Este viernes 15 de noviembre se cumple un año de la promulgación de la ley que endurece las penas por delito de usurpación.
A un año de la entrada en vigencia de la Ley de Usurpaciones, el presidente del Gremio de Agricultores, Sebastián Naveillán, se refirió a la norma que regula los delitos de ocupación ilegal de inmuebles y su relevancia para la seguridad en la Macrozona Sur.
“Hacemos un llamado a todos los dueños de los predios para que realicen sus denuncias por usurpación, necesitamos que todas las hectáreas estén produciendo alimentos en Malleco, sigan así. Cada dueño de un inmueble que esté usurpado debe denunciar para que de una vez por todas sea entregado a él, y pueda volver al sistema productivo el campo usurpado. ”, dijo.
Al mismo tiempo, el presidente del gremio agradeció a los parlamentarios que en su momento promulgaron la ley. Además, reiteró que, “el respeto de la propiedad privada es la base para una democracia sana”.
Además, fue enfático en que cualquier persona que violente la propiedad privada, “debe ser condenado”.
Cabe recordar que la Ley de Usurpaciones fue aprobada en el Congreso el pasado 8 de noviembre con la totalidad del veto presentado por el Gobierno, junto a las 14 observaciones que modificaron su contenido.
Se promulgó sin la figura de la legítima defensa privilegiada, con flagrancia permanente sólo para la policía (a fin de evitar la autotutela de civiles), y con sanciones diferenciadas dependiendo de la gravedad del delito.
En la actualidad, las penas llegan hasta cinco años por usurpaciones violentas, hasta tres por usurpaciones con daño sobre las cosas, y hasta 541 días o multa por usurpaciones sin violencia, según lo determine el juez.
Por su parte, El Observatorio Judicial, en su último informe sobre Violencia en la Macrozona Sur con relación a las usurpaciones, y analizó un total de 211 causas ingresadas a los tribunales de justicia entre 2018 y 2023 en las regiones de Biobío, la Araucanía, los Ríos y los Lagos, encontrando 34 causas reservadas.
Sin embargo, solo se conoce la identidad del 58% de los imputados (considerando 177 causas), mientras que el 42% de los casos restantes las acciones se presentan contra quien resulte responsable.
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