Por Edmundo Varas, director de KPMG Law en Chile
Sin lugar a duda, la publicación de la Ley de Delitos Económicos, en agosto de 2023, despertó la ansiedad del mundo empresarial debido al establecimiento de un régimen de tratamiento penal especial para aquellas acciones cometidas en el ámbito de los negocios, expansión de la responsabilidad penal de la persona jurídica y la designación de varios individuos responsables de la integridad corporativa de la empresa, en lugar de una sola persona.
Desde entonces, las organizaciones a nivel general aceleraron su paso para actualizar sus políticas y procedimientos internos, y así cumplir con la nueva legislación. Esto ha sido acompañado por el fortalecimiento de sus áreas de cumplimiento, mediante la implementación de modelos de prevención y detección de conductas ilícitas más efectivas, nuevos sistemas de gobernanza, un mayor énfasis en el rol de los miembros de la organización y refuerzo de sus programas de capacitación.
En nuestra experiencia con clientes de diversos sectores, uno de los principales desafíos que han enfrentado las compañías en este camino ha sido la creación de un sistema de prevención de delitos efectivo y fácil de incorporar en la cultura organizacional. ¿La razón? Para lograr el desarrollo de un método eficaz es necesario aunar esfuerzos entre distintas áreas de la empresa, que cada uno de los colaboradores comprenda su rol, las responsabilidades y riesgos que implican sus acciones en la organización.
Si bien hemos visto grandes avances desde la publicación de la norma, existe otro reto importante a considerar: el proceso de implementación de nuevos modelos de prevención de delitos requerirá una revisión constante y pruebas de efectividad realizadas por terceros independientes, quienes cumplirán un rol clave respecto de actualizaciones de dichos modelos, además de supervisar posibles situaciones de riesgos penales, evaluar el diseño y efectividad de los controles, y proponer planes de acción para mantener un método de prevención de delitos efectivo.
Hoy, a casi un año desde la publicación de la ley, y cuando nos encontramos ad portas de la entrada en vigor de las modificaciones a la norma de responsabilidad penal de las personas jurídicas, será el momento de poner a prueba los cambios implementados por las empresas, y ver cómo los Tribunales abordarán los primeros casos bajo la nueva legislación para perseguir la responsabilidad penal, ya sea que ellos se inicien por intereses legítimos o por la instrumentalización de la norma.
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