Tras más de un mes de audiencias, este lunes la Fiscalía cerrará la presentación de pruebas y el martes comenzará la ofensiva de la defensa. En caso de ser declarado culpable por los cargos que le imputa el Ministerio Público, podría recibir una condena que alcanza los 53 años de presidio.

El juicio oral contra el exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, acusado de graves delitos sexuales contra tres mujeres —una de ellas menor de edad al momento de los hechos—, podría llegar a su desenlace durante la primera semana de julio.

El proceso comenzó el 19 de mayo en el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete y, aunque inicialmente se proyectaba con una duración menor, las extensas jornadas de prueba han prolongado su desarrollo por más de un mes.

Según confirmó el abogado querellante Francisco Rodríguez, este lunes la Fiscalía concluirá la presentación de sus pruebas, mientras que el martes se espera que la defensa del exjefe comunal inicie su intervención ante los magistrados.

«El juicio oral se ha alargado más de la cuenta, se han extendido las jornadas de prueba, vislumbrándose que recién el día lunes termine la prueba de cargo», señaló el profesional a Canal 9 de la Región del Biobío.

De acuerdo con la proyección entregada por las partes, la defensa podría ocupar cerca de una semana para rendir sus antecedentes, tras lo cual el tribunal quedaría en condiciones de emitir un veredicto durante los primeros días de julio.

Arriesga más de medio siglo de cárcel

Reinao enfrenta acusaciones por los delitos de violación, abuso sexual e inducción al aborto. En caso de ser declarado culpable por los cargos que le imputa el Ministerio Público, podría recibir una condena que alcanza los 53 años de presidio.

El exalcalde permanece en prisión preventiva desde noviembre de 2023 y actualmente cumple la medida cautelar en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Traiguén.

El duro testimonio de una de las denunciantes

La primera persona en declarar durante el juicio fue Tamara Medina, una de las denunciantes, quien relató las complejas consecuencias emocionales que significó revivir los hechos ante el tribunal.

La mujer describió como especialmente difícil el interrogatorio de la defensa y el hecho de encontrarse nuevamente frente al acusado durante las audiencias.

Sus declaraciones marcaron el inicio de un proceso que ha concentrado la atención pública en La Araucanía y el Biobío, debido a la gravedad de los delitos investigados y a la trayectoria política del imputado.

Ahora todas las miradas están puestas en lo que ocurrirá durante los próximos días. Con la Fiscalía cerrando su caso y la defensa preparando sus argumentos finales, el histórico juicio contra el exalcalde de Renaico entra en la recta final y podría tener una definición judicial antes de que termine la primera semana de julio.

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El brutal asesinato de tres funcionarios en plena macrozona sur marcó un antes y un después en materia de seguridad. La justicia dictó presidio perpetuo calificado para los principales responsables.

Una noche que quedó marcada en la memoria del país. El triple homicidio de tres carabineros en Cañete, ocurrido en abril de 2024, no solo impactó a la macrozona sur, sino que remeció a todo Chile por la crudeza del ataque y la forma en que fueron ejecutados los funcionarios policiales.

Hoy, tras meses de investigación y un extenso juicio, la justicia dio una señal contundente: presidio perpetuo calificado para los principales autores del crimen, los hermanos Felipe, Tomás y Jefferson Antihuén Santi, quienes fueron condenados por su participación directa en la emboscada que terminó con la vida de los uniformados .

El fallo fue dado a conocer por el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete, tras semanas de audiencias que reconstruyeron uno de los hechos más violentos registrados en la zona en los últimos años.

La noche que todo cambió

Los hechos se remontan a la madrugada del 27 de abril de 2024, cuando los carabineros Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal se encontraban realizando un procedimiento en un sector rural de la comuna.

Lo que parecía una labor rutinaria terminó en una emboscada. Los funcionarios fueron atacados por un grupo armado y asesinados a disparos, en un acto que fue calificado como uno de los más graves contra la institución en la historia reciente del país .

Pero la violencia no terminó ahí. Horas más tarde, los cuerpos de los carabineros fueron encontrados al interior del vehículo institucional, el cual había sido incendiado en plena ruta, en una escena que generó conmoción a nivel nacional .

Investigación y captura

La búsqueda de los responsables se extendió por meses y movilizó a distintas unidades especializadas de Carabineros y la Fiscalía, en un trabajo que fue descrito como sigiloso y de alta complejidad.

Tres de los implicados fueron detenidos en distintos operativos, mientras que uno de los principales sospechosos logró mantenerse prófugo durante meses, siendo finalmente capturado en marzo de 2025 en las cercanías del Lago Lleu Lleu .

Las diligencias permitieron establecer la participación directa de los imputados en la emboscada, así como su responsabilidad en otros delitos asociados, como robo con violencia, incendio y porte ilegal de armas.

Una condena histórica

El tribunal determinó aplicar presidio perpetuo calificado para los tres principales autores, lo que implica que no podrán optar a beneficios carcelarios hasta cumplir al menos 40 años de cárcel efectiva .

Además, se dictaron diversas penas adicionales por otros delitos vinculados al caso, mientras que un cuarto implicado fue condenado a más de 17 años de prisión como colaborador del crimen .

Desde la Fiscalía destacaron que, si bien ninguna sentencia puede reparar el daño causado, el fallo representa un avance en la búsqueda de justicia y en la recuperación de la confianza en las instituciones.

Un caso que marcó al país

El triple homicidio en Cañete no solo dejó en evidencia la violencia presente en la macrozona sur, sino que también abrió un debate nacional sobre seguridad, crimen organizado y protección de las policías.

La imagen de los funcionarios asesinados y el impacto en sus familias generaron un fuerte rechazo transversal, convirtiendo este caso en uno de los más emblemáticos de los últimos años.

Hoy, con la sentencia ya dictada, se cierra una etapa judicial, pero el impacto de este crimen sigue presente, recordando la complejidad del escenario de seguridad en la zona y la necesidad de avanzar en medidas que eviten hechos de esta magnitud en el futuro.

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Autoridad valoró condena a presidio perpetuo calificado por el caso de Cañete y aseguró que el Gobierno trabaja en terreno para combatir el crimen organizado, recuperar terrenos tomados y fortalecer la seguridad en la macrozona sur.

En el marco de su visita a La Araucanía, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, abordó en Temuco uno de los casos más impactantes de los últimos años en el país, junto con delinear las principales acciones que impulsará el Gobierno en materia de seguridad en la región.

La autoridad expresó su conformidad con la reciente sentencia que condenó a presidio perpetuo calificado a los responsables del triple homicidio de carabineros ocurrido en Cañete en 2024, calificando el hecho como “brutal” y destacando el trabajo investigativo que permitió llegar a este resultado.

“Estamos conformes, se ha hecho justicia. Este fue un hecho brutal, cometido en contra de tres carabineros que también eran personas con familia, con historia. Hay que reconocer el trabajo realizado por el Ministerio Público y Carabineros de Chile”, señaló la ministra .

En esa línea, afirmó que este caso marcó un punto de inflexión a nivel país, asegurando que “es un hecho que conmocionó a Chile y que representa un antes y un después en materia de seguridad” .

Trabajo en terreno y foco en La Araucanía

Durante su visita, Steinert enfatizó que uno de los principales desafíos del Gobierno es reforzar la seguridad en la macrozona sur, destacando que la estrategia apunta a una presencia activa en el territorio y un trabajo coordinado con distintas instituciones.

“Queremos ver en terreno cuáles son las necesidades de la Policía de Investigaciones, Carabineros y también de Gendarmería. Vamos a trabajar con la comunidad y con los gremios para enfrentar tanto el crimen organizado como los delitos más comunes”, explicó .

La ministra detalló que ya se están desarrollando mesas de trabajo para abordar estas problemáticas, con el objetivo de diseñar acciones concretas que permitan desarticular organizaciones delictuales y mejorar la sensación de seguridad en la población.

Plan para enfrentar tomas de terreno

Otro de los puntos abordados por la autoridad fue la situación de las tomas irregulares, tema que genera creciente preocupación en distintas comunas de la región.

En este sentido, aseguró que existe un plan en desarrollo que contempla un análisis detallado de cada caso, en coordinación con las policías.

“Si son terrenos que no han sido adquiridos en forma legal, vamos a tener una forma de recuperarlos. Todo esto debe hacerse con responsabilidad, pero vamos a avanzar en esa línea”, afirmó .

Presupuesto y aclaraciones del subsecretario

Durante la actividad, la ministra estuvo acompañada por el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, quien respondió a cuestionamientos sobre eventuales recortes presupuestarios en materia de seguridad.

El subsecretario aseguró que estos ajustes no afectarán ni al personal ni a la operatividad de Carabineros. “No va a perjudicar en nada al personal ni a la infraestructura. Lo que se ha hecho es sincerar cifras en proyectos que estaban subejecutados, como compra de vehículos o construcciones que se ejecutan en varios años”, explicó .

Agregó que los recursos se están ajustando en función de lo que efectivamente se ejecutará durante el año, incluyendo también modificaciones en proyectos y en la planificación presupuestaria.

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En el inicio del juicio oral por el triple homicidio de funcionarios de Carabineros ocurrido en abril de 2024, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo ante el tribunal que el ataque no solo buscó quitar la vida a tres personas, sino golpear al Estado de Derecho, solicitando penas de presidio perpetuo calificado para los acusados.

Con una exposición marcada por la gravedad de los hechos y el impacto social del crimen, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo que el asesinato de tres funcionarios de Carabineros de Chile en la comuna de Cañete constituye un crimen de odio, perpetrado contra lo que las víctimas representaban como institución.

El juicio oral se inició este lunes en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, casi dos años después del ataque ocurrido la madrugada del 27 de abril de 2024, cuando los suboficiales Carlos Cisternas Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid fueron emboscados y ejecutados en el sector de Antiquina. Por estos hechos, enfrentan juicio Nicolás Rivas Paillao y los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen Santi.

Durante la primera jornada, el fiscal Garrido delineó con dureza la tesis del Ministerio Público, señalando que se trató de una acción planificada y consciente. “Se trata de una violencia voluntaria, planificada y artera, destinada a imponer miedo y demostrar control territorial mediante una demostración de fuerza”, afirmó ante el tribunal, agregando que estos hechos “apuntan a socavar las bases mismas del Estado de Derecho”.

Uno de los puntos centrales de la acusación es la evidencia encontrada en el domicilio de los imputados. Según expuso el persecutor, la presencia de armas y especies sustraídas a los propios carabineros, halladas durante diligencias de la Policía de Investigaciones, constituye un antecedente clave para el veredicto. “Pedimos al tribunal que observe la evidencia en su conjunto y llegue a la única conclusión coherente: la responsabilidad de los imputados en los hechos materia de esta acusación”, sostuvo.

El fiscal fue enfático al explicar el sentido profundo del crimen. “Las víctimas que fueron atacadas no fueron atacadas en cuanto personas, sino por lo que ellas representaban. Fueron asesinadas por su condición de carabineros, porque encarnaban la presencia del Estado en el territorio que los imputados desprecian”, señaló, calificando el hecho como “claramente un crimen de odio”.

Garrido advirtió que las consecuencias de ese odio trascienden a las víctimas directas. “Las primeras consecuencias las sufre toda la comunidad, que ve cómo se debilitan las bases de una convivencia pacífica, pero las seguirán sufriendo las familias de las víctimas”, expresó.

Por estos delitos, la Fiscalía solicitó presidio perpetuo calificado, la pena más alta contemplada en la legislación chilena, además de otras condenas que superan los 20 años de cárcel por ilícitos como robo con violencia, incendio, porte ilegal de armas, traslado de restos humanos y otros delitos asociados.

El juicio, que contempla una extensa y compleja rendición de pruebas, se extenderá por alrededor de 51 días, y continuará este martes a partir de las 10 horas, en un proceso que ha vuelto a remecer al país por la brutalidad de los hechos y su profundo impacto institucional y humano.

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La extensión indefinida de la medida que debió implementar el gobierno de Boric, ha reducido los atentados en la Macrozona Sur, pero su sostenimiento implica a la fecha más de $23 mil millones en gasto público y un despliegue militar que no alcanza para asegurar presencia estatal en todas las zonas del conflicto.

A pocos días de cumplirse tres años desde la implementación del estado de excepción constitucional en la Macrozona Sur, el balance es tan complejo como el territorio mismo. Desde que el presidente Borico se vio obligado a restituir la medida en mayo de 2022, esta se ha prorrogado 56 veces, ha implicado el despliegue permanente de más de 1.500 funcionarios de las Fuerzas Armadas y ha costado al menos $23.271 millones de pesos.

Este gran esfuerzo ha rendido sus frutos y ha contribuido a una baja sostenida de los hechos de violencia en las regiones del Biobío y La Araucanía, especialmente en ataques incendiarios, usurpaciones y delitos asociados.

Según cifras del Ministerio del Interior y la Fiscalía Regional, destacadas en La Tercera, durante 2025 se han registrado 108 eventos de violencia rural, la cifra más baja desde 2017, lo que representa una disminución de 78,8% en atentados y 50% en ataques incendiarios respecto a 2021. La Fiscalía también reporta una baja del 59% en incendios, del 58% en usurpaciones y del 25% en robos de vehículos.

“Estos datos demuestran que el gobierno se ha hecho cargo de la violencia de la Macrozona Sur, en coordinación con policías, Fuerzas Armadas, Ministerio Público y parlamentarios. Hemos logrado resultados concretos”, afirmó el subsecretario de Prevención del Delito, Rafael Collado.

Sin embargo, no todos comparten una visión optimista. Parlamentarios como Miguel Mellado (RN) y Andrés Jouannet (Amarillos) coinciden en que se reconocen avances, pero pese a estos el estado de excepción “no ha devuelto el control total al Estado” en zonas críticas de La Araucanía.

Un ejemplo elocuente es el del fundo Pidenco, en la comuna de Lumaco, donde la familia del joven Pablo Marchant, exintegrante de la CAM, no ha podido cumplir su deseo de exhumar su cuerpo, debido a que las policías no pueden ingresar al lugar. Algo similar ocurre en Temucuicui, donde hasta hoy el Estado no ejerce presencia efectiva ni control operativo, a pesar de las más de 50 prórrogas del estado de emergencia.

“Los estados de excepción han tenido un impacto, sí, pero no resuelven un conflicto que sigue activo y profundo”, señaló el gobernador del Biobío, Sergio Giacaman. “Hoy, hay menos ataques, pero son más violentos, organizados y destructivos”.

Por su parte, el Ejército para estos logros ha debido desplegar personal de distintas regiones del país, incluyendo Santiago, Valparaíso y Puerto Montt. Hoy se valoran cambios efectuados en el tiempo, como la implementación de turnos rotativos y la reestructuración logística aplicada desde 2023, que ha permitido enfrentar el desgaste operativo.

A juicio de expertos como Pablo Urquízar, excoordinador de Seguridad en la Macrozona Sur, “el estado de excepción ha sido necesario, pero no suficiente. Los dos atentados más graves de los últimos años ocurrieron bajo su vigencia: el triple homicidio de carabineros en Cañete y el ataque en Rucalhue”.

Hoy, a tres años del inicio de esta medida extraordinaria, La Araucanía se encuentra en un punto de inflexión: con mejores cifras, sí, pero aún sin garantías plenas del Estado de Derecho en todo su territorio. La persistencia de enclaves sin presencia policial, como Temucuicui o Pidenco, y los altos costos humanos y logísticos del despliegue militar, invitan a abrir un debate de fondo: ¿basta con mantener una medida excepcional o es hora de construir soluciones políticas y estructurales que enfrenten la raíz del conflicto?

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“Pediremos las penas más altas que contempla la legislación chilena para los hermanos Antihuen”, afirmó este martes el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, en relación a los imputados por el triple asesinato de carabineros en Cañete, hecho ocurrido en abril del año pasado. “Estos crímenes no fueron una situación al azar ni circunstancial. Se escogió el día para ejecutarlos. Hubo traslado de los cuerpos y quema del vehículo”, explicó Garrido en entrevista con Radio Pauta.

A juicio del fiscal, lo más importante para este grupo era quedarse con las armas “porque justamente estaban dedicados hace bastante tiempo a actividades criminales”, pero además, tuvieron la intención de enviar un mensaje, dar una “una demostración de fuerza y de control territorial”, señaló el persecutor regional.

“Es parte del eslogan de las organizaciones criminales que operan en la en la zona sur, tratando de revestir este control territorial de una cierta vinculación con reivindicación de derechos ancestrales, cuando en realidad lo que pretenden es generar espacios territoriales donde puedan cometer delitos con impunidad”, aseguró.

El fiscal descartó -por ahora- vínculos estructurados con grupos organizados como la CAM o la WAM: “Lo que puedo afirmar es que, hasta ahora, no hay antecedentes de que este imputado y sus hermanos sean parte de un grupo superior que les dé instrucciones o que le haya planificado esta acción“.

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Según información recopilada, Tomás Antihuen (22) no opuso resistencia al momento de su detención, a pesar de que mantenía en su poder una subametralladora UZI.

El ataque contra los funcionarios policiales Carlos Cisternas Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid, quienes fueron acribillados en el cumplimiento de su deber, fue perpetrado el 27 de abril del año pasado.

Un error en su escondite terminó sellando el destino de Tomás Damián Antihuen Santi (22), el último de los implicados en el triple asesinato de carabineros ocurrido el 27 de abril de 2024 en Cañete.

Su detención, tras casi un año de búsqueda, se concretó este viernes en una cabaña cercana al lago Lleu Lleu, utilizada como «casa de seguridad», donde intentaba eludir la acción de la justicia. En su poder mantenía una subametralladora UZI, una de las armas sustraídas a los funcionarios asesinados.

De acuerdo con antecedentes recopilados por BBCL Investiga, Carabineros y la Fiscalía Regional de La Araucanía, llevaban 14 días estrechando el cerco sobre Antihuen, luego de confirmar que se ocultaba en una cabaña de material liviano rodeada de arbustos, la que estaba bajo vigilancia desde hace meses.

Una confirmación visual de su presencia en el lugar permitió que a las 14:45 horas de hoy, el fiscal de Alta Complejidad de La Araucanía, Carlos Bustos Muñoz, gestionara ante el Juzgado de Garantía de Cañete la orden verbal de entrada y registro. De inmediato, un contingente de Carabineros, compuesto por efectivos del Departamento OS9 y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), irrumpió en la vivienda.

Según información recopilada, Antihuen no opuso resistencia al momento de su captura, a pesar de que mantenía en su poder una subametralladora UZI. «En un operativo liderado por la Fiscalía de Alta Complejidad y ejecutado por Carabineros, fue detenido Tomás Antihuen, quien se mantenía prófugo por el homicidio de tres carabineros en Cañete», confirmó el Ministerio Público.

El error que lo delató

El lugar donde fue encontrado era un domicilio que desde mediados de 2024 estaba en la mira de los investigadores, ya que allí residía José Melgarejo Calbullanca, pariente de los hermanos Antihuen Santi, quien había sido detenido en agosto pasado en el marco de los allanamientos por este caso. En esa ocasión, a Melgarejo se le incautó una escopeta Hatsan calibre 12 robada a Carabineros en 2015 y municiones.

El gran error de Antihuen fue volver a ese lugar, el que era objeto de constante vigilancia por parte de las autoridades. Su decisión de ocultarse en un domicilio bajo sospecha resultó clave para que los efectivos policiales dieran con su paradero y concretaran la detención.

Los otros involucrados

Con la captura de Tomás Antihuen, se cierra el círculo en torno a los responsables del asesinato de los tres carabineros. Sus hermanos, Felipe Antonio y Yeferson Alexander Antihuen Santi, fueron detenidos el 29 de julio de 2024 en operativos realizados en Huechuraba y en el sector Antiquina de Cañete, respectivamente. En la misma jornada también fue arrestado Nicolás Bastián Rivas, otro de los implicados en la emboscada.

La investigación estableció que los tres hermanos, sobrinos de Carlos Antihuen, planificaron y ejecutaron el ataque contra los funcionarios policiales Carlos Cisternas Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid, quienes fueron acribillados y quemados tras una emboscada en el cumplimiento de su deber.

Reacciones tras la detención

El Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, destacó la importancia de la captura: «El Presidente Boric y todas las autoridades de la República lo dijimos categóricamente: íbamos a atrapar a los asesinos, el Estado de Chile ha cumplido».

Elizalde agregó que «que todos los chilenos sepan que ningún crimen de ningún carabinero va a quedar impune en nuestro país. Y hoy, más que recordar a los asesinos que tienen que responder ante la justicia, recordemos a los mártires de la institución que dieron su vida protegiéndonos a todas las chilenas y chilenos».

En ese sentido, anunció que se trasladará a Los Álamos para expresar el respaldo del Gobierno a Carabineros y reafirmar el compromiso con la seguridad pública. «Lo más importante es que antes de que se cumpla un año, el próximo aniversario de Carabineros, que debería ser un motivo de celebración y que el año pasado fue un motivo de tristeza, al menos se va a conmemorar sabiendo que los asesinos de estos tres destacados funcionarios están donde deben estar, en la cárcel», sentenció.

Con la captura de Tomás Antihuen, la Fiscalía continuará reuniendo antecedentes para robustecer la causa y llevar a los responsables ante la justicia.

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A tres meses de la gran conmoción pública que generó el caso del triple homicidio de los carabineros Sergio Arévalo, Misael Vidal y Carlos Cisterna  en Cañete, este lunes la policía uniformada logró capturar a tres de los cuatro presuntos homicidas. Sin embargo, aún queda un cuarto sujeto con orden de detención, Tomás Antihuen, quien escapó antes de ser arrestado por las autoridades.

En la primera audiencia de formalización de los tres imputados, la Fiscalía presentó detalles de la exhaustiva carpeta investigativa que busca esclarecer la dinámica del triple crimen ocurrido en abril. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, presentó una serie de pruebas para demostrar la participación de los acusados en el homicidio, destacando que el ADN de uno de los imputados juega un rol crucial debido a la ausencia de testigos presenciales.

La muestra de ADN sería de Tomás Antihuen, obtenida a partir de una lata de cerveza encontrada en un sitio eriazo en Cañete. Estos restos de saliva permitieron realizar un «match» biológico con uno de los casquillos balísticos hallados en la escena del crimen. “El análisis de perfiles biológicos, para identificar a los involucrados en un homicidio mediante ADN, es una herramienta fundamental en la criminología moderna”, asegura Anil Sadarangani, director de Innovación de la Universidad de los Andes.

Estas pruebas tienen una alta carga de certeza, por lo que sería difícil para la defensa cuestionarlas, aunque existen algunos detalles a considerar. “La confiabilidad de las muestras de ADN es alta, con una tasa de error estimada en 1 en 10 mil millones”, afirma el experto, y agrega: “La clave es evitar la contaminación y/o degradación de las muestras, por lo que es fundamental seguir estrictos protocolos de manejo y conservación”.

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Con un culto evangélico en dependencias de la 4ª Comisaría COP “Los Álamos”, en la Provincia de Arauco, Región del Biobío, Carabineros conmemoró un mes de la partida de los tres mártires de Cañete.

La ceremonia cristiana, cargada de emotividad, fue presidida por la primera autoridad de Carabineros de Chile, General Director Ricardo Yáñez Reveco, y contó con la participación de las viudas y deudos de los Suboficiales Mayores Carlos Cisterna Navarro; Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid (Q.E.P.D.); el Director de Bienestar de la Institución, General Ariel Olate Rodríguez; el Jefe de la Zona Araucanía Control Orden Público, General Cristian Mansilla Varas; el Jefe de la Zona de Carabineros Biobío, General César Bobadilla Pinilla; el Prefecto de COP, Coronel Pablo Olivares Soto; y el personal de la 4ª Comisaría COP “Los Álamos”.

El culto fue oficiado por el Capellán Evangélico Víctor Sandoval Muñoz, de la Prefectura de Carabineros “Arauco”.

“Solamente mueren aquellos que son olvidados, y el sentido de estar hoy día acá acompañándolos después de un mes es solamente venir a demostrarles que somos una gran familia Institucional, y como familia, obviamente, no nos vamos a olvidar ni las vamos a dejar solas (a las viudas) en este transitar tan doloroso que han tenido que vivir en estos días. Entregarles todo nuestro apoyo, nuestra cooperación, nuestra asesoría (…) como Institución vamos a estar siempre, permanentemente acompañándolos”, declaró el General Director Ricardo Yáñez, al término del culto.

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La Fiscalía Nacional ha anunciado que Garrido dirigirá las indagatorias, convocando a un equipo de fiscales con experiencia en la Macrozona Sur para trabajar en conjunto en la resolución de este crimen. Esta medida responde a la gravedad del suceso y la necesidad de recursos especializados para llevar a cabo una investigación exhaustiva.

Roberto Garrido, conocido por su participación en casos de relevancia nacional como el caso Catrillanca y la condena reciente contra el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, ha sido seleccionado por su experiencia y trayectoria en la persecución de delitos de alta complejidad en la región.

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