Una investigación de la Brigada de Investigación Criminal (BICRIM) Victoria permitió desarticular una organización dedicada al tráfico de drogas que operaba en distintos sectores de la comuna, procedimiento que culminó con la detención de dos personas y la incautación de más de un kilo de clorhidrato de cocaína, armas de fuego, municiones y más de $3,5 millones en efectivo.

El procedimiento corresponde a la investigación denominada «Bastión», desarrollada por detectives de la PDI en coordinación con la Fiscalía Local de Victoria, que permitió establecer el funcionamiento de la estructura criminal y obtener órdenes judiciales para allanar dos inmuebles.

Durante el primer operativo fue detenido uno de los imputados por tráfico en pequeñas cantidades e infracción a la Ley de Control de Armas. Sin embargo, las diligencias investigativas continuaron y permitieron reunir nuevos antecedentes que derivaron en una segunda orden de entrada y registro, donde fue ubicado el inmueble en que se ocultaba una importante cantidad de droga, concretándose la detención del segundo integrante de la organización.

En ambos procedimientos la PDI incautó:

• 1.071,20 gramos de clorhidrato de cocaína.
• 355,41 gramos de cannabis.
• 0,70 gramos de tusi.
• Un revólver calibre .32.
• Una pistola calibre 7,65 mm con su cargador.
• Tres rifles de aire comprimido.
• 33 cartuchos de distintos calibres.
• $3.554.000 en dinero en efectivo.
• Tres teléfonos celulares.
• Tres balanzas digitales.
• Diversos elementos utilizados para la dosificación de drogas.

El jefe de la BICRIM Traiguén, subprefecto Óscar Saravia, explicó que el operativo fue el resultado del trabajo de análisis criminal desarrollado junto a la Fiscalía.

«Este procedimiento es el resultado de una investigación desarrollada por detectives de la BICRIM Victoria, en coordinación permanente con la Fiscalía Local, que permitió identificar y desarticular una estructura dedicada al tráfico de drogas en nuestra comuna. Gracias al trabajo de análisis criminal y las diligencias investigativas realizadas, se concretó la detención de dos personas y la incautación de más de un kilo de clorhidrato de cocaína, cannabis, tusi, armas de fuego, municiones, dinero en efectivo y otros elementos asociados a la comercialización de sustancias ilícitas», indicó.

Ambos imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Victoria para sus respectivos controles de detención, mientras la investigación continúa para determinar la eventual participación de otras personas vinculadas a esta organización.

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La investigación por hechos de violencia en una comunidad rural permitió decomisar armas de fuego, municiones y más de 300 gramos de cannabis.

Cuatro personas fueron detenidas durante un operativo desarrollado por detectives de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Angol en la comuna de Ercilla, procedimiento que además permitió la incautación de armas de fuego, municiones y droga en el marco de una investigación por delitos de lesiones graves e infracciones a la Ley de Armas y a la Ley de Drogas.

La diligencia fue resultado de un trabajo investigativo realizado en coordinación con la Fiscalía Local de Collipulli, que buscaba esclarecer hechos ocurridos en agosto de 2025 y abril de este año al interior de una comunidad del sector rural de Ercilla, donde se registraron episodios de violencia asociados al uso de armamento.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por los detectives, las diligencias de análisis criminal, inteligencia policial y levantamiento de evidencia permitieron identificar a cuatro sujetos como presuntos participantes en los hechos investigados, además de establecer antecedentes relacionados con las armas utilizadas.

Con estos elementos, el Ministerio Público solicitó órdenes de entrada y registro para los domicilios de los imputados, las que fueron autorizadas por el Juzgado de Garantía de Collipulli.

El operativo se concretó durante esta jornada en la localidad de Pailahueque, donde los detectives allanaron distintos inmuebles y lograron la detención de los cuatro involucrados.

Durante el procedimiento fueron incautados 302 gramos de cannabis sativa, dos escopetas calibre 12, un revólver calibre .32, diversas municiones compatibles con las armas encontradas y equipos celulares que serán sometidos a peritajes.

La evidencia decomisada será analizada para determinar su eventual vinculación con los hechos investigados y establecer si existen conexiones con otros delitos ocurridos en la zona.

Los cuatro imputados quedaron a disposición del Juzgado de Garantía de Collipulli para el respectivo control de detención. Sin embargo, la audiencia fue ampliada hasta este jueves 25 de junio a las 9:00 horas, mientras continúan las diligencias encabezadas por la Fiscalía y la Policía de Investigaciones.

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El menor fue sorprendido por Carabineros portando un revólver calibre .22, una pistola de fogueo y munición tras un llamado que alertó sobre disparos en la vía pública en la Villa Tijeral, comuna de Renaico.

Momentos de alta tensión se vivieron en la localidad de Tijeral, en la comuna de Renaico, luego que un llamado de alerta a la Central de Comunicaciones (Cenco) Malleco advirtiera sobre un sujeto que estaría efectuando disparos en la vía pública. La rápida reacción de Carabineros permitió detener a un adolescente de 17 años que portaba dos armas y municiones entre sus vestimentas.

El procedimiento fue adoptado por personal del Retén Tijeral, que se trasladó hasta la intersección de calle Santa Teresa con pasaje El Anhelo, en la Villa Tijeral. Al llegar al lugar, los funcionarios policiales se encontraron con tres individuos en el sector, procediendo a realizar un control de identidad investigativo.

Durante la fiscalización, Carabineros descubrió que uno de los adolescentes mantenía ocultas entre su ropa dos armas y municiones, lo que derivó en su inmediata detención.

El subteniente Felipe Montero, jefe de la Tenencia Suboficial Mayor Breant Rivas Manríquez, detalló el armamento incautado y explicó que: “Conforme a lo anterior, Carabineros logra la incautación de un armamento de fuego tipo revólver de industria argentina calibre .22, a su vez, una pistola de fogueo de manufactura chilena, además de munición .22 y 9 mm. de fogueo”.

Las armas y la munición fueron retiradas de circulación por personal policial, mientras que el adolescente fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Por instrucción de la Fiscalía, el menor detenido pasará a control de detención este jueves en el Juzgado de Garantía de Angol, instancia en la que se determinarán las medidas cautelares correspondientes.

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Procedimiento liderado por Sacfi de Los Ríos y la BIPE permitió incautar 237 plantas de cannabis, munición y más de $21 millones en efectivo.

Un amplio operativo desarrollado entre las regiones de Los Ríos y La Araucanía permitió la detención de cuatro imputados por delitos contemplados en la Ley de Control de Armas y en la Ley 20.000 sobre tráfico ilícito de drogas.

La diligencia fue liderada por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) de la Fiscalía Regional de Los Ríos, en conjunto con la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE) de la PDI, en el marco de una investigación por cultivo de cannabis sativa y tráfico de drogas.

De acuerdo con los antecedentes reunidos, los imputados estarían vinculados a una agrupación dedicada al tráfico de drogas y municiones en la Región de Los Ríos, abasteciéndose de proveedores ubicados en la comuna de Teodoro Schmidt, en La Araucanía.

A partir de la información recopilada por la Fiscalía de Los Ríos, se gestionaron órdenes de entrada y registro a diversos domicilios, además de órdenes de detención, todas otorgadas por el Juzgado de Garantía de Mariquina.

Durante el procedimiento se incautaron 237 plantas del género cannabis, munición y dinero en efectivo que supera los 21 millones de pesos, junto a otras especies relevantes para la investigación.

Los cuatro imputados serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Mariquina para la respectiva audiencia de control de la detención y formalización de la investigación, instancia en la que la Fiscalía solicitará las medidas cautelares que estime proporcionales a la gravedad de los hechos investigados.

Cabe señalar que, conforme al artículo 4 del Código Procesal Penal, toda persona imputada debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria firme.

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Detectives irrumpieron en el inmueble tras una investigación por disparos injustificados. Dos sujetos fueron detenidos y quedaron a disposición del tribunal.

Un operativo nocturno de alto impacto realizó la PDI en la comuna de Angol, donde detectives de la Brigada Investigadora de Robos lograron desarticular un inmueble en el que se fabricaban y manipulaban armas de fuego artesanales, además de incautar droga lista para su distribución.

La diligencia se enmarcó en una investigación por el delito de disparos injustificados y otros hechos asociados a la fabricación ilegal de armamento. El trabajo investigativo, desarrollado en coordinación con el Ministerio Público y apoyado por aeronaves no tripuladas, permitió establecer que en el domicilio intervenido se estarían confeccionando escopetas hechizas.

Con estos antecedentes, se gestionó una autorización judicial verbal para el ingreso al inmueble. Al momento de la irrupción, ocho personas se encontraban en el interior de la vivienda.

En el procedimiento, los detectives incautaron tres escopetas artesanales —dos de ellas con cartuchos atascados en su interior— y una cuarta arma en proceso de fabricación, evidenciando la manipulación activa de armamento clandestino.

Asimismo, dentro de una mochila se encontraron 41 envoltorios con cocaína base, con un peso bruto de 14,39 gramos, además de una bolsa con clorhidrato de cocaína que alcanzó los 0,62 gramos. También fueron incautados dos teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

Dos sujetos fueron detenidos por infracción a la Ley 17.798 sobre Control de Armas y a la Ley 20.000 de drogas, quedando ambos a disposición del Juzgado de Garantía respectivo para su control de detención.

El procedimiento permitió retirar de circulación armamento artesanal y sustancias ilícitas, desarticulando un foco de riesgo para la seguridad pública en la comuna.

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Más de 9.000 armas fueron fiscalizadas en la región, en un trabajo que combinó procedimientos policiales y entrega voluntaria, fortaleciendo el control y la prevención del delito.

Un total de 1.453 armas fueron sacadas de circulación en la Región de La Araucanía durante el año 2025, como resultado del trabajo de fiscalización, control y recuperación de armamento desarrollado por Carabineros de Chile, a través de la Autoridad Fiscalizadora del Departamento OS-11 y patrullas territoriales especializadas en control de armas.

La cifra representa un aumento del 77,6% en comparación con el año 2024, considerando tanto armas incautadas en procedimientos policiales como aquellas entregadas de manera voluntaria por la ciudadanía. Del total decomisado, 908 armas correspondieron a entregas voluntarias y 545 fueron incautadas en operativos policiales.

Los resultados fueron dados a conocer por el Miguel Herrera, jefe de Zona Carabineros Araucanía, junto al Eduardo Abdala y el Israel Campusano, quienes destacaron el impacto del trabajo sistemático desplegado en toda la región.

El General Herrera explicó que el fortalecimiento de las patrullas de control de armas y el trabajo ordenado del OS-11 permitieron aumentar significativamente la fiscalización de armamento inscrito. “La capacidad que tiene la institución tal como lo ha orientado nuestro General Director en cuanto a la presencia, realizando control y fiscalización a través de una prevención activa en un trabajo ordenado para el OS-11 y la creación de patrullas de control de armas en la región, permitieron estar por sobre la media de porcentaje de armas fiscalizadas y que en definitiva culminó con una incautación de 1.453 armas, 908 fueron entregadas en forma voluntaria y 545 son las armas que fueron incautadas en procedimientos”, señaló.

En total, 9.046 armas fueron fiscalizadas durante 2025, lo que representa un incremento del 43,9% respecto del año anterior, cuando se registraron 6.285 controles. Este aumento fue posible gracias a la revisión sistemática de armas inscritas, verificando su tenencia legal, ubicación y condiciones de seguridad.

En esa línea, el jefe policial realizó un llamado directo a la ciudadanía. “La recomendación de Carabineros es que las personas entreguen sus armas, dejen a las policías efectuar la labor preventiva para que no resulten personas civiles heridas (…) ojalá hacer entrega de ellas a la Autoridad Fiscalizadora ya que muchas de las armas que están en domicilios particulares son robadas, son hurtadas y en definitiva se prestan para armar a personas que tienen intenciones criminales”, enfatizó.

Por su parte, el Delegado Presidencial Regional valoró el alcance del trabajo realizado. “Extraordinario trabajo realizado por Carabineros en materia de incautación de armas reconociendo su labor de fiscalización, señalar de que la ley establece un porcentaje base para efectos de hacer fiscalización de armas de un 10% y acá se alcanzó casi un 18%, lo que permitió además llevar adelante un proceso de recuperación de armas muy importante para hacer de La Araucanía una región más segura”, subrayó Eduardo Abdala.

Desde el Gobierno, el Seremi de Seguridad Pública destacó que la fiscalización de armas forma parte de las prioridades del plan regional contra el crimen organizado. “El Gobierno ha definido dos prioridades en su plan regional contra el crimen organizado, la fiscalización de armas y drogas; se ha incrementado la fiscalización de Carabineros en un 43% y la incautación de armas en un 77%, resultando el pasado año 2025 en casi 1.500 armas menos en poder de la delincuencia”, puntualizó Israel Campusano.

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En el inicio del juicio oral por el triple homicidio de funcionarios de Carabineros ocurrido en abril de 2024, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo ante el tribunal que el ataque no solo buscó quitar la vida a tres personas, sino golpear al Estado de Derecho, solicitando penas de presidio perpetuo calificado para los acusados.

Con una exposición marcada por la gravedad de los hechos y el impacto social del crimen, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo que el asesinato de tres funcionarios de Carabineros de Chile en la comuna de Cañete constituye un crimen de odio, perpetrado contra lo que las víctimas representaban como institución.

El juicio oral se inició este lunes en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, casi dos años después del ataque ocurrido la madrugada del 27 de abril de 2024, cuando los suboficiales Carlos Cisternas Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid fueron emboscados y ejecutados en el sector de Antiquina. Por estos hechos, enfrentan juicio Nicolás Rivas Paillao y los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen Santi.

Durante la primera jornada, el fiscal Garrido delineó con dureza la tesis del Ministerio Público, señalando que se trató de una acción planificada y consciente. “Se trata de una violencia voluntaria, planificada y artera, destinada a imponer miedo y demostrar control territorial mediante una demostración de fuerza”, afirmó ante el tribunal, agregando que estos hechos “apuntan a socavar las bases mismas del Estado de Derecho”.

Uno de los puntos centrales de la acusación es la evidencia encontrada en el domicilio de los imputados. Según expuso el persecutor, la presencia de armas y especies sustraídas a los propios carabineros, halladas durante diligencias de la Policía de Investigaciones, constituye un antecedente clave para el veredicto. “Pedimos al tribunal que observe la evidencia en su conjunto y llegue a la única conclusión coherente: la responsabilidad de los imputados en los hechos materia de esta acusación”, sostuvo.

El fiscal fue enfático al explicar el sentido profundo del crimen. “Las víctimas que fueron atacadas no fueron atacadas en cuanto personas, sino por lo que ellas representaban. Fueron asesinadas por su condición de carabineros, porque encarnaban la presencia del Estado en el territorio que los imputados desprecian”, señaló, calificando el hecho como “claramente un crimen de odio”.

Garrido advirtió que las consecuencias de ese odio trascienden a las víctimas directas. “Las primeras consecuencias las sufre toda la comunidad, que ve cómo se debilitan las bases de una convivencia pacífica, pero las seguirán sufriendo las familias de las víctimas”, expresó.

Por estos delitos, la Fiscalía solicitó presidio perpetuo calificado, la pena más alta contemplada en la legislación chilena, además de otras condenas que superan los 20 años de cárcel por ilícitos como robo con violencia, incendio, porte ilegal de armas, traslado de restos humanos y otros delitos asociados.

El juicio, que contempla una extensa y compleja rendición de pruebas, se extenderá por alrededor de 51 días, y continuará este martes a partir de las 10 horas, en un proceso que ha vuelto a remecer al país por la brutalidad de los hechos y su profundo impacto institucional y humano.

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En las unidades penales de Angol, Villarrica y Nueva Imperial se llevaron a cabo con éxito, procedimientos de registro y allanamientos, los que permitieron incautar una importante cantidad de elementos prohibidos tales como sustancias ilícitas, armas corto punzantes, celulares y licor artesanal.

Estos procedimientos se realizaron en forma simultánea en todo el país y forman parte de los protocolos preventivos que la institución realiza en forma periódica, con la finalidad de  requisar elementos que puedan alterar el orden y seguridad de los recintos penitenciarios.

Al respecto la Directora Regional (S) de Gendarmería en La Araucanía Coronel Carolina Caamaño Figueroa destacó la importancia de realizar este tipo de operativos señalando “Los allanamientos se realizan en todos los establecimientos penitenciarios de la Región y están a cargo del personal de las unidades, con el apoyo de la Unidad de Servicios Especializados Penitenciarios USEP y también los Equipos de Canes Adiestrados ECA, funcionarios que con profesionalismo detectan todo tipo de elemento prohibido que pudiese poner en riesgo la integridad de las personas privadas de libertad y alterar el régimen interno de las unidades penales”.

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La llamada “Operación Dirigentes” permitió desarticular una red integrada por seis familiares que operaba en el sector Pedro de Valdivia, utilizando viviendas y un almacén como fachada, incluso frente a un jardín infantil.

Un caso que impacta por lo insólito y grave quedó al descubierto en Temuco, luego que la Policía de Investigaciones desarticulara un clan familiar dedicado al tráfico de drogas, liderado por una mujer que ejercía como dirigente vecinal en el macrosector Pedro de Valdivia. El operativo, denominado “Operación Dirigentes”, fue desarrollado por la Brigada Antinarcóticos y Crimen Organizado (Brianco) Temuco, en coordinación con la Fiscalía Local.

La investigación, que se extendió por siete meses, permitió establecer que la agrupación criminal estaba compuesta por seis personas, todas con lazos familiares —hijos y parejas—, quienes adquirían remesas de droga para su posterior comercialización en distintos puntos de la capital regional. Para ello, utilizaban inmuebles propios y viviendas arrendadas en la población Chivilcán, además de un local de abarrotes que operaba como fachada para la venta de sustancias ilícitas.

Un antecedente especialmente grave es que la droga era distribuida y comercializada frente a un establecimiento educacional infantil. Asimismo, el clan utilizaba armas a fogueo para resguardar sus domicilios y amedrentar a vecinos del sector, generando temor permanente en la comunidad.

El subprefecto Rodrigo Aguilera Valenzuela, jefe subrogante de la Brianco Temuco, explicó que “gracias a un exhaustivo trabajo de análisis criminal e inteligencia policial, además del uso de diversas técnicas investigativas amparadas en la Ley 20.000 de drogas, durante el transcurso de siete meses logramos establecer la dinámica delictual de este clan familiar, el cual a medida que incrementaban sus ganancias económicas producto de la venta de sustancias ilícitas, iba adquiriendo diversos bienes patrimoniales, entre ellos automóviles de alta gama y caballos corraleros con sus respectivos aperos”.

Agregó que durante el procedimiento “se allanaron ocho inmuebles, seis en el sector Pedro de Valdivia y dos en la zona rural de la localidad de Chol Chol, decomisando más de 4 kilos de droga entre cannabis sativa y clorhidrato de cocaína, tres millones 600 mil pesos en dinero en efectivo, dos pistolas a fogueo y cuatro rifles con miras telescópicas. Asimismo, atacamos su patrimonio incautando dos vehículos —una camioneta y una SUV— avaluados en 25 millones de pesos”.

En total, se sacaron de circulación cerca de seis mil dosis de droga, cuyo valor en el mercado informal asciende a unos 50 millones de pesos. Todos los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para su audiencia de control de la detención.

Desde el Ministerio Público, el fiscal Alberto Chiffelle Márquez precisó que “con los antecedentes recabados por la Policía de Investigaciones podemos imputar los cargos por infracción a la Ley 20.000 de drogas. Asimismo, por la cantidad de sustancias ilícitas incautadas, los bienes patrimoniales adquiridos y el modus operandi de esta agrupación, da cuenta que hay tráfico de drogas como tal, no microtráfico, por lo que se imputará ese ilícito junto con la infracción a la Ley de armas, porque estaban en posesión de armamento a fogueo modificado, que está prohibido”.

El fiscal además hizo un llamado a la comunidad: “Instamos a la ciudadanía a que denuncie a las policías, que trabajan profesionalmente con los datos e información recepcionada y nos permite efectuar la investigación, para posteriormente ejercer la acción penal correspondiente”.

Las autoridades regionales destacaron el impacto del operativo en un sector especialmente afectado por el narcotráfico. El seremi de Seguridad Pública, Israel Campusano Lobos, sostuvo que “este accionar policial habla muy bien del trabajo territorial que desarrolla esta unidad especializada junto a su Equipo Modelo Territorial Cero, interviniendo barrios para dar golpes al microtráfico de drogas resolviendo los problemas de los vecinos y sus sectores que día a día sufren con este flagelo”.

En la misma línea, el alcalde de Temuco valoró el resultado del procedimiento y relevó el impacto comunitario del golpe policial: “Hace un par de semanas una dirigente social del barrio lloró porque sentía que la batalla contra el tráfico de drogas se estaba perdiendo en este sector. Por ello felicito a la PDI y la Fiscalía porque esto ha sido un golpe profundo en un sector de la capital regional que sabemos que tiene problemáticas complejas, y esto recupera la confianza de las vecinas y vecinos que la policía y otros organismos públicos, como el municipio, estamos entregando el apoyo necesario a las familias de bien, que llevan el sustento de manera legal a sus hogares, y no de la forma en que esta agrupación estaba ocasionando temor en la población”.

El caso vuelve a poner en el centro del debate el daño social que provoca el narcotráfico a nivel barrial, especialmente cuando se esconde tras liderazgos comunitarios, y refuerza la importancia de la denuncia y el trabajo investigativo sostenido para recuperar espacios y confianza en los territorios.

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Detectives de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) Temuco, en coordinación con el Ministerio Público, desarrollaron diligencias investigativas que permitieron la recuperación de cinco vehículos con encargo por robo, además de la incautación de droga, armas de fuego, munición y diversa evidencia, en la comuna de Temuco.

El procedimiento se originó tras una denuncia por robo de vehículo motorizado, hecho ocurrido durante la madrugada en el sector Pedro de Valdivia. A partir de las primeras diligencias y el trabajo investigativo en terreno, los detectives lograron ubicar el vehículo sustraído al interior de un inmueble, donde además se mantenían otros automóviles de similares características.

Previas coordinaciones con la Fiscalía Local de Temuco, se gestionó una orden judicial de entrada y registro, autorizada por el Juzgado de Garantía de Temuco, lo que permitió el ingreso al inmueble y el desarrollo del trabajo especializado del sitio del suceso por parte de personal BIRO y del Laboratorio de Criminalística Regional Temuco.

Como resultado del operativo, se logró la recuperación de cinco vehículos robados, cerca de un kilo de cannabis sativa, armas de fuego, munición de distintos calibres, equipos electrónicos, documentación y otras evidencias de interés criminalístico. El avalúo total de lo recuperado asciende a aproximadamente 55 millones de pesos.

Las diligencias continúan en desarrollo, en coordinación con el Ministerio Público, con la finalidad de identificar y detener a los responsables, además de establecer la posible vinculación del inmueble con otros delitos de similar naturaleza en la región.

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