EL COSTO HUMANO DEL AJUSTE FISCAL EN LA ARAUCANÍA: PERDER UN HONORARIO MUNICIPAL PONE EN RIESGO E SUSTENTO FAMILIAR

Por Mario Neculman, periodista, administrador público y magíster en Gerencia y Políticas Públicas.

Noviembre y diciembre transforman los municipios y servicios públicos regionales en zonas de incertidumbre. Las desvinculaciones golpean con mayor fuerza a comunas con menores recursos, donde detrás de cada decisión administrativa hay familias que esperan una respuesta sobre su continuidad tras años de servicio a la comunidad.

Es cierto que Chile enfrenta dificultades económicas, restricciones presupuestarias y demandas sociales que obligan a las instituciones a administrar responsablemente sus recursos. Ninguna municipalidad está exenta de revisar sus gastos ni de evaluar la eficiencia de sus programas. Sin embargo, una cosa es ordenar las finanzas públicas y otra muy distinta es convertir los despidos en una respuesta automática, sin explicaciones suficientes, evaluaciones técnicas ni consideración por las consecuencias humanas.

Las cifras muestran una realidad que no podemos ignorar. El informe de fiscalización del Consejo para la Transparencia, publicado en septiembre de 2025 y referido a septiembre de 2024, identificó 392.170 personas vinculadas laboralmente a las municipalidades del país. De ellas, 92.857 estaban contratadas bajo la modalidad de honorarios, equivalentes al 24% del total municipal considerado en ese estudio. Es decir, estamos hablando de decenas de miles de personas que desarrollan labores para los gobiernos locales sin contar con la misma estabilidad que quienes pertenecen a las plantas municipales.

La situación no es menor. En la Municipalidad de Maipú se registraron 3.010 personas a honorarios; en Puente Alto, 1.345; en Coquimbo, 1.980, y en Talca, 2.350. Estas cifras permiten dimensionar cuánto depende el funcionamiento municipal de una modalidad contractual que, por su naturaleza, debería utilizarse dentro de los límites establecidos por la legislación y no transformarse en una solución permanente para cubrir necesidades estructurales.

En La Araucanía también existe una realidad que merece atención. Los registros del Sistema Nacional de Información Municipal (SINIM), correspondientes a 2023, identificaron 218 personas a honorarios del sector municipal y 7.763 vinculadas a programas comunitarios. Son categorías presupuestarias diferentes, pero ambas muestran la importancia que tiene este personal en la ejecución de iniciativas y servicios dirigidos a la ciudadanía.

A esta realidad se suma una desigualdad territorial: las remuneraciones y las oportunidades laborales de muchos profesionales que trabajan en municipalidades de regiones no siempre son comparables con las condiciones existentes en Santiago. En comunas rurales, donde las oportunidades de empleo son más limitadas, perder un ingreso mensual puede representar una situación especialmente compleja para un hogar.

El empleo público tiene una dimensión jurídica, pero también profundamente humana. El Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, contenido en la Ley N.º 18.883, establece en su artículo 4, las condiciones bajo las cuales pueden contratarse personas a honorarios para labores accidentales y cometidos específicos. No corresponde utilizar esta modalidad para encubrir indefinidamente funciones permanentes que, en los hechos, se desarrollan bajo subordinación y dependencia.

La jurisprudencia de la Corte Suprema ha reconocido que, cuando concurren los elementos propios de una relación laboral, puede resultar aplicable el Código del Trabajo. Un pronunciamiento de julio de 2026 volvió a abordar esta materia en una causa relacionada con una trabajadora social de la Municipalidad de La Pintana, reconociendo la existencia de una relación laboral y ordenando el pago de las prestaciones correspondientes. Esto demuestra que la denominación de un contrato no puede estar por encima de la realidad de los servicios efectivamente prestados.

Por eso, cuando una persona lleva cinco, ocho o diez años cumpliendo funciones habituales, con horario, instrucciones, jefaturas y responsabilidades permanentes, no basta con comunicarle que sus servicios ya no son necesarios. Cada situación debe examinarse conforme a sus antecedentes y al marco jurídico aplicable. La antigüedad no constituye por sí sola una garantía automática de permanencia, pero tampoco puede ser ignorada al momento de evaluar una desvinculación.

En el caso de los funcionarios a contrata, también deben respetarse las disposiciones legales, los procedimientos administrativos y los criterios jurisprudenciales sobre renovación, motivación y confianza legítima, cuando corresponda. La autoridad tiene atribuciones para administrar los equipos de trabajo, pero estas no pueden confundirse con discrecionalidad absoluta.

La economista Soledad Hormazábal, en su columna Modernización o desmantelamiento, publicada en junio de 2026, plantea una reflexión necesaria: los recortes, las desvinculaciones y el cierre de programas no constituyen, por sí solos, una modernización del Estado. Su análisis advierte que los ajustes requieren reformas estructurales para producir mejoras sostenibles. Esta mirada permite cuestionar la idea de que reducir personal sea necesariamente sinónimo de una mejor gestión pública.

Porque el problema no termina cuando se firma una carta de término. Comienza otra realidad: una familia que debe seguir pagando arriendo, dividendo, alimentación, transporte, educación, medicamentos y compromisos financieros. La pérdida del empleo puede afectar la salud mental, generar endeudamiento y deteriorar las relaciones familiares. En una región como La Araucanía, donde muchas familias dependen de un solo ingreso y las alternativas laborales profesionales son más reducidas, el impacto puede ser todavía mayor.

No se trata de defender contrataciones innecesarias, proteger favores políticos ni impedir que una autoridad ordene las finanzas de su institución. Se trata de exigir que las decisiones se adopten con responsabilidad, criterios objetivos y respeto por las personas. Tampoco es aceptable que un funcionario sea desvinculado por diferencias personales con una jefatura, mientras se mantienen o generan nuevas contrataciones para cumplir funciones similares.

Por esta razón, invito a los alcaldes y alcaldesas del país a instruir, mediante sus direcciones de Administración y Finanzas, Recursos Humanos y Asesorías Jurídicas, un estudio técnico de las desvinculaciones. Dicho análisis debería identificar las funciones desempeñadas, los años de servicio, las razones presupuestarias o administrativas del término, los programas afectados y la eventual continuidad de esas tareas mediante nuevas contrataciones.

Asimismo, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Asociación de Municipalidades de Chile deberían impulsar un estudio nacional que permita conocer cuántos trabajadores a honorarios y contrata son desvinculados cada año, cuáles son las razones y cuántos cargos vuelven a ocuparse posteriormente. La ciudadanía tiene derecho a conocer cómo se utilizan los recursos públicos y qué criterios orientan las decisiones de sus autoridades.

También resulta necesario avanzar hacia una mayor transparencia sobre las contrataciones efectuadas durante cada administración municipal, sus perfiles profesionales, funciones, mecanismos de selección y eventuales vínculos políticos, siempre con respeto a la normativa de protección de datos personales. La transparencia debe aplicarse tanto a quienes salen como a quienes ingresan.

Finalmente, corresponde al Parlamento y al Estado revisar las modalidades de contratación pública, fortaleciendo la carrera funcionaria y estableciendo mecanismos que permitan regularizar aquellas funciones permanentes que hoy se desarrollan bajo vínculos precarios.

Un municipio no se mide solamente por cuánto logra ahorrar, sino también por la calidad de sus decisiones y el respeto con que trata a las personas. El equilibrio financiero es indispensable, pero no puede construirse a costa de la incertidumbre, la arbitrariedad o la pérdida de dignidad de quienes han contribuido durante años al funcionamiento de las instituciones.

En noviembre, cuando muchas familias comienzan a prepararse para las fiestas de fin de año, miles de trabajadores esperan una respuesta que puede cambiar completamente su futuro. Detrás de cada honorario y de cada contrata hay una historia, una trayectoria y una familia. La responsabilidad pública exige comprenderlo. Porque ordenar el Estado no significa olvidar a las personas que lo hacen funcionar.

Fuentes y referencias

1. Consejo para la Transparencia (2025). Informe de Fiscalización Extraordinaria: Personal en la Administración del Estado. Contiene las cifras de dotación municipal y distribución contractual.

2. SUBDERE – SINIM (2024). Revista SINIM 2024, Gestión Municipal 2020-2023. Contiene las estadísticas nacionales y regionales de personal municipal.

3. Soledad Hormazábal, economista (9 de junio de 2026). Modernización o desmantelamiento, publicada en La Tercera. Reflexiona sobre los límites de los recortes y desvinculaciones como mecanismo de modernización estatal.

4. Corte Suprema (6 de julio de 2026). Jurisprudencia sobre trabajadores municipales a honorarios, subordinación y dependencia y aplicación del Código del Trabajo.

5. Consejo para la Transparencia (2022). CPLT caracterizó honorarios a nivel municipal. Antecedente sobre la necesidad de regularizar el empleo público y utilizar los honorarios como excepción y no como regla.