Hace más de una década Angélica Riquelme Cavagnero ejerce funciones docentes en la Escuela Pedro de Valdivia de Temuco donde, de acuerdo a los apoderados y docentes, destaca por su preocupación por el bienestar de los alumnos, varios de ellos en situación de vulnerablidad, por lo que, a su labor educativa, ha sumado apoyo y acompañamiento emocional y social.
Siempre apegada a las reglas, Angélica comenzó su trabajo en el establecimiento municipal el año 2013, cuando ingresó mediante concurso público. Desde entonces, también se ha perfeccionado en su profesión, alcanzando el grado de Magister en Gestión directiva de excelencia.
Pese a su formación académica y vocación de servicio a sus alumnos y familias, desde 2022 la profesora comenzó a ser objeto de acoso laboral. En primera instancia, cuando realizó derivaciones de dos alumnos – uno que desarrollaba conductas agresivas en el establecimento y otra que mantenía conductas de tipo sexual en sala de clases- a la encargada de convivencia escolar de la escuela quien, lejos de tomar medidas, comenzó “una actitud descortés, autoritaria y de superioridad hacia ella”, detalla la denuncia presentada ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco.
Angélica relata que “realizaba derivaciones de estudiantes que pudieran tener vulneración de derechos, tanto en sus hogares como en la escuela. También derivaba niños para que fueran inscritos en el Programa de Integración Escolar (PIE), lo cual no se hacía”. Por ello, agrega “era cuestionada (por el equipo directivo de la escuela) y los apoderados me pedían insistir para que los estudiantes fueran inscritos y se me negó, o se cuestionaba mi punto de vista”, llegando incluso a “llamar a los apoderados, hacían acusaciones falsas y firmaban los apoderados en contra mía”.
El abogado Alejando Zúñiga añade que “doña Angélica comienza a dar a conocer situaciones de irregularidad que se estaban cometiendo al interior de la Escuela, que estaban afectando a los niños, a los alumnos, en el buen sentido de decir que las cosas se hicieran mejor. Desafortunadamente eso no se tomó de buena manera, por el contrario, generó una represalia por parte del equipo directivo”.
La situación se agravó durante 2023, cuando la profesional comenzó a ser objeto de una cerca de una decena de acusaciones por parte de la misma encargada de convivencia escolar y la directora del establecimiento. Denuncias que se reiteraron durante todo el año y que, incluso llegaron hasta el Departamento de Educación municipal y la Fiscalía, imputando supuestas agresiones de la profesora a sus alumnos, todas las cuales fueron descartadas por considerarse que no tenían ningún fundamento y carecían de veracidad.
Pese a ello, la serie de denuncias falsas y la falta de apoyo de las autoridades de la escuela municipal se mantuvo, afectando su integridad física y psíquica, por lo que solicitó atención médica, que derivó en la entrega de, al menos, dos licencias psiquiátricas basadas en su condición laboral, además de episodios de ansiedad, angustia, insomnio, sensación de miedo, entre otras afectaciones. De acuerdo a lo expuesto en sentencia, desde la Mutual de Seguridad se indica que la profesora es una “trabajadora expuesta a riesgo o agente de hostilidad de la jefatura”.
La sentencia confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco, afirma que “sufrió vulneración de su garantía a la integridad física y psíquica y a su derecho a la honra como consecuencia de actos calificados como acoso laboral por parte de la jefatura del colegio en que presta servicios”, por lo que se determinó el pago de $10 millones por concepto de indemnización por daño moral, junto con la obligación de ofrecer disculpas a la demandante en una carta que deberá ser suscrita por el alcalde (Roberto Neira) y por el jefe del Departamento de Educación Municipal (Marcelo Segura).
Para el abogado Zúñiga “la sentencia constata que el equipo directivo del establecimento educacional realizó un hostigamiento, un acoso laboral, una persecusión en contra de una funcionaria municipal, de una profesora”. Explica que “se ha ordenado que el alcalde pida disculpas públicas”, debido a que, pese a que “la Mutual de Seguridad decretó que la situación que ella estaba vivendo es calificada como una enfermedad profesional provocada por el equipo directivo del establecimiento, la Municipalidad no ha tomado nnguna medida correctiva, intuímos, que pudiese ser por la confianza que existe directamente desde DAEM y de la Alcaldía respecto de la directora”. Para el abogado de la docente “lo que más llama la atención y deja ver que hay una suerte de impunidad del equipo directivo del establecimiento es que, estando la sentencia de primera instancia, que decía que existe acoso laboral, se inician nuevos sumarios (que hoy están en curso y mantienen a la víctima suspendida de sus funciones) que lo que buscan es hostigar a mi representada y que renuncie a su trabajo”.
Pese a todo, para la profesora Angélica Riquelme lo importante es que “la verdad salió a la luz, y le doy gracias a Dios porque realmente puedo estar tranquila porque se hizo justicia”. Enfatiza que no piensa en renunciar a la escuela, porque “es un sector vulnerable, en el que nosotros podemos dejar una huella, para que los niños y sus familias salgan adelante (…). Los niños de estos sectores necesitan profesores de vocación”.
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