Por Claudia Fuentes Bozzolo, periodista

Recién supimos sobre la millonaria adquisición de autos de lujo para jueces de la Corte Suprema. La punta del iceberg sobre el Juez como autoridad con la potestad para investigar objetivamente y sentenciar de manera imparcial imbuido de principios éticos, quien debe preocuparse por “ser” el mejor magistrado, según la dignidad propia del poder conferido, pero también de “parecer”, para no suscitar desconfianzas legítimas sobre cómo resuelve el futuro de un imputado.

Los Tribunales, en el marco del Estado Constitucional, garantizan la independencia judicial y no deberían estar orientados a situar al Juez en una posición de privilegio. Su razón de ser es asegurar a todos los chilenos y chilenas que serán juzgados con parámetros jurídicos y salvaguardar sus derechos fundamentales. Sin embargo, la realidad de la autoridad exhibe una visible crisis de confianza y legitimidad respecto a cómo administra la justicia.

En La Araucanía, por ejemplo, un ministro en Visita Extraordinario que dirige causas por derechos humanos de hace 50 años condenó en dos de ellas, en primera instancia, a oficiales subalternos, clases y conscriptos de los regimientos “Tucapel” de Temuco y “Húsares” de Angol a las penas más altas posibles sin beneficios; desde 13 años efectivos a presidio perpetuo por supuestas “presunciones judiciales” que ni siquiera cumplen con los requisitos legales para serlo, por lo tanto, son culpados por meras conjeturas o especulaciones. No son los únicos en nuestro país.

¿Puede un Juez condenar arbitrariamente sin probar el supuesto ilícito?

El Juez debe investigar, con igual celo, no sólo los hechos y circunstancias que establecen y agravan la responsabilidad de los inculpados, sino también los que les eximan, extingan o atenúen de ella. Debe perseguir objetivamente y con fundamento en la prueba la verdad, manteniendo en el proceso una equivalente distancia con las partes y sus abogados, para evitar cualquier comportamiento que refleje favoritismo, predisposición o prejuicio.

Así como el cuestionado uso de recursos públicos que hoy sale a luz, hay más bajo el agua; falta de ética profesional, ideologización y prevaricación que integrantes del poder judicial practican a vista y paciencia sobre unos pocos. Por ello, esperamos que, en los casos mencionados, la Corte de Apelaciones de Temuco ejerza su labor éticamente, sin presiones, basada en la imparcialidad y sujeta a derecho, para que podamos volver a confiar y creer en la justicia. 

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