Un violento homicidio ocurrido en Villarrica terminó con una condena de 10 años y un día de presidio efectivo para Hugo Alberto Orellana Ghisolfo, quien fue declarado culpable de dar muerte a un hombre tras atacarlo con un cuchillo en el domicilio de un familiar.

El fallo, dictado de manera unánime por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica, acreditó que el hecho se registró la noche del 9 de enero de 2025, cuando el imputado llegó hasta la vivienda donde se encontraba la víctima junto a su familia.

En ese lugar, tras una discusión, Orellana Ghisolfo extrajo un arma blanca y lo agredió en distintas partes del cuerpo, provocándole una herida cortopunzante en la zona cervical de carácter homicida, la que finalmente le causó la muerte.

La sentencia no solo contempla la pena de cárcel efectiva, sino también la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos y derechos políticos, además de la prohibición de ejercer profesiones mientras dure la condena.

Una vez que el fallo quede firme, el tribunal ordenó la toma de muestras biológicas del condenado, con el fin de incorporar su perfil al Registro Nacional de ADN de condenados.

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El Juzgado de Letras de Angol condenó a la Municipalidad de Renaico a pagar una indemnización de $20 millones a un exfuncionario, tras acreditarse que fue víctima de daño moral en el ejercicio de sus funciones.

De acuerdo con el fallo, los hechos se originaron en el contexto de una sesión de concejo municipal, donde el trabajador fue objeto de humillaciones, acusaciones sin fundamento y exposiciones públicas que afectaron su honra, por parte de la concejala independiente en la lista del Frente Amplio, Yessica Ulloa, situación que posteriormente fue respaldada por el tribunal.

La resolución ha generado repercusiones en la comuna, principalmente por el impacto económico que implica para el municipio, cuyos recursos deberán destinarse al pago de la indemnización.

Frente a este escenario, el diputado Eduardo Cretton se refirió a la situación, enfatizando que no corresponde que el costo de esta condena recaiga en el municipio ni en los vecinos.

“No es posible que los vecinos tengan que pagar los platos rotos por las acciones de una concejala. Aquí hay una responsabilidad personal que debe ser asumida como corresponde”, señaló.

El parlamentario también advirtió sobre el impacto que este tipo de situaciones tiene en el desarrollo comunal, indicando que estos recursos podrían destinarse a otras necesidades urgentes.

“Estamos hablando de $20 millones que perfectamente podrían invertirse en mejoras para la comuna, apoyo social o iniciativas que beneficien directamente a los vecinos, y no en cubrir las consecuencias de conductas individuales”, afirmó.

En esa línea, Cretton emplazó directamente a la concejala involucrada a hacerse cargo de la indemnización, recalcando que los recursos públicos deben ser resguardados. “Es ella quien debería asumir la responsabilidad por sus actos, no el municipio”, agregó.

Finalmente, el diputado insistió en la necesidad de avanzar en mecanismos que permitan establecer responsabilidades individuales en este tipo de casos, evitando que situaciones de carácter personal terminen afectando directamente a toda la comunidad.

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El sujeto fue declarado culpable de seis robos —cinco con intimidación y uno con violencia— tras atacar a taxistas y transeúntes con armas blancas para quitarles dinero y pertenencias.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco condenó a Carlos Alejandro Provoste Aravena a la pena efectiva de 10 años y un día de presidio, tras ser declarado culpable de seis delitos de robo cometidos en agosto de 2023 en la capital regional.

De acuerdo con el fallo unánime de la causa rol 160-2025, el condenado participó en cinco robos con intimidación y un robo con violencia, ilícitos perpetrados junto a un segundo sujeto no identificado.

El tribunal —integrado por los jueces Leonel Torres Labbé (presidente), Alejandra Rosas Lagos y José Ignacio Rau Atria (redactor)— estableció que los hechos ocurrieron durante la mañana del 24 de agosto de 2023, cuando los involucrados recorrieron distintos puntos de Temuco buscando víctimas.

Según se acreditó en el juicio, abordaron a seis personas, entre ellas taxistas y transeúntes que se dirigían a sus trabajos o establecimientos educacionales. A todos los amenazaron con armas blancas para exigirles la entrega de sus pertenencias.

Los antisociales lograron sustraer dinero en efectivo, teléfonos celulares, chaquetas, documentos y otras especies personales. Uno de los casos más graves afectó a un taxista, quien resultó con lesiones leves en un hombro luego de ser atacado por el condenado con un tenedor de gran tamaño durante el asalto.

Además de la pena de cárcel, el tribunal aplicó a Provoste Aravena las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos y oficios públicos y derechos políticos, así como la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras se extienda la condena.

Una vez que la sentencia quede ejecutoriada, se ordenó la toma de muestras biológicas del condenado para determinar su huella genética e incorporarla al Registro Nacional de ADN de condenados. Asimismo, se decretó el comiso de las especies incautadas durante el procedimiento policial.

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El tribunal acreditó hechos reiterados cometidos durante años cuando las víctimas eran niñas y estaban bajo su cuidado directo.

Un nuevo caso de abuso sexual en el ámbito intrafamiliar vuelve a estremecer a la zona lacustre de La Araucanía. Esta vez, el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Villarrica condenó a un padre a una pena efectiva de 12 años de presidio por delitos cometidos contra sus propias hijas, hechos registrados en las comunas de Villarrica y Melipeuco.

En fallo unánime, el tribunal condenó, con costas, a R.C.C.Q. a la pena única de 12 años de presidio efectivo, en calidad de autor de dos delitos consumados de abuso sexual impropio, uno de ellos en carácter de reiterado, ilícitos perpetrados entre 2009 y 2017.

De acuerdo con lo establecido en el juicio, entre 2009 y 2017 —periodo en que la primera víctima tenía entre 5 y 12 años de edad— el condenado se aprovechó en diversas ocasiones de instancias en que se encontraba al cuidado de su hija, tanto en el domicilio familiar de Villarrica como posteriormente en una vivienda en Melipeuco, para realizar actos de significación sexual.

Asimismo, el tribunal acreditó que entre 2016 y 2017 el sujeto perpetró actos de la misma naturaleza contra una segunda hija, quien tenía entre 6 y 7 años de edad en ese periodo, hechos ocurridos cuando la menor se encontraba bajo su cuidado en el domicilio ubicado en Melipeuco.

Junto con la pena principal, el tribunal aplicó accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, además de la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

A ello se suman accesorias especiales como la interdicción del derecho de ejercer la guarda y de ser oído como pariente en los casos que la ley designa; la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante los 10 años posteriores al cumplimiento de la pena; la inhabilitación absoluta perpetua para desempeñarse en ámbitos educacionales o en cualquier actividad que implique relación directa y habitual con menores de edad; y la inhabilidad para obtener la patria potestad, quedando privado de todos los derechos respecto de la persona y bienes de las víctimas, sus ascendientes y descendientes, manteniendo únicamente las obligaciones legales en beneficio de ellas.

El fallo también ordena que, una vez ejecutoriada la sentencia, se proceda a la toma de muestras biológicas del condenado para la determinación de su huella genética e incorporación en el Registro Nacional de ADN de condenados.

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Tribunal acreditó falta de servicio tras constatar que los restos de un recién nacido fueron entregados erróneamente a terceros, obligando a sus padres a iniciar un proceso de exhumación en medio del duelo.

El Segundo Juzgado Civil de Temuco condenó al Servicio de Salud Araucanía Sur a pagar una indemnización de $22 millones a los padres de un bebé que nació fallecido y cuyo cuerpo fue entregado por error a una familia distinta, en un caso que el tribunal calificó como una falta de servicio evidente.

El fallo se conoció tras la demanda interpuesta el 8 de mayo de 2024 por Jessica Mella y José Umanzor, quienes perdieron a su hijo en septiembre de 2022. Según los antecedentes del proceso, la madre, residente en la comuna de Freire, ingresó el 30 de septiembre de 2022 al Hospital de Pitrufquén con dolores de parto, siendo posteriormente derivada al Hospital Hernán Henríquez Aravena de Temuco.

En dicho recinto asistencial se confirmó un desprendimiento de placenta y el fallecimiento del bebé, con 40 semanas de gestación. Tras enfrentar el impacto de la pérdida, la familia vivió un nuevo episodio de profundo sufrimiento al intentar retirar el cuerpo del recién nacido desde la morgue, instancia en la que se les informó que los documentos ya habían sido firmados y que, por un error administrativo, el cuerpo había sido entregado a terceros.

Como consecuencia de esta situación, los padres debieron realizar gestiones judiciales y administrativas para exhumar los restos de su hijo, que ya habían sido sepultados por la familia que los recibió equivocadamente.

En la sentencia, la magistrada María Santibáñez Chesta sostuvo que “la demandada al entregar el cuerpo del nonato a terceros incumplió con la referida norma legal, lo que constituye una falta de servicio evidente (…) sin dar explicación alguna de cómo se produjo este error ni rendir prueba destinada a eximirlo de responsabilidad”.

Desde la representación legal de los padres, el abogado Dionisio Ulloa señaló que el monto fijado por el tribunal no repara el daño causado, razón por la cual decidieron apelar la resolución. Según indicó, solicitarán una indemnización de $400 millones, considerando la magnitud del daño moral sufrido por la familia.

En caso de que la sentencia sea confirmada por instancias superiores, el Servicio de Salud Araucanía Sur deberá cancelar la indemnización de $22 millones, mientras el caso continúa su tramitación judicial tras la apelación anunciada por los demandantes.

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El Juzgado de Garantía condenó a un funcionario de Carabineros por vejaciones injustas y obstaculizar la libre difusión de informaciones durante una manifestación en 2020.

El Juzgado de Garantía de Temuco dictó la primera condena a nivel nacional por la Ley de Prensa, al sancionar a un funcionario de Carabineros de Chile por los delitos de vejaciones injustas y obstaculización a la libre difusión de informaciones, tras la agresión a un camarógrafo de un medio regional mientras cumplía labores periodísticas.

En procedimiento abreviado, el tribunal condenó al cabo F.A.R.V., integrante de la unidad de Control de Orden Público, a dos penas de 21 días de presidio, en calidad de autor de los hechos cometidos en contra del camarógrafo de UFROMEDIOS, Carlos Morales Cárdenas, quien se encontraba cubriendo una manifestación vinculada al caso Pradenas, el 22 de julio de 2020, en la ciudad de Temuco.

La causa fue impulsada por una querella del Colegio de Periodistas de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), luego de que el comunicador fuera detenido de manera violenta mientras registraba un procedimiento policial de interés público.

El presidente del Consejo Regional Araucanía del Colegio de Periodistas de Chile, Carlos Valverde Ortega, destacó la trascendencia del fallo. “Este fallo es un hito porque logramos tener la primera condena por ley de prensa a nivel nacional. Hemos acompañado a Carlos Morales durante varios años en esta causa, por lo que nos da mucha satisfacción que se haya hecho justicia. En este caso estamos defendiendo la labor de la prensa y el trabajo que realizan los periodistas y los profesionales de las comunicaciones”, señaló.

Hechos acreditados por el tribunal

El fallo estableció que “en horas de la tarde del 22 de julio de 2020 la víctima, quien por entonces se desempeñaba laboralmente como camarógrafo para ‘UFRO Medios’, se encontraba en las inmediaciones de la intersección de las calles Olimpia y Las Encinas, Temuco, lugar en el que, junto a otros trabajadores de distintos medios de comunicación social, registraba un procedimiento adoptado por Carabineros de Chile en razón a una manifestación pública desarrollada en dicho lugar”.

La resolución agrega que “el afectado comenzó a registrar con su cámara la detención de un sujeto, instante en el que el, por entonces, cabo 2° F.A.R.V., quien participaba del procedimiento, a efectos de evitar el registro periodístico del actuar policial, acometió en forma injustificada y desproporcionada en contra del ofendido”.

Producto de la agresión, el camarógrafo cayó al suelo y se golpeó el rostro con su cámara. El tribunal dio por acreditado que “resultó con un hematoma en el párpado inferior derecho asociado a una herida contuso erosiva y dolor en el piso orbitario, lesión médicamente calificada de leve, la que tardó entre 10 a 12 días en sanar con igual periodo de incapacidad laboral”.

En la audiencia correspondiente a la causa rol 7792-2021, la magistrada Marcia Castillo Monjes decretó además la suspensión del cargo u oficio público del carabinero durante el tiempo de las condenas, eximiéndolo del pago de las costas de la causa.

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El condenado, identificado como Alfredo Bravo Ramírez, fue hallado culpable del asesinato de Rodrigo Faúndez Clavería, ocurrido el 24 de febrero de 2024. De acuerdo con los antecedentes entregados por el fiscal jefe de Victoria, Héctor Leiva, el acusado atacó a la víctima tanto de frente como por la espalda, provocándole 49 puñaladas.

El fiscal calificó el caso como de “suma gravedad”, debido al ensañamiento con que se cometió el delito, indicando que el agresor continuó hiriendo a la víctima cuando esta ya se encontraba en el suelo e indefensa. El arma utilizada habría sido una tijera de punta fina, de la cual se halló una de sus hojas afiladas en el domicilio del acusado.

Entre las pruebas presentadas se incluyó la declaración de un testigo que observó al imputado cerca del lugar del crimen, con su vestimenta desordenada y una mancha en el pantalón que se interpretó como sangre. Posteriormente, peritajes confirmaron la presencia de ADN de la víctima en esa prenda.

Con estos antecedentes, el tribunal determinó que se acreditó la participación de Alfredo Bravo Ramírez en los hechos investigados por el Ministerio Público.

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Entre el 6 y el 10 de octubre, la Comisión de Libertad Condicional de La Araucanía analizó un total de 295 solicitudes de personas privadas de libertad que buscaban acceder al beneficio. Tras revisar los antecedentes caso a caso, el grupo de comisionados aprobó 81 solicitudes, lo que equivale al 27,4% del total.

El proceso fue encabezado por la ministra María Georgina Gutiérrez, de la Corte de Apelaciones de Temuco, junto a los jueces Cecilia Subiabre, Federico Gutiérrez, Leticia Rivera y Eduardo Pérez. El secretario de la Corte, Germán Varas, actuó como ministro de fe.

La magistrada Leticia Rivera explicó que “se tuvo a la vista cada uno de los informes de Gendarmería de Chile y las solicitudes de la defensa (…). Como conclusión, se concedió el beneficio a 81 personas, lo que equivale al 27,4% de las postulaciones”.

En total, 214 postulaciones fueron rechazadas, lo que representa un 72,5%. En la revisión participaron también los defensores penales penitenciarios de la Defensoría Penal Pública y una dupla psicosocial de Gendarmería de Chile.

Los beneficiados quedarán bajo control de Gendarmería y, si cometen un nuevo delito mientras cumplen el resto de su condena, perderán el beneficio.

De acuerdo con la ley, para optar a la libertad condicional las personas deben haber cumplido la mitad de su condena —o dos tercios si se trata de delitos graves—, mantener buena conducta y contar con un informe psicosocial favorable que evalúe su riesgo de reincidencia.

La próxima sesión de la Comisión de Libertad Condicional en Temuco se realizará en abril de 2026, donde se evaluarán nuevos casos.

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Uno de los hechos ocurrió el 17 de junio de 2018, en Temuco. Según lo acreditado en la investigación, alrededor de las 04:30 horas, la víctima se encontraba en un paradero cercano a la intersección de Av. Alemania con calle 18 de Septiembre, cuando fue abordada por el imputado. La intimidó con un objeto cortopunzante en el cuello, obligándola a caminar hasta un callejón sin salida, donde le sustrajo $20.000 y la violó, propinándole diversos golpes.

La investigación incluyó búsquedas en registros de ADN, reconocimientos fotográficos, peritajes telefónicos y rastreos al celular robado a otra víctima. Algunas de ellas colaboraron prestando testimonio durante el juicio oral.

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La Fiscalía abrió una investigación tras la acción legal municipal, la cual concluyó con la condena de los imputados D.E.M.C. y C.A.D.S., quienes admitieron su responsabilidad ante las pruebas presentadas, entre ellas un video que evidenciaba el nivel de peligro generado durante la competencia ilegal.

Durante la carrera, uno de los automóviles colisionó con un vehículo que circulaba normalmente y estuvo a punto de atropellar a una ciclista. Por estos hechos, uno de los condenados recibió 61 días de reclusión y actualmente se encuentra en prisión preventiva por otra causa. Ambos quedaron con suspensión de licencia de conducir por seis meses e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La fiscal a cargo, Claudia Turra, explicó que esta es una de las primeras condenas dictadas desde que se tipificó penalmente el delito de carreras clandestinas, y subrayó el riesgo al que se expuso a terceros. Por su parte, el alcalde Roberto Neira destacó la importancia de aplicar justicia en este tipo de hechos que afectan la seguridad y tranquilidad de los barrios.

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