Iniciativa presentada por el senador por La Araucanía busca equiparar la persecución del comercio ilegal de tabaco con los delitos más graves asociados a organizaciones criminales. La propuesta surge en medio de incautaciones históricas registradas durante 2026 y del explosivo crecimiento de este mercado ilícito en el país.
El contrabando de cigarrillos dejó hace tiempo de ser considerado únicamente una infracción aduanera. Hoy, las autoridades lo identifican como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, fenómeno que ha experimentado una expansión sin precedentes en Chile y que amenaza con consolidarse como una de las actividades ilícitas más rentables para las redes delictivas transnacionales.
Con ese diagnóstico como punto de partida, el senador por La Araucanía, Miguel Becker, presentó un proyecto de ley destinado a endurecer las sanciones contra el contrabando de tabaco y sus derivados, incorporando nuevas herramientas para perseguir a quienes financian, organizan y obtienen ganancias de estas operaciones ilegales.
La iniciativa parlamentaria surge de una serie de antecedentes, entre los que destacan que durante el segundo semestre de 2025 el consumo de cigarrillos ilegales y provenientes de redes de contrabando alcanzó casi el 50% del mercado nacional. Esto, genera pérdidas fiscales estimadas -por impuestos no percibidos- de unos US$1.150 millones anuales y, según especialistas y fiscales, constituye una importante fuente de recursos para organizaciones vinculadas al narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.
Los hechos registrados durante este año agudizan la preocupación: en mayo, Carabineros concretó en la Región de Antofagasta la mayor incautación de cigarrillos de contrabando de la historia del país, decomisando más de 2,2 millones de cajetillas avaluadas en más de $6.600 millones. Durante el procedimiento se encontró una subametralladora UZI y fueron detenidas cinco personas, quienes quedaron en prisión preventiva.
A ello se sumó, en abril, un operativo desarrollado en Lonquimay, en La Araucanía, donde Carabineros decomisó 86.500 cajetillas de cigarrillos de origen extranjero junto a más de dos mil fuegos artificiales, en un procedimiento considerado histórico para la región y que permitió detener a tres personas.
A ello se suman procedimientos de incautación a lo largo del país, por lo que frente a este escenario, el proyecto del senador Becker propone elevar las penas vigentes, estableciendo penas privativas de libertad desde los 61 días incluso para los delitos de menor valor, aumentando progresivamente hasta llegar a presidio mayor en su grado máximo, es decir, entre 15 y 20 años de cárcel, cuando concurran agravantes asociadas al crimen organizado.
“Durante demasiado tiempo el contrabando de cigarrillos fue visto como un delito económico menor, cuando en realidad se ha transformado en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado”, argumentó el senador Miguel Becker. Añadió que, en la actualidad, las redes de contrabando de cigarrillos “utilizan los mismos corredores transnacionales, los mismos mecanismos y muchas veces las mismas estructuras que se emplean para el narcotráfico, el tráfico de armas y otros delitos graves”. Por ello, enfatizó, “no podemos seguir enfrentando esta amenaza con sanciones insuficientes. Lo que estamos proponiendo es una señal clara: quien participe, financie u organice estas actividades deberá enfrentar penas efectivas y proporcionales al enorme daño que provocan al Estado, a la seguridad pública y a todos los chilenos”, afirmó el senador Becker.
Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta es la creación del delito de fabricación clandestina de cigarrillos dentro del territorio nacional, conducta que no se encuentra tipificada de manera específica. Para estos casos se contemplan penas de entre 10 y 20 años de presidio efectivo, además de multas que podrían alcanzar hasta 200 veces el valor de la mercancía producida ilegalmente.
Asimismo, el texto incorpora agravantes especiales cuando exista participación de bandas organizadas, uso de armas, violencia, tecnologías destinadas a eludir controles, o intervención de funcionarios públicos. En este último caso, además de aumentar las penas hasta los 20 años de cárcel, se establece la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.
La moción también busca fortalecer la persecución penal de los líderes y financistas de estas estructuras, limitando la posibilidad de renunciar a la acción penal cuando existan antecedentes de asociación ilícita o vínculos con operaciones de lavado de activos.
Para el senador Becker, el desafío consiste en cerrar las brechas legales que hoy permiten que las organizaciones criminales sigan obteniendo millonarias ganancias mediante una actividad de bajo riesgo penal en comparación con otros delitos. Con ello se busca convertir el contrabando de cigarrillos en un ilícito cuya persecución y sanción reflejen el verdadero impacto económico, fiscal y de seguridad que genera en el país.