El parlamentario de La Araucanía respaldó las investigaciones anunciadas tras la auditoría fiscal que detectó observaciones por más de 9.200 millones de dólares en organismos públicos.

El diputado por La Araucanía, Tomás Kast, reaccionó a los primeros resultados de la auditoría total realizada por el Gobierno a más de 500 servicios públicos del país, informe que detectó alertas fiscales y posibles irregularidades por más de 9.200 millones de dólares.

El parlamentario sostuvo que los antecedentes revelan problemas graves en el manejo de los recursos del Estado durante la administración del expresidente Gabriel Boric.

“La auditoría total que se ha realizado ha revelado algo de fondo: un desorden muy profundo en las finanzas públicas que alcanzaron los 9.200 millones de dólares, recursos públicos que no llegaron a tiempo, que no se administraron bien y que deben ser profundamente fiscalizados e investigados”, afirmó Kast.

El diputado agregó que apoyará las acciones impulsadas por el Gobierno para esclarecer el destino de dichos recursos públicos.

“Vamos a apoyar todas las acciones del Gobierno para que podamos saber bien cómo se gastaron esos recursos públicos, en qué quedaron y por qué la beneficencia del Estado ha operado en los últimos cuatro años de esta manera”, señaló.

La auditoría, liderada por el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, revisó más de 913 millones de registros correspondientes al período 2022-2026 y detectó distintas situaciones consideradas preocupantes, entre ellas pagos atrasados, compras sin licitación pública, problemas en rendiciones de fondos y recursos pendientes de recuperar.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue la existencia de 3.200 millones de dólares en pagos postergados, afectando recursos destinados a gratuidad universitaria, atención de salud, Junaeb y pequeñas empresas proveedoras del Estado.

Además, el informe detectó más de 3.170 millones de dólares en compras realizadas mediante trato directo o compra ágil, en casos donde podrían haberse realizado licitaciones públicas.

Tras conocerse los resultados, el Gobierno instruyó investigaciones en organismos como Junaeb, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID).

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