La instancia permitió a vecinos del sector plantear directamente sus necesidades a las autoridades, en una sesión que no se realizaba en la localidad desde 2015.

En una señal concreta de descentralización y acercamiento a los territorios, el Concejo Municipal de Collipulli liderado por el alcalde Manuel Macaya, realizó una sesión en Villa Amargo, apartado sector rural de la comuna, generando un espacio inédito en los últimos años para la participación directa de sus habitantes.

La jornada marcó un hito para la comunidad, considerando que la última sesión del Concejo en este sector se había desarrollado en 2015, durante la administración del entonces alcalde Leopoldo Rosales.

Durante la instancia, que contó además con la participación del representante de Frontel, Carlos Darwin, los vecinos tuvieron la oportunidad de exponer diversas problemáticas que afectan su calidad de vida. Entre ellas, destacaron dificultades de conectividad, necesidades en infraestructura, acceso a servicios básicos y requerimientos en materia de apoyo social.

La sesión no solo permitió el desarrollo habitual del Concejo, sino que también abrió un espacio de diálogo directo entre la comunidad y las autoridades, lo que fue ampliamente valorado por los asistentes, quienes destacaron la importancia de que este tipo de instancias se realicen en sectores rurales alejados del radio urbano.

Asimismo, se entregó información sobre programas, proyectos y acciones que el municipio se encuentra impulsando, especialmente orientados al desarrollo de las zonas rurales, permitiendo a los vecinos conocer herramientas concretas para mejorar sus condiciones de vida.

La realización de este Concejo Municipal en Villa Amargo refleja una política de acercamiento con la comunidad, fortaleciendo el vínculo entre autoridades y ciudadanía, y promoviendo una gestión más inclusiva, que incorpora las realidades y necesidades de los distintos territorios de la comuna.

De esta forma, la iniciativa da cuenta de la importancia de llevar la institucionalidad comunal a todos los sectores, favoreciendo una participación activa y un desarrollo más equitativo en Collipulli.

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• El alcalde Roberto Neira afirmó que la ley prohíbe asignar una ponderación distinta a empresas regionales, pese a que las propias bases sí lo contemplaban.
• Controversia se arrastra desde reunión de Concejo pasado y el posterior reclamo formal de empresa regional que acusó incumplimientos de la adjudicataria y un sobrecosto superior a $30 millones.

La controversia por la licitación del Show Aniversario Temuco 2026 sumó un nuevo capítulo luego de las declaraciones del alcalde Roberto Neira a la prensa, las que no solo buscaron explicar la adjudicación del proceso, sino que terminaron profundizando las dudas instaladas desde la semana pasada en el Concejo Municipal.

La historia se remonta precisamente a esa sesión, donde se votó la adjudicación del contrato a la empresa Lojan SpA, con domicilio en Punta Arenas, instancia en la que algunos concejales cuestionaron el proceso y preguntaron si existían incumplimientos de las bases, lo que fue negado por parte de los funcionarios que presentaron la propuesta.

En medio de estos cuestionamientos, una firma local participante levantó una acusación formal impugnando el proceso, denunciando que la propuesta adjudicada no habría cumplido con exigencias técnicas establecidas en las bases publicadas en Mercado Público.

Entre los puntos objetados, la empresa local advirtió la falta de al menos cinco certificados obligatorios, antecedentes que —según sostuvo— eran indispensables para la admisibilidad técnica de la oferta. Algunos de estos documentos habrían sido reemplazados por facturas e incluso catálogos de productos, lo que se alejaría de los requisitos establecidos en el pliego.

A ello se suma un elemento financiero que elevó la tensión política del debate: la oferta adjudicada presentaba un valor superior en más de 30 millones de pesos respecto de la empresa local.

En ese contexto se inscriben las recientes declaraciones del alcalde Neira, quien buscó justificar la imposibilidad de privilegiar empresas regionales en procesos licitatorios. “El Tribunal de Libre Competencia, para que usted lo tenga muy claro, prohíbe expresamente y multa a quienes licitan que coloquen especialidad en quienes sean regionales”, señaló.

Agregó además: “Nosotros quisiéramos que todas las licitaciones —y que son muchas en el municipio de Temuco— ojalá fuesen todas realizadas por empresas regionales o principalmente comunales, pero está expresamente indicada en la ley que nosotros no podemos privilegiar a nadie porque el Tribunal de Libre Competencia multa a quienes no cumplen la norma”.

Sin embargo, sus dichos abrieron un nuevo flanco, ya que las propias bases administrativas del show aniversario sí contemplaban una ponderación especial para oferentes regionales equivalente a un 5%. Es decir, el criterio que el alcalde afirmó estar prohibido por ley fue incorporado en el mismo proceso que hoy defiende, generando una contradicción directa entre su relato público y los antecedentes objetivos de la licitación.

Cabe destacar que el Tribunal de Libre Competencia no establece una prohibición absoluta de este tipo de ponderaciones, sino que las restringe cuando afectan la competencia o resultan desproporcionadas, ordenando ajustes en las bases cuando corresponde.

Consultado directamente sobre si la empresa adjudicada cumplía con los requisitos técnicos exigidos, el alcalde evitó referirse al fondo. “El municipio de Temuco tiene muchos estamentos por los cuales pasan los procesos y no tiene ninguna intervención este alcalde… las empresas en general que llegan al Concejo Municipal han pasado por un proceso de la ley… A mí me queda tomar en cuenta el profesionalismo que lleva adelante la Municipalidad de Temuco”, indicó.

Sus declaraciones no cerraron la controversia y, por el contrario, fueron reforzadas por cuestionamientos desde el propio Concejo.

La concejala Micaela Becker, quien ya había manifestado reparos en la votación, profundizó la contradicción expuesta por el jefe comunal. “Como concejala, no comparto que el alcalde diga desconocer estos temas, siendo él quien preside el Concejo y propone las materias a tratar. Además, es incorrecto afirmar que existe una obligación legal de no asignar puntaje a empresas regionales, ya que en esta misma licitación sí se consideró un 5% en ese criterio”, afirmó.

También los dichos de Neira se refirieron al proceso y el rol de los concejales: “El municipio de Temuco tiene muchos estamentos por los cuales pasan los procesos y no tiene ninguna intervención este alcalde. Eso quiero dejarlo muy claro porque muchas personas creen que los alcaldes estamos metidos en las licitaciones y eso no es efectivo, y de ellos hacen tramas y mentiras”.

Neira continuó su explicación y dijo: “Las empresas en general que llegan al Concejo Municipal han pasado por un proceso de la ley y del establecimiento de nuestros propios reglamentos, como son Propuestas Públicas, Abastecimiento, Control Jurídico y varias más que indican al Concejo Municipal sobre la empresa que llega”. Sobre este mismo proceso agregó: “Yo tomo conocimiento recién en el Concejo, porque los concejales inclusive toman conocimiento antes que el alcalde por la Comisión de Finanzas”.

Este último punto también fue refutado por la concejala Micaela Becker, quien dijo: “Quiero dejar claro que esta adjudicación ingresó fuera de tabla y no pasó por Comisión de Finanzas, por lo que analizamos antecedentes incompletos. Tras revisar la información, reafirmo que mi rechazo es correcto, ya que existen evaluaciones cuestionables y un sobrecosto de más de 30 millones que podrían destinarse a otras necesidades de la comuna”, sostuvo.

Así, la declaración del alcalde —lejos de cerrar el debate— terminó reactivando la controversia iniciada en el Concejo, sumando ahora un nuevo eje de cuestionamiento: la coherencia entre el discurso institucional, las bases administrativas y la adjudicación final.

Mientras la empresa reclamante espera respuesta formal del municipio y pronunciamiento de organismos fiscalizadores, el proceso del show aniversario continúa bajo escrutinio político y público, con la transparencia de la licitación instalada en el centro de la discusión comunal.

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Reclaman que la falta de planificación y la sobrecarga de temas administrativos han dejado fuera la voz de los vecinos en las últimas sesiones. Proponen reordenar la tabla y abrir los concejos con las intervenciones de los ediles.

Los ánimos están agitados en el Concejo Municipal de Temuco. Esta vez, no por licitaciones ni por conflictos políticos, sino por algo que los propios concejales califican como esencial para la democracia local: los “puntos varios”, ese espacio donde cada edil puede llevar al pleno las inquietudes ciudadanas.

Durante las últimas sesiones, según consignó Radio Biobío, ese momento desapareció de la pauta, dejando a los concejales —y a los vecinos que representan— sin tribuna.

“Los puntos varios es la instancia en que la gente tiene voz”

La concejala Claudia Peñailillo abrió el debate pidiendo formalmente que se revise el reglamento interno del concejo para devolver este espacio al inicio de las sesiones. “Los puntos varios es la instancia en que la ciudadanía, la gente de Temuco, tiene voz en el concejo a través de sus concejales. Yo en el concejo pasado pedí que lo revisáramos, y que los puntos varios no estén al final del concejo, sino que estén al principio”, señaló la edil.

Su propuesta encontró eco inmediato en el concejal Esteban Barriga, quien reforzó la necesidad de mantener este espacio como vínculo directo entre el municipio y la comunidad: “Yo sí necesito esos puntos varios, yo sí quiero comunicar lo que la comunidad me está diciendo, por tanto, es súper necesario que esto se arregle. ¿Cómo se hace? Viendo entonces cómo se realiza la tabla de los concejos, y que los puntos varios no estén al final, estén al principio de la sesión”.

Falta de planificación y sesiones maratónicas

En las últimas semanas, las reuniones del Concejo Municipal —que se desarrollan tres veces al mes— se han extendido por más de tres horas, entre presentaciones administrativas, audiencias públicas y temas de gestión interna.
Para los ediles, esa sobrecarga de materias ha terminado desplazando los asuntos de interés público y ha hecho desaparecer los “puntos varios”, tradicionalmente ubicados al final de la tabla.

El concejal Bruno Hauenstein no ocultó su frustración por la situación: “Se alarga el consejo por uno u otro tema, y es fome, porque es importante para nosotros. Yo creo que falta planificación. Claudia Peñailillo les decía que, a lo mejor, ver la posibilidad de hacer al comienzo. Cuando comience el concejo municipal, al tiro. Yo creo que sería una buena alternativa también”, propuso.

Por su parte, la concejala Estrella Quidel, del Partido Social Cristiano, fue más crítica y apuntó a un deterioro del ejercicio democrático: “Es evidente que las dilataciones constantes, la falta de planificación o la priorización de temas administrativos por sobre los de interés público ha generado este mismo efecto: debilitar nuestra participación democrática”, dijo.

Una práctica que da sentido al Concejo

Los “puntos varios” son, en la práctica, la instancia final de cada sesión donde los concejales pueden plantear reclamos, pedir informes o proponer nuevas ideas que no estaban en la pauta original.
Aunque no se votan necesariamente, quedan registrados en acta, lo que permite hacer seguimiento y mantener viva la conexión con los vecinos.

La eliminación temporal de este espacio ha generado molestia entre los ediles, quienes sostienen que sin “puntos varios”, el Concejo pierde su carácter participativo y se vuelve meramente administrativo.

Devolver la voz a los vecinos

El llamado de los concejales apunta a algo más profundo que un cambio de orden: recuperar la esencia ciudadana del Concejo Municipal.

Por eso, Peñailillo propuso que los “puntos varios” abran cada sesión y no se releguen al cierre, cuando ya no hay tiempo ni disposición para escucharlos. “Cambiar el orden no es solo una cuestión de horario, es devolverle voz a la gente que representamos”, concluyó la concejala.

Concejales de distintos sectores coincidieron en que la modificación debe discutirse pronto en el reglamento interno, para que la voz de los vecinos vuelva a ocupar el lugar que merece: al comienzo del debate municipal.

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Desde fines de su primer mandato, el alcalde Roberto Neira enfrenta querellas por presunto fraude al fisco y un concejo dividido. La concejala Claudia Peñailillo lidera las acusaciones, mientras aliados del jefe comunal intentan contrapesar la ofensiva judicial con denuncias y cuestionamientos políticos.

En 2023 comenzaron a evidenciarse roces entre el alcalde de Temuco, Roberto Neira, y la concejala Claudia Peñailillo (entonces militante de RN). Uno de los episodios iniciales ocurrió en mayo de 2023, cuando Peñailillo –presidenta de la Comisión de Seguridad del concejo– impulsó la aprobación de $470 millones para fortalecer la seguridad pública de la comuna. La propuesta enfrentó críticas de sus pares, en especial del concejal Alejandro Bizama (ex PPD), cercano al alcalde, quien cuestionó la necesidad de chalecos antibalas para inspectores municipales y minimizó los índices de delincuencia.

Peñailillo respondió movilizando apoyo ciudadano: decenas de vecinos asistieron al concejo con letreros de “SÍ” para presionar a favor del presupuesto, logrando finalmente su aprobación unánime. Este episodio reveló tempranas tensiones internas: mientras los concejales afines a Neira manifestaban reparos (atribuibles, según Peñailillo, a “sesgos ideológicos” de izquierda, la concejala emergió como una voz fiscalizadora firme incluso dentro de la misma coalición. De hecho, en mayo de 2023 Peñailillo decidió afianzar su posición política uniéndose formalmente a Renovación Nacional –partido opositor al alcalde– destacando su compromiso con agendas de seguridad y control migratorio. Esto anticipó su rol como principal figura de oposición en el concejo durante los años siguientes.

2024: Fiscalización intensificada y escalada de tensiones

En 2024 el clima de confrontación subió de tono, a medida que Peñailillo intensificó sus denuncias de irregularidades y Neira buscó contener los cuestionamientos.

En abril de 2024, la concejala –quien ya venía solicitando auditorías externas y transparencia en la gestión municipal– sufrió una grave amenaza. Recibió a través de Instagram un mensaje anónimo con una fotografía de la fachada de su casa, insinuando que sería asesinada. Peñailillo guardó silencio inicialmente, pero finalmente denunció el hecho ante la Fiscalía y lo atribuyó a las medidas que ella estaba promoviendo en materia de seguridad.

El alcalde Neira repudió públicamente la amenaza y coordinó protección policial en el domicilio de la concejala. Este inusual episodio unió momentáneamente a ambos adversarios en condenar la violencia; sin embargo, marcó cómo la labor fiscalizadora de Peñailillo estaba generando reacciones fuertes (posiblemente de actores afectados por sus denuncias).

Hacia fines de 2024, Peñailillo focalizó sus esfuerzos fiscalizadores en presuntos conflictos de interés y mal manejo de fondos municipales. En particular, puso la mira en el administrador municipal Ricardo Toro (hombre de confianza de Neira). La concejala recabó antecedentes de que Toro –quien asumió en 2021 tras ser director de planificación (Secplan)– había favorecido con licitaciones millonarias a empresas ligadas a una antigua empleadora suya. Entre ellas figuraban Socosur e Icosen, compañías vinculadas a la firma Idela en la que Toro trabajó antes de entrar al municipio.

Según la denuncia de Peñailillo, Socosur recibió más de $2.000 millones en 2022 (contrato firmado por el propio Toro como director de Secplan) y Icosen obtuvo en 2023 otra licitación por $200 millones para una obra en Labranza, siendo Idela propietaria del 90% de esta última. Estos vínculos levantaron sospechas de negociación incompatible y tráfico de influencias.

A finales de 2024, Peñailillo solicitó formalmente una investigación sumaria para esclarecer el rol de Toro en dichas adjudicaciones, advirtiendo que “no voy a permitir que la municipalidad adjudique licitaciones a empresas donde trabajó el actual administrador”. Aunque el sumario fue pedido en diciembre de 2024, no registraba avances meses después, lo que preparó el terreno para que el conflicto escalara públicamente al año siguiente.

2025: Querellas cruzadas, quiebres políticos y respaldo dividido

Investigaciones por contratos irregulares: El año 2025 estuvo marcado por un abierto enfrentamiento entre Neira y Peñailillo en los frentes judicial y político. A mediados de año estalló el caso del administrador Ricardo Toro. En junio-julio, Peñailillo hizo pública la denuncia sobre las licitaciones a empresas ligadas a Toro, acusando un conflicto de interés por más de $5.000 millones en contratos municipales.

La revelación causó revuelo: la concejala anunció que solicitaría la destitución de Toro y llevaría los antecedentes a Contraloría y el Ministerio Público. Como respuesta, el 10 de julio de 2025, en una sesión del Concejo con alta expectación (y funcionarios municipales abarrotando la sala), los concejales debatieron el futuro de Toro. Pese a la gravedad de las acusaciones, nueve ediles (oficialistas y opositores) decidieron unánimemente no votar su remoción inmediata, optando en cambio por pedir una investigación sumaria interna para verificar los hechos.

Cabe señalar que Peñailillo estuvo ausente por problemas de salud que la mantuvieron hospitalizada en la Clínica Red Salud en los días en que se efectuó esa sesión, y su solicitud original fue la de investigar, más que destituir sin indagatoria. Concejales como Pedro Greve (Partido Republicano) y Mario Jorquera (UDI) explicaron públicamente que “no contaban con todos los antecedentes” para cesar a Toro y que lo procedente era esperar resultados formales.

Desde el entorno de Peñailillo se aclaró que jamás se buscó un “juicio sumario” político, sino activar mecanismos de control ante potenciales faltas a la probidad. Aunque el concejo descartó debatir la destitución, también ofició la denuncia a Contraloría para que investigue a Toro. Este episodio evidenció divisiones: por un lado, un sector mayoritario del concejo respaldó investigar con seriedad (incluso colegas de oposición moderaron la urgencia de Peñailillo); por otro, la ausencia de la concejala en ese momento crítico generó percepciones de que el cuerpo colegiado había “protegido” al funcionario, algo que los ediles negaron afirmando que solo seguían el procedimiento institucional.

Denuncias contra funcionarios de confianza de Neira

Paralelamente, Peñailillo continuó destapando posibles irregularidades en otras áreas. El 30 de agosto de 2025 levantó públicamente una denuncia de tráfico de influencias en contratos del Departamento de Medio Ambiente, Aseo y Ornato –otra arista del caso de probidad municipal. Apuntó a la empresa Paradigma Sur SpA (propiedad de Josué Bustamante), que desde 2021 había ganado licitaciones por $490 millones en aseo de ciclovías, áreas verdes y otros servicios.

Esos contratos habían sido evaluados y supervisados por el director de Aseo, Gustavo Fuentes Barra, quien en cada proceso declaró no tener conflictos de interés. Sin embargo, Peñailillo presentó pruebas de una íntima amistad entre Fuentes y el empresario (viajes juntos a Playa del Carmen, reuniones sociales, etc.), lo que de confirmarse violaría la Ley de Probidad Administrativa por no haberse inhabilitado el funcionario.

Expertos señalaron que estos hechos podrían constituir delitos de negociación incompatible, tráfico de influencias y falsificación de documento público, con posibles sanciones penales además de administrativas. La concejala exigió que los órganos competentes investiguen de oficio, dado que Paradigma Sur seguía ejecutando convenios vigentes hasta 2025 bajo la supervisión de Fuentes. Esta denuncia añadió un nuevo foco de tensión política en el municipio, tocando nuevamente a un colaborador directo de Neira.

Reestructuración municipal y críticas públicas: ¿Esto es un premio o un castigo?

A comienzos de septiembre de 2025, Neira reaccionó intentando reordenar las piezas en el municipio. Anunció ante las críticas, cambios que no fueron más que un enroque de directivos en seis reparticiones, que fue duramente cuestionado por Peñailillo.

El 3 de septiembre, el alcalde confirmó cambios en Educación, Deportes, Tránsito, Operaciones, Rural y especialmente en Medio Ambiente/Aseo: Gustavo Fuentes (el director cuestionado) fue removido de Aseo y Ornato pero inmediatamente trasladado a dirigir el Departamento de Operaciones, mientras que en su puesto anterior fue nombrado Miguel Ángel Acuña, un exdirector de Aseo a quien Neira había destituido al inicio de su mandato.

En la siguiente sesión de concejo, Peñailillo enfrentó directamente a Neira, calificando la maniobra de incoherente. Con visible ironía preguntó al alcalde “¿esto es un premio o un castigo?”, subrayando que parecía que Fuentes –pese a estar sometido a un sumario administrativo y “en el ojo del huracán” mediático– solo había sido movido “a la oficina de al lado” en vez de recibir una sanción efectiva.

También le recordó que Acuña, ahora reinstalado, fue retirado por supuestas falencias al comienzo de la administración, por lo que revivirlo en el cargo podía generar sospechas en la ciudadanía. La concejala demandó medidas más drásticas y anunció que llevaría estos antecedentes de los enroques a la Contraloría General de la República, advirtiendo que “la confianza ciudadana en el municipio está seriamente en juego”.

Neira, por su parte, defendió los cambios como parte de sus atribuciones administrativas. Ese mismo 3 de septiembre, buscando aplacar críticas, ordenó la apertura de un sumario interno contra Gustavo Fuentes por el caso Paradigma Sur, alegando que dio la instrucción “apenas tomó conocimiento” de los hechos denunciados.

El alcalde declaró que “la ley es clara” y que “si alguien se tiene que abstener, se tendrá que abstener”, reconociendo implícitamente la gravedad de que un director adjudique contratos a una empresa de un amigo. A la vez, Neira intentó minimizar el asunto afirmando que las licitaciones cuestionadas “cumplieron con todos los requisitos que establece la ley”, sugiriendo que no habría irregularidad legal aunque sí un eventual error ético de Fuentes. En resumen, el alcalde quiso mostrar mano dura iniciando la investigación interna, pero la permutación de cargos fue percibida por la oposición como un movimiento para proteger a sus cercanos en vez de sancionarlos, alimentando el clima de desconfianza.

Querella de Peñailillo contra Neira y respuesta del alcalde

La confrontación alcanzó su pico en septiembre cuando la disputa política derivó en acciones judiciales formales. El 9 de septiembre de 2025, Claudia Peñailillo concretó lo que venía anunciando: presentó una querella criminal en el Juzgado de Garantía de Temuco contra el alcalde Roberto Neira, el director Gustavo Fuentes y representantes de dos entidades privadas (la Fundación Cumplido Circular y la empresa Grupo Verde SpA).

Esta acción legal acusó graves delitos económicos en el manejo de subvenciones municipales para programas de reciclaje de plástico. En detalle, la querella sostiene que desde 2022 el municipio entregó cerca de $150 millones a la fundación Cumplido Circular (encabezada por Jorge López Cumplido) para proyectos de reciclaje, pero esos fondos habrían sido triangulados de forma irregular: la fundación subcontrató a Grupo Verde SpA, empresa manejada de facto por la hermana del propio López Cumplido, y se reportaron gastos inflados o rendiciones fraudulentas.

Por ejemplo, se denunció lucro indebido con la venta de plásticos recolectados en Temuco (material que terminó revendido en Santiago sin respaldo documental) y la publicidad engañosa de supuestas donaciones de plazas comunitarias hechas con plástico reciclado –siete plazas anunciadas que nunca contaron con decretos ni permisos municipales formales.

La querella atribuye responsabilidad a Neira en su calidad de máxima autoridad comunal y firmante de las resoluciones que aprobaron esas subvenciones: alega que el alcalde no solo omitió fiscalizar adecuadamente, sino que podría tener participación directa en los hechos, ya sea como autor, coautor o encubridor. Se invocaron delitos como fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible, falsificación de instrumento público y lavado de activos, entre otros.

El alcalde Neira reaccionó negando tajantemente las imputaciones y defendiendo su gestión. Aseguró estar “tranquilo” porque a su juicio “no han cometido ningún delito” en la implementación del programa de reciclaje. Explicó que el convenio con la fundación Cumplido Circular era fiscalizado regularmente y que las rendiciones financieras estaban a disposición de los concejales, por lo que le sorprendía que ahora se hablara de “triangulación”.

Reconoció sí que en alguna oportunidad la fundación emitió facturas antes de recibir la subvención (gastando por adelantado), pero afirmó que en cuanto detectaron ese procedimiento ordenaron la restitución inmediata de los fondos y que “nunca han detectado situaciones irregulares con Cumplido Circular”.

Neira lamentó el daño a su honra y a la de los funcionarios involucrados, pero dijo estar dispuesto a entregar todos los antecedentes que requieran las autoridades investigativas. Resaltó que la admisibilidad de la querella (lograda posteriormente) solo implicaba que se cumplirían los requisitos formales para investigarla, no una sentencia de culpabilidad.

Efectivamente, pocos días después, la acción judicial de Peñailillo logró avanzar en tribunales: el 26 de septiembre de 2025 la justicia declaró admisible la querella contra Neira, Fuentes, la fundación y Grupo Verde. Esto significó que la denuncia cumplía con los requisitos legales y se iniciaría una investigación de fondo por parte del Ministerio Público.

La noticia confirmó públicamente los ejes de la acusación: la entrega de $150 millones a Cumplido Circular para reciclaje de plástico, la subcontratación a Grupo Verde (empresa familiarmente vinculada a la fundación) y presuntas rendiciones duplicadas, falta de sustento documental en donaciones de infraestructura y posible malversación de los recursos municipales.

La admisibilidad representó un triunfo inicial para Peñailillo, poniendo a Neira en la inédita situación de ser investigado penalmente durante su mandato.

Contrataque de adherentes del alcalde contra Peñailillo

Frente a las arremetidas judiciales de la concejala, allegados y colaboradores de Neira no permanecieron pasivos, sino que desplegaron acciones para restarle credibilidad y frenar su impulso fiscalizador.

Un ejemplo claro fue protagonizado por el propio Gustavo Fuentes, el director acusado en los casos de licitaciones: a mediados de septiembre, días después de la querella, Fuentes presentó una denuncia contra Peñailillo invocando la “Ley Karin” (Ley 21.643), normativa reciente que sanciona el acoso laboral en el sector público. Fuentes alegó ser víctima de hostigamiento por parte de la concejala, debido a las afirmaciones y gestiones fiscalizadoras que ella había realizado en torno a las irregularidades contractuales. En otras palabras, intentó judicializar la labor fiscalizadora de Peñailillo, acusándola de excederse y convertirla en presunto acoso hacia él como funcionario.

La Contraloría Regional de La Araucanía tramitó rápidamente esta denuncia y, mediante la Resolución Exenta E19982 del 26 de septiembre de 2025, decidió rechazarla de plano. El dictamen de Contraloría fue firme: las actuaciones de la concejala se enmarcaban en su rol fiscalizador legal (según la Ley Orgánica de Municipalidades Nº18.695) y “no revestían entidad suficiente para ser calificadas como acoso laboral” conforme a la Ley 21.643.

En síntesis, el órgano de control frenó el intento de Fuentes de llevar el conflicto al terreno del acoso, sentando un precedente de que las denuncias de corrupción o irregularidades hechas por un concejal no pueden ser silenciadas vía Ley de Maltrato Laboral. Este fallo confirmó y respaldó el rol fiscalizador de Peñailillo, protegiéndola institucionalmente frente a esa arremetida.

Casi en paralelo, adherentes políticos del alcalde y partidarios de su gestión criticaron públicamente a Peñailillo, buscando socavar su autoridad moral debido a su ausentismo en el concejo. El caso más notorio fue el del concejal Alejandro Bizama, aliado del Frente Amplio, quien recientemente la acusó de “abandono absoluto” de sus deberes.

En recientes declaraciones a la prensa local, Bizama recordó que Peñailillo había acumulado 16 inasistencias a sesiones en dos años, justificadas con licencias médicas prolongadas. Señaló que, bajo su presidencia, la Comisión de Seguridad prácticamente no funcionó en 2025 (solo se convocaron dos reuniones en todo el año) porque la concejala no delegó su rol durante su ausencia por enfermedad, paralizando la labor de dicha comisión. Y, aunque administrativamente las licencias no configuraban infracción y fue de conocimiento público la situación de salud de la concejala, igualmente desató cuestionamientos éticos.

Bizama criticó que Peñailillo hiciera “la pega de concejal desde la casa o el teléfono” y exigió que “hay que volver al terreno”, pidiendo que si ella no podía ejercer plenamente sus funciones de presidencia de comisión, permitiera que otro la asumiera para no seguir postergando temas de seguridad.

Estas críticas, amplificadas en medios, sirvieron para contrarrestar políticamente las ofensivas de Peñailillo: mientras ella cuestionaba la probidad del alcalde y su equipo, el oficialismo ponía en duda la dedicación y legitimidad de la concejala para fiscalizar, debido a sus ausencias.

Choques finales

En los primeros días de octubre de 2025, con la querella ya admisible y las investigaciones administrativas en curso, la pugna se hizo explícita en declaraciones cruzadas. Cuatro concejales: Pedro Greve, Estrella Quidel, Micaela Becker y la misma Peñailillo, presentaron una nueva denuncia ante Contraloría por presuntas irregularidades en una serie de “tratos directos” adjudicados a Paradigma Sur por Gustavo Fuentes –reforzando la arista de tráfico de influencias ya mencionada.

El 8 de octubre, Neira respondió públicamente con una mezcla de defensa técnica y reproche político: recordó que “los tratos directos son aprobados por los concejales”, dando a entender que los ediles denunciantes estaban al tanto o incluso avalaron esas contrataciones excepcionales. Explicó que la modalidad de trato directo solo se utiliza en casos de emergencia o falta de oferentes en licitaciones, y reconoció no tener clara memoria de cuántos concursos públicos se intentaron antes de optar por esa vía en el caso cuestionado.

Sobre Gustavo Fuentes, el alcalde reiteró su confianza, afirmando que el funcionario “ha cumplido con sus labores” en cada dirección que ha liderado y que si hubo un conflicto de interés, “será él quien deberá responder”. Neira subrayó que esperaría la notificación formal de Contraloría, y consultado sobre una posible separación de Fuentes del cargo mientras tanto, respondió que aquello “depende del fiscal a cargo del sumario” (evitando removerlo por iniciativa propia).

La situación, a la fecha, es de máxima tensión institucional: el alcalde Neira se declara inocente y respaldado por su mayoría, pero reconoce el daño político que estas acusaciones generan; la concejala Peñailillo, por su parte, se mantiene firme en su rol opositor, ahora sin militancia partidista, dispuesta a llevar hasta las últimas consecuencias la investigación de lo que ella denomina “irregularidades que golpean la fe pública”.

Los próximos meses serán clave, pues de las indagatorias del Ministerio Público y de Contraloría podrían emanar formalizaciones o sanciones que definan el destino tanto del alcalde Roberto Neira (en su aspiración de repostular al municipio) como de Claudia Peñailillo (en su credibilidad como fiscalizadora). Por ahora, el enfrentamiento sigue abierto, con apoyos y críticas divididas en el concejo municipal y en la opinión pública de Temuco, manteniendo el municipio bajo intensa vigilancia ciudadana y mediática.

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Lograr hermosear las comunas y las localidades de esta con el objetivo de que cada vez más turistas puedan visitar la zona y los vecinos tengan una mejor calidad de vida, es un objetivo que tiene la actual administración municipal de Lumaco que lidera el alcalde Richard Leonelli Contreras.

Gracias a las gestiones, comenzaron de manera formal los trabajos de mejoramiento de espacios públicos al acceso a Villa Verde en Capitán Pastene, lo que se enmarca en el Programa para Pequeñas Localidades del ministerio de Vivienda y Urbanismo con fondos del Serviu, y tras diversas dificultades en su licitación, finalmente comenzó su construcción a fines de 2024, alcanzando actualmente un 15% de avance.

En un simbólico acto de la puesta de la primera piedra y que estuvo liderado por el alcalde Richard Leonelli Contreras con el Concejo municipal, contó además con la presencia de los diputados Jorge Rathgeb y Jorge Saffirio, la Seremi de Gobierno Verónica López-Videla, el Seremi de Obras Públicas, Patricio Poza, María Mora, presidenta del comité de adelanto de Villa Alegre, dirigentes sociales y vecinos, que quisieron ser testigos de este hecho.

Serán 360 días en los que se ejecutarán los trabajos, que tendrán un costo total 1334 millones de pesos, un deseo que siempre manifestó el alcalde Leonelli, porque gracias a esto la instalación de áreas verdes, juegos infantiles y espacios públicos a lo largo de la calle Balmaceda y toda la extensión de la calle Módena.

«Hoy se puso la primera piedra de una obra en la que luchamos por años para poder concretar y que hoy comienza a ver la luz, por eso estamos felices porque representa hermosear un sector de la localidad de Capitán Pastene y dar un mejor bienestar a los vecinos que tanto anhelaban contar con un espacio con más vida dentro de este sector», indicó el alcalde Leonelli.

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Como una forma de actualizar el Plan Regulador Comunal, mientras se aprueba el instrumento de nivel mayor, como es el Plan Intercomunal y en un futuro, actualizar definitivamente dicho documento de planificación urbano de Villarrica, es que el Concejo Municipal de la zona lacustre aprobó el inicio del proceso de enmiendas, el que considera algunos ajustes a corto plazo.

La asesora urbanística de la Municipalidad de Villarrica, Ximena Peña, explicó que al tratarse de un proceso largo la actualización definitiva del Plan Regulador (de aproximadamente 7 años), existe otra forma de avanzar, denominado “Enmiendas”, el que de acuerdo al marco de la Ley General de Urbanismo y Construcciones -a través de los artículos 43° y 45°, desarrollado en la Ordenanza General en el artículo 2.1.3- permite hacer ajustes  con el fin de tomar el Plan Regulador de Villarrica y/o de Lican Ray, analizar por área y hacer modificaciones a algunos parámetros que están señalados en el artículo. “Es un proceso corto, no es complicado, pero tenemos que ir viendo; por ejemplo, los antejardines, aumentar la altura en un 20%, reducirla u otros procesos puntuales”, señaló la arquitecta, Ximena Peña.

EL PROCESO

Según la profesional, “el proceso se inicia con la aprobación del Concejo, luego se llama a la comunidad organizada, como el COSOC, organizaciones urbanas, las juntas de vecinos que pudieran ser afectadas, grupos de colegas de arquitectos; la idea es que toda la comunidad se informe de este proceso y lo hagamos lo más participativo posible, basándonos principalmente en lo que se aprobó en el estudio del Plan Regulador que se inició el año 2012 y que no pudo aprobarse ante Contraloría por tener que actualizar, en primer lugar, el Plan Intercomunal”, explicó.

“Luego de las reuniones -señaló Ximena Peña- se realizará una exposición de 30 días para que los vecinos puedan hacer sus observaciones, positivas o negativas, respecto al tema. De ahí nuevamente se analiza, se vuelve a llamar a la comunidad para que comentemos estos puntos. Después de llegado a un acuerdo, se vuelve a publicar y ahí nuevamente pasa por Concejo para que los concejales puedan dar visto bueno y luego el alcalde, dependiendo de lo que se resuelva -esperemos que sea positiva- declare y otorgue un decreto para ser aprobada esta modificación”.

MÁS PARTICIPACIÓN

Para el alcalde de Villarrica, Germán Vergara, “este es un gran tema, ya que hemos estado esperando hace mucho tiempo para poder tener vigencia nuestro nuevo Plano Regulador que, hasta el momento, ha tenido muchas observaciones en la Contraloría, en la Seremi de Vivienda; por lo tanto, contratamos un profesional arquitecto, que va a ayudarnos a hacer estas enmiendas para poder avanzar. Villarrica es una ciudad que ha crecido, pero necesitamos que crezca con orden; por lo tanto, decidimos hacer estas inversiones por el bien de nuestra comuna y de nuestros habitantes”.

Al respecto, el concejal Raúl Landini y presidente de la Comisión de Infraestructura y Vialidad, dijo que era necesario iniciar este proceso de enmiendas al Plan Regulador. “Nos va a permitir corregir algunos detalles de aquellas zonas; como por ejemplo, la zona Z1, Z2 del centro, poder ampliar los radios de expansión comercial de manera que, también, la ciudad esté un poco más al día con respecto de lo que es la demanda por suelo, por tierra y, además, que podamos corregir algunas situaciones que urbanísticamente están generando algunos problemas”, dijo Landini, quien participó de la comisión, junto a los concejales Hermes Medina y Sergio Mora.

El edil indicó que para ello será indispensable la opinión de la ciudadanía. “Vamos a hacer una invitación para ser partícipe a toda la ciudadanía, porque esto tiene que hacerse junto con los vecinos, con mucha participación ciudadana”.

APOYO DE EDILES

Para la concejala Katalina Gudenshwager es muy importante recalcar a la comunidad que esto es un inicio de un largo proceso. “En el mediano a corto plazo deberían realizarse consultas ciudadanas, para ver cuál es la opinión de ellos respecto a estas enmiendas. Son enmiendas que están acotadas, no puede cambiarse de manera radical lo que hoy día está y las modificaciones que se realicen, es importante que se hagan no sólo con el conocimiento de la comunidad, sino que ojalá también con su apoyo”, indicó la concejala.

Por su parte, el también concejal Víctor Durán, reconoció que éste “es un gran desafío”, recalcando que “pedí que se definieran qué problemas íbamos a afrontar para los efectos de cómo abordarlos con estos instrumentos, así es que contento de haber aprobado este inicio al proceso de enmiendas”.

Por último, el concejal Jaime Beltrán dijo que “este es el primer paso de un proceso de discusión y debate que tiene que tener la máxima cantidad de opiniones y alcances de parte de quienes habitan la comuna de Villarrica. Confiamos en que lo que se va a desencadenar, de ahora en adelante, tenga y contenga las expectativas que tiene la comunidad respecto a lo que se quiere para la planificación urbana de nuestra comuna”, finalizó.

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En la reunión de planificación participaron diversas entidades, tales como policías, Concejo Municipal, encargados de Emergencia, entre otros.

Ante el pronóstico de intensas lluvias para la próxima semana, la Delegada Presidencial Provincial de Malleco y el alcalde de Angol participaron en una reunión de emergencia convocada por la Municipalidad, con el objetivo de coordinar acciones para prevenir inundaciones y daños a la propiedad. La reunión contó además con la participación de diversas instituciones, tales como el Concejo Municipal de Angol, encargados de emergencia provinciales y angolinos, la Dirección provincial de Vialidad, Carabineros, PDI, Bomberos, representantes vecinales, entre otros.

La Delegada Presidencial Provincial de Malleco, Andrea Parra, destacó que han estado trabajando con los encargados de Emergencia de todos los municipios para asegurar un flujo de comunicación constante ante probables riesgos que enfrente la provincia y además, hizo hincapié en la importancia de que los ciudadanos eviten correr riesgos innecesarios acercándose a las orillas de los ríos durante las lluvias. “Lo que más le recomendamos a la ciudadanía es por supuesto que no corra riesgos innecesarios, como vimos en estos días, en que ciudadanos se acercaban a las orillas del río para ir a mirar la novedad de los caudales. Es un riesgo innecesario, porque puede haber derrumbes o cualquier peligro. Por favor, no sean tan curiosos y piensen en la dimensión de los riesgos”, comentó la Delegada Parra.

Por su parte, Katia Guzmán, directora de Desarrollo Comunitario de Angol, mencionó que la reunión se centró en coordinar las acciones de las instituciones, «precisamente para abordar aquellas líneas de acción que podemos enfrentar para mejorar las condiciones y que en caso de vernos frente a una situación de emergencia (…) poder saber con qué elementos contamos cada una de las instituciones, cómo nos vamos a coordinar, cómo van a quedar establecidos los turnos de emergencia».

Enrique Neira, alcalde de Angol, agradeció la participación de todas las instituciones involucradas y aseguró a la comunidad que se están tomando todas las medidas necesarias para enfrentar la situación. Neira destacó el trabajo en equipo y el compromiso de todos los participantes en la reunión. «La tranquilidad a nuestras vecinas y vecinos de nuestra querida comuna de Angol es que este equipo de emergencia a nivel comunal, conformado acá desde el municipio, está cumpliendo un rol fundamental para evitar las inundaciones y los anegamientos», afirmó el alcalde.

Neira también enfatizó la importancia de la participación ciudadana en la prevención de inundaciones, instando a la comunidad a limpiar los canales de desagüe y a reportar a quienes arrojen basura en los ríos.

Con las autoridades y la comunidad trabajando juntas, Angol se prepara para enfrentar las próximas lluvias de manera coordinada y efectiva, buscando minimizar los impactos y proteger a sus habitantes.

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Para la concejala, Daniela García, este es un importante avance en materia de participación y reconocimiento de los habitantes de Pucón. “Estamos contentos porque desde que asumimos pedimos que se actualizará la ordenanza de participación que teníamos, que era del año 2011. Una cosa concreta era mejorar el hecho de las participaciones online porque en ese tiempo no había. A raíz de eso empezamos a buscar referentes de diferentes ordenanzas que en el fondo cumpliesen un rol de invitar a la participación, la idea es asegurar y garantizar este derecho con el fin de promoverlo”, detalló la concejala.

Finalmente, tras la aprobación de esta ordenanza municipal que ahora describe diferentes áreas de participación, buscan invitar a las personas a organizarse y participar de las distintas decisiones que enfrenta el municipio lacustre. Con esta normativa se agrega un mayor reconocimiento a los distintos tipos de organizaciones ciudadanas bajo la enmienda de entregar mayor participación e invitación a los habitantes de la comuna lacustre de Pucón.

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Así, hoy hay buenas noticias: el día 3 de febrero se aprobó un presupuesto de $112.800.000 por 24 meses para la limpieza. En la práctica se contará con una cuadrilla de limpieza permanente que recorrerá las diferentes ciclovías realizando labores como corte de pasto, barrido, desmalezamiento y retiro de papeles, escombros, ramas, mantención de bebederos y otros que se encuentran en todo su trayecto. Esta cuadrilla comenzó a operar el día lunes 27 de febrero y deberá realizar dichas labores en 3 kilómetros diarios como mínimo.

“Estamos felices de este avance porque permite fomentar los traslados en bicicleta por la ciudad, disminuir la contaminación, optimizar los tiempos de traslado, descongestionar la ciudad, a la vez que ahorramos, hacemos ejercicios y nos mantenemos sanos y fuertes. Uno de los motivos porque las personas no usan la bicicleta es por temas de seguridad es por esto que debemos de mejorar las condiciones para que este medio de transporte se masifique aún más, tenemos al ciclo patrullero y ahora esta cuadrilla de limpieza”, expresó la concejala por Temuco, Viviana Diaz.

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En la última sesión del Concejo, realizada este viernes, los concejales aprobaron 22 millones de pesos para la adquisición de una camioneta 4×4, la que será destinada a Carabineros.

“Actualmente la población de Lican Ray asciende a más de 8 mil personas, en tanto que en época estival fluctúa entre 50 y 60 mil personas, un crecimiento que lleva consigo la necesidad de mejorar la seguridad para nuestros vecinos y visitantes”, expresó Seiffert, quien hace algunas semanas se reunió con la gobernadora de Cautín para solicitar la implementación de pórticos de lectura de patentes y un sistema biométrico que permita identificar a delincuentes con prontuario que ingresen a la comuna.

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