La Fiscalía busca condenas de hasta 71 años de cárcel para cinco acusados por ataques incendiarios, robos, disparos y porte de armamento de guerra en la provincia de Cautín. El juicio comenzó tras cinco suspensiones y bajo estrictas medidas de seguridad.

Con fuertes medidas de seguridad y luego de una extensa espera marcada por reiteradas suspensiones, este lunes comenzó en La Araucanía el juicio oral contra Pelentaro Llaitul Pezoa —hijo del líder histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul— y otros cuatro imputados por una serie de violentos atentados incendiarios ocurridos en noviembre de 2022 en la comuna de Lautaro.

En el banquillo de los acusados también se encuentran Luis Menares Chañilao, Luis Fuenzalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Mardones Sáez, quienes enfrentan cargos por robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones.

La Fiscalía sostiene que el grupo actuó previamente concertado durante la mañana del 22 de noviembre de 2022, irrumpiendo primero en el fundo San Luis, en Lautaro, donde intimidaron a trabajadores y perpetraron un ataque incendiario que destruyó maquinaria forestal y vehículos.

Según la acusación, en medio del ataque los imputados sustrajeron una camioneta y retuvieron a su conductor, utilizándola para desplazarse hasta un segundo predio: la parcela 15 del fundo La Colonia. Allí habrían ejecutado un nuevo atentado incendiario antes de escapar por caminos interiores hacia sectores de Cholchol y Galvarino.

La huida terminó en una quebrada del sector, donde personal policial logró detenerlos en flagrancia. De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados fueron sorprendidos portando armamento de alto poder de fuego, incluyendo un fusil calibre 762, además de escopetas, municiones, ropa de camuflaje y chalecos anticorte.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, enfatizó la gravedad del caso y el contexto en que se desarrolla este juicio oral. “Se inició el juicio en contra del hijo del líder histórico de la CAM y otras cuatro personas que integran la misma organización. Este procedimiento se inicia por la detención en flagrancia de estas cinco personas, luego de que cometieran dos atentados en contra de industrias y empresas forestales”, señaló.

Garrido agregó que durante el operativo los imputados fueron detenidos con armas de fuego, vestimenta táctica y elementos que los vinculaban directamente a los ataques, incluyendo un lienzo reivindicatorio de la CAM. “Durante el juicio presentaremos diferentes medios de prueba, prueba testimonial, pericial, documental y fotografías que dan cuenta de la participación de estos acusados en los hechos”, afirmó el persecutor.

El fiscal regional también defendió el uso de testigos protegidos, argumentando que las medidas buscan garantizar la seguridad de quienes colaboran con la investigación. “Cuando se trata de organizaciones que tienen gran poder de fuego, que son capaces de intimidar y amedrentar, la reserva de identidad de los testigos no es una opción para el Ministerio Público, es un deber legal y constitucional”, sostuvo.

Por su parte, el fiscal de Alta Complejidad, Miguel Rojas, explicó que la investigación logró reunir una serie de antecedentes que sitúan a los acusados en los atentados ocurridos aquella jornada en Lautaro. “Los acusados fueron detenidos en situación de flagrancia por la comisión de múltiples delitos de incendio, robo con intimidación, robo con retención, disparos injustificados y múltiples infracciones relacionadas con la ley de control de armas”, indicó.

Rojas precisó que la Fiscalía cuenta con registros audiovisuales, peritajes y declaraciones de testigos que respaldan la acusación, además de especies recuperadas tras la detención de los imputados. “Los imputados fueron encontrados con especies objeto de delito de los atentados incendiarios ocurridos en el fundo San Luis y en la parcela 15 del fundo La Colonia”, detalló el persecutor.

La Fiscalía está solicitando penas que van desde los 59 hasta los 71 años de presidio para los cinco acusados, quienes actualmente permanecen en prisión preventiva en el módulo mapuche del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco.

El juicio es seguido con especial atención en la Macrozona Sur debido al impacto de los hechos investigados y al perfil de los acusados, en una de las causas más relevantes vinculadas a violencia rural y ataques incendiarios en La Araucanía durante los últimos años.

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El Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica dictó veredicto condenatorio contra el exmagistrado Sergio Zapata Camus por delitos sexuales cometidos contra un niño. La sentencia será dada a conocer el 20 de abril.

El Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica declaró culpable al exjuez de Policía Local de la comuna, Sergio Zapata Camus, por los delitos de abuso sexual reiterado y violación en contra de un menor de edad.

Tras varias jornadas de juicio, el tribunal dictó veredicto condenatorio en contra del abogado en retiro, acogiendo los antecedentes presentados por el Ministerio Público. Según detalló la fiscal vocera, Nelly Marabolí, “el día nueve de abril del presente año, el Tribunal Oral en lo Penal de Villarrica resolvió condenar al imputado por el delito de violación de persona menor de catorce años en carácter de reiterado. Además, fijó fecha para comunicar la sentencia, es decir, para determinar la pena que él debe cumplir para el día veinte de abril a las 14 horas”.

De acuerdo con la acusación del fiscal Ítalo Ortega, los hechos ocurrieron entre los años 2008 y 2014, cuando la víctima tenía entre 5 y 9 años. En ese periodo, el menor se encontraba bajo el cuidado del imputado en una casa de veraneo ubicada en el sector Pedregoso, lugar donde se perpetraron los delitos.

Los antecedentes expuestos durante el juicio indican que la víctima es un familiar directo del condenado, quien actualmente tiene más de 70 años y ejerció funciones como juez de Policía Local en Villarrica.

Tras el veredicto, ahora resta conocer la pena que deberá cumplir el exmagistrado. El Ministerio Público está solicitando una condena total de 30 años de presidio: 12 años por abuso sexual y 18 años por violación.

La lectura de sentencia fue programada para el próximo 20 de abril a las 14:00 horas, instancia en la que se definirá el castigo definitivo que enfrentará el acusado por estos graves delitos.

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El tribunal acreditó que el condenado golpeó violentamente a la víctima en su propia vivienda hasta causarle la muerte y luego robó su teléfono celular.

A 20 años de presidio efectivo fue condenado Juan Alejandro González Jiménez por el delito de robo con homicidio ocurrido en la comuna de Padre Las Casas. El fallo fue dictado por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco, que lo declaró culpable de un crimen cometido en junio de 2024.

La sentencia fue adoptada de manera unánime por el tribunal integrado por los magistrados Cecilia Subiabre Tapia, Leonel Torres Labbé y Patricia Abollado Vivanco.

De acuerdo con lo establecido en el juicio, el violento hecho ocurrió entre la noche del 17 y la madrugada del 18 de junio de 2024. En ese momento, la víctima se encontraba en su vivienda, ubicada al interior de una barraca en Padre Las Casas.

Hasta ese lugar llegó el condenado, quien atacó brutalmente a la víctima utilizando un objeto contundente. El agresor golpeó repetidamente a la persona, especialmente en la cabeza y el rostro, hasta provocarle la muerte.

Tras cometer el homicidio, González Jiménez registró el inmueble y sustrajo un teléfono celular. Ese mismo aparato fue posteriormente encontrado por la policía en el domicilio del condenado, luego de una orden judicial de entrada y registro.

El tribunal aplicó además las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos, así como la pérdida de derechos políticos y la inhabilitación para ejercer profesiones durante todo el tiempo que dure la condena.

Asimismo, una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal ordenó la toma de muestras biológicas del condenado para determinar su huella genética y su incorporación al registro nacional de ADN de condenados.

Con esta sentencia, el autor del crimen deberá cumplir dos décadas en prisión efectiva por uno de los delitos más graves del sistema penal chileno.

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Ataque ocurrió de madrugada mientras la víctima dormía en la vía pública. La Corte rechazó la nulidad y dejó firme la condena por homicidio calificado con alevosía.

La Corte de Apelaciones de Temuco cerró definitivamente el caso. En fallo unánime (rol 1.784-2025), confirmó la condena de 20 años de presidio efectivo contra Nicolás Fernando Méndez Carrasco por el homicidio calificado de Patricio Carlo González Aillapi, un hombre en situación de calle asesinado en diciembre de 2023 en Villarrica.

El máximo tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad presentado por la defensa, descartando error de derecho en la sentencia dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, que ya había condenado al acusado en diciembre de 2025.

El crimen ocurrió cerca de la 1:45 horas del 14 de diciembre de 2023. La víctima, de 57 años, dormía sobre un colchón instalado en calle Vicente Reyes, a la altura del número 204, junto a un carro de food truck. Hasta ese lugar llegó el agresor, portando un elemento contundente. Sin mediar provocación ni motivo justificado, golpeó violentamente a la víctima en la cabeza y huyó. Las lesiones fueron de tal gravedad que el hombre falleció ese mismo día.

La defensa intentó anular la condena argumentando que no se configuraba la alevosía. Sin embargo, la Corte fue categórica. El fallo sostiene que la víctima se encontraba en evidente estado de vulnerabilidad, acostada en la vía pública y con sus capacidades de reacción disminuidas. Además, el condenado se proveyó previamente del elemento contundente, se trasladó hasta el lugar y lo atacó de forma sorpresiva, aprovechándose de su indefensión.

Para el tribunal, no era necesario que el agresor generara la vulnerabilidad; bastaba con que se aprovechara de ella. Y eso quedó acreditado. “Al concurrir en este caso todos los elementos que tanto la doctrina como la jurisprudencia exigen para configurar la alevosía, los sentenciadores no han hecho una errónea aplicación del derecho”, señala la resolución.

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Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Temuco detuvieron a una mujer por el delito flagrante de ingreso de aparato tecnológico a recinto penitenciario.

Lo anterior, conforme al llamado efectuado por funcionarios de Gendarmería a la PDI, que daban cuenta que la imputada intentó ingresar chips y seis equipos celulares al Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, ocultos al interior de maderas destinadas a internos para trabajo de reinserción social.

Al ser detectada, se activaron los protocolos internos de la cárcel, y se espero la llegada de la PDI para la detención de esta mujer junto con la incautación de los elementos que intento ingresar.

La imputada quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para su respectiva audiencia de control de la detención.

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Un proyecto de ley que busca sancionar hasta con penas de cárcel a conductores que, por negligencia o dolo, atropellen y den muerte a animales, fue presentado el pasado 15 de julio en la Cámara de Diputadas y Diputados por la parlamentaria Yovana Ahumada, del Partido Social Cristiano.

La propuesta apunta a una falencia del actual marco normativo, que —según la diputada— no contempla sanciones específicas ni agravantes en estos casos. “No existe una tipificación específica ni una sanción agravada para los casos en que la conducción negligente, descuidada o inclusive dolosa, provoque el atropello con resultado de muerte de un animal”, argumenta Ahumada en el escrito.

La iniciativa subraya que esta omisión representa “una seria deficiencia normativa frente a hechos cada vez más frecuentes que causan daño irreparable a la vida animal, así como un profundo sufrimiento a sus familias humanas y a las comunidades que conviven con estos seres vivos sintientes”.

El proyecto también evidencia que, mientras la actual Ley del Tránsito sí contempla sanciones cuando la conducción causa daños a personas, “se omite toda referencia al daño causado a animales”. Ante ello, se propone que el Estado envíe un mensaje claro sobre la responsabilidad ética al conducir: “Permitiría enviar un mensaje claro a la ciudadanía. Conducir implica una responsabilidad ética que abarca no solo a los seres humanos, sino también a los animales que comparten nuestro entorno”.

Respecto a las sanciones, la moción establece que se aplicaría “la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados, multa de once a quince unidades tributarias mensuales y con la suspensión de la licencia de conductor o inhabilidad para obtenerla, hasta por 5 años” a quien, producto de una conducción negligente, descuidada o dolosa, cause la muerte de un animal.

De aprobarse, el proyecto significaría un importante avance en materia de protección animal y reforzaría el llamado a una conducción más empática y responsable.

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La Corte de Temuco revocó el arresto domiciliario total del exparlamentario, estimando que su libertad constituye un peligro para la sociedad. Ojeda alcanzó a estar solo dos días fuera de la cárcel.

El desaforado diputado Mauricio Ojeda deberá regresar a prisión preventiva en la cárcel de Temuco, luego de que la Corte de Apelaciones de la ciudad acogiera el recurso del Ministerio Público y revocara la resolución del Juzgado de Garantía que le había otorgado el beneficio del arresto domiciliario total.

La Tercera Sala del tribunal de alzada consideró que la libertad de Ojeda representa un peligro para la sociedad y para los fines del procedimiento judicial, en el marco de la investigación por su presunta participación como autor del delito reiterado de fraude al fisco en el denominado caso Manicure, vinculado a irregularidades en transferencias de fondos públicos a fundaciones.

Pese a que Ojeda había pagado una caución de 40 millones de pesos, el fallo fue revocado, y el exdiputado deberá retornar a la cárcel tras haber estado solo dos días en libertad, luego de pasar cinco meses en prisión preventiva.

Tras su breve salida el pasado miércoles 4 de junio, Ojeda se manifestó confiado en su inocencia. “Me siento profundamente tranquilo”, señaló entonces. “He visto cómo los jueces en Chile fallan estrictamente en derecho y no por filtraciones descontextualizadas donde el Ministerio Público pretende armar con suposiciones… cuestiones que no existen y que no son”.

Respecto a la solicitud de una pena de 19 años en su contra, Ojeda comentó: “Es una cuestión bastante irrisoria, por decir lo menos. Estuve cinco meses con personas condenadas por crímenes violentos, narcotráfico, violaciones… y que tienen penas menores”.

Por esta misma causa se encuentran también en prisión preventiva por el llamado Caso Manicure, la exjefa de división del Gobierno Regional, Susan Alarcón, así como los representantes de las fundaciones Folab y Educc, Rinet Ortiz. Otros involucrados enfrentan medidas cautelares distintas, como el exjefe de gabinete del Gore, Juan Pablo Leonelli Lepin, quien cumple con reclusión nocturna domiciliaria.

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El parlamentario independiente enfrenta una acusación formal en el marco de la arista Manicure del caso Convenios. La Fiscalía presentó la solicitud ante el Juzgado de Garantía de Temuco y prepara la etapa de juicio oral.

La Fiscalía Regional de La Araucanía ha cerrado la investigación en contra del diputado independiente Mauricio Ojeda, formalizando una acusación por el delito de fraude al fisco en el contexto de la arista Manicure del caso Convenios. La pena solicitada asciende a 19 años de cárcel.

El fiscal adjunto Carlos Cornejo, a cargo del caso, detalló que “mediante la presentación de este escrito se está solicitando para el parlamentario una pena que alcanza los 19 años de privación de libertad”. La acusación fue ingresada en el Juzgado de Garantía de Temuco, marcando el inicio de la fase de preparación del juicio oral, donde se presentarán las pruebas que sustentan la causa.

Acusación y contexto del caso

El diputado Mauricio Ojeda se encuentra actualmente recluido en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, donde permanece desde el 3 de enero en el marco de la investigación liderada por la Fiscalía de Alta Complejidad.

El caso gira en torno al presunto uso indebido de más de $730 millones de pesos, fondos que fueron asignados por el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc mediante convenios. Dichos recursos estaban destinados a financiar cursos de peluquería, manicura y pedicura para mujeres en situación de vulnerabilidad en las comunas de Temuco y Padre Las Casas. Sin embargo, la investigación sostiene que estos cursos nunca se realizaron, lo que fundamenta la acusación por fraude.

Próximos pasos judiciales

El proceso continuará con la preparación del juicio oral, donde la Fiscalía presentará las pruebas reunidas. En esta instancia, el tribunal evaluará la responsabilidad del acusado y determinará la eventual aplicación de la pena solicitada.

Este comunicado informa sobre un proceso judicial en curso. Se recuerda que toda persona es inocente hasta que se pruebe su culpabilidad mediante una sentencia judicial firme.

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La declaración pormenorizada de una víctima refuerza la acusación contra el machi, quien arriesga 9 años de cárcel por delitos relacionados con la ocupación violenta de dos predios en Padre Las Casas.

El juicio oral contra el machi Juan Queupumil Gómez, acusado de usurpación violenta, daños simples, hurto y amenazas, avanzó este jueves en el Tribunal Oral de Temuco con la declaración de una de las víctimas. El caso involucra la ocupación de los predios agrícolas «Casa Teja» y «Puente Largo», ubicados en el kilómetro 4,5 de la ruta que conecta Padre Las Casas con Cunco, en La Araucanía.

Según detalló el abogado querellante Reinaldo Osorio, el testimonio de la víctima presentó un relato detallado y dramático de los hechos, reforzando la acusación contra el machi. “Él dejó más que claro cuál es la participación que tuvo el acusado en los hechos que son materia de la acusación. Dio un relato pormenorizado y, por momentos, dramático de la situación que tanto él como su familia han sufrido al ser objeto de la usurpación del predio”, explicó Osorio.

Acusaciones y posibles sanciones

El Ministerio Público acusa al machi Queupumil de liderar la ocupación de los predios desde el 23 de noviembre de 2020, donde junto a su comunidad habría instalado un rewe (altar ceremonial mapuche), ingresado animales, realizado siembras, y construido rucas para pernoctar. Además, se le responsabiliza de la destrucción de instalaciones, incluidas las casas ubicadas en los terrenos.

Por estos hechos, la Fiscalía solicita 9 años de cárcel, junto con el pago de multas y otras sanciones accesorias. El juicio, que comenzó el 30 de diciembre de 2024, está programado para extenderse al menos por 20 jornadas.

Defensa del acusado

En su declaración inicial, el machi Queupumil insistió en su inocencia y rechazó las acusaciones de liderar a la comunidad en la ocupación de los predios. Según afirmó, su rol ha sido únicamente de apoyo a su pueblo, negando haber participado en los delitos que se le imputan.

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La noticia del traslado del werkén Mijael Carvones Queipul, vocero de la comunidad mapuche de Temucuicui de Ercilla, desde Angol a la cárcel de Temuco, generó protestas por parte de sus familiares y defensa, lo que derivó en incidentes con carabineros.

Mijael Carvones (Carbone) se encuentra actualmente en el ex módulo juvenil del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, mientras su familia y defensa insisten en que al menos sea trasladado al módulo de comuneros mapuches y luego devuelto a Angol, donde pueden visitarlo con mayor facilidad.

El traslado, llevado a cabo de manera sorpresiva para la familia de Carvones, provocó tensiones en el acceso a la cárcel de Angol, lo que terminó con la detención de dos personas. Esta medida se tomó luego de que la Corte de Apelaciones de Concepción acogiera un recurso presentado por Gendarmería, tras la huelga de hambre iniciada por el imputado y el argumento de hacinamiento en la cárcel de Angol, según explicó su abogado defensor, Marco Oñate Escobar.

La resistencia de la familia y la defensa se incrementa ante la decisión judicial, que ha generado incertidumbre y preocupación por las condiciones en las que se encuentra Carvones y el acceso a su defensa legal.

Además, se informa que durante los incidentes, una prima de Mijael Carvones fue detenida en las afueras del penal de Angol y quedó en libertad bajo la condición de presentarse en un procedimiento simplificado por maltrato de obra a un carabinero de servicio.

Cabe destacar que Mijael Carvones está siendo investigado por el delito de robo de un aserradero portátil en el El Llano ubicado en el sector Quilleco de la comuna de Los Ángeles, Región del Biobío, en cuyo Juzgado de Garantía está ingresada la causa, insistiendo el abogado que no hay antecedentes para mantener a su representado en prisión preventiva.

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