde el país ya presenta elevados índices de endeudamiento y déficit fiscal. Y afectará a los empleadores, cuando en realidad se necesitará incentivar la inversión, emprendimiento y contratación de empleo.
Existe una mejor alternativa para el problema que intenta solucionar. La misma OCDE ha manifestado que es riesgoso tomar este camino del retiro de fondos de pensiones. Lo justifica solo como una opción de última instancia. En Chile no es el último recurso, existe la alternativa del crédito solidario que por sus condiciones es mejor que el retiro de los fondos. Y si tiene problemas de cobertura se deben mejorar, pero no por eso recurrir a dañar las pensiones.
A nivel regional, La Araucanía es la región más pobre del país y con los sueldos promedio más bajos de acuerdo a la última encuesta suplementaria de ingresos (ESI). En consecuencia, la mayoría de los afiliados tiene un bajo saldo en su cuenta de capitalización individual de la AFP, por lo que esta medida haría que muchos pierdan la totalidad o gran parte de sus ahorros previsionales acumulados, lo que los dejaría en una peor situación de cara a su futura pensión.
Adicionalmente, la región de La Araucanía encabeza el ranking nacional de informalidad laboral, para 2019 el 36,2% de los trabajadores se desempeñaba en un empleo informal, es decir, sin cotización previsionales ni de salud. Por tanto, al 36,2% de los ocupados de la región no les beneficiaría esta medida, quedarían fuera.
Patricio Ramírez R.
Ingeniero Comercial mención Economía
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