La medida cautelar dictada por el tribunal impide a Jacqueline Ponce acercarse al alcalde Manuel Macaya durante tres meses. La decisión podría complicar directamente su participación en actividades y sesiones municipales.

Un complejo y explosivo escenario político y judicial se instaló en la comuna de Collipulli luego que el Juzgado de Letras y Garantía de la ciudad decretara una medida cautelar contra la concejala Jacqueline Ponce, prohibiéndole acercarse al alcalde Manuel Macaya.

La resolución fue informada mediante un documento firmado por la jueza de garantía María Fernanda Lagos Lepe, en el marco de una causa por el delito de amenazas a personas y propiedades, contemplado en los artículos 296 y 297 del Código Penal.

De acuerdo con el informe judicial, la concejala quedó sujeta a la medida cautelar contemplada en el artículo 155 del Código Procesal Penal, la cual establece la prohibición de acercarse a la víctima en términos hostiles.

La medida comenzó a regir desde el 9 de marzo y tendrá una duración inicial de tres meses, período durante el cual la concejala no podrá acercarse al alcalde de la comuna.

Un conflicto que se arrastra desde la campaña municipal

La causa tiene su origen en hechos que se remontan al 2 de octubre de 2024, en plena campaña electoral municipal.

Según el escrito de formalización presentado por el fiscal Carlos Bustos, los hechos habrían ocurrido durante la tarde en la intersección de calle Argomedo con O’Carrol, en Collipulli.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, en ese lugar Jacqueline Ponce habría amenazado de manera seria y verosímil al entonces candidato y actual alcalde Manuel Macaya, profiriendo en reiteradas ocasiones la frase en la que amenazaba a la máxima autoridad comunal.

El fiscal señaló en su presentación que estas expresiones generaron en la víctima un temor fundado de verse expuesta a un mal grave, configurándose así el delito de amenazas simples. “Los hechos descritos son constitutivos del delito de amenazas simples, ilícito previsto y sancionado en el artículo 296 N°3 del Código Penal, correspondiéndole a la requerida participación en calidad de autora y en grado de desarrollo consumado”, indicó el persecutor en el documento judicial.

Impacto político y municipal

La medida cautelar abre ahora un escenario complejo dentro del municipio, ya que la concejala tiene prohibido acercarse al alcalde, precisamente la principal autoridad con la que debe interactuar regularmente en el ejercicio de su cargo.

Esta situación podría dificultar su participación normal en sesiones de concejo, reuniones oficiales o actividades institucionales, donde el alcalde también debe estar presente.

El caso se mantiene actualmente en investigación en el Juzgado de Garantía de Collipulli, mientras la medida de prohibición de acercamiento seguirá vigente durante los próximos tres meses, o mientras se extienda la causa judicial.

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