El Senador por La Araucanía, José García Ruminot, calificó de grave la inhabilidad presentada por María Teresa Villagrán, jueza del caso Luchsinger-Mackay, ya que pone en duda la imparcialidad de los procedimientos judiciales, respecto a las causas relativas al conflicto que se vive en La Araucanía.
Si hay algo que se ha reclamado intensamente en toda la región de La Araucanía, es la falta de las garantías que debe ofrecer un Estado de Derecho efectiva, en todo el territorio nacional. Para lo cual es clave garantizar el debido proceso en materia penal, es decir, se deben asegurar todas las condiciones necesarias, tanto para el procesamiento de los imputados, la protección a las víctimas, la imparcialidad de los jueces y el apego a derecho de la labor de defensores y fiscales.
Situaciones como esta, levantan un manto de dudas sobre las condiciones en que actúa el poder judicial, al igual que todos los órganos del Estado que participan en estos procesos.
La ciudadanía exige que haya certeza jurídica sobre las causas que se ven en tribunales, en especial sobre delitos tan sensibles para nuestra región, como el de la familia Luchsinger-Mackay. Los jueces deben poder hacer su labor de manera libre y sin presiones de ningún tipo, pero con este hecho se pone en duda esta posibilidad, lo cual es gravísimo.
Los fallos de los tribunales descansan en la legitimidad que la sociedad les otorga, en la medida en que la ciudadanía reconoce que se garantiza el debido proceso. No podemos perder esta legitimidad, en algo tan fundamental como nuestro sistema judicial.
Según palabras del Subsecretario del Interior y Seguridad Pública, no es primera vez que ocurre un hecho de esta naturaleza, por lo tanto, es necesario saber qué medidas se van a tomar al respecto, ya que el sistema judicial debe contar con garantías para hacer cumplir la ley y mantener el Estado de Derecho.
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