En marco de la Cumbre Agrícola Sur, realizada en Temuco, el presidente de la compañía realizó un diagnóstico sobre la situación que atraviesa la región y se refirió a la disposición de planes de compra de tierras. Asimismo, abordó temas como la conformación de la Comisión para la Paz y Entendimiento, el diálogo con las comunidades y enfatizó en que la falta de seguridad sigue siendo la principal adversidad que enfrenta el sector.
“Avanzar sobre certezas” se denominó el documento que presentó el presidente de Empresas CMPC, Luis Felipe Gazitúa, al momento de presentarse en la primera Cumbre Agrícola Sur, organizada por la Asociación de Agricultores Malleco.
El encuentro tuvo el objetivo de abordar los principales desafíos a los que se enfrenta actualmente el sector agrícola, incluyendo las medidas de resguardo para asegurar la producción de alimentos, los riesgos que se presentan debido a la compra de tierras y los retos que supone el cambio climático.
“El principal problema sigue siendo la inseguridad, tal como lo considera la mayoría de la población mapuche y no mapuche, y que no solo se verifica en los más de dos atentados diarios en promedio, sino también, como vimos este año, en las más de 400.000 hectáreas quemadas por delincuentes y terroristas”, señaló Gazitúa.
En la instancia participó la jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior, Carolina Garrido; el gobernador regional de La Araucanía, Luciano Rivas; el delegado presidencial regional, José Montalva; el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, Ricardo Mewes; el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura; y el embajador de Ucrania en Chile, Vladysslav Bohorad, entre otros.
El presidente de Empresas CMPC se refirió a la disponibilidad de tierras y el diálogo con las comunidades indígenas, haciendo hincapié en que “hemos estado y estamos siempre disponibles para el diálogo, sin exclusión de temas, y así lo hemos manifestado y demostrado en muchas ocasiones”. Gazitúa expuso que solo en operaciones de CMPC, suman 227 atentados con 354 personas afectadas, cinco de ellas fallecidas en los últimos cinco años. También aseguró que la empresa no tiene intención de abandonar la región, pero que el dialogo se debe dar “siempre sobre certezas y diseños que realmente entreguen a las comunidades las herramientas para un desarrollo productivo y, por supuesto, con pertinencia cultural”.
Respecto a la conformación de la Comisión para la Paz y el Entendimiento, Gazitúa explicó que ven con optimismo la instancia, destacando los objetivos de esta, así como el determinar con claridad la demanda de tierras, lo entregado y lo que falta. “Creemos y confiamos en el diálogo como única forma razonable y democrática de alcanzar acuerdos y soluciones. Por lo mismo, bienvenida toda instancia de encuentro y diálogo”, sostuvo.
Sin embargo, Gazitúa fue enfático en decir que existen señales que alimentan la confusión y que alejan de las certezas necesarias que este proceso requiere. “El problema es que las autoridades se suceden en el tiempo y los que quedamos son las comunidades y las empresas, mirándonos las caras, incrementando la desconfianza mutua, sin saber qué responder o cómo proseguir”, agregó.
Asimismo, resaltó la presencia y compromiso histórico de CMPC con La Araucanía, destacando la implementación de las plantas de celulosa, remanufactura, aserraderos y más, además de los programas de apoyo a la educación y el desarrollo local. “Entendemos que la principal vocación de la región es agrícola, pero en una propuesta de convivencia social, cultural y productiva es evidente que hay muchas hectáreas de aptitud forestal no utilizadas. La industria forestal es una industria de futuro, muy valorada hoy en el mundo, que viene a responder a la creciente demanda por productos más amigables con el medio ambiente y que, además, aporta significativamente a la captura de gases de efecto invernadero”, enfatizó.
La presentación de Gazitúa concluyó con siete ideas clave que reflejan la visión de CMPC, como la importancia de enfrentar el problema como una política de Estado, garantizando los derechos existentes, promoviendo un desarrollo productivo y armonioso, avanzando en mecanismos transparentes de compensación y priorizando la seguridad pública.
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