Firma de Convenio se realiza en el marco de la consolidación de la Pena de Prestación de Servicios en Beneficio a la Comunidad.
En dependencias de la Municipalidad de Vilcún el Director Regional de Gendarmería en La Araucanía, coronel Alberto Figueroa Quezada y la alcaldesa de la comuna de Vilcún Katherinne Migueles Muñoz, firmaron la renovación de un convenio de colaboración que permitirá implementar en la comuna, la Pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad (PSBC).
El acuerdo establece que el municipio de Vilcún compromete 5 plazas de servicio voluntario y no remunerado, destinadas a que las personas condenadas a la pena sustitutiva cumplan la sanción penal impuesta, realizando actividades que van en directo beneficio de la comunidad y supervisadas por el Centro de Reinserción Social (CRS) de Temuco.
Al respecto, el director regional coronel Alberto Figueroa Quezada destacó “Sólo me queda agradecer a quienes hacen posible la firma de este convenio, que reafirma nuestro compromiso con la sociedad, como eslabón fundamental de la seguridad Pública. Hoy la Municipalidad de Vilcún nos brinda la oportunidad y genera escenarios con el propósito que aquellas personas que han cometido errores, vengan a través del cumplimiento de este tipo de penas, a realizar una contribución a la comunidad y no tengan que cumplir su pena al interior de cárceles, en donde incluso en algunas ocasiones, puede significar la continuidad de una carrera delictual.
Por su parte, el alcaldesa de la comuna de Vilcún Katherinne Migueles Muñoz se mostró muy satisfecha con la firma de convenio señalando “Para nosotros como municipio es tremendamente significativo este nuevo acercamiento con Gendarmería de Chile. Es importante destacar la reactivación de este convenio, ya que va a permitir que personas o vecinos que por algún motivo han sido infractores de la ley o cometido delitos menores, puedan hacer prestación de servicios comunitarios en su misma comuna y en dependencias municipales, por ejemplo en el área de mantención, cementerio, aseo y ornato, áreas verdes, entre otras destinaciones”.
Esta es una iniciativa que tiene su origen en las modificaciones a la Ley N° 18.216, que implementa seis penas sustitutivas a la reclusión y que busca la reinserción social de aquellas personas que cometieron delitos menores, para así evitar el contagio criminógeno del penado ante la posibilidad de ser sometido a una pena privativa de libertad efectiva.
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