Comunidades y organizaciones mapuche acusan falta de pertinencia cultural en la privación de libertad del lonko Guillermo Ñirripil Cheuquepan y advierten afectaciones a sus derechos espirituales y culturales al interior del recinto penitenciario.

La situación del lonko Guillermo Ñirripil Cheuquepan ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos, comunidades mapuche y defensores indígenas, quienes denuncian que su permanencia en la cárcel de Temuco se desarrolla sin pertinencia cultural y en condiciones que afectarían gravemente su identidad espiritual y cultural.

El lonko cumple actualmente una condena dictada de manera unánime por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco el 30 de enero de 2024. La justicia acreditó que, junto a otro comunero, participó en la exigencia ilegal de un vale vista por $18 millones de pesos a la propietaria de un predio forestal en la comuna de Lautaro, bajo amenazas de ataques incendiarios contra sus bosques si no se efectuaba el pago.

Pese a ello, organizaciones mapuche sostienen que la privación de libertad no solo implica la restricción de su libertad ambulatoria, sino también una serie de limitaciones para ejercer prácticas espirituales propias del pueblo mapuche, como ceremonias y rogativas vinculadas a su lof o territorio ancestral.

Entre las situaciones denunciadas se encuentra la negativa para realizar ceremonias tradicionales, así como la falta de espacios adecuados dentro de los recintos penitenciarios para recibir a autoridades espirituales mapuche, como machis y otros lonkos. Las organizaciones sostienen que esta situación contraviene estándares internacionales que obligan al Estado a garantizar un trato diferenciado y culturalmente pertinente para personas indígenas privadas de libertad.

El caso ha sido vinculado al fallo “Norín Catrimán y otros vs. Chile”, dictado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 2014, conocido también como el “Caso Lonkos”. En esa sentencia, el tribunal internacional concluyó que el Estado chileno incurrió en discriminación y vulneración del debido proceso contra autoridades mapuche.

A más de diez años de esa condena, las organizaciones denuncian que continúan existiendo prácticas que reproducen patrones de discriminación dentro de las cárceles. Entre ellas, apuntan a la inexistencia de protocolos vinculantes que garanticen el respeto a las cosmovisiones indígenas al interior de los centros penitenciarios.

Uno de los aspectos cuestionados es la habilitación exclusiva de capillas asociadas a cultos no indígenas para actividades religiosas dentro de la cárcel. Desde las comunidades sostienen que, para una autoridad tradicional mapuche, permanecer en espacios ajenos a su espiritualidad y sin acceso a elementos naturales esenciales —como tierra, agua y espacios abiertos— provoca un sufrimiento adicional al inherente a la pena privativa de libertad.

En esa línea, recuerdan que la Opinión Consultiva OC-29/22 de la Corte IDH establece que los Estados deben respetar efectivamente la identidad cultural de las personas indígenas privadas de libertad, incluyendo el derecho a mantener vínculos con su territorio y desarrollar sus ceremonias en condiciones dignas.

Las críticas también apuntan a la negativa de permitir que el lonko participe en ceremonias culturales en su territorio, como el llellipun, y a las dificultades para que machis puedan desarrollar labores de acompañamiento espiritual y sanación dentro del recinto penitenciario.

Comunidades de Lautaro, Perquenco y Curacautín han manifestado que el encarcelamiento de autoridades tradicionales sin pertinencia cultural afecta no solo a la persona privada de libertad, sino también al conjunto de las comunidades mapuche, debilitando la transmisión de conocimientos ancestrales y el tejido comunitario.

Frente a este escenario, distintas organizaciones solicitaron al Estado de Chile y a organismos de derechos humanos la adopción de medidas urgentes para garantizar los derechos culturales y espirituales del lonko Guillermo Ñirripil. Entre las peticiones planteadas se encuentra su traslado a un recinto penitenciario con condiciones adecuadas para el ejercicio de su espiritualidad o, alternativamente, la habilitación de espacios y medidas que permitan desarrollar prácticas culturales mapuche dentro del sistema penitenciario.

Las agrupaciones sostienen que, mientras no existan medidas concretas, el Estado chileno podría continuar incumpliendo disposiciones contenidas en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

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El diputado Eduardo Cretton (UDI) sostuvo una reunión con Gendarmería en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Cárcel de Angol, recinto catalogado como de alta seguridad, con el objetivo de abordar los principales desafíos en materia de seguridad.

Durante su visita, el parlamentario destacó la importancia de fortalecer el rol de Gendarmería y avanzar en cambios estructurales que permitan enfrentar de mejor manera el crimen organizado. En esa línea, fue enfático en señalar que “las cárceles deben dejar de ser universidades del delito. Si queremos combatir el crimen organizado, el narcotráfico y el terrorismo, debemos partir por reformar las cárceles”.

El diputado también valoró la labor que realiza el personal penitenciario en condiciones complejas, subrayando la necesidad de entregar mayores herramientas y respaldo institucional para el cumplimiento de sus funciones.

Asimismo, Cretton adelantó parte del trabajo legislativo que se impulsará desde el Congreso, indicando que “una de las primeras materias que veremos en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados será una reforma a Gendarmería, que permita separar el servicio de reinserción social de las funciones de custodia y control de la población penal”.

Finalmente, el parlamentario reiteró que avanzar en una modernización del sistema penitenciario es clave para mejorar la seguridad pública y prevenir la reincidencia delictual, especialmente en una región que enfrenta importantes desafíos en materia de orden y seguridad.

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El exdiputado, investigado por fraude al fisco en la arista “Manicure”, criticó duramente a la Corte de Apelaciones de Temuco tras revocarse su arresto domiciliario. La Fiscalía argumentó que la medida responde a la cercanía de la preparación del juicio oral, fijado para el 3 de noviembre.

El desaforado diputado Mauricio Ojeda calificó como un “ataque político” la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco que ordenó su retorno a prisión preventiva en el marco del caso Convenios, específicamente en la arista denominada “Manicure”, donde se le investiga por presuntos delitos de fraude al fisco.

Fue el pasado viernes cuando el parlamentario dejó el Anexo Capitán Yáber para cumplir arresto domiciliario total en Villarrica, medida que la Fiscalía apeló ante el tribunal de alzada. Finalmente, la Tercera Sala acogió el requerimiento del Ministerio Público, ordenando su reingreso al penal.

Según explicó la Fiscalía, la decisión de la Corte se sustentó en la proximidad de la preparación del juicio oral, fijado para el 3 de noviembre de este año, lo que justificaría mantener la prisión preventiva como forma de asegurar la comparecencia del imputado.

A través de un video difundido en redes sociales, Ojeda reaccionó con duros cuestionamientos al Poder Judicial: “Jamás pensé decir esto, pero hay personas que supuestamente imparten justicia, pero en realidad muestran el peor rostro de las persecuciones personales y políticas”, afirmó.

El exparlamentario agregó que, según su visión, la resolución responde a motivaciones ajenas al derecho: “Armaron a último minuto en la Corte de Apelaciones de Temuco una sala con magistrados que ya habían votado en contra mía. Sepan que todos los coimputados están en libertad, incluso teniendo más delitos asociados”, señaló.

Ojeda, quien ha mantenido su inocencia, expresó que esta resolución reflejaría un trato desigual respecto de otros imputados del caso: “Hoy con tristeza puedo confirmarles 100% que existe una persecución personal y política en mi contra… Es un chiste entrar y salir en cinco oportunidades. Pobre justicia chilena”, declaró, añadiendo que “entre más golpes, más fuerte me hago y desde hoy no callaré más las irregularidades”.

El imputado —quien deberá regresar al Anexo Capitán Yáber— sostuvo que afrontará el proceso con respeto a la institucionalidad, aunque cuestionó severamente el actuar judicial: “Voy a volver nuevamente a la cárcel, como siempre lo he hecho, respetuoso de la institucionalidad, pero espero que las personas que están impartiendo ley hagan eso: impartan justicia”.

La arista Manicure del caso Convenios investiga el traspaso de más de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc, para realizar cursos de capacitación a mujeres vulnerables de Temuco y Padre Las Casas, los cuales nunca se ejecutaron.

En la causa también figuran Susan Alarcón, exfuncionaria del Gore; los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz, vinculados a las fundaciones; y el exjefe de gabinete regional Juan Pablo Leonelli Lepin, todos formalizados por delitos de fraude al fisco.

El proceso, que se encuentra en su etapa final de investigación, podría derivar en penas que superen los 20 años de cárcel para algunos de los involucrados. Mientras tanto, Ojeda insiste en que demostrará su inocencia en el juicio oral que comenzará en noviembre.

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El anhelado proyecto de una nueva cárcel para la comuna ha dado un paso clave hacia su concreción, luego de que se confirmara por parte de autoridades nacionales, regionales y de la comuna de Temuco, que la ansiada iniciativa ha avanzado de la etapa de evaluación a desarrollo, con financiamiento asegurado y un itinerario concreto que permitirá determinar su ubicación durante este año y, a lo menos, que esté en plena construcción cuando Temuco cumpla los 150 años.

Esta importante noticia fue entregada luego de una productiva reunión entre el Ministro de Justicia, Jaime Gajardo; el senador Jaime Quintana; el delegado presidencial, Eduardo Abdala; representantes de Gendarmería, juntas de vecinos del sector centro y el alcalde de Temuco Roberto Neira. Cabe destacar que precisamente fue gracias a las intensas gestiones encabezadas por el alcalde ante autoridades nacionales, junto a la colaboración del senador Quintana, que fue posible incluir a capital de La Araucanía en la lista de proyectos carcelarios del país.

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, destacó que este es un compromiso concreto del Gobierno dentro del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, asegurando que el financiamiento está garantizado. “Este año vamos a identificar el lugar donde construiremos la nueva cárcel, y con ello, el proyecto pasará de evaluación a desarrollo. Además, estamos tramitando una ley en el Congreso que permitirá acelerar los plazos de construcción, reduciéndolos en al menos 36 meses. Esto demuestra que el Gobierno del presidente Gabriel Boric no está improvisando, sino que tiene un plan robusto y bien definido para fortalecer la infraestructura penitenciaria del país”, señaló.

El alcalde Roberto Neira destacó que esta gestión es resultado de un trabajo sostenido desde hace una década y que el compromiso adquirido por el Ministerio de Justicia garantiza que el proyecto será una realidad. «Esta es una gran noticia para Temuco. Hoy podemos afirmar con certeza que, para el aniversario 150 de la ciudad, la nueva cárcel estará en plena construcción o incluso finalizada. Este es un proyecto emblemático que permitirá trasladar el actual recinto penitenciario fuera del centro de la ciudad, mejorando la calidad de vida de los vecinos», indicó.

Por su parte, el senador Jaime Quintana valoró el esfuerzo conjunto de las autoridades para hacer viable esta iniciativa y enfatizó la importancia de contar con un itinerario claro que asegure su pronta ejecución. «Hoy tenemos todas las condiciones dadas para que este proyecto se concrete. La sobrepoblación carcelaria es un problema serio que afecta a Temuco y la región, y gracias a esta planificación, podremos contar con una infraestructura moderna y adecuada para enfrentar este desafío», afirmó.

Asimismo, Mario Olivera Veloso, presidente de la Junta de Vecinos Manantial, destacó el impacto positivo que tendrá este proyecto en la comunidad. «Hace más de 10 años que venimos impulsando esta necesidad. Hoy es una realidad, y nuestros vecinos lo agradecerán enormemente, ya que esto traerá mayor tranquilidad y seguridad al sector», expresó.

El Ministerio de Justicia se encuentra trabajando en la identificación del terreno donde se emplazará el nuevo recinto, proceso que se espera concluir dentro de este año. Con la aprobación de una nueva ley que agiliza la construcción de infraestructura penitenciaria, se estima que los plazos de ejecución de la obra podrían reducirse significativamente, asegurando que Temuco cuente con un nuevo complejo penitenciario en un horizonte cercano.

Es importante mencionar, finalmente, que este este hito representa un avance histórico en la modernización de la infraestructura penitenciaria en La Araucanía, permitiendo mejorar las condiciones de seguridad y calidad de vida tanto de la comunidad como del sistema penitenciario.

El plan maestro impulsado por el Gobierno contempla una inversión de 1.700 millones de dólares y tiene entre sus proyectos prioritarios la construcción de este nuevo complejo en Temuco, el cual contará con características de última generación, similares al recientemente inaugurado en La Laguna, comuna de Talca.

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Actividad de autocuidado se llevó a cabo gracias al trabajo conjunto entre la Ilustre Municipalidad de Angol y Gendarmería de Chile

Con el fin de entregarles una jornada especial y distinta a 14 mujeres privadas de libertad del Centro de Detención Preventiva (CDP) de Angol, se ejecutó el PROGRAMA MUJER de la Ilustre Municipalidad de Angol en conjunto con el área técnica local del mismo recinto penitenciario, llevando a cabo una actividad de esparcimiento y distracción con el fin de entregar servicios de corte de pelo, tintura, maquillaje y karaoke para cambiar por un día la rutina penitenciaria a mujeres de la sección femenina.

Cabe destacar que este tipo de actividades es muy  importante para las internas, porque además de los servicios entregados por el Programa Mujer, permite generar un espacio de cercanía a través de la conversación entre el grupo de mujeres privadas de libertad y  las funcionarias del programa.

Al respecto el Alcaide del CDP de Angol Teniente Coronel Héctor Miranda Almonacid destacó: “Esta Jornada de autocuidado busca crear espacios de crecimiento personal e integral, para así conocer las dificultades que presentan este grupo de internas al momento de cumplir sus condenas, ya que muchas de ellas cuando caen en prisión sufren una triple condena social, personal y penitenciaria, por lo que generar este acercamiento, escuchar sus inquietudes y darles ese tiempo de sentirse lindas o como si estuvieran en una peluquería, genera una experiencia enriquecedora por lo que se espera seguir esta alianza de trabajo y coordinación con el Programa Mujer y la Ilustre Municipalidad de Angol”.

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El parlamentario señaló que hace algunos años han estado pidiendo esta medida que servirá para contar con un recinto penal de altos estándares de seguridad en la región y para despoblar otras unidades que tienen sobrepoblación de reclusos o bien están ubicadas en sectores residenciales como ocurre en Temuco.

Rathgeb, señaló que sería prudente que las autoridades puedan también tomar un requerimiento derivado de regiones y no tomen determinaciones solo pensando en Santiago, como está ocurriendo ahora.

“Hace algún tiempo hemos venido diciendo que se debe construir un nuevo centro penitenciario para La Araucanía y es la oportunidad de que este sea de alta seguridad. Vemos el hacinamiento y dificultades que tiene la región, por lo tanto es pertinente que la decisión que se tome sea en ese sentido”, comentó el legislador regional.

El parlamentario comentó que es momento que las políticas públicas no estén solo pensadas en una región del país y que un anuncio en esta materia daría cuenta que el slogan de descentralización es realmente efectivo.

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Las sustancias ilícitas quedaron al descubierto gracias a la revisión exhaustiva de dos encomiendas. 

Gendarmería de Chile a través de su personal y la revisión minuciosa de las encomiendas  frustró el  ingreso de droga al interior del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Temuco.

El caso quedó al descubierto cuando se presenta en sector visita una ciudadana y un ciudadano, quienes portabas encomiendas dirigidas a dos internos de dicha unidad penal, en minutos el contenido llamó la atención de los funcionarios encargados, quienes detectan cierta anomalía en 4 cebollas, razón por la cual se le señala que se revisarán, encontrando en su interior envoltorios con sustancias de color blanco.

Posteriormente se toma contacto con el fiscal de turno Sr. Carlos Obreque Oviedo quien instruye adoptar el procedimiento de prueba de campo y la respectiva detención de los ciudadanos.

Finalmente se constituye personal de Carabineros, quienes realizan peritaje a la sustancia, arrojando positivo para Clorhidrato de Cocaína.

Al respecto, el Alcaide del CCP de Temuco Teniente Coronel Carolina Caamaño Figueroa destacó:  “Como Institución estamos permanentemente alertas a este tipo de situaciones y trabajamos constantemente por la seguridad de la Unidad Penal, ya que cada día se utilizan diversas e innovadoras maneras de ingresar elementos y sustancias prohibidas. Por lo mismo valoramos el profesionalismo demostrado por nuestro personal, que junto a nuevas tecnologías fortalecen nuestro trabajo y facilitan la detección de este tipo de elementos de forma más rápida y menos invasiva”.

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En un registro a través de la máquina de rayos X realizado en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Lautaro,  por parte de los funcionarios del recinto penitenciario de dicha comuna, dejó al descubierto el intento de ingresar dos municiones calibre 38 escondidas en calcetas que pretendían ser introducidas a la Unidad a través de una encomienda.

Los cartuchos fueron encontrados en el momento en que un funcionario de Gendarmería se percata de que la máquina de rayos X muestra un elemento metálico y al realizar una minuciosa revisión de la encomienda encuentra los elementos prohibidos.

Al respecto, el jefe de unidad  del CCP de Lautaro, Capitán Patricio Romero Romero señaló: “Es importante destacar al personal de la Unidad Penal, ya que este último tiempo las incautaciones de elementos y sustancias prohibidas han ido en aumento, lo que significa que debemos actuar con mucha más rigurosidad y profesionalismo, estando atentos a cualquier detalle o actitud sospechosa”.

De forma inmediata se dio aviso al Fiscal de turno, Cristian Voullieme León, quien al tomar conocimiento instruyó que se informara de lo ocurrido a la BICRIM de Lautaro, quienes concurrieron al recinto penitenciario.

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El tribunal, tras evaluar las pruebas presentadas por la fiscal Ghislame Durán, condenó a Antillanca Rivas a quince años de presidio por el ataque con a su conviviente. La víctima, quien sufrió múltiples heridas graves, sobrevivió milagrosamente tras ser apuñalada en 21 ocasiones.

Adicionalmente, se le impuso una condena de tres años y un día por el cultivo ilegal de marihuana, descubierto por la policía en la misma propiedad durante las diligencias por femicidio frustrado.

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Además de la condena a 7 años de presidio efectivo, el tribunal ha impuesto medidas adicionales, incluyendo la inhabilidad perpetua para conducir vehículos de tracción mecánica y el pago de una multa a beneficio fiscal por un monto ascendente a 8 Unidades Tributarias Mensuales (UTM).

Este no es el primer incidente en el historial delictivo de Barra Painemal relacionado con la conducción bajo los efectos del alcohol. En 2019, el Juzgado de Garantía de Temuco ya lo había condenado como autor de conducción de vehículo motorizado en estado de ebriedad, recibiendo una pena de 61 días de presidio menor y la suspensión de su licencia de conducir por un plazo de dos años.

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