La autoridad regional busca exponer directamente ante al representante del Ministerio Público su preocupación por posibles conflictos de interés en La Araucanía.

El Gobernador de La Araucanía, René Saffirio, manifestó su preocupación por la falta de una respuesta de fondo a la solicitud de inhabilitación del Fiscal Regional de La Araucanía, así como por el marcado contraste entre los antecedentes recabados por el Ministerio Público y los hallazgos de la Contraloría General de la República en las investigaciones relacionadas con la transferencia de recursos públicos a la Universidad Autónoma de Chile durante los años 2022 y 2023.

“El Gobierno Regional de La Araucanía transfirió $21 mil millones a la Universidad Autónoma de Chile. La Contraloría ya detectó una trama sistemática de conflictos de interés. Por su parte, la Fiscalía Regional dice que no hay hallazgo relevante. Algo no me cuadra”, agregó el Gobernador.

El Gobernador de La Araucanía, René Saffirio, informó que solicitó una reunión con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, con el propósito de exponer su preocupación respecto del tratamiento que ha tenido en el Ministerio Público con la investigación de las causas asociadas a esta casa de estudio.

“Le pedí fundadamente inhabilitar al fiscal regional Roberto Garrido, ya que este es empleado de la universidad que tiene que investigar. Le pedí, además, reasignar esas causas a otra fiscalía regional. La respuesta no llegó de parte del fiscal nacional, llegó firmada por su jefa de gabinete, que no aborda los temas de fondo, no se hace cargo de la causal de inhabilidad invocada, no se pronuncia sobre la reasignación de las causas y omite el cuestionamiento sustantivo que he formulado en el oficio señalado”, explicó la máxima autoridad regional.

El Gobernador de La Araucanía manifestó que “no es un tema de protocolo, es el ejercicio que cada autoridad debe hacer respecto de sus facultades. Acá está el contraste”.

Por esta razón, el Gobernador de La Araucanía anunció que solicitó una reunión directa con el Fiscal Nacional para exponerle lo que ocurre con el Ministerio Público en nuestro territorio.

“La Fiscalía Regional dice que no hay hallazgos relevantes. Por su parte, la contraloría sostiene que, auditando apenas el 5% del universo de casos, ya develó una trama sistemática de conflictos de interés con el gobierno regional. Cuando dos órganos públicos discrepan, lo mínimo que uno puede esperar es que la respuesta institucional dé cuenta de aquello. Por eso le he pedido una reunión al fiscal nacional, para exponerle directamente, personalmente, lo que está ocurriendo con el Ministerio Público de La Araucanía”, precisó.

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Desde la CONECH A.G., gremio nacional que agrupa a empresas contratistas que ejecutan obras y servicios para el Estado, sostienen que la situación es aún más alarmante. El análisis de la CGR excluye todas las obras re licitadas de manera inmediata, es decir, aquellas que entran rápidamente a un nuevo proceso pero cuya raíz del problema nunca es analizada ni abordada.

Esto plantea a una pregunta fundamental:
¿Cuál es el análisis de causas que la Contraloría realiza sobre esta crisis?
Porque mientras no se identifiquen las razones de fondo, este fenómeno se repetirá año tras año; obras paralizadas, gastos duplicados o triplicados, retrasos que afectan la vida de miles de personas y una utilización ineficiente del dinero de todos los chilenos.

Un problema que supera la estadística

Que Chile tarde 25 meses en promedio en recontratar una obra pública es una señal inequívoca de una falla sistémica. Dos años sin avances significan consecuencias sociales, económicas y comunitarias que no están reflejadas en ningún cuadro estadístico:

¿Cuántas prestaciones de salud no se entregaron por centros inconclusos?
¿Cuántas mujeres vieron truncado su desarrollo por no contar con una sala cuna o jardín infantil?
¿Cuántos barrios quedaron sin áreas verdes, sedes comunitarias o infraestructura básica?

Las cifras más críticas provienen de organismos como JUNJI, municipalidades y diversos Servicios de Salud, donde se concentran obras con largos retrasos, recontrataciones sucesivas y montos que escalan sin control.
Resulta legítimo preguntar:

¿Qué sanciones se aplicarán a los servicios con estos resultados?
¿A los equipos directivos? ¿A los funcionarios responsables de planificación, control y supervisión?
¿O simplemente seguiremos viendo cómo quienes lideran proyectos fallidos son reasignados o ascendidos sin consecuencias?

El Estado existe para brindar bienestar. Hoy, ese bienestar no llega

La evidencia es clara; se está gastando más dinero, se están demorando más las obras y los beneficios para la ciudadanía no llegan de manera oportuna. Este problema ya no puede atribuírsele solamente a los contratistas, como durante años se ha intentado instalar. La causa es más profunda:
Bases administrativas con errores; planificación insuficiente; criterios distintos entre regiones y servicios; ausencia de estándares mínimos de control; falta de supervisión técnica real; nula evaluación de desempeño de los mandantes; inexistencia de mecanismos de aprendizaje institucional.

En consecuencia, es el propio Estado el que hoy está comprometiendo la entrega del bienestar que tiene el deber de garantizar.

CONECH: tres años denunciando lo mismo que hoy confirma Contraloría

Lo que hoy refleja la CGR no es nuevo. Desde hace tres años, la CONECH ha trabajado incansablemente para visibilizar estas falencias: oficios, reuniones, informes técnicos, presentaciones públicas y acompañamiento directo a decenas de empresas afectadas, donde se ha insistido que:
– Las paralizaciones no son exclusivamente responsabilidad de los contratistas.
– Existen fallas graves de origen en la planificación de los proyectos públicos.
– Los mecanismos de control y fiscalización no están corrigiendo el problema.
– La pérdida de recursos públicos, los sobrecostos y los retrasos se están normalizando.

Hoy, el informe de la CGR confirma públicamente lo que miles de empresas han sufrido en silencio durante años. Por eso, como gremio, la CONECH hace un llamado a establecer responsabilidades administrativas y técnicas reales. Revisar y corregir los procesos de planificación y licitación. Exigir estándares mínimos en fiscalización y control. Incorporar a los contratistas en la discusión técnica, en lugar de responsabilizarse en solitario y transparentar públicamente la información de paralizaciones y recontrataciones.

Desde CONECH señalan: “El país no puede permitir que miles de millones sigan perdiéndose en obras inconclusas mientras las comunidades esperan. A las empresas contratistas que han vivido paralizaciones, retrasos injustificados o recontrataciones interminables, les decimos:
No están solas.
Este es el momento de unirse, de fortalecer la voz colectiva y de exigir un sistema que funcione. En la CONECH A.G. estamos comprometidos en seguir empujando cambios reales, aunque incomoden, aunque revelen verdades difíciles. Porque Chile se construye con hechos, no con obras abandonadas”.

El llamado de CONECh es a afiliarse de forma gratuita: “discutimos tu caso y buscamos soluciones funcionales. Sé parte del gremio que defiende a los contratistas frente al Estado”.

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El convenio –firmado por el Contralor y el Director (s) del IPS, José Miguel Lagos- integra a Contraloría y Ciudadano en la mencionada red de atención del Estado, que ofrece a las personas acceso a un conjunto de trámites y beneficios en un solo lugar, acercando los servicios públicos a la comunidad. Busca, fundamentalmente, contribuir al conocimiento y usabilidad que las personas tienen del Portal, reforzando el creciente protagonismo de la sociedad civil en la agenda pública.

El Portal fue lanzado por la CGR el 28 de septiembre de 2012, a fin de que los ciudadanos hagan llegar online sus denuncias y sugerencias de fiscalización, en el marco de las acciones de vinculación de la Contraloría y la sociedad civil. Está disponible en www.contraloria.cl/contraloriayciudadano

En la práctica, el convenio se traducirá en que la plataforma informática estará presente en los módulos de autoatención que ChileAtiende tiene en un número importante de sus oficinas. Además, los funcionarios de las 200 sucursales de la red ChileAtiende orientarán a los usuarios para que utilicen esta herramienta online, siempre y cuando los temas sean de competencia de la Contraloría General de la República, es decir, que involucren a servicios públicos centralizados y descentralizados y/o municipalidades. Las consultas telefónicas serán atendidas por el call center de ChileAtiende (101) y derivadas a un número especialmente creado en la CGR para atender a los usuarios (24025810).

ChileAtiende responde a un trabajo conjunto de los Ministerios Secretaría General de la Presidencia y del Trabajo y Previsión Social; y el Instituto de Previsión Social (IPS).

Concebida como una iniciativa para fortalecer la participación ciudadana en la fiscalización, el Portal Contraloría y Ciudadano totaliza 3.142 solicitudes, de las cuales 2.751 corresponden a denuncias y 391 a sugerencias de fiscalización (cifra al 31 de diciembre de 2013).

De ellas, un 46% corresponde al ámbito municipal; un 26,4% a servicios descentralizados (ministerios, intendencias, entre otros); un 19,5% a servicios centralizados o fiscales (de salud, vivienda, universidades estatales, entre otros); y un 5% a otras entidades (corporaciones de derecho privado y sociedades del Estado).

De los aportes ciudadanos ingresados, un 56,7% ha sido incorporado a labores de fiscalización.

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