La iniciativa legislativa apunta a perfeccionar el sistema de beneficios estudiantiles financiados por el Estado, incorporando nuevas causales de pérdida del beneficio en casos de delitos graves, con el objetivo de fortalecer el uso responsable de los recursos públicos y resguardar la finalidad de la política de gratuidad.

En el marco de la presentación, el diputado Eduardo Cretton destacó la importancia de avanzar en medidas claras frente a este tipo de situaciones, afirmando que “Es hora de dar señales claras, vamos a proteger los derechos humanos de los estudiantes que van a estudiar, no de los que van a delinquir”.

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Los implicados fueron declarados culpables tras reconocer su participación en millonarios fraudes y lavado de activos. Muchos eran de bajos recursos o incluso en situación de calle.

El Juzgado de Garantía de Temuco condenó a 13 personas involucradas en la denominada “Operación Imperio”, una red dedicada al fraude bancario y lavado de activos, tras un procedimiento abreviado en que los acusados reconocieron su participación en los delitos imputados por la Fiscalía.

Según explicó la jueza Leticia Rivera, los sentenciados “admitieron los antecedentes presentados por el Ministerio Público que los vinculaban con diversos delitos, entre ellos estafa, obtención fraudulenta de créditos, ilícitos tributarios y lavado de activos”.

El fiscal Enrique Vásquez, a cargo de la investigación, precisó que “el perfil de la mayoría de estos imputados está relacionado con personas de escasos recursos, quienes fueron contactadas por los miembros de la agrupación a fin de que, previa oferta de un beneficio económico, entregaran sus antecedentes con los cuales se crearon empresas falsas”. Con esa información, los líderes de la organización lograron defraudar al Banco Santander y diversas entidades financieras automotrices.

Muchos de los condenados —según detalló el persecutor— se encontraban en situación de vulnerabilidad o incluso en calle, y fueron utilizados como prestanombres o testaferros. “Algunos familiares de los líderes de la agrupación también fueron condenados en su calidad de testaferros, al considerarse que entregaron su identidad para registrar vehículos motorizados y encubrir operaciones de lavado de activos”, añadió Vásquez.

El Ministerio Público explicó que algunos de los implicados también facilitaron su identidad para realizar fraudes asociados a la compra de vehículos, afectando a distintas financieras automotrices.

La audiencia de lectura de sentencia quedó fijada para mañana miércoles 29 de octubre, instancia en la que se conocerán las penas que deberán cumplir los condenados.

La “Operación Imperio” puso en evidencia cómo redes criminales pueden aprovechar la precariedad económica de personas vulnerables, incorporándolas en estructuras de fraude que luego derivan en delitos complejos de carácter financiero y tributario.

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Una de las primeras condenas en el país bajo nueva tipificación penal por carreras clandestinas. Tribunal aplicó penas significativas, suspensión de licencias y comiso de vehículo.

El Tribunal Oral en lo Penal de Temuco dictó una sentencia condenatoria contra dos sujetos que participaron en una carrera clandestina de vehículos motorizados ocurrida en febrero de 2023, en un hecho que pudo haber tenido consecuencias fatales. La fiscal Claudia Turra, del Ministerio Público, destacó que se trata de una de las primeras condenas en el país desde que el legislador incorporó este delito al sistema penal.

“Esta es una de las primeras condenas que se han dictado en el sistema penal, luego de que el legislador incorporara este delito”, señaló la fiscal Turra.

Según los antecedentes del caso, los condenados participaron en una carrera ilegal en plena vía pública, y durante la competencia uno de ellos perdió el control del vehículo, colisionando a otro automóvil que circulaba regularmente por la avenida. La situación puso en grave riesgo no solo a otros conductores, sino también a peatones y ciclistas que transitaban por el lugar.

“Incluso, casi atropellan a una ciclista que también circulaba normalmente por la avenida, lo que refleja realmente la peligrosidad de este comportamiento”, explicó la fiscal.

La sentencia incluyó penas significativas, tal como lo establece la legislación vigente, la cual contempla medidas accesorias para los condenados. “En este caso, la ley establece que se debe suspender la licencia de conducir de los conductores, lo cual el tribunal acogió, además decretó el comiso de uno de los vehículos que estaba a nombre de uno de los imputados”, precisó Claudia Turra.

El fallo fue valorado por el Ministerio Público, ya que representa un precedente relevante en la aplicación de la ley frente a conductas altamente riesgosas y socialmente condenables como las carreras clandestinas en zonas urbanas.

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Así lo manifestó al comenzar el estudio de la iniciativa que incorpora en el Código Penal un precepto que supedita el inicio de la aplicación de penas sustitutivas contempladas en la ley 18.216 al cumplimiento de un año de presidio efectivo, tratándose de delitos contra la libertad sexual cuyas víctimas sean menores de edad.

El abogado Jean Pierre Matus indicó que el objetivo de fondo debe apuntar a establecer medidas de seguridad post penitenciarias, a la vez que aclaró que la experiencia demuestra que la existencia de atenuantes influye en que las penas sean bajas, inferiores a cien días, lo que impacta en el hacinamiento carcelario.

-“Esperamos que esta iniciativa se concrete, acá se busca condicionar la aplicación de las penas sustitutivas cuando se trata de condenados por delitos sexuales contra menores, al cumplimiento de un año efectivo de cárcel”, agrego la Seremi Claudia Lecerf.

El ministro José Antonio Gómez explicó que atendiendo el contexto el gobierno está trabajando en un proyecto de seguridad ciudadana "en el que vamos a proponer cambios en la aplicación de penas que van a redundar en el sistema penitenciario y eso debe ir acompañado de recursos en materia de infraestructura y personal. Esto tiene que ir acompañado de una mirada amplia".

La autoridad de la Cartera indicó que se debe  buscar un equilibrio entre la legítima exigencia de justicia por parte de la ciudadanía y el derecho, las normas y la aplicación de criterios para sancionar.

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A raíz de los últimos acontecimientos que conmocionaron al  país en diciembre pasado, luego de  darse a conocer el feroz  maltrato físico hacia un menor de edad a manos de la asesora del hogar, es que de inmediato las autoridades de justicia comenzaron a trabajar en un proyecto para evitar que nuevos hechos de esta naturaleza vuelvan a ocurrir.

En este contexto  es que el secretario de Estado acompañado de la directora nacional de Sename Marcela Labraña comprometieron su apoyo a ponerle urgencia al proyecto de ley que tipifica como delito los actos de maltrato o crueldad con niños y adolescentes, fuera del ámbito de la violencia intrafamiliar, que se mantiene actualmente en primer trámite constitucional en el Senado.

La Seremi de Justicia de la Araucanía Claudia Lecerf, recalcó que se trabajará para impulsar  la creación de un registro nacional de condenados por maltrato infantil, que esté a disposición de las familias que requieran contratar servicios de personas para el cuidado de sus hijos.

-“No queremos que los  niños y niñas sufran ningún tipo de violencia, más aun teniendo en cuenta que no tienen la posibilidad de verbalizar lo que les está pasando,  ni tampoco defenderse. Por lo mismo es que valoramos que la ley sea aplicada de manera mucho más drástica, y  por ello es que este proyecto esperamos tenga el apoyo  necesario para ser una realidad y que sea a través de este registro donde los padres puedan consultar antes de contratar a alguien para el cuidado de sus hijos.” Afirmó la Seremi de Justicia Claudia Lecerf.

Cabe destacar que el caso anterior, quedó al descubierto durante la noche el 29 de diciembre luego de que los padres del menor instalarán cámaras de seguridad al interior de la casa, grabación que permitió ser utilizada como medio de prueba.

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