Ello, en medio de los recientes casos en que jóvenes fueron secuestradas por sus exparejas y agredidas física y sexualmente.
La noticia de una mujer de 19 años que pasó cinco días secuestrada al interior de un domicilio en la comuna de Catemu, en la región de Valparaíso, por su expareja quien fue detenido por el delito de secuestro con violación reiterada y lesiones menos graves se suma al caso de un hombre que fue preso por tener secuestrada a su novia en Limache (en la misma región), formalizado por los delitos de violación en carácter de reiterado, abuso sexual reiterado y amenazas en contexto de violencia intrafamiliar. Estos dos lamentables hechos no son aislados y se han vuelto una tónica durante este año, con 50 femicidios en Chile, según informa la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
En este contexto, la Fundación Chilena para la Discapacidad reiteró su preocupación por la violencia de género que lamentablemente se vive en el país y que se recrudece por las limitantes que mujeres con alguna discapacidad enfrentan para efectuar las denuncias, sobre todo, en periodos de pandemia por las restricciones de movilidad, y de la posibilidad de disponer de la red de protección del Estado que muchas veces llega tarde cuando las consecuencias de esas agresiones pasan a ser titulares de las crónicas rojas de los diarios y noticieros.
“Es necesario enfrentar con firmeza la situación de violencia que viven las mujeres con discapacidad en Chile, ya que, si bien existen variadas iniciativas que abogan contra este delito que se encuentra en discusión en el Congreso, no hay ninguna en específico que se refiera a este segmento de la población. Por ejemplo, en el caso de la discapacidad física severa es necesario que se establezcan mecanismos que permiten que la persona por sus propios medios pueda realizar la denuncia. Por otra parte, en el caso de la discapacidad intelectual no existe personal capacitado para explicarles a este grupo dicho procedimiento de manera sencilla, los tiempos que demora, pasos a seguir, etcétera”, explica María José Salazar, integrante del equipo del Área Mujer de la Fundación Chilena para la Discapacidad.
En esa misma línea, la experta, que también es trabajadora social y magister (c) en Estudios y Desarrollo de la Familia, añade que “otro de los problemas es que no existen formularios en sistema braille para hacer las denuncias, lo que discrimina a las mujeres con discapacidad visual”.
Por último, la especialista concluye que junto con el llamado a las autoridades de gobierno y parlamentarios para que tomen cartas en el asunto, es necesario empezar a ocupar la tecnología y efectuarla de manera remota o telemática en el caso de las denuncias por violencia intrafamiliar y otros delitos contra la mujer, lo que ayudaría a las personas con discapacidad y a toda la población en general. De igual forma, se podría ocupar la geolocalización que ofrecen los dispositivos móviles para evitar que los denunciados por agresiones se acerquen a sus víctimas.
Cabe destacar que en Chile se estima que hay cerca de 2,7 millones de personas (correspondiente a la población adulta) en situación de discapacidad, según la segunda encuesta Endisc del Servicio Nacional de Discapacidad (SENADIS) del año 2015.
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