En un giro inédito dentro del mercado de propiedad intelectual, ChileMarcas, estudio jurídico con más de 20 años de trayectoria, anunció el lanzamiento de su nuevo servicio de registro de marcas a precios low cost, con pago en cuotas sin interés a través de Mercado Pago. La iniciativa busca democratizar el acceso a la protección de marcas para pymes, startups y emprendedores de todo Chile, manteniendo la calidad jurídica que ha caracterizado a la firma durante dos décadas. “Queremos retribuir todo lo que los emprendedores nos han entregado en estos 20 años. Esta es nuestra forma de agradecer y, al mismo tiempo, de aportar al país”, explican desde la dirección de ChileMarcas. 

Transparencia y precios reales 

El nuevo modelo de servicio nace como respuesta a un mercado saturado de ofertas poco claras y “descuentos ficticios”. A diferencia de otras propuestas, ChileMarcas ofrece tarifas fijas, transparentes y sin letra chica, con todos los costos incluidos desde el inicio. “El precio que ves es el que pagas. No hay gastos ocultos ni condiciones sorpresa”, enfatizan. El servicio abarca la preparación de los antecedentes, la tramitación ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI) y el seguimiento completo hasta la obtención del registro. 

Una apuesta por los emprendedores y por Chile 

Más allá de una estrategia comercial, ChileMarcas define esta medida como una acción de retribución social. “Durante dos décadas hemos acompañado a miles de emprendedores que levantan el país con su esfuerzo. Hoy queremos devolver parte de eso, facilitando que más marcas chilenas puedan protegerse y crecer con seguridad”, señalan. Además de ofrecer precios accesibles, la opción de pago en cuotas sin interés busca eliminar barreras económicas para quienes inician sus negocios. 

Ética, accesibilidad y compromiso país 

Con esta iniciativa, los abogados de marcas de ChileMarcas no solo introducen un nuevo estándar en el sector, sino que también refuerzan su compromiso con el desarrollo del emprendimiento nacional, apostando por un modelo donde la ética, la accesibilidad y la transparencia sean la regla, no la excepción. 

“Proteger una marca es proteger el esfuerzo emprendedor, y ese esfuerzo merece ser accesible para todos”, concluyen desde la firma.

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El Divorcio de Común Acuerdo o Express es el proceso que más rápido se tramita en Chile y de manera 100 por ciento online.

Las leyes en Chile han dado un nuevo giro para agilizar los divorcios y otras demandas, luego de la fase más dura de la pandemia, los problemas de convivencia se profundizaron y algunos optaron por no seguir viviendo juntos.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas (INE), “Un total de 37.647 matrimonios hubo en el país durante 2020, una de las cifras más bajas (respecto a la población total) de los últimos tiempos y un 38,9% menor respecto a la de 2019, disminución explicada principalmente por la irrupción de la pandemia COVID-19, debido a las restricciones de movilidad y reunión implementadas en el país”, así lo refleja el Boletín de Estadísticas Vitales con cifras provisionales 2020 que dio a conocer el pasado 10 de febrero de 2022”.

Requisitos para acceder al Divorcio Express

La nueva Ley N ° 21.394, publicada el 30 de noviembre del 2021 y que entró en vigencia el día 11 de diciembre, introduce modificación al divorcio mutuo acuerdo con el artículo 64 bis, el cual señala, que en los divorcios de mutuo acuerdo, se resolverán de plano sin audiencias, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:

1. Acreditar que ha cesado su convivencia durante un lapso mayor de un año, sin ánimo de reanudar su vida en común.

2 .Deberán acompañar los cónyuges un acuerdo que, ajustándose a la ley, regule en forma completa y suficiente sus relaciones mutuas y con respecto a sus hijos.

3. Se debe contar con dos declaraciones juradas de testigos escritas sin necesidad de declarar en audiencia, las cuales permitan acreditar que no ha existido por parte de los cónyuges reanudación de la vida en común con ánimo de permanencia.

Berta Castro, abogada de IRC Abogados- que tramita estos procesos, hasta en cuatros días- señala que, “Cuando ambos cónyuges deciden poner término a su matrimonio y la vida en común, cumpliendo unos simples requisitos tales como estar separados por más de un año, más dos declaraciones juradas de testigos, se dicta sentencia de divorcio de mutuo acuerdo, sin audiencias y sin más trámites, todo 100% online. En IRC Abogados, hemos llegado a obtener sentencia de divorcio en tan solo 4 días hábiles, desde que ingresamos la demanda hasta que se dicta la sentencia, lo que es absolutamente “express”, explica la profesional.

Es importante señalar que, la modificación a la ley 21.394 permite el uso de firmas electrónicas, para acelerar este proceso.

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El seminario se desarrolló en la UST Temuco y fue organizado por la Escuela de Derecho de la sede.

Abogados, académicos y estudiantes participaron de una jornada organizada por la Escuela de Derecho de la Universidad Santo Tomás Temuco en la que se analizaron los alcances de la normativa que reemplazó a la denominada Ley de Quiebras.

El seminario “Ley N° 20.720 de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, a un año de su entrada en vigencia” se efectuó en el Auditórium de Santo Tomás Temuco y contó con la participación de destacados expositores, que se refirieron a los diferentes aspectos que abarca el cuerpo legal.

Las presentaciones estuvieron a cargo de Teresa Valderas, coordinadora regional de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento; Paola Valenzuela, jueza suplente del Primer Juzgado Civil de Temuco; y Luis Arroyo, fiscal adjunto del Ministerio Público especializado en delitos económicos, crimen organizado y lavado de dinero.

En la oportunidad, los expositores abordaron los alcances de la normativa a un año de su entrada en vigencia, desde diversos enfoques: desde la estructura de la ley y sus procedimientos, en el caso de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento; desde el Poder Judicial, con la tramitación que se ha desarrollado de las causas iniciadas;  y desde la Fiscalía, en relación a los nuevos tipos penales impuestos por la ley.

Normativa

La antigua Ley de Quiebras, hoy conocida como Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas, permite renegociar deudas o liquidar bienes, a fin de ofrecer una solución a diferentes tipos de deudores, como micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, personas jurídicas sin fines de lucro y personas naturales.

Además, reemplaza el concepto de quiebra por insolvencia, reorganización y liquidación.

En este sentido, y en relación con las empresas, fija procedimientos que permiten salvar a las que tienen posibilidades de mantenerse y liquidar a aquellas que no puedan hacerlo. También, establece un régimen general de procedimientos para reorganizar y/o liquidar el capital y las deudas de una empresa deudora, y renegociar las deudas y/o liquidar los bienes de una persona deudora.

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El encuentro es parte de las actividades del Mes del We Tripantu, que se conmemora en Santo Tomás Temuco.

Autoridades regionales, abogados y representantes de la sociedad civil participaron en el seminario “Autonomía Ciudadana Mapuche: Reflexiones sobre el paradigma Estado- Nación de Chile desde La Araucanía”, que se desarrolló en Santo Tomás Temuco, como parte del programa de conmemoración del We Tripantu en la sede.

El encuentro fue organizado por la Escuela de Derecho y la Dirección de Extensión y Comunicaciones de la sede, y patrocinado por la Municipalidad de Galvarino. El seminario contó con la participación de la Rectora Rosemarie Junge, el lonko y docente intercultural, Carlos Torres Manquián, el concejal de Galvarino, José Millalén, y el consejero regional Hilario Huirilef, además de representantes de instituciones públicas y privadas.

En la ocasión, expusieron los abogados Claudio Contreras y José Luis Pérez, quienes se refirieron a los temas “Autonomía de los pueblos, una aproximación conceptual real y transparente” y “Ciudadanía, una propuesta para el Estado de Chile: el arrimo al nuevo constitucionalismo latinoamericano”, respectivamente.

Sobre el seminario, la Rectora de Santo Tomás Temuco, Rosemarie Junge, valoró la oportunidad de congregar a autoridades, profesionales, docentes y abogados en torno a este tema, que permitió conocer y analizar diversos aspectos relativos a la autonomía ciudadana mapuche desde la mirada de expertos en este ámbito.

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Abogados se reunieron en la Universidad Mayor sede Temuco en el seminario “Derecho de Consumo”, donde se revelaron interesantes temas para la comunidad.

El acto de consumir no es sólo adquirir un producto o servicio, sino que engloba otros temas, como por ejemplo ingresar, salir o estacionarse.

“De a poco los jueces han construido una labor ampliando los espacios de protección. La Corte de Temuco, consolida la idea de que todos merecemos protección aun cuando no hayamos pagado efectivamente por el bien o servicio”, explicó la abogada Francisca Barrientos, investigadora de la Fundación Fernando Fueyo, de Santiago.

La profesional fue parte del panel del seminario “Derecho del Consumo”, seminario organizado por la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor sede Temuco, a través de un convenio suscrito con el Capítulo Regional de Jueces y Secretarios Abogados de Juzgados de Policía Local.

En la jornada se trataron temáticas como el acto de consumir, cláusulas abusivas, garantías legales y roles de proveedores, entre otros, y tuvo como objetivo actualizar conocimientos para abogados, magistrados de juzgados de policía local e interesados en la materia sobre qué se entiende por consumo y sus implicancias.

Destacó el aumento de quejas y acciones que han derivado en casos ante la justicia, y también cómo se ha sentado jurisprudencia en casos de relevancia para el cliente.

Por ejemplo, y como subrayó Francisca Barrientos, un consumidor puede ejercer su derecho como tal desde el momento en el que ingresa a un recinto comercial, ya sea en su playa de estacionamiento o espacios interiores. En este sentido, los letreros que señalan que la empresa no se hará responsable por daños o robos al interior del recinto, no los eximen de la responsabilidad legal y la obligatoriedad de entregar condiciones seguras de consumo ante situaciones como éstas, aclaró el Servicio Nacional del Consumidor, Sernac, también presente en el panel.

FALLOS ACOGIDOS

El historial reciente señala que los fallos acogidos en los tribunales en relación a este tipo de denuncias han sido favorables a los afectados; y las empresas tienen la responsabilidad ante los consumidores por todo lo que ocurra dentro del recinto de los estacionamientos en materia de seguridad, robos y daños que se produzcan en su interior.

Si es que una persona no cuenta con los recursos como para poder pagar un abogado y hacer la denuncia ante los Tribunales de Justicia, la Ley del Consumidor tiene la tipificación para poder ser tramitada en los Juzgados de Policía Local.

¿Cuál es la diferencia ante los juzgados civiles? Es que en los Juzgados de Policía Local no se requiere del patrocinio de un abogado; por ello, no existe la obligatoriedad de contratar a un profesional para que le pueda llevar el caso dentro del tribunal.

Carlos Reyes, director de la Escuela de Derecho de la Universidad Mayor sede Temuco, subrayó que con este rol de los Juzgados de Policía Local, al ser administradores de justicia en casos como estos, la ciudadanía está haciendo valer sus derechos ante los tribunales.

“Cualquier persona puede y tiene la posibilidad de recurrir a los tribunales y enfrentarse a grandes corporaciones, tiendas, bancos, compañías de seguros, entre otros. Cuestión que hace unos 10 años era impensado, porque los procedimientos de otro tipo eran muchos más caros, lentos y no permiten a la gente común a acceder fácilmente a la justicia”, fundamentó el académico de la U. Mayor.

EMPODERAMIENTO CIUDADANO

La investigadora en temas de consumo, Francisca Barrientos, manifestó que es complejo comprender por qué antes no se aplicaban figuras legales por parte de los magistrados.

“Es difícil de explicar el fenómeno, porque en realidad la ley es del año 1997 y tenía poco uso en las empresas, algunos casos menores e incluso el mismo Sernac tenía un rol distinto al que tiene ahora. Pienso que es el cambio en la sociedad, de este empoderamiento, el que produce mayor interés y ganas de conocer y defender los derechos como ciudadanos.

Añadió que lo mediático de los casos que afectaron a importantes empresas de retail, confirmaron que los derechos de la gente sí son atendidos.

“Notamos un empoderamiento mayor de los consumidores, quienes están ávidos de conocimiento en todo sentido: deberes, derechos, reclamos, etcétera. Además, existe un mayor interés en el ejercicio de la profesión de abogado para conocer estos temas, ya que es un importante campo profesional también”, declaró la profesional.

CUATRO MIL DENUNCIAS

Los casos van en ascenso. Así lo estimó Edgardo Lovera, director regional del Servicio Nacional de Consumidor (Sernac) en La Araucanía, también presente en el seminario, y quien estimó en alrededor de cuatro mil denuncias efectuadas en el año recién concluido, llegando a juicio cerca de 100.

Según estima Lovera, la sociedad hoy en día se está organizando y está más empoderada, ya que al acceder a más información fortalecen sus acciones. El jefe de servicio indicó también en la U. Mayor que ante casos regionales de consumidores y sus derechos en La Araucanía han tenido resultados positivos.

“Tenemos procesos que se han realizado en acciones colectivas, tenemos uno muy relevante que está hoy viéndose en los juzgados civiles, que tiene que ver con la planta de tratamiento de aguas y, además de ello, tenemos otros procedimientos que se han iniciado acá, pero son de carácter nacional, como lo son las denuncias que nosotros alertamos respecto de una inmobiliaria”, cerró.

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Un análisis sobre una posible ley de eutanasia y sus implicaciones en Chile fueron el tema central de una charla que reunió a abogados, docentes y estudiantes en la Universidad Santo Tomás Temuco.

La conferencia “¿Es necesaria una Ley de Eutanasia para Chile?” fue organizada por la Escuela de Derecho de la UST y contó con la exposición de la Vicerrectora Académica de la institución, la abogada Ángela Vivanco, doctora en Derecho de la Universidad de La Coruña, España, y docente en Derecho Constitucional, Persona y Bioética y Conflicto de Derechos.

En su presentación, la Vicerrectora Académica de la UST expuso casos de eutanasia a nivel mundial y la situación jurídica de este tema en Chile, además de analizar una eventual legislación en el país.

“Hay una suerte de movimiento en el Congreso, donde ciertos parlamentarios están postulando que la eutanasia es un derecho de las personas y que en consecuencia debería haber una ley que así lo permitiera en ciertas condiciones. El punto es analizar si es realmente un derecho, si es la solución para los pacientes que están sufriendo, si los médicos tienen la posibilidad de aplicar eutanasia dentro de sus compromisos y deberes jurídicos y éticos y, por último, pensar qué es lo más conveniente desde el punto de vista de la protección de la persona”, explicó.

Agregó que “la discusión se da en todos los países. En ese sentido es una situación transversal, porque es un tema controvertido. Además, hay que tener presente que se trata de una temática que se ha ido acrecentando en cuanto a su importancia, porque gracias a los desarrollos que ha habido en materia de salud y tecnología, las personas viven más, y en consecuencia se presentan estos casos de individuos con dolores crónicos o en estado terminal que son mantenidos por métodos artificiales, y es ahí donde surge la pregunta por la eutanasia”, indicó.

Para la Vicerrectora Académica de la Universidad Santo Tomás, “cuando hay un tema que no está regulado como la eutanasia, no hay que pensar con temor a hacerlo, pero sí establecer qué es lo que hay que regular. La clave no es contar con cualquier ley, sino que con una que tenga los contenidos que se necesitan sobre todo para equiparar la protección de las personas que están sufriendo, a la vez de la autonomía de las decisiones del individuo. Esa conjugación no es sencilla, pero es posible de hacer”, concluyó.

Vasta trayectoria

La abogada posee vasta experiencia en realización de informes en derecho público sobre diversas materias y es consultada con regularidad en comisiones tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, en instituciones públicas y privadas. Además, es experta en acciones jurisdiccionales y administrativas relacionadas con diversos tópicos constitucionales, análisis de proyectos de ley y casos constitucionales diversos.

Es autora, entre otros, de los libros “Disposición sobre la Vida Humana Y Principios Constitucionales: Análisis del Caso Chileno”, “¿Nueva Constitución o Reforma? Nuestra Propuesta: Evolución Constitucional”, “Curso de Derecho Constitucional. Bases Conceptuales y doctrinarias del Derecho Constitucional”, “Curso de Derecho Constitucional. Aspectos  dogmáticos de la Carta Fundamental de 1980” y “Curso de Derecho Constitucional. Aspectos Orgánicos de la Constitución de 1980”.

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Políticas públicas, derechos humanos, ley del lobby o Convenio 169, fueron parte de los temas tratados en las Décimas Jornadas de Derecho Constitucional, organizadas por el Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la Universidad Mayor sede Temuco, dependiente de la Facultad de Derecho, que comenzaron este lunes 11 de agosto, y que culminan el martes, en el Aula Magna de la sede Temuco de esta casa de estudios.

El evento, que llevó por título “Derechos humanos, derecho constitucional y políticas públicas” contó con la participación de destacados expositores a nivel nacional, quienes han desarrollado desde su perspectiva y trayectoria, diferentes aristas sobre la Constitución.

Entre las charlas, destacó la presencia de Marisol Peña Torres, presidenta del Tribunal Constitucional de Chile, quien expuso el tema “Políticas públicas y rol del Tribunal Constitucional”.

La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor, Clara Szczaranski, resaltó las ponencias, que cada año “alcanzan un mejor nivel, y este año estamos tocando el cielo”.

Sobre la temática en particular, Szczaranski enfatizó que no hay nada más importante en la vida de las naciones y pueblos, que la organización de su Estado, ya sea totalitario, absolutista, integrista, democrático, republicano o monárquico. “Sin Estado, la enorme manada humana no sobrevive. Nosotros tenemos un Estado republicano y democrático que, a mi juicio, es lo mejor que el ser humano ha pensado hasta este momento, con todas las dificultades que tiene. Todos tenemos derecho a opinar, y las personas tenemos un valor e importancia que nunca antes tuvimos, con derechos, deberes y siendo sujetos de imputación. Pero si lo tomamos de todos los puntos de vista posibles, laborales, familiares, civiles o penales, causarán un desconcierto sin un sistema constitucional que estructure y calce un ordenamiento jurídico armónico”.

Objetivos

Carlos Reyes, director de la Escuela de Derecho de la sede Temuco, remarcó que “nuestra Facultad ha tenido como prioridad, fomentar la investigación y el estudio profundo de las diferentes instituciones del derecho y en particular de la justicia constitucional, que nuestro Centro de Estudios ha concretado”.

El académico aprovechó la instancia de invitar a los abogados interesados, en participar de los diferentes programas de perfeccionamiento y postítulos que imparte la Facultad, como el Magíster de Derecho en la Empresa, pronto a comenzar.

Por su parte, Álvaro Meza, ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco y director del Centro de Estudios Constitucionales de la Universidad Mayor sede Temuco, planteó que el objetivo central de esta actividad, es “ser un aporte a la comunidad, trayendo expertos sobre la materia, aportar a la comunidad jurídica, a los temuquenses y a La Araucanía en general. Otros objetivos son registrar estas jornadas para un libro posterior; y como beneficio para los alumnos, que se difunda el derecho constitucional”.

Los derechos

Pero quien abrió la primera sesión fue el abogado Jorge Correa Sutil, quien fuera subsecretario del Interior en el gobierno de Ricardo Lagos, además de secretario de la Comisión Rettig. El profesional ofreció la charla “¿Cuántos y cuáles derechos debieran ser constitucionales?”.

Correa expuso que, si se ve el panorama mundial, en las distintas constitucionales “cabe casi de todo”. Sin embargo, la Carta Magna no debe desvirtuarse transformándose en una “tarjeta de buenos deseos”. Debe ser, opinó, un consolidado político.

Asimismo, comentó que es necesario hacer un cambio a la Constitución vigente, por estar desacreditada, sobre todo por las trabas del binominal. “Es la Constitución de Pinochet, donde la opinión de la derecha, que es la que no quiere cambios, vale más que la del resto. Es una constitución que teme a la democracia”.

Planteó que los cambios constitucionales deben provenir del Congreso, no de los juristas. Y si bien Correa es partidario de la realización de una Asamblea Constituyente, promulgó que ésta –para no ser un quiebre constitucional- debe ser conformada por el Parlamento, aún cuando está consciente del actual desprestigio de la política en Chile.

Correa aseveró: “La Constitución chilena establece que el poder constituyente radica en el Congreso y el Presidente de la República. Para que una nueva Constitución sea institucional y democrática, resulta indispensable que el cambio sea acordado por estos dos estamentos, bajo un quórum necesario, lo que no significa que no pueda haber una Asamblea Constituyente. Pero la única manera en que una Asamblea Constituyente sea un proceso participativo democrático e institucional, es que fuere acordado por el Congreso, que a su vez le otorgue poderes y regule la manera de elegir a sus miembros. Sin eso, es un quiebre constitucional”.

Exposiciones

El lunes las otras exposiciones estuvieron a cargo de Sandra Ponce De León, jefa de gabinete de la presidencia del Tribunal Constitucional, con “La ley del lobby en el ámbito de las políticas públicas” y el abogado Felipe Meléndez, con la ponencia “La evolución de los derechos políticos en la constituciones chilenas”.

El martes por la mañana las charlas fueron de María de los Ángeles Villaseca, abogada del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sobre “Derechos humanos y políticas públicas desde el ámbito de la educación”; Tania Busch, abogada de la Universidad de Concepción, con “Justicia Constitucional y opinión pública” y Gallianne Palayret, coordinadora del área de derechos económicos, sociales, culturales y discriminación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con “Derechos económicos, sociales y culturales y políticas públicas”.

Y finalizó con las intervenciones de Esteban Szmulewicz, director del Centro de Estudios Constitucionales y Administrativos de la sede Santiago de la U. Mayor y “El convenio 169 de la OIT”, además del doctor en Derecho y profesor de Derecho Constitucional Jaime Bassa con “El orden público económico ante los derechos fundamentales”.

En la oportunidad se desarrolló la presentación del libro “Jornadas Constitucionales 2013: Problemáticas actuales del derecho constitucional”, publicación que compila las ponencias de la jornada realizada el año pasado.

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