La reunión a la que he sido convocada tiene un doble dilema que no quiero ni debo eludir: por un lado y con justa razón, que el Pueblo Mapuche lea en ello que este es un encuentro más de autoridades y ex autoridades en la que entre ellos se ponen de acuerdo para aplacar en algo las movilizaciones y demandas que se han levantado; por la otra parte, el gobierno buscando dar ahora – tras casi 2 años – una señal de amplitud política para abordar la situación de falta de voluntad para avanzar en materia de desarrollo y derechos indígenas, y tal vez igual, buscando trasmitir a la ciudadanía que esto ha sido así siempre, cuestión que refuto.
Es verdad, esta es una reunión más entre muchas que han ocurrido y que espero se realicen. En mi posición es un espacio al que tras la invitación no puedo poner condiciones para dialogar, sólo que espero señales de las autoridades en ejercicio para abordar desde ya lo urgente:
1.- El gesto humanitario y concordante con el convenio 169 de la OIT que adecúe el reglamento carcelario y que permita enfrentar las condenas y los juicios en condiciones tales que no exponga a los detenidos y respete sus valores.
2.- La presentación y patrocinio en tribunales de los recursos legales necesarios que investiguen y persigan responsabilidades sobre los hechos recientemente acontecidos, como que algunos tomen por sus manos “una falsa justicia”, agrediendo y desalojando a los mapuche en tomas, el daño a los municipios y las agresiones a terceros. Igualmente la inacción en el actuar de carabineros.
3.- Querellarse en contra quienes en estos días han incitado al odio, la violencia y el racismo.
4.- Dar urgencia a la agenda legislativa en materia indígena, incluyendo el compromiso de avanzar en ello tras años de espera, comprometiendo además escaños reservados para el proceso constitucional. El conglomerado político chile vamos debe dar una señal clara en esta dirección.
El clima de violencia, actual y estructural, se alimenta en la desconfianza. Condenarlo es sólo una parte de dicho desafío, al que estamos llamados. El estado de derecho debe proteger a todos los ciudadanos, mapuche y no mapuche.
Por último, y desde mi posición y haciéndome eco de lo que he conversado con muchos y muchas dirigentes sociales, alcaldes, concejales, invito y convoco a que mapuche y no mapuche de esta región, de las 32 comunas, nos articulemos y conformemos asambleas locales y un amplio proceso de debate y organización cívica, en el marco de los desafíos que como sociedad vamos a enfrentar.
No debe existir excusa por parte del gobierno para que un acuerdo mayoritario se exprese en un plebiscito que demanda una nueva constitución. APROBAR es el llamado para que nos miremos con optimismo en una sociedad más fraterna, que no teme a las diferencias de origen, de clase, de género, respetando los derechos humanos como base de este gran acuerdo.
La plurinacionalidad y la autodeterminación no deben ser un tabú en el diálogo territorial, en un modelo donde quienes vivimos en esta región nos veamos reflejados.
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