Eduardo Abdala aseguró que será la Contraloría la que deberá pronunciarse, y señaló que la funcionaria realizó el post en periodo de vacaciones.
Una nueva controversia golpea a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), luego de que su subdirectora nacional sur (s), Carmen Gloria Oñate, compartiera en su cuenta de Instagram una convocatoria a manifestarse en apoyo al lonko Juan Pichún Collonao, actualmente en prisión preventiva por su presunta participación en un atentado incendiario ocurrido en 2021 en Traiguén.
La situación generó inmediatas reacciones políticas, particularmente desde la bancada de Renovación Nacional, donde el diputado Miguel Mellado anunció que presentará un requerimiento ante la Contraloría General de la República por una eventual falta a la probidad. En medio de la polémica, el delegado presidencial regional de La Araucanía, Eduardo Abdala, se refirió oficialmente al hecho y a las eventuales consecuencias administrativas para la funcionaria.
“Quisiera informar que en la mañana de hoy me he comunicado con el director nacional de la Conadi para efectos de requerir mayores antecedentes en el aspecto de la publicación en la cual se hace referencia”, declaró Abdala. Según lo informado por la máxima autoridad de Conadi, la funcionaria se encontraba haciendo uso de su feriado legal al momento de compartir el contenido.
Frente a esto, el representante del Presidente Gabriel Boric en la región enfatizó que será la Contraloría la que tendrá la última palabra. “Nos parece muy importante el hecho de que, una vez conocidos los antecedentes por parte de la Contraloría, sea esta quien haga la definición respecto a si es que hay alguna colisión o alguna falta entre, por un lado, el rol público que le compete a esta persona, y adicionalmente, la libertad de expresión que tiene para el uso de sus redes sociales personales”, puntualizó.
Gobernanza en entredicho
La situación también abrió cuestionamientos respecto del rol de Oñate en la mesa de gobernanza de la Consulta Indígena por tierras, en el marco de la Comisión para la Paz y el Entendimiento. Al respecto, Abdala fue enfático:
“La participación que tienen los distintos actores de la mesa de gobernanza no lo hacen a título personal, sino que más bien en representación de las instituciones en las cuales ellos trabajan. En este caso, la señora Oñate representa a la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en su calidad de subdirectora nacional subrogante. Es por tanto entonces esta institución quien deberá verificar si esta persona se mantiene, si continúa siendo parte del proceso de gobernanza o se decide hacer en ello una modificación”.
El trasfondo judicial
El origen del conflicto se remonta a la detención de Juan Pichún, quien fue capturado por la PDI en cumplimiento de una orden judicial. Está siendo investigado por su presunta participación en un atentado incendiario ocurrido en el fundo La Coña, el 5 de noviembre de 2021. En el ataque fueron destruidos un galpón y maquinaria agrícola. Fue formalizado el pasado viernes por los delitos de incendio reiterado y porte ilegal de arma de fuego, quedando en prisión preventiva. Su defensa anunció que interpondrá un recurso de apelación.
En medio de este contexto judicial, la publicación de la funcionaria Oñate, donde se lee: “Familia Pichún convoca a una visita masiva al lonko Juan Pichún Collonao con el fin de denunciar la persecución y el hostigamiento que el Ministerio Público de Chile ejerce contra su familia”, ha reavivado el debate sobre los límites entre lo público y lo privado en redes sociales de funcionarios públicos, especialmente en temas de alta sensibilidad para la región.
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