El único requisito es que las tierras estén debidamente inscritas en la Conadi para quedar exentas; y de no estarlo, es necesario realizar dicho trámite. Así lo comunicó el parlamentario por La Araucanía respecto de la situación de distintas comunidades mapuche ubicadas en zonas alcanzadas por un plano regulador urbano, como ocurre por ejemplo en Temuco.
El senador Francisco Huenchumilla aclaró y detalló que los territorios indígenas que queden dentro del plano regulador de una comuna continúan exentos del pago de contribuciones de bienes raíces, porque los planos reguladores que ordenan dicho pago son “actos administrativos” que no pueden anteponerse, en este caso, a la Ley 19.253 –que libera de dicha obligación a las tierras indígenas–.
El parlamentario recibió la alerta de parte de distintas comunidades de La Araucanía sobre esta situación, e inició inmediatamente las gestiones ante la Contraloría y la Tesorería General de la República, para aclarar y subsanar el problema.
“Teniendo bajo conocimiento la situación de las comunidades, solicité inmediatamente un dictamen de la Contraloría General de la República, quien respondió de manera enfática que un plano regulador no puede cambiar la naturaleza jurídica de las tierras indígenas, porque eso es algo establecido por ley”, explicó el legislador.
Huenchumilla destacó, por ese motivo, que “el que tierras indígenas queden dentro de un plan regulador urbano, en este caso el de Temuco, no significa que las tierras indígenas pierdan su calidad de tales; en este caso, un plano regulador es un acto administrativo que no cambia la naturaleza jurídica de un territorio. La ley siempre estará por sobre cualquier acto administrativo municipal, y es este último el que no puede contravenirla”, detalló.
“Es por eso que las tierras indígenas que queden dentro de planos reguladores urbanos no pagarán nunca contribuciones, porque así es como lo mandata la Ley 19.253, también conocida como Ley indígena, para cualquier tierra indígena independientemente de su ubicación”, planteó.
Solución al problema
Visto lo anterior, el senador se comunicó directamente con el tesorero general de la República, Hernán Nobizelli, para pedirle que se avance en la debida exención de contribuciones a las comunidades aquejadas por este problema.
“El tesorero general de la República me aclaró que, efectivamente, nuestro razonamiento es correcto; con la única salvedad de que para acceder a la exención, la comunidad debe inscribir su territorio ante la Conadi y presentar el certificado de dicha inscripción al Servicio de Impuestos Internos”, detalló.
El legislador explicó asimismo, que según información entregada por el tesorero general de la República, las comunidades afectadas “tendrán un plazo de 180 días, gracias a una suspensión administrativa judicial en el proceso de cobro, para regularizar la inscripción de sus tierras indígenas en Conadi, evitando así el pago de cualquier tipo de contribución. Este plazo que rige desde el día 14 de marzo”.
El legislador explicó asimismo que el tesorero general de la República, “atendida la solicitud que le hice, ordena paralizar las cobranzas durante 180 días, para que las personas afectadas puedan concurrir a la Conadi y hacer los trámites necesarios. Por eso quiero hacer un llamado, para que las comunidades que estén afectadas por esta situación vayan a la Conadi, verifiquen si sus tierras están inscritas, y de no ser así, las regularicen. Por mi parte, yo conversaré con la Conadi para que agilicen la atención de las personas en esta materia”, indicó.
De todas maneras, el parlamentario expresó sus intenciones de que “exista, ojalá, una mejor coordinación entre los distintos organismos del Estado, en este caso el SII, la Tesorería General de la República y la Conadi, para evitar con posterioridad que otras comunidades indígenas pasen por estas mismas situaciones”, puntualizó.
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