La reposición del recinto deportivo, financiada por el Gobierno Regional de La Araucanía, se encuentra paralizada, provocando daños estructurales y preocupación entre vecinos de Padre Las Casas por posibles accidentes.

La consejera regional Ana María Soto denunció graves afectaciones que están sufriendo vecinos colindantes a las obras del Estadio El Alto de Padre Las Casas, luego del abandono de los trabajos de reposición del recinto deportivo, iniciativa financiada por el Gobierno Regional de La Araucanía durante este 2024.

La autoridad regional llegó hasta el lugar tras ser contactada por residentes del sector, quienes manifestaron su preocupación e incertidumbre luego de que la empresa a cargo de las faenas anunciara el cese de los trabajos debido a problemas de liquidez.

Durante la visita en terreno, la consejera constató daños estructurales en viviendas particulares, derrumbes de tierra, escurrimiento de agua hacia patios y la caída de cercos interiores, situación que afecta principalmente a familias vulnerables y personas mayores que viven junto a las obras.

“Es lamentable el abandono de la Reposición del Estadio El Alto, obra financiada por nuestro Gobierno Regional este 2024. Pero no menos importante es la tranquilidad de los vecinos, que han tenido que resistir derrumbes de tierra, escurrimiento de agua a sus patios y la caída de cercos interiores”, enfatizó Ana María Soto.

Riesgo para jardín infantil y sala cuna

Uno de los puntos más críticos advertidos por la consejera regional es la presencia de grandes contenedores ubicados en niveles superiores de la construcción, los cuales podrían desprenderse y caer sobre viviendas cercanas e incluso hacia un jardín infantil con sala cuna existente en el sector.

Ante este escenario, Soto llamó a acelerar los procesos administrativos para concretar el cierre y liquidación de la empresa a cargo, permitiendo avanzar hacia una nueva licitación que contemple soluciones para los vecinos afectados.

“Hago un llamado a dar celeridad al cierre y liquidación de la empresa actual para dar paso a una nueva licitación. Esta debe incluir y permitir la disposición de recursos para asumir los daños provocados a los vecinos residentes. No podemos permitir que una infraestructura necesaria afecte la calidad de vida de familias y niños”, sostuvo la consejera regional.

Vecinos denuncian abandono y falta de respuestas

La preocupación expuesta por la autoridad fue respaldada por testimonios de vecinos del sector, quienes aseguraron que nunca existió una adecuada comunicación ni instancias de participación ciudadana por parte de la empresa ejecutora.

Nancy Navarrete relató que las viviendas comenzaron a verse afectadas por el movimiento de tierra realizado durante las faenas. “En la casa de mis papás se está viendo afectado porque han tirado tierra hacia abajo. Ya se le cayó una pandereta a un vecino y nadie se ha hecho cargo. Estamos esperando una desgracia para que haya solución”, denunció.

Por su parte, Cristian Gucenchugaray explicó que los daños comenzaron hace aproximadamente un mes debido a las vibraciones provocadas por maquinaria pesada, situación que se agravó con las últimas lluvias. “Se les avisó que la pandereta se estaba torciendo y dijeron que mandarían maestros, pero nunca vinieron. Anoche esto se desmoronó completamente”, señaló el vecino.

A las denuncias también se sumó Ana Oswald, presidenta de la Junta de Vecinos Los Castaños, quien manifestó su preocupación por el riesgo que enfrentan niños y niñas del jardín infantil cercano. “Si siguen las lluvias, puede caerse el container al jardín infantil y a mi casa. Necesitamos que alguien nos dé una mano y nos ayude a salir de este problema”, concluyó la dirigenta vecinal.

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“La Comisión no supo escuchar ni recoger las demandas históricas de nuestro pueblo. Este informe no tiene representatividad y, por lo tanto, difícilmente será aceptado. Se trató de un proceso impuesto desde arriba, sin diálogo ni consulta efectiva”, afirmó Llao.

La dirigenta mapuche recalcó que los pueblos originarios exigen procesos serios y con verdadera participación, en los que las comunidades tengan un rol protagónico y no meramente simbólico. En ese sentido, advirtió que algunos partidos que avalaron con su firma este diseño fracasado, hoy buscan desmarcarse del proceso que entregó un informe que intenta poner punto final al tema territorial a cambio de prebendas y programas que el pueblo mapuche ya tiene, sin responder a las demandas de fondo.

Asimismo, enfatizó que con estado de excepción, militarización en el territorio y la existencia de presos políticos mapuche, no puede hablarse de paz ni de entendimiento real.

Ana Llao reiteró el llamado a construir un verdadero diálogo con protagonismo de las comunidades mapuche, superando las mesas y mecanismos impuestos desde el nivel central que solo profundizan la desconfianza y alejan cualquier posibilidad de solución justa y duradera.

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La consejera nacional ante Conadi Elba Matuz entregó su respaldo a la senadora Carmen Gloria Aravena antes las presiones del partido republicano que la llevaron a renunciar a su militancia tras culminar el trabajo en la Comisión Por la Paz y Entendimiento.

“La actividad política es compleja y dura muchas veces, acá con la senadora no pensamos igual, pero si la apoyamos por su valentía y por poner a nuestra región antes que los chantajes y malas practicas patriarcales del partido republicano”, sostuvo la dirigente mapuche.

“Creemos que comprender integralmente el conflicto y reconocer que el Estado tiene una deuda, es una base, un punto de inicio, de algo que no reconoce el partido republicano, solo desean abordar este conflicto desde la seguridad, que sin duda es una arista, pero la central es la tierra y el territorio y sin ello, no avanzaremos al pago de la deuda y al encuentro intercultural”, comento Elba Matuz.

La consejera ante Conadi emplazó al partido republicano a comprender en toda su dimensión el conflicto y a reflexionar como actúa con su propia gente que ha sido un aporte a la gestión política como es el caso de la senadora Aravena.

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La consejera regional, Ana María Soto, advirtió que tras reunirse con dirigentes vecinales del sector ribereño de Labranza, se conoció del retraso en las obras de construcción del nuevo puente Pfeiffer, ubicado en el centro de la localidad y que cruza el estero Botrolhue.

La consejera explicó que, a pesar de haberse aprobado los recursos para el puente hace cuatro años, después de una década de gestiones, se produjo un cambio en la normativa sísmica de construcción de puentes. Este cambio implica la necesidad de modificar el diseño, lo que, naturalmente, generará un aumento en el costo económico del proyecto. Por lo tanto, será necesario buscar los recursos correspondientes y avanzar en la adaptación del diseño para cumplir con los nuevos estándares técnicos.

Ana María Soto señaló que los residentes del área ribereña se encuentran inquietos porque Labranza tiene sólo dos puentes para conectar la zona ribereña con el resto de la localidad y la ruta hacia Temuco. Además, el actual puente Pfeiffer se encuentra en estado deplorable, incapaz de satisfacer las demandas de la población. El municipio ha realizado numerosas gestiones en favor de los residentes, pero a la falta de un puente funcional, que no es competencia del municipio, se suma al hecho de que se planea la construcción de alrededor de 900 viviendas en la zona ribereña en un futuro cercano, lo que aumentará significativamente el tráfico vehicular y peatonal en estos puentes.

La consejera Ana María Soto se comprometió a respaldar las gestiones de los vecinos tanto para la construcción de un nuevo puente como para la pavimentación de las calles adyacentes, que actualmente son de ripio.

VECINOS

Asimismo, recientemente, se llevó a cabo una reunión entre dirigentes vecinales de Labranza, autoridades y representantes del municipio. Jacqueline Viveros, presidenta de la Junta de Vecinos Ayelén, expresó su preocupación por los cambios en la normativa de construcción de puentes y la declaración del estero Botrolhue como humedal urbano. Los vecinos habían estado esperando las expropiaciones necesarias para la construcción del nuevo puente durante dos años y temen que la espera se prolongue durante al menos cinco años más.

Viveros destacó que el Serviu ya posee terrenos para nuevas poblaciones con viviendas sociales en varios lugares del sector ribereño de Labranza, lo que hará necesario contar con al menos dos puentes funcionales.

Hoy en día, los residentes deben dar un rodeo de varias cuadras para llegar al puente Zanahoria, que cuenta con dos pistas, o cruzar por el Pfeiffer, un puente de una sola pista y construcción de madera que hace mucho tiempo superó su vida útil. Esto genera numerosos problemas e incomodidades tanto para conductores como para peatones, además de impedir que los microbuses accedan a varias calles. La falta de pavimentación también es un problema, con lodo en invierno y polvo en verano, y algunas áreas carecen incluso de aceras.

Como si esto fuera poco, el cierre del camino al sector Isla Negra, debido a la construcción de nuevas viviendas, ha dejado al puente Zanahoria y al viejo Pfeiffer como las únicas rutas de entrada y salida al sector ribereño de Labranza.

SERVIU

José Luis Sepúlveda, director regional del Serviu, quien también estuvo presente en la reunión con los vecinos, explicó que el puente Pfeiffer deberá ser rediseñado para cumplir con la nueva normativa sísmica.

El director del Serviu manifestó que se ha solicitado financiamiento al Gobierno Regional para actualizar la ficha técnica, lo que requerirá un adicional de aproximadamente $500 millones. «Con la ficha actualizada y el financiamiento correspondiente, se podría contratar un nuevo diseño de ingeniería en 2024, y si todo avanza según lo previsto, se estima que las obras podrían comenzar en 2025», apuntó.

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Romero indicó que estos compromiso surgieron luego de una reunión a la cual asistió en su calidad de representante del sector pesquero regional en el CORE, y donde la intendenta se comprometió a revisar lo hecho hasta hoy en términos de faena productiva y apoyo, para establecer acciones que vayan en un real respaldo a un importante sector productivo en localidades como Queule, Caleta Barra, Toltén, Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt.

“Siento que este compromiso es muy importante para el sector, pero también creo que es un tanto tardío, ya que en cuatro años no se avanzó mucho en establecer una real estrategia que apoyara la producción pesquera regional.  Ahora, es positivo que se quiera trabajar con ellos en una política, pero también creo necesario que la intendenta pueda también considerar a los pescadores ribereños y a la pesca deportiva para que también sean considerados en sus propuestas y actuales dificultades, dado que ellos también son parte de una actividad productiva como es la pesca y el turismo”, indicó Romero.

La consejera indicó que no es primera vez que como autoridad ha planteado la necesidad de una política regional para este sector, “y se agradece que en este periodo se esté considerando, siendo esto una demanda que nace de los propios pescadores”, resaltó.

Romero indicó que espera poder seguir participando de estas actividades en pos de lograr que antes del término de esta administración se avance en una estrategia real de desarrollo para el Uso del Borde Costero Regional y una política productivas real que vaya en beneficio de los pescadores de la zona como de la protección de las reservas naturales marítimas que subyacen en nuestra costa.

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SAG Regional presenta propuesta al Gobierno Regional, esperándose que la iniciativa sea aprobada y financiada el año 2017.

Como un avance primordial para la seguridad agroalimentaria de La Araucanía, calificó la consejera regional, Jacqueline Romero, el reciente trabajo iniciado por el Servicio Agrícola y Ganadero, SAG IX Región, en pos de elevar una propuesta definitiva para la implementación de una barrera fitosanitaria en la ruta 5 sur.

La autoridad regional, quien había manifestado su inquietud por el nulo avance de la propuesta discutida el 2015, señaló que de acuerdo a los informes presentados por el SAG al Gobierno Regional el costo total de la implementación de esta barrera en la zona superaría los 3 mil millones de pesos, siendo proyectada en la ruta 5 sur a la altura de la comuna de Victoria.

“Como presidente de la comisión de Agricultura del CORE y a nombre del resto de los consejeros regionales, valoro el hecho que el SAG haya presentado una propuesta concreta al Gobierno Regional que nos permita proyectar a tres años la presencia de esta barrera sanitaria en la región. Este es el inicio de un trabajo que desarrollaremos por todo el año 2016, esperando que el 2017 la propuesta sea aprobada y financiada para su ejecución. El aporte de este instrumento será vital para los productores agrícolas de toda La Araucanía quienes sentirán que sí están protegidos de las plagas cuarentenarias y enfermedades que provienen de las zona central y norte del país, las que pueden afectar la totalidad de la producción de papas, arándanos, cereales y otros tantos insumos agrícolas que se cultivan en el territorio araucano”, indicó la consejera Romero.

La autoridad recordó que La Araucanía es reconocida como zona libre de plagas cuarentenarias, siendo la puerta de entrada de esta condición que se extiende desde Arauco hasta la región de Magallanes. “Desafortunadamente, el retiro de las antiguas barreras sanitarias habían reducido la protección a esta condición, pero con esto se podrá realizar controles permanentes, las 24 horas del día, a la entrada de producciones agrícolas y evitar la entrada de productos contaminados”, añadió.

Según datos aportados por el SAG, en La Araucanía el sector agrícola más afectado por estas plagas es el sector papero donde el 32% del territorio agrícola está destinado a este cultivo, presentándose predios contaminados con plagas como la Marchitez Bacteriana, el Carbón de la Papa y el Nemátodo Dorado en las comunas de Carahue, Traiguén, Freire y Saavedra. Asimismo, se presentaría una barrera de protección a otras plagas como la mosca de la fruta o la polilla de la vid, los que afectan seriamente la producción frutícola y de arándanos.

La propuesta presentada por el SAG considera una barrera fitosanitaria permanente provista de una alta tecnología a través de la detección mediante escáner. Según Romero, para su concreción la propuesta consideraría un financiamiento conjunto entre el Ministerio de Agricultura y el Gobierno Regional.

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Productores de papas afirman que de no existir barreras permanentes en la zona, se pone en riesgo denominación de Área Libre de Plagas y Enfermedades Cuarentenarias.

Un nulo avance en la propuesta comprometida por el Servicio Agrícola y Ganadero de reinstalar barreras sanitarias permanentes con el propósito de salvaguardar la producción agrícola de enfermedades y plagas cuarentenarias transportadas desde las regiones del centro -norte del país, denunciaron el diputado Jorge Rathgeb y la consejera Jacqueline Romero.

Ambas autoridades regionales manifiestan que dado el incremento del transporte de frutas, verduras y cereales, resulta imprescindible que se reinstalen barreras sanitarias permanentes con alta tecnología que adviertan la presencia de contaminantes que pudieran afectar de origen la producción de papas, arándanos, remolacha, trigo, tomates, lupino y otros productos cultivados en La Araucanía; y de paso consolidar a la región como Área Libre de Plagas y Enfermedades Agrícolas Cuarentenarias.

Según la consejera regional y presidenta de la Comisión de Agricultura del CORE, Jacqueline Romero, esta propuesta fue presentada y gestionada el año 2015 a la dirección nacional del Servicio Agrícola y Ganadero, SAG, y la Intendencia; estableciéndose que profesionales del SAG y el Gobierno Regional trabajarían en una propuesta definitiva para el cofinanciamiento de la instalación de estas barreras en a lo menos tres puntos de la zona: Collipulli, Victoria y Quepe.

“Lo que ha pasado – indica Romero- es que no hay un avance de esta propuesta lo que es preocupante porque existió un compromiso de avanzar en esta iniciativa y está la expectación de cientos de productores que ven en estas barreras una garantía de mayor control a la probable procedencia, traslado y comercialización de productos contaminados desde otras regiones. Recientemente nos reunimos con el SAG y esperamos que esta vez sí comience el trabajo pendiente por el bien de todos los productores de la región que no están libres de ser afectados por estas plagas, a pesar de las fiscalizaciones móviles realizadas por el SAG en la región”, señaló la consejera Romero.

Dicha preocupación es compartida por el diputado por Malleco, Jorge Rathgeb, que solicitó, a través de oficios desde la Cámara Baja, el urgente avance de la propuesta la que calificó como “relevante” para el desarrollo económico y sustentable de la agricultura en La Araucanía. “Por ley el Ministerio de Agricultura, a través del SAG, tiene el objetivo de  contribuir al desarrollo agropecuario del país, mediante la protección, mantención y mejoramiento de la salud animal y vegetal, por lo que la presencia de estas barreras que nunca debieron desaparecer de sectores como la comuna de Renaico, es primordial para evitar el traslado de enfermedades y plagas cuarentenarias transportadas por productos o vehículos contaminados. Al no existir este control, se está dejando la puerta abierta a la propagación de estas afecciones agrícolas con graves consecuencias económicas para miles de agricultores que podrían ser infectados en sus cultivos. En este sentido, es que me parece preocupante que no haya un avance en estos compromisos”, señaló Rathgeb.

Área libre

Entre los privados y agrupaciones campesinas, la voz es similar. Es así que en reiteradas oportunidades han manifestado la necesidad de establecer un control permanente en la Ruta 5 sur, precisando que los controles fitosanitarios permanentes, no sólo podrían utilizarse para controlar el “ingreso de productos reglamentados al Área Libre”, sino que también para verificar la salida de cargas de productos contaminados provenientes de predios cuarentenados, con la correspondiente Guía de Libre Tránsito (GLT).

José Soto, presidente de la Asociación de Paperos Costa Araucanía, indicó que la presencia de barreras estables es fundamental precisando que hay alerta por la intención de productores de la región de los Ríos de gestionar e instalar barreras sanitarias permanentes en la zona de Lanco, con lo cual La Araucanía podría quedar fuera de la categoría de Área Libre de Plagas y Enfermedades Agrícolas Cuarentenarias.

“Hoy somos área libre, pero para poder seguir en esta categoría necesitamos más control a la entrada de productos que podrían resultar contaminados. Hoy las barreras móviles del SAG no tienen el mismo efecto que podría tener una barrera establecida que funciona las 24 horas del día y no sólo 8, además que necesitamos que aumenten las sanciones a quien transporte productos contaminados porque hoy las multas son tan bajas que los transportistas simplemente las pagan para poder dejar sus producciones en la región. Hoy necesitamos barreras sanitarias y lo que vemos es una falta de voluntad para apurar su concreción que según el SAG es muy costoso, pero por el contrario no miran el gran beneficio que estas barreras atraerían para el desarrollo agrícola y económico de la región”, señaló Soto.

Según el SAG, La Araucanía forma parte del Área Libre de Plagas Cuarentenarias; nominación que parte desde la provincia de Arauco hasta Magallanes. En este sentido, el servicio asegura que hay un control de la presencia de enfermedades y plagas agrícolas a través de barreras sanitarias móviles, no obstante, la presencia y aumento de focos de contaminación especialmente en la zona costera donde hay cerca de mil hectáreas cultivables declaradas contaminadas y en cuarentena, hace exigible por parte de los productores agrícolas una mayor fiscalización.

En este sentido, es que las autoridades regionales  solicitan que el SAG cumpla con su compromiso y proponga y gestione con el Gobierno Regional el cofinanciamiento de estas barreras sanitarias en los próximos meses.

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Su preocupación manifestó la Consejera Nacional Mapuche Ana Llao frente al Estado de Salud del Lonco Emilio Antipan Pichun de 74 años, perteneciente a la comunidad José Nahuelpi 2 de Los Sauces, quien fuera hace 6 días, fuertemente reprimido y golpeado por el Gope de Carabineros generándole una fractura craneal, donde además resultaron cerca de 10 lesionados con golpes y balines tras la reivindicación territorial que hoy está en los dominios de Forestal Bosques Cautin.

Así lo dio a conocer Ana Llao, quien lamentó la nula preocupación del Gobierno ante este abuso de las fuerzas especiales de Carabineros, quienes se ensañaron en contra del Lonco, quien aún se mantiene en un estado de salud delicado, mientras otros fueron derivados a diversos centros hospitalarios donde no cuentan con la atención especializada frente a los síntomas que presentan. “Esto demuestra el desinterés y la falta de voluntad para atender la salud de quienes fueron víctimas una vez más de la represión desmedida de Carabineros en La Araucanía”, comentó la dirigente mapuche.

Agregó que “solidarizamos con las comunidades que se encuentran en proceso de reivindicación de territorio histórico ancestral en manos de las empresas forestales, como es el caso de la comunidad José Nahuelpi 2 y además rechazamos la represión abusiva en contra de ancianos, mujeres y niños donde disparan a quema ropa balas y balines en contra de quienes hoy legítimamente se movilizan en torno a sus derechos colectivos”.

Por último, Ana Llao formuló un llamado al Gobierno a no seguir dialogando sólo con sus amigos, a no seguir escondiendo el problema bajo la alfombra temiéndole a las comunidades, las máximas autoridades de Interior deben venir a escuchar los problemas de fondo en la región como es la restitución de tierras en conflicto con las forestales, a escuchar a los dirigentes y comunidades para terminar con el sometimiento y abuso permanente y así dar paso al pago de la deuda histórica que mantienen con todo nuestro pueblo”, sentenció

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Así se expresó la consejera regional, Jacqueline Romero, luego de seguir el debate parlamentario sobre el programa de inversiones propuestos por el Ministerio de Salud  para el año 2016, el cual fue rechazado por la Comisión Mixta de Presupuesto del Congreso al dejar de lado a un número considerable de hospitales que según los compromisos de campaña, debieron estar terminados en marzo del año 2018.

Romero informó que según datos obtenidos, el Minsal sólo priorizará para marzo del 2018 el término de los hospitales de Pitrufquén, Cunco y Carahue, los tres en licitación; en desmedro de los hospitales de Angol y Padre Las Casas  los que a pesar de estar en licitación no cuentan con recursos suficientes para su construcción sino hasta el año 2018. Lo mismo ocurriría con los recintos de Salud de Curacautín, Collipulli, Lonquimay y Villarrica los que quedarían en construcción o en etapa de estudio al año 2018, quedando su futuro al albedrío y la consideración del nuevo gobierno entrante.

“Si me preguntan si estoy feliz por la priorización que hace el Minsal sobre el Hospital de Pitrufquén, yo les digo que no. Todo lo que ha pasado, todas las fechas que se han dado, han sido marcados por una neblina de dudas. Hoy el Ministerio de Salud no tiene recursos para llevar adelante su inversión hospitalaria y eso es lo concreto. Que el Servicio de Salud Araucanía Sur y su director, Milton Moya, digan que el Hospital de Pitrufquén y los otros hospitales se construirán en este gobierno no es más que un cliché político que no debe tranquilizar a nadie, ya que vemos que la situación económica del país está tan debilitada que con preocupación estamos viendo como los programas de inversiones del Estado se están cayendo por la falta de recursos”, precisó Romero.

En este sentido, la autoridad regional teme que “al final sea la región a través de sus fondos propios los que vayan en ayuda al hoyo sectorial de los ministerios y que en el caso de Salud muchos de los hospitales comprometidos sean terminados con recursos destinados a proyectos que surjan de la región y no desde el Poder Central. De aceptarse esta situación, lo que aseguro es que se hará un daño muy importante a las políticas de descentralización ya que las regiones tendrán menos recursos para llevar agua y electricidad a los campos, mejorar la infraestructura de las comunas, ejecutar sus propias obras emblemáticas y/o aportar recursos a sus organizaciones sociales, provocando un perjuicio directo a las regiones y sus habitantes gracias a la mala gestión del Ejecutivo”, precisó.

Al respeto, la consejera regional indicó que seguirá defendiendo la construcción del Hospital de Pitrufquén, como también de los otros recintos de Salud comprometidos por el Gobierno, apoyando todas las formas de presión que la sociedad organizada promueva para presionar la ejecución de estas iniciativas comprometidas.

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“Sería irresponsable que las autoridades de Salud nacionales y regionales le mientan a la población. Hace dos años estamos esperando por un compromiso de campaña de la Presidenta Bachelet y la Nueva Mayoría, quienes no han podido asegurar la construcción de los hospitales, entre ellos el de Pitrufquén. Hace pocos días vi como el director del Servicio Salud Araucanía Sur (SSA Sur), el señor Milton Moya, festejaba el logro de la Rentabilidad Social(RS) del proyecto de reapertura de obras del Hospital de Pitrufquén; hoy quisiera preguntarle si es capaz de asegurar públicamente si este recinto será inaugurado el año 2018, ya que por lo menos las señales que salen del Congreso es que su ministerio no ha sido capaz de asegurar los presupuestos de este hospital y de los otros comprometidos para el término de este mandato”, señaló Romero.

Esta autoridad regional –quien ha sido un agente activo en el apoyo, seguimiento y reapertura de las obras del Hospital de Pitrufquén-  indicó que lamenta que se produzcan estas indecisiones gubernamentales, “más por la población quienes ante estos compromisos se ilusiona con una mejor Salud y una mejor calidad de vida”.

Al respecto, Romero no descartó que sea el Gobierno Regional quien deba asumir algunos de estos compromisos,  “poniendo en riesgo recursos regionales que como prioridad deberían solventar iniciativas que surjan desde la región y sus municipios, y no para suplir las falencias de magros presupuestos que no alcanzarán para cumplir con las promesas hechas en periodo de campaña”, señaló. En este sentido, recordó el compromiso asumido por el Minsal a través del director del SSA Sur ante el Consejo Regional “en cuanto a que estos compromisos serían asumidos totalmente con fondos del Ministerio y no regionales”.

Por último, Romero lamentó lo que ocurre con los hospitales de Angol y Padre Las Casas, dos recintos de alta resolución que podrían ser una alternativa real para terminar con la congestión del Hospital de Temuco. “Sin embargo, lo que vemos es que estos recintos recién se construirán el año 2018 como ha sido lo informado desde la Comisión  parlamentaria”, concluyó.

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