Vocería de Presos Mapuches acusó castigos y uso excesivo de fuerza por parte de Gendarmería contra comuneros en prisión preventiva. Los imputados, vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco, enfrentan cargos por incendio, secuestro, homicidio frustrado y otros delitos relacionados con un ataque armado ocurrido en Purén en 2021.

Una denuncia por presunto hostigamiento y uso excesivo de la fuerza en contra de comuneros mapuches pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), que actualmente se encuentran en prisión preventiva, fue dada a conocer por la Vocería de Presos Mapuches (PPM), quienes acusaron represalias por parte de Gendarmería en los centros penitenciarios de Temuco y Angol tras las manifestaciones realizadas luego de la audiencia de preparación de juicio oral del pasado martes 10 de marzo.

Según el comunicado difundido por la vocería, las sanciones se habrían originado luego de que los comuneros manifestaran su rechazo a participar en audiencias remotas o virtuales, exigiendo comparecer de manera presencial ante los tribunales. En ese contexto, en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, los presos mapuches de Temulemu Chico y Pelentaro Llaitul Pezoa, hijo menor de Héctor Llaitul, habrían sido sancionados con la prohibición de recibir encomiendas por un período de siete días, medida que —según denuncian— sería una represalia directa por la negativa a participar en las audiencias telemáticas.

La vocería sostuvo además que la situación más grave se habría registrado en la cárcel de Angol, donde se encuentra recluido el werken Rafael Pichún Collonao. De acuerdo con el reporte, el comunero habría sido reducido por un contingente de siete funcionarios de Gendarmería, número que posteriormente se habría ampliado a cerca de veinte efectivos, con el objetivo de obligarlo a comparecer en una audiencia virtual a la cual se oponía.

Tras el incidente, según el comunicado, se le habría aplicado una sanción que le impide recibir visitas desde el sábado 14 de marzo. La vocería afirma que esta medida se habría ejecutado sin notificación previa ni al tribunal correspondiente ni al propio interno. El documento señala que ese mismo día se habría impedido el ingreso de una visita y que posteriormente funcionarios penitenciarios habrían acudido hasta el comunero para solicitarle la firma de un documento que —según denuncian— indicaba que él no había comparecido a la audiencia. Pichún Collonao habría rechazado firmarlo al considerar que el contenido no reflejaba lo ocurrido y además se habría negado a estampar su firma debido a que no se le entregó copia del documento.

La Vocería de Presos Mapuches sostuvo que los hechos constituyen un acto de hostigamiento y una vulneración de derechos fundamentales, señalando que, si bien los comuneros se encuentran en prisión preventiva, no han perdido el derecho a exigir un debido proceso ni el respeto de sus derechos humanos.

Antecedentes de los imputados

Tanto Pelentaro Llaitul Pezoa como Rafael Pichún Collonao se encuentran privados de libertad mientras enfrentan procesos judiciales por su presunta participación en ataques armados ocurridos en mayo de 2021 en la comuna de Purén. Ambos están vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco, organización que ha reivindicado diversas acciones de sabotaje contra predios forestales en el sur del país.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los imputados habrían participado en un grupo armado que el 10 de mayo de 2021 ingresó a un fundo en Purén, donde se habrían registrado una serie de hechos violentos. Según la Fiscalía, durante ese ataque se bloquearon accesos, se incendiaron camiones y maquinaria forestal y se intimidó a trabajadores con armas de fuego. Cuando personal de Carabineros acudió al lugar, el grupo armado habría efectuado disparos contra los vehículos policiales.

La investigación también establece que dos personas habrían sido retenidas y obligadas a desplazarse bajo amenazas durante el ataque. Por estos hechos, el Ministerio Público investiga delitos como incendio, secuestro, atentado reiterado contra la autoridad, homicidio frustrado contra Carabineros, usurpación de predio y porte ilegal de armas de fuego.

En el caso de Pelentaro Llaitul Pezoa, además, enfrenta otras investigaciones relacionadas con atentados incendiarios en predios forestales de La Araucanía, causas en las que la Fiscalía ha solicitado penas que podrían alcanzar varias décadas de prisión.

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En las unidades penales de Angol, Villarrica y Nueva Imperial se llevaron a cabo con éxito, procedimientos de registro y allanamientos, los que permitieron incautar una importante cantidad de elementos prohibidos tales como sustancias ilícitas, armas corto punzantes, celulares y licor artesanal.

Estos procedimientos se realizaron en forma simultánea en todo el país y forman parte de los protocolos preventivos que la institución realiza en forma periódica, con la finalidad de  requisar elementos que puedan alterar el orden y seguridad de los recintos penitenciarios.

Al respecto la Directora Regional (S) de Gendarmería en La Araucanía Coronel Carolina Caamaño Figueroa destacó la importancia de realizar este tipo de operativos señalando “Los allanamientos se realizan en todos los establecimientos penitenciarios de la Región y están a cargo del personal de las unidades, con el apoyo de la Unidad de Servicios Especializados Penitenciarios USEP y también los Equipos de Canes Adiestrados ECA, funcionarios que con profesionalismo detectan todo tipo de elemento prohibido que pudiese poner en riesgo la integridad de las personas privadas de libertad y alterar el régimen interno de las unidades penales”.

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Nuevos procedimientos de registros y allanamientos se realizaron en 11 recintos penitenciarios de la Región de La Araucanía.

La operación simultánea se enmarca en la política de combate contra las bandas delictuales, que operan al interior de los recintos carcelarios, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de Gendarmería de Chile.

En los operativos se incautaron un total de 13 celulares, 5 chips, 2 cargadores, 60 armas corto punzantes, 2 elementos contundentes de fierro, 69,7 grs de cannabis sativa, 3,5 grs. de clorhidrato de cocaína y 4 envoltorios de papel con sustancias verdes que están a la espera de los resultados de  la prueba de campo respectiva.

Cabe destacar que participaron 297 funcionarios de las distintas unidades penales incluyendo personal de las Unidades de Servicios Especiales Penitenciarios USEP y del Equipo de Canes Adiestrados ECA, quienes fortalecieron el procedimiento.

Al respecto el Director Regional de La Araucanía Coronel Alberto Figueroa Quezada destacó “este tipo de operativos los hemos realizado en forma periódica, logrando incautar un número importante de todo tipo de elementos que pueden alterar el régimen interno y poner en riesgo la seguridad de las unidades penales. Como Institución estamos comprometidos con el combate al crimen organizado, el cual opera tanto fuera como dentro de los recintos penitenciarios. Incautar esta gran cantidad de elementos prohibidos nos permite, además, aumentar la seguridad de las unidades penales, protegiendo a las personas privadas de libertad, al personal e incluso a la comunidad. Esto deja en evidencia el control que tiene Gendarmería de Chile en cada uno de los Establecimientos Penitenciarios”.

“Este tipo de operativos es parte de un plan integral que permite mejorar las condiciones de habitabilidad dentro de los recintos carcelarios, pudiendo existir un espacio adecuado para la reinserción social; lo que va en beneficio directo de la seguridad pública. Actualmente un alto porcentaje de las personas que egresa del sistema penitenciario vuelve a cometer un delito. Si logramos optimizar las condiciones para que disminuya la reincidencia, estaremos contribuyendo con la seguridad pública del país” señaló el Director Regional.

Por su parte el Jefe Operativo Regional Teniente Coronel Rafael Rojas Cid recalcó: “estamos muy satisfechos con lo logrado a nivel regional, ya que estos procedimientos benefician la seguridad integral de los establecimientos, impactando positivamente en nuestros funcionarios y en la población penal. Son operativos que se vienen planificando con rigurosidad  permanentemente. Aprovecho de felicitar y agradecer a la totalidad de los funcionarios y funcionarias que han participado en este tipo de procedimientos, ya que sin su trabajo, profesional y abnegado, no sería posible contar con este beneficioso resultado”.

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• La parlamentaria republicana por La Araucanía es una de las autoras de esta iniciativa que se encuentra sin mayores avances en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta y pide reactivar el proyecto ante una nueva huelga líquida que iniciaron 6 integrantes de la CAM que se encuentran recluidos por graves delitos cometidos en la Macrozona Sur.

El inicio de una huelga líquida por parte de 6 integrantes de la CAM que se encuentran actualmente en prisión por graves delitos cometidos por la orgánica radical en la Macrozona Sur, entre ellos, uno de sus cabecillas, Héctor Llaitul, motivó a la Senadora del partido Republicano, Carmen Gloria Aravena, a solicitar que se acelere el proyecto de ley que presentó tiempo atrás, junto a otros parlamentarios, para sancionar como falta grave este tipo de acciones al interior de las cárceles, iniciativa que ha tenido escaso avance y que actualmente está en la Comisión de Constitución de la Cámara Alta.

La legisladora considera prioritario que se apruebe este proyecto para evitar que se instrumentalice el sistema penitenciario con el fin de obtener beneficios carcelarios, “cuando son conductas que lejos de premiarse, deben ser sancionadas porque buscan generar una presión indebida a las autoridades , saltándose los procesos y requisitos legales establecidos por la legislación actual para optar a ese tipo de beneficios”, puntualizó la congresista.

La legisladora agregó que “esta es una práctica recurrente de los integrantes de las orgánicas radicales para obtener sus demandas al interior de las cárceles, ya que cada cierto tiempo están iniciando acciones de esta naturaleza, donde buscan aparecer como víctimas argumentando que son `presos políticos´, cuando claramente no lo son, y están recluidos precisamente por su participación en graves hechos de violencia, manteniendo muchas veces conductas disruptivas al interior de los penales, que lejos de premiarse, deben ser sancionadas, impidiendo a sus autores optar a beneficios carcelarios”.

La Senadora Aravena enfatiza que “el proyecto que presentamos, lamentablemente no cuenta con la urgencia en su tramitación y ha tenido un lento avance en el Congreso, cuando debiese ser una prioridad para inhibir las huelgas de hambre al interior de las cárceles, y evitar así que se utilicen como mecanismo para recibir un tratamiento especial que no tiene resto de la población penal, por el sólo hecho de presionar mediante una práctica indebida que amerita ser sancionada y no acogida”.

La legisladora plantea finalmente, que es “fundamental garantizar el normal funcionamiento y la seguridad al interior de los recintos penitenciarios, y que por lo mismo, las huelgas de hambre no deben ser permitidas ni menos premiadas, ya que al entregarse beneficios a quienes las hacen, como es el caso de los integrantes de la CAM, se incentiva a que los reclusos utilicen esta modalidad como moneda de cambio para obtener beneficios carcelarios”.

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En La Araucanía, el allanamiento se realizó en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco, en el cual se decomisaron los siguientes elementos prohibidos: 10 teléfono, 6 armas blancas y 3 cargadores de teléfono celular.

Un nuevo y extraordinario procedimiento de registro y allanamiento se realizó durante el día miércoles 13 de julio en 17 recintos penitenciarios a lo largo del país. La operación simultánea en 16 regiones se enmarca en la política de combate contra el crimen organizado al interior de los recintos carcelarios, impulsado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de Gendarmería de Chile.

En el operativo fueron incautadas más de cuatrocientas armas blancas, además de otros elementos que atentan contra la seguridad penitenciaria. En el procedimiento, encabezado por el Departamento de Seguridad Penitenciaria de Gendarmería, participaron 1.315 funcionarios.

Durante esta mañana la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos Tobar, junto con el subsecretario de la cartera, Jaime Gajardo Falcón y el Director Nacional de Gendarmería, Sebastián Urra Palma, entregaron el balance respectivo.

La ministra Ríos, afirmó que “nos importa mucho como ministerio el combate al crimen organizado, pues sabemos que está operando al interior de nuestros recintos, y el poder impedir la comunicación de los reos con el exterior es un paso fundamental para disminuir su vinculación con cadenas delictuales; y con esta incautación también estamos contribuyendo con ambientes más pacíficos. Seguiremos trabajando, junto a Gendarmería, en este tipo de operativos”.

En tanto, el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo Falcón, agregó que “este tipo de acciones son fundamentales para que Gendarmería pueda cumplir, adecuadamente, su labor. Los elementos prohibidos, además, permiten que se puedan articular ilícitos en el exterior de las cárceles. Continuaremos con este tipo de medidas, y con otras, para poder combatir la delincuencia al interior de los establecimientos penales”.

Para el Director Nacional de Gendarmería, Sebastián Urra Palma, la colaboración del Departamento de Seguridad Penitenciaria de la Institución, a nivel nacional, permitió que el procedimiento fuera exitoso. “El camino que estamos tomando, para enfrentar a las mafias que se asentan en nuestros establecimientos, da tranquilidad al resto de la población penal, la cual, busca cumplir su condena con normalidad, contribuyendo también con la seguridad en el exterior”.

Dentro de los principales hallazgos se encuentran 302 teléfonos celulares, 65 chips, 192 cargadores, 9 sierras, 8 desatornilladores, 19 pendrive, 23 pipas artesanales, 31 paquetes de papelillos, 17 pares de audífonos, 16 cables USB, 196 comprimidos, 9 elementos contundentes y 156, 5 litros de licor artesanal; además de gran cantidad de sustancias ilícitas y armas cortopunzantes.

Los operativos se realizaron de manera simultánea en las cárceles de Arica, Alto Hospicio, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Valparaíso, Rancagua, Cauquenes, Biobío, Chillán, Temuco, Valdivia, Puerto Montt, Coyhaique y Punta Arenas; también en Santiago 1 y la Ex Penitenciaría.

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