El diputado Miguel Mellado reaccionó ante las declaraciones emitidas por el delegado presidencial regional (S), Leopoldo Rosales, quien señaló que –en estos momentos- no se estarían dando las condiciones de seguridad para realizar la exhumación del cuerpo de Pablo Marchant, integrante de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien murió en julio del 2021, en medio de un enfrentamiento ocurrido en un predio usurpado en el sector de Coi Coi de Carahue.

En este sentido, el diputado representante de La Araucanía señaló que “es una vergüenza este Gobierno al arrodillarse ante los terroristas de la CAM. El delegado presidencial (s) dijo esta mañana, que no estaban dadas las condiciones para entrar nuevamente al predio tomado por la CAM para exhumar los restos del terrorista Marchant. Bueno, ¿hay estado de derecho en La Araucanía o no hay?”, cuestionó el parlamentario.

Mellado, junto con llamar a generar las instancias de seguridad para efectuar este procedimiento, aseguró que “el gobierno se arrodilla ante los terroristas de la CAM en vez de garantizar que las policías puedan entrar sin problemas a ese predio y se cumpla con lo que el fiscal necesita, ayudado por las Fuerzas Armadas que, en dos oportunidades, tampoco ha logrado entrar a exhumar los restos del terrorista Marchant”.

El pasado 26 de marzo se realizó un segundo intento de este procedimiento, sin embargo, el operativo se vio frustrado debido a la presencia de grupos armados quienes dispararon hacia la comitiva que se dirigía hasta el Fundo Pidenco en Lumaco, lugar donde se encuentra el cuerpo de Marchant.

Pese a que este procedimiento es solicitado por la familia de Marchant, la Coordinadora Arauco Malleco, a través de un comunicado, reiteró su negativa para permitir que esto se pueda concretar, argumentando que “se acordó el resguardo del cuerpo de nuestro peñi”.

Ante los disparos que impidieron la realización de la exhumación del cuerpo, la Coordinadora Arauco Malleco expresó que “manifestamos con mucho orgullo, haber cumplido el mandato espiritual y la voluntad de nuestro peñi, defendiendo con decisión el territorio recuperado” añadiendo que “seguiremos resistiendo, incluso ofrendando la vida si fuese necesario”.

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A través de un comunicado, el gremio del gran empresariado rechazó «categóricamente» las declaraciones del dirigente, «en cuanto constituyen una grave amenaza al estado de derecho, la seguridad y el orden público».

«Cuando una persona que es el líder de una organización involucrada en numerosos hechos de terrorismo y violencia señala de manera pública que realizará acciones de sabotaje contra la propiedad privada, corresponde que el Gobierno y los organismos del Estado correspondientes, reaccionen en forma inmediata para evitar que se hagan efectivas sus amenazas. Garantizar la seguridad de las personas y el orden público es una potestad exclusiva e indelegable del Estado de Chile», apuntó el organismo presidido por Juan Sutil.

En esa línea, la CPC sostuvo que «la incitación abierta del señor Llaitul al uso de la violencia para el logro de los objetivos de su organización, constituye en sí una amenaza terrorista que debe ser perseguida con toda la celeridad y eficacia que ello amerita, para evitar nuevos hechos de violencia contra personas y bienes».

«La extrema gravedad de las declaraciones del dirigente de la organización violentista CAM exige que el Gobierno actúe de manera urgente para proteger la vida de las chilenas y chilenos; es su responsabilidad», concluyó.

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