Iniciativa presentada por el senador por La Araucanía busca equiparar la persecución del comercio ilegal de tabaco con los delitos más graves asociados a organizaciones criminales. La propuesta surge en medio de incautaciones históricas registradas durante 2026 y del explosivo crecimiento de este mercado ilícito en el país.

El contrabando de cigarrillos dejó hace tiempo de ser considerado únicamente una infracción aduanera. Hoy, las autoridades lo identifican como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, fenómeno que ha experimentado una expansión sin precedentes en Chile y que amenaza con consolidarse como una de las actividades ilícitas más rentables para las redes delictivas transnacionales.

Con ese diagnóstico como punto de partida, el senador por La Araucanía, Miguel Becker, presentó un proyecto de ley destinado a endurecer las sanciones contra el contrabando de tabaco y sus derivados, incorporando nuevas herramientas para perseguir a quienes financian, organizan y obtienen ganancias de estas operaciones ilegales.

La iniciativa parlamentaria surge de una serie de antecedentes, entre los que destacan que durante el segundo semestre de 2025 el consumo de cigarrillos ilegales y provenientes de redes de contrabando alcanzó casi el 50% del mercado nacional. Esto, genera pérdidas fiscales estimadas -por impuestos no percibidos- de unos US$1.150 millones anuales y, según especialistas y fiscales, constituye una importante fuente de recursos para organizaciones vinculadas al narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.

Los hechos registrados durante este año agudizan la preocupación: en mayo, Carabineros concretó en la Región de Antofagasta la mayor incautación de cigarrillos de contrabando de la historia del país, decomisando más de 2,2 millones de cajetillas avaluadas en más de $6.600 millones. Durante el procedimiento se encontró una subametralladora UZI y fueron detenidas cinco personas, quienes quedaron en prisión preventiva. 

A ello se sumó, en abril, un operativo desarrollado en Lonquimay, en La Araucanía, donde Carabineros decomisó 86.500 cajetillas de cigarrillos de origen extranjero junto a más de dos mil fuegos artificiales, en un procedimiento considerado histórico para la región y que permitió detener a tres personas. 

A ello se suman procedimientos de incautación a lo largo del país, por lo que frente a este escenario, el proyecto del senador Becker propone elevar las penas vigentes, estableciendo penas privativas de libertad desde los 61 días incluso para los delitos de menor valor, aumentando progresivamente hasta llegar a presidio mayor en su grado máximo, es decir, entre 15 y 20 años de cárcel, cuando concurran agravantes asociadas al crimen organizado.

“Durante demasiado tiempo el contrabando de cigarrillos fue visto como un delito económico menor, cuando en realidad se ha transformado en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado”, argumentó el senador Miguel Becker. Añadió que, en la actualidad, las redes de contrabando de cigarrillos “utilizan los mismos corredores transnacionales, los mismos mecanismos y muchas veces las mismas estructuras que se emplean para el narcotráfico, el tráfico de armas y otros delitos graves”. Por ello, enfatizó, “no podemos seguir enfrentando esta amenaza con sanciones insuficientes. Lo que estamos proponiendo es una señal clara: quien participe, financie u organice estas actividades deberá enfrentar penas efectivas y proporcionales al enorme daño que provocan al Estado, a la seguridad pública y a todos los chilenos”, afirmó el senador Becker. 

Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta es la creación del delito de fabricación clandestina de cigarrillos dentro del territorio nacional, conducta que no se encuentra tipificada de manera específica. Para estos casos se contemplan penas de entre 10 y 20 años de presidio efectivo, además de multas que podrían alcanzar hasta 200 veces el valor de la mercancía producida ilegalmente.

Asimismo, el texto incorpora agravantes especiales cuando exista participación de bandas organizadas, uso de armas, violencia, tecnologías destinadas a eludir controles, o intervención de funcionarios públicos. En este último caso, además de aumentar las penas hasta los 20 años de cárcel, se establece la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

La moción también busca fortalecer la persecución penal de los líderes y financistas de estas estructuras, limitando la posibilidad de renunciar a la acción penal cuando existan antecedentes de asociación ilícita o vínculos con operaciones de lavado de activos.

Para el senador Becker, el desafío consiste en cerrar las brechas legales que hoy permiten que las organizaciones criminales sigan obteniendo millonarias ganancias mediante una actividad de bajo riesgo penal en comparación con otros delitos. Con ello se busca convertir el contrabando de cigarrillos en un ilícito cuya persecución y sanción reflejen el verdadero impacto económico, fiscal y de seguridad que genera en el país.

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El tribunal acreditó que el condenado golpeó violentamente a la víctima en su propia vivienda hasta causarle la muerte y luego robó su teléfono celular.

A 20 años de presidio efectivo fue condenado Juan Alejandro González Jiménez por el delito de robo con homicidio ocurrido en la comuna de Padre Las Casas. El fallo fue dictado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, que lo declaró culpable de un crimen cometido en junio de 2024.

La sentencia fue adoptada de manera unánime por el tribunal integrado por los magistrados Cecilia Subiabre Tapia, Leonel Torres Labbé y Patricia Abollado Vivanco.

De acuerdo con lo establecido en el juicio, el violento hecho ocurrió entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de junio de 2024. En ese momento, la víctima se encontraba en su vivienda, ubicada al interior de una barraca en Padre Las Casas.

Hasta ese lugar llegó el condenado, quien atacó brutalmente a la víctima utilizando un objeto contundente. El agresor golpeó repetidamente a la persona, especialmente en la cabeza y el rostro, hasta provocarle la muerte.

Tras cometer el homicidio, González Jiménez registró el inmueble y sustrajo un teléfono celular. Ese mismo aparato fue posteriormente encontrado por la policía en el domicilio del condenado, luego de una orden judicial de entrada y registro.

El tribunal aplicó además las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, así como la pérdida de derechos políticos y la inhabilitación para ejercer profesiones durante todo el tiempo que dure la condena.

Asimismo, una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal ordenó la toma de muestras biológicas del condenado para determinar su huella genética y su incorporación al registro nacional de ADN de condenados.

Con esta sentencia, el autor del crimen deberá cumplir dos décadas en prisión efectiva por uno de los delitos más graves del sistema penal chileno.

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El Juzgado de Garantía de Temuco amplió la detención de los dos imputados —uno de ellos menor de edad— por tres días, mientras la Fiscalía de Alta Complejidad investiga un crimen con posibles indicios de tortura y extorsión.

El Juzgado de Garantía de Temuco acogió la solicitud del Ministerio Público y amplió por tres días la detención de los dos imputados —un joven de 17 años y un adulto— investigados por el delito de secuestro con homicidio, luego de que la víctima fuera hallada sin vida al interior de una vivienda del sector Pedro de Valdivia. La audiencia de formalización quedó programada para el domingo 26 de octubre a las 12:00 horas.

El caso, que conmociona a la capital regional, corresponde a un secuestro extorsivo con resultado de muerte. La víctima, un joven de 20 años oriundo de Santiago, fue encontrada muerta tras la denuncia presentada por su madre, quien había recibido mensajes exigiendo dinero a cambio de su liberación.

El fiscal César Schibar, de la Fiscalía de Alta Complejidad, confirmó que “se trata de un delito de secuestro extorsivo con una persona lamentablemente fallecida. Eso es lo primero, y comenzamos con esta investigación desde el momento en que fue recibida la denuncia”.

El persecutor agregó que “hubo exigencias a la madre de la víctima y eso está en este minuto establecido preliminarmente”, precisando que se espera el resultado de las pericias del Laboratorio de Criminalística de la PDI y la autopsia del Servicio Médico Legal para determinar las circunstancias exactas de la muerte.

Por su parte, el subprefecto Daniel Araneda Suazo, jefe de la Brigada Antisecuestros (BIAS) de Temuco, explicó que “dentro de las diligencias de investigación se ha logrado determinar el lugar donde esta persona efectivamente estaba secuestrada. Es así que se logra dar con este paradero, estaba esta persona lamentablemente fallecida, y se logra detener a estas dos personas imputadas por el delito de secuestro, eventualmente con participación en la muerte de esta persona”.

El jefe policial confirmó que ambos detenidos son chilenos y residentes de la zona, detallando que la víctima habría sufrido maltrato durante su cautiverio. “Hay antecedentes, la investigación dice que esta persona estaba privada contra su voluntad, y efectivamente había tenido, por lo menos, mantenido maltrato de parte de los captores”, señaló Araneda.

La Brigada de Homicidios de Temuco y el Laboratorio de Criminalística continúan las pericias para determinar si hubo tortura antes de la muerte del joven y establecer el grado de participación de los detenidos.

El Ministerio Público mantiene en reserva algunos antecedentes por tratarse de una investigación en curso, mientras la comunidad de Temuco sigue impactada por un crimen que revela un preocupante nivel de violencia y crueldad.

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