Tres niños llegaron a Chile para reunirse con un padre que llevaba semanas muerto. Doce adultos aparecen vinculados al ingreso de 486 menores. En una muestra de apenas 105 casos, 64 niños no pudieron ser ubicados. Y todo ocurrió dentro de un sistema que autorizó 16.498 reunificaciones familiares en apenas tres años.

La cifra parece administrativa. Fría. Técnica. 16.498.

Ese es el número de permisos de reunificación familiar autorizados por el Estado chileno entre 2022 y 2025. Durante años fue presentado como una política migratoria destinada a permitir que familias separadas pudieran reencontrarse en Chile.

Hoy, sin embargo, esa misma cifra se transformó en motivo de preocupación para las autoridades.

Porque las alarmas no surgieron tras revisar los 16 mil casos. Surgieron después de analizar apenas una pequeña muestra. Contraloría examinó solo 105 expedientes.

Y lo que encontró fue suficiente para abrir investigaciones penales, movilizar a la Fiscalía, activar a la PDI, involucrar al Gobierno y desencadenar una de las mayores revisiones al sistema migratorio de los últimos años.

Entre los hallazgos apareció un caso que hoy simboliza el fracaso de los controles.

Tres niños haitianos ingresaron al país en abril de 2025 para reunirse con el padre que había solicitado su traslado. El problema era que el hombre había muerto semanas antes. Pese a ello, el proceso siguió adelante y los menores viajaron igualmente a Chile.

La pregunta es tan simple como devastadora: ¿cómo pudo concretarse una reunificación familiar cuando la persona que debía recibir a los niños ya había fallecido?

La auditoría también detectó otro patrón que hoy investiga la Fiscalía:

Doce adultos aparecen asociados al ingreso de 486 menores haitianos entre 2024 y 2025. Algunos ingresaron repetidamente acompañando grupos numerosos de niños. Los investigadores intentan determinar si existían vínculos familiares reales o si el sistema fue utilizado para facilitar traslados de menores bajo identidades o relaciones que ahora están siendo verificadas.

Pero el dato que terminó encendiendo todas las alarmas apareció cuando los fiscalizadores intentaron comprobar qué había ocurrido con los niños después de su llegada.

De los 105 casos revisados, sólo 41 menores pudieron ser ubicados en los domicilios informados.

Los otros 64 no estaban donde los registros indicaban.

En algunos lugares, los residentes afirmaron no conocer a las familias que aparecían vinculadas a esas direcciones. En otros casos, los antecedentes simplemente no coincidían.

Fue ese hallazgo el que cambió completamente la naturaleza del caso.

Lo que hasta entonces parecía una revisión administrativa comenzó a adquirir características propias de una investigación criminal.

Hoy la Fiscalía indaga posibles delitos de tráfico migratorio, trata de personas, falsificación documental, cohecho y eventuales responsabilidades de funcionarios públicos.

Y existe otro elemento que explica por qué el caso genera tanta preocupación: los 105 expedientes revisados representan una fracción mínima del universo total.

Si las irregularidades detectadas aparecieron en una muestra tan reducida, nadie puede afirmar con certeza cuál es la dimensión real del problema en las 16.498 reunificaciones autorizadas durante el período investigado.

Por eso las autoridades insisten en que los antecedentes descubiertos hasta ahora podrían ser apenas el comienzo.

El caso ya no trata únicamente sobre niños haitianos.Tampoco trata sólo sobre migración.

La investigación apunta a algo más profundo: determinar si durante años operó un sistema incapaz de verificar adecuadamente quién ingresaba al país, quién recibía a los menores, dónde terminaban viviendo y quién era realmente responsable de ellos una vez cruzaban la frontera.

Y en el centro de todas esas dudas permanece una cifra que cada día parece más inquietante.

16.498.

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