Fotografía viernes 27 de junio, Los Urbanistas esquina La Vertiente.
Jaurías en zonas urbanas y rurales generan riesgos sanitarios, ataques a personas y presión sobre la fauna. Municipios denuncian caniles colapsados y escaso apoyo estatal, mientras el debate se divide entre el bienestar animal y el control poblacional.
La presencia de perros vagos en calles y sectores rurales de La Araucanía se ha transformado en una emergencia de carácter social, sanitario y ambiental. Con un gran número de perros sin dueño circulando en ciudades como Temuco, Angol y Villarrica, los municipios enfrentan una creciente presión ciudadana ante los riesgos asociados: mordeduras, accidentes de tránsito, enfermedades zoonóticas y depredación de fauna silvestre.
En Temuco, la municipalidad administra un canil municipal que se encuentra colapsado. La situación se replica en otras comunas como Padre Las Casas y Villarrica, donde la alta cantidad de animales abandonados supera la capacidad de acogida, y las denuncias por ataques o jaurías agresivas van en aumento.
Según datos del SAG, los perros sin supervisión son responsables del 29% de los ataques a ganado en el país. Además, su impacto en la fauna protegida es creciente, con registros de ataques a pudúes y aves nativas en sectores rurales de La Araucanía. A nivel urbano, el aumento de mordeduras, riesgos de rabia e hidatidosis, y accidentes por animales sueltos preocupa a vecinos y autoridades.
La ley 21.020, conocida como Ley Cholito, establece el marco legal para el registro, esterilización y tenencia responsable de mascotas. Si bien la normativa busca prevenir el abandono, su implementación ha sido dispareja. En Temuco, se actualizó recientemente la ordenanza municipal para aplicar sanciones más severas contra quienes incumplan con los cuidados básicos de sus mascotas o las abandonen. No obstante, la fiscalización sigue siendo reactiva y dependiente de denuncias formales.
El debate público se ha polarizado. Por un lado, organizaciones animalistas y defensores del bienestar animal promueven soluciones como campañas de esterilización masiva, educación ciudadana y adopción responsable. Por otro, en sectores rurales y voces del ámbito sanitario plantean la posibilidad del sacrificio controlado en casos extremos, especialmente cuando se trata de animales enfermos o agresivos que representen un peligro para la población.
Expertos coinciden en que la solución debe ser integral y basada en una política pública sólida. Algunas medidas clave incluyen:
- Financiamiento estatal para fortalecer y ampliar los caniles municipales.
- Campañas de esterilización obligatoria y sostenida en el tiempo.
- Educación en tenencia responsable desde establecimientos educacionales y organizaciones comunitarias.
- Registro obligatorio de mascotas, con sanciones efectivas por abandono.
- Protocolos éticos para el eventual sacrificio, bajo supervisión veterinaria, como última medida y con justificación sanitaria.
Desde el ámbito sanitario y ambiental, el Ministerio de Salud y el SAG han impulsado mesas intersectoriales para enfrentar el fenómeno con una mirada multidimensional. Sin embargo, los municipios siguen siendo el primer eslabón en la cadena de respuesta, muchas veces con presupuestos limitados y equipos técnicos insuficientes.
En paralelo, se ha generado polémica respecto de las ordenanzas municipales que prohíben alimentar a perros callejeros. La Contraloría ha determinado que estas disposiciones no se ajustan a derecho si contradicen la Ley Cholito, la cual respalda que alimentar animales no puede ser sancionado por sí solo.
En caso de ataques de perros callejeros, los municipios están obligados a intervenir, aunque la ausencia de un dueño complica la asignación de responsabilidades legales. La ciudadanía puede presentar denuncias ante la municipalidad respectiva, Carabineros o la Seremi de Salud, y exigir acciones de control, tratamiento o rescate, según corresponda, pero sin herramientas es solo una atribución en el papel.
Hoy, la urgencia por una solución real crece al mismo ritmo que el número de perros abandonados. Las calles de La Araucanía ya no son solo de tránsito humano, sino también escenario de una convivencia en tensión que exige decisiones firmes, cooperación entre actores públicos y privados, y un nuevo pacto social con los animales y el entorno.
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