Por Esteban Barriga Rosales, Concejal de Temuco.
La política tiene sentido cuando es capaz de defender con convicción el interés de las personas, especialmente de quienes históricamente han debido esperar más por una atención médica, por una vivienda digna, por mejores pensiones, por seguridad y por oportunidades para salir adelante. Esa es la política que creo representar desde Temuco y desde La Araucanía.
Por eso observo con profunda preocupación el acuerdo alcanzado entre el Senador Ricardo Celis y el Ministro de Hacienda respecto de la denominada Megarreforma Tributaria.
Mucho se ha destacado que el acuerdo reduce la invariabilidad tributaria desde un esquema de 25 años a uno escalonado de entre 10 y 20 años. Sin embargo, esa modificación, a mi juicio, no altera la esencia del proyecto. Cambia un parámetro, pero mantiene intacto el corazón de la reforma.
El propio ministro de Hacienda ha señalado que el principio de la invariabilidad tributaria permanece vigente y que los cambios acordados son fundamentalmente paramétricos. Es decir, se modifica la duración del beneficio, pero no el beneficio mismo.
Y allí está precisamente el problema.
La reforma continúa estableciendo, según sus críticos, una reducción de la carga tributaria para las grandes empresas, disminuye la capacidad de recaudación permanente del Estado, limita la autonomía de futuros gobiernos para definir su política tributaria y consolida beneficios de largo plazo para un grupo reducido de grandes inversionistas.
En otras palabras, el acuerdo no cambia aquello que genera mayor preocupación.
Más inquietante aún resulta el compromiso político de no recurrir al Tribunal Constitucional.
Cuando existen dudas jurídicas e institucionales respecto de una reforma de esta magnitud, acudir al Tribunal Constitucional no constituye un acto de obstrucción política. Es ejercer uno de los mecanismos que nuestra institucionalidad contempla precisamente para revisar la constitucionalidad de las leyes cuando existen controversias legítimas.
Renunciar anticipadamente a esa herramienta significa privar a la ciudadanía de una revisión independiente sobre una legislación que podría afectar las finanzas públicas durante décadas.
Ese compromiso no deja desprotegidos a los partidos políticos; deja desprotegidos a los ciudadanos.
Porque si mañana esta reforma produce efectos distintos a los prometidos, quienes sufrirán las consecuencias no serán los grandes inversionistas. Serán las familias que esperan una cirugía, los adultos mayores que requieren mejores pensiones, los jóvenes que necesitan oportunidades laborales, las comunas que esperan inversión pública y las regiones que siguen enfrentando enormes brechas de desarrollo.
La Araucanía conoce demasiado bien lo que significa vivir con menos recursos.
Somos una de las regiones con mayores índices de pobreza, con importantes desafíos en materia de seguridad, salud, infraestructura, conectividad, vivienda y desarrollo económico. Cada peso que el Estado deja de recaudar puede traducirse en menos inversión donde más se necesita.
Por eso preocupa que una reforma que, según diversas instituciones económicas independientes y reconocidas afirman que reducir la tasa del impuesto corporativo desde un 27% a un 23% pueda disminuir la recaudación estructural precisamente cuando Chile enfrenta enormes desafíos: combatir la delincuencia, reducir las listas de espera, fortalecer la salud mental, financiar mejores pensiones, enfrentar el envejecimiento de la población y responder a los efectos del cambio climático.
Más allá de las cifras, existe un principio democrático que no podemos ignorar.
Una invariabilidad tributaria de hasta veinte años implica que aproximadamente cuatro futuros gobiernos elegidos democráticamente verán restringida su capacidad para modificar las reglas tributarias respecto de quienes se acojan a este régimen especial.
Eso significa limitar la capacidad del Congreso para legislar, reducir el margen de acción de futuras administraciones frente a eventuales crisis económicas y congelar decisiones que deberían poder adaptarse a las necesidades de cada época.
Las políticas tributarias no deberían quedar amarradas durante una o dos décadas. Deben responder a la realidad social y económica que enfrenta el país en cada momento.
Por eso considero que el debate de fondo nunca ha sido si la invariabilidad será de diez, quince o veinte años.
La verdadera discusión consiste en preguntarnos si Chile debe renunciar por tanto tiempo a una de las principales herramientas de cualquier democracia moderna: la posibilidad de adecuar su política tributaria conforme cambia las necesidades sociales, económicas y fiscales del país.
Desde mi responsabilidad como concejal de Temuco no puedo guardar silencio cuando observo decisiones que, a mi juicio, terminan favoreciendo intereses económicos de largo plazo mientras las regiones más postergadas continúan esperando respuestas concretas.
Los habitantes de La Araucanía necesitan representantes que defiendan con firmeza los recursos que financian el desarrollo regional, la salud pública, la seguridad, la educación y la inversión social.
Por eso considero que aún corresponde utilizar todas las herramientas institucionales disponibles, incluida la revisión por parte del Tribunal Constitucional, cuando existan fundamentos jurídicos para ello. No por una disputa política, sino porque una reforma de esta magnitud merece el máximo escrutinio institucional antes de comprometer el futuro fiscal del país.
La ciudadanía espera convicciones, no acuerdos que, aunque presentados como grandes avances, dejan intacto aquello que realmente importa.
Porque cuando se renuncia a defender plenamente el interés público, quienes terminan pagando el costo son siempre los mismos: las familias más vulnerables, las regiones más postergadas y los chilenos que siguen esperando que la política vuelva a ponerse de su lado.