El instrumento para enfrentar la crisis ambiental del lago fue retirado de Contraloría junto a otros 43 decretos para revisión administrativa; el Gobierno insiste en que es un proceso habitual, mientras el GORE anuncia recursos y desde el Consejo Regional llaman a actuar por la vía formal.
El futuro del Lago Villarrica vuelve a instalarse en el centro del debate regional, luego de que el plan de descontaminación —considerado clave para frenar el deterioro ambiental del principal polo turístico de La Araucanía— quedara en revisión tras el retiro de 43 decretos desde la Contraloría General de la República.
La medida, adoptada por el gobierno entrante del Presidente José Antonio Kast, fue explicada por el Ministerio del Medio Ambiente como parte de un proceso administrativo habitual. “El Ministerio del Medio Ambiente está en proceso de revisión” de los decretos, señalando además que “debido a la complejidad de cada uno, no existe un tiempo determinado para su reingreso a este organismo”.
Desde el Ejecutivo argumentaron que una parte importante de estas iniciativas fue ingresada en los últimos días del gobierno anterior. “El gobierno saliente ingresó a tramitación 21 (de esos 43) decretos los primeros días de marzo, de los cuales 13 ingresaron el 10 de marzo, es decir, el último día de su gestión”, indicaron.
Sin embargo, el contexto no ha pasado desapercibido. Entre los decretos en revisión se encuentran instrumentos de alto impacto ambiental, como normas para industrias contaminantes, reglamentos asociados a la Ley Marco de Cambio Climático —que fija la meta de carbono neutralidad al 2050— y medidas de protección de ecosistemas y especies en riesgo.
En ese listado aparece el plan de descontaminación del Lago Villarrica, un instrumento largamente esperado que busca revertir años de deterioro ambiental marcados por la saturación de fósforo y clorofila, fenómeno que ha encendido alertas en la zona por sus efectos en el turismo, la economía local y la calidad de vida.
En paralelo, el Gobierno reingresó a Contraloría el decreto para proteger a las ranitas de Darwin, especies en peligro y peligro crítico de extinción. “Luego de una exhaustiva revisión de este instrumento, reingresamos a Contraloría el decreto (…) Esta es una medida clave para proteger estas especies únicas de la biodiversidad chilena”, indicó el Ministerio, confirmando además que el organismo contralor ya tomó razón del plan RECOGE.
Pero mientras el Ejecutivo intenta bajar el tono al retiro de los decretos, la reacción en La Araucanía fue inmediata y frontal. El gobernador René Saffirio elevó el tono y calificó la situación como un riesgo directo para la región.
“El Plan de Descontaminación del Lago Villarrica no se puede detener. Su retiro de la Contraloría (…) es un golpe directo al desarrollo de La Araucanía”, afirmó, advirtiendo que cualquier retraso impacta en el turismo, el empleo y la calidad de vida de miles de familias.
El plan contempla más de 40 medidas concretas para reducir cerca de 70 toneladas de fosfato en un plazo de 15 años, además de una inversión que supera los 50 millones de dólares, con participación de distintos sectores productivos.
En un giro que eleva la presión política, Saffirio anunció que el Gobierno Regional buscará financiar parte de la iniciativa con recursos propios. “Vamos a gestionar los recursos necesarios (…) de tal manera que no haya excusa para suspender su ejecución”, sostuvo.
Incluso, adelantó gestiones con el nivel central, incluyendo una reunión con el ministro de Economía, para empujar una salida que permita avanzar sin más dilaciones. “Aquí se requiere voluntad y decisiones claras. La Araucanía puede enfrentar este desafío”, afirmó, deslizando cuestionamientos sobre las prioridades del Ejecutivo.
No obstante, desde el propio Consejo Regional surgieron críticas a la forma en que se ha planteado esta iniciativa. El consejero regional Hans van der Molen advirtió que el anuncio no ha sido abordado institucionalmente. “Una vez más el gobernador está haciendo anuncios que no han sido conversados con el consejo regional, y no nos corresponde pronunciarnos sobre anuncios emocionales. No queremos que pase lo que sucedió con su anterior anuncio acerca del mercado de Temuco, donde generó en la ciudadanía expectativas que no pudo cumplir”, señaló.
El consejero agregó que “esperaremos a que nos invite a conversar y nos proponga mediante el conducto administrativo formal, que es un mensaje, la destinación presupuestaria para esta iniciativa u otras que tengan una base normativa real”.
El contraste es evidente: mientras el Gobierno insiste en que se trata de una revisión técnica sin plazos definidos, desde la región se instala un debate político que tensiona tanto la urgencia ambiental como los mecanismos institucionales para avanzar en soluciones.
Por ahora, el plan permanece en pausa administrativa, pero con una creciente presión política y territorial.