Loreto Barril, Líder Retiro Mercer
Chile y Perú tienen hoy en día un tema que los está afectando fuertemente: ambos países están marcados por un Sistema Previsional que les está provocando fuertes dolores de cabeza.
Perú por una parte, ha introducido cambios en los últimos meses cuyas consecuencias aún no se dimensionan completamente. La más reciente modificación del sistema, que hoy quiere ser imitada por la bancada de diputados DC en nuestro país, permite a los afiliados retirar hasta el 25% de sus fondos para destinarlos a financiar un inmueble, amortizar la deuda hipotecaria ya contraída, u otros usos. Esta medida se sumó a la moción aprobada por unanimidad en el Congreso peruano en diciembre de 2015, que permite el retiro del 95,5% de los ahorros de los afiliados de las AFP una vez que cumplan los 65 años, y abonar el 4,5% restante al Seguro Social Estatal para mantener la cobertura y los servicios de salud.
Estas reformas se han convertido en un verdadero sismo que remece las bases mismas del sistema ideado en nuestro país, y exportado al mundo por José Piñera en 1980. Y sus réplicas se están dejando sentir con fuerza en Chile.
Basta señalar que en virtud a un convenio de seguridad social firmado entre Chile y Perú en 2002, y promulgado el 2004, cualquier connacional con cinco años de residencia en tierras peruanas puede solicitar que se traspasen sus fondos de pensiones chilenos al sistema del vecino país, y allí, al momento de pensionarse, retirar el 95,5% de los ahorros para disponer libremente de ellos.
Si bien esto ya se habría estado dando en el último tiempo, y la cifra de traspasos había ido en aumento en los últimos ocho años, pasando de US$39.560 a US$2,5 millones entre el 2007 y el 2015, la tendencia probablemente se irá acentuando ante el fuerte descontento por las bajas pensiones en Chile y la posibilidad de disponer de manera autónoma de los ahorros. A esto se suma la reciente adecuación de las tablas de mortalidad, y que concluyó que hombres y mujeres vivirán más, lo que hará que las pensiones en Chile que se calculan a contar de julio, bajen en promedio un 2%.
En Chile, las bajas pensiones que están financiando las AFP, su inercia a la hora de transparentar y mejorar el servicio, el abuso de recursos públicos en el pago de pensiones abultadas en Gendarmería y el nulo interés de los gobiernos de turno en aplicar modificaciones correctivas, han provocado que muchas personas (de todas las edades, no solo mayores), sindicatos de trabajadores, asociaciones, y agrupaciones sociales protesten y se manifiesten cada vez con más fuerza en contra del sistema, exigiendo tomar cartas en el asunto. Lamentablemente, estamos frente a un problema que no tiene solución en el corto plazo y en el que seguir demorando los ajustes que se requieren sólo aumenta el conflicto y la efervescencia social.
Aunque en Perú hoy probablemente muchos estarán dando un suspiro de alegría planificando lo que harán con sus fondos, este tipo de “beneficios” están lejos de ser una solución, y por tratarse de un tema complejo, lo recomendable parece ser escuchar la voz y propuestas de los expertos.
Tal como advirtió hace algunos días Enrique Castellanos, vicedecano de Finanzas de la Universidad del Pacífico de Lima: “No dejemos que personas no técnicas desmiembren el sistema sólo porque es un buen balcón político hacerlo. Cambiemos y mejoremos lo que haya. El gran riesgo es regresar al siglo XX y sus pensiones precarias o inexistentes. Una vez más, la factura de nuestra insensatez la terminarían pagando nuestros hijos y nietos”.
Por ello mientras en Chile no contemos con un sistema que asegure pensiones estables y dignas para las personas, sentarse a esperar una solución del gobierno tampoco ayuda. Por ahora, la fórmula parece ser que cada uno se haga cargo de cómo va a financiar sus últimos años de vida, para no acabar dando profundos suspiros de arrepentimiento por no haber sido precavidos.
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