El 84% de los gastos en difusión de la parlamentaria fue destinado a un solo proveedor, quien actualmente enfrenta una causa judicial por presunto fraude de subvenciones.
El caso del exasesor y actual jefe de gabinete del gobernador René Saffirio, quien fue alejado de sus funciones tras ser formalizado, abre cuestionamientos sobre la concentración de recursos y el uso de fondos públicos en asesorías comunicacionales.
Un total de $17,4 millones en gastos de difusión registró la diputación de Ericka Ñanco entre marzo de 2022 y enero de 2024, según antecedentes obtenidos vía Ley de Transparencia y revisados por este medio. La información —entregada inicialmente por una fuente anónima y posteriormente contrastada con registros oficiales de la Cámara de Diputados y con el propio equipo de la diputada— da cuenta de una alta concentración de pagos en un solo proveedor.
De acuerdo con los datos, $14,6 millones, equivalentes al 84% del total del ítem difusión, fueron destinados al sociólogo Marcelo Parra Muñoz, quien figura como el principal prestador de servicios en esta área durante el período analizado. El desglose considera labores asociadas a gestión de redes sociales, generación de contenido digital y difusión de actividades parlamentarias.
Desde el equipo de la diputada Ñanco descartaron cualquier irregularidad en los pagos, señalando que corresponden a una contratación sostenida en el tiempo y debidamente respaldada. “Se contrató a una persona natural para hacerse cargo de la difusión de actividades por medio de la administración de redes sociales de la diputación y edición de contenidos digitales, sostenida en el tiempo, con todos los respaldos administrativos y conforme a las normas de la Cámara”, indicaron.
Agregaron que el porcentaje de concentración “puede resultar engañoso si no se considera que se trata de una prestación continua y no de pagos aislados”.
El nombre de Marcelo Parra Muñoz ha adquirido notoriedad en las últimas semanas tras ser formalizado en una causa por presunto fraude de subvenciones relacionada a recursos provenientes de la Municipalidad de Temuco, institución en la que estuvo vinculado laboralmente entre febrero de 2023 y julio de 2024.
Incluso en 2023 figura, el mes de mayo, en un acta de sesión del Concejo Municipal, como participante, tanto en su calidad de asesor de la diputada Ñanco como también en representación del gabinete del alcalde Neira; duplicidad de funciones que fueron consignados en el escrito oficial del Municipio.
La acusación
Según los antecedentes expuestos por el Ministerio Público, el sociólogo es investigado por la adjudicación de más de $8 millones mediante una subvención destinada a un proyecto de reciclaje de la Fundación Karukeché. La indagatoria apunta a que dichos recursos habrían sido utilizados para fines distintos a los originalmente declarados.
A esto se suma lo señalado por Fiscalía respecto a la presunta presentación de una rendición ideológicamente falsa, incluyendo una factura cercana a los $6 millones para justificar maquinaria que, de acuerdo con los antecedentes, ya habría sido adquirida previamente y que incluso habría sido solicitada de devolución por parte del proveedor ante un eventual no pago.
Tras su formalización en el Juzgado de Garantía de Temuco, Parra quedó sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional, fijándose además un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación.
En paralelo, Parra se desempeñaba como jefe de gabinete en el Gobierno Regional de La Araucanía, en la actual administración encabezada por René Saffirio. De acuerdo con registros de Transparencia, figura con una remuneración bruta mensual de $6.715.698 correspondiente a marzo de 2026.
Tras su reciente formalización, fue suspendido de sus funciones y se instruyó un sumario administrativo. Consultado el Gobierno Regional respecto a si continuará percibiendo remuneraciones durante el período de suspensión, la institución no entregó una respuesta pese a las consultas realizadas por este medio.
El nombre de Parra también ha sido vinculado —en el marco de denuncias y acciones judiciales del año 2023— con la administración de la plataforma digital “Wallmapu Informa” actual “W Informa”, espacio que difundía contenidos políticos en redes sociales durante procesos electorales en la región y que generó controversia por el carácter anónimo de sus publicaciones.
Sin embargo, dichas vinculaciones no lograron ser acreditadas judicialmente, y el propio Parra habría negado su relación con esa plataforma. Frente a la consulta hecha directamente al equipo de la diputada Ñanco, precisaron con respecto a este punto que no existió vínculo contractual con plataformas externas.
Si bien los antecedentes revisados no evidencian incumplimientos normativos en los gastos de difusión de la diputación, la concentración de recursos en un solo proveedor y su posterior situación judicial reabren el debate sobre los criterios de asignación de estos fondos y los estándares de transparencia en asesorías comunicacionales financiadas con recursos públicos.
En paralelo, el caso también vuelve a poner sobre la mesa el rol que han jugado en los últimos años diversas plataformas digitales de carácter anónimo en el debate político regional. Espacios que, amparados en la falta de identificación clara de sus responsables, han incidido en la discusión pública sin los estándares de transparencia, responsabilidad y ética que históricamente han regido al ejercicio del periodismo.
En un escenario donde la comunicación digital se ha vuelto central en la actividad política, la trazabilidad de los contenidos, la responsabilidad sobre lo que se publica y la identificación de quienes operan estos espacios aparecen como elementos cada vez más relevantes para el fortalecimiento de la confianza pública.