● *Diversas industrias se unieron para contribuir al combate al comercio ilegal, el contrabando y las falsificaciones, advirtiendo que estos mercados son el motor financiero de otros delitos violentos.*

Esta mañana diversas industrias del sector privado se unieron para formar la primera *Asociación Nacional contra las Economías Ilícitas (ANEI)*, una iniciativa que busca articular una colaboración estratégica con las autoridades para reducir la oferta de productos ilegales y desnormalizar la compra de bienes en el comercio informal en Chile.

La creación de esta entidad responde a un diagnóstico crítico sobre el avance de la criminalidad y la pérdida de los espacios públicos. De acuerdo con el reciente informe “Por un Chile sin Economía Ilícita”, preparado por la Confederación de la Producción y del Comercio, las actividades ilícitas causan un daño al fisco valuado en aproximadamente US$ 1.500 millones al año, y el sector privado gasta casi US$ 2.700 millones para protegerse del crimen organizado.

Ante este escenario, empresas líderes de diversas industrias adoptaron una postura activa y de corresponsabilidad corporativa frente a una problemática que, señalan, afecta por igual a ciudadanos, empresas y al Gobierno, advirtiendo que el contrabando, el comercio ilícito y las falsificaciones se han convertido en los principales motores financieros de otras actividades ilegales.

Esta coalición está integrada por *BAT Chile, Duracell, Empresas SB, L’Oréal Groupe Chile y Penguin Random House Grupo Editorial*. Es presidida por *Arturo Alessandri*, abogado del estudio *Alessandri Abogados*, y busca impulsar iniciativas públicas bajo la premisa de que el sector privado desempeña un rol fundamental en el respaldo de la gestión gubernamental.

“Hoy, el entorno económico castiga a quienes cumplen las reglas y favorece una informalidad que alimenta financieramente a las bandas criminales, facilitando su escalada hacia otros delitos. Contamos con valiosos diagnósticos tanto sobre la merma de ingresos fiscales como sobre el costo del impuesto a la seguridad que debe pagar el sector privado. Buscamos ser un paraguas para compartir información y generar actividades apoyadas por la iniciativa privada, con el fin de encontrar soluciones conjuntas con el Estado, los entes fiscalizadores y la ciudadanía. Creemos que es momento de pasar a la acción”, señala Arturo Alessandri, presidente de la ANEI.

*Respaldo transversal*

El lanzamiento contó con la presencia de representantes del mundo privado, de la sociedad civil y del público, como el subsecretario de las Culturas y de las Artes de Chile, Carlos Lobos Mosqueira, quien instó a “los actores de todos los ámbitos a sumarse a este esfuerzo transversal y contribuir a una nación más segura para todos”.

La presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, agregó que: “Las empresas deben dar un paso al frente aportando datos concretos y experiencia práctica. ANEI permitirá hacer frente a un crimen organizado al que no podremos desarticular utilizando las mismas herramientas de siempre”.

Por su parte, Pilar Lizana, doctora en Gobierno y Administración Pública y miembro del consejo asesor del Observatorio Territorial de Seguridad de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH), destacó el valor de la alianza: “El crimen organizado opera con lógica empresarial, busca maximizar rentabilidades y utiliza la violencia como herramienta de negocio. Las economías ilícitas crecen silenciosamente, alimentan este fenómeno y generan un enorme costo social y fiscal para Chile. Para derrotarlas, necesitamos comprender la naturaleza de esta amenaza y responder con una estrategia unificada entre los sectores público y privado. En esto, la creación de ANEI es un paso fundamental”.

*Propuestas gremiales*

La institución propone establecer una política de Estado que perdure más allá de los cambios de gobierno, con el fin de ser un aporte transversal para todas las administraciones.

Entre sus propuestas principales, se contemplan:

1. La formación de una *asociación público-privada* (ANEI) que reconozca al empresariado como un aliado estratégico en el combate a las economías ilícitas, capaz de aportar valor mediante herramientas como la cooperación en materia de información y tecnología. 2. Apoyar la creación de un *Sistema Nacional de Información Interinstitucional*, que actúe de manera independiente y guíe los esfuerzos público-privados. 3. *Unificar el discurso público sobre las economías ilícitas* con el fin de contar con una definición, una narrativa y acciones congruentes que terminen con la romantización de este fenómeno, especialmente en el comercio. 4. *Formalizar los mecanismos de cooperación público-privada* en materia de combate a las economías ilícitas para garantizar su continuidad y su evaluación constante. 5. Implementar un *sistema eficiente para la gestión de bienes incautados* que permita aplicar la destrucción temprana o reutilización social de los bienes decomisados, con el objetivo de liberar capacidad operativa en bodegas, juzgados y aduanas.

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Iniciativa presentada por el senador por La Araucanía busca equiparar la persecución del comercio ilegal de tabaco con los delitos más graves asociados a organizaciones criminales. La propuesta surge en medio de incautaciones históricas registradas durante 2026 y del explosivo crecimiento de este mercado ilícito en el país.

El contrabando de cigarrillos dejó hace tiempo de ser considerado únicamente una infracción aduanera. Hoy, las autoridades lo identifican como una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, fenómeno que ha experimentado una expansión sin precedentes en Chile y que amenaza con consolidarse como una de las actividades ilícitas más rentables para las redes delictivas transnacionales.

Con ese diagnóstico como punto de partida, el senador por La Araucanía, Miguel Becker, presentó un proyecto de ley destinado a endurecer las sanciones contra el contrabando de tabaco y sus derivados, incorporando nuevas herramientas para perseguir a quienes financian, organizan y obtienen ganancias de estas operaciones ilegales.

La iniciativa parlamentaria surge de una serie de antecedentes, entre los que destacan que durante el segundo semestre de 2025 el consumo de cigarrillos ilegales y provenientes de redes de contrabando alcanzó casi el 50% del mercado nacional. Esto, genera pérdidas fiscales estimadas -por impuestos no percibidos- de unos US$1.150 millones anuales y, según especialistas y fiscales, constituye una importante fuente de recursos para organizaciones vinculadas al narcotráfico, tráfico de armas y lavado de activos.

Los hechos registrados durante este año agudizan la preocupación: en mayo, Carabineros concretó en la Región de Antofagasta la mayor incautación de cigarrillos de contrabando de la historia del país, decomisando más de 2,2 millones de cajetillas avaluadas en más de $6.600 millones. Durante el procedimiento se encontró una subametralladora UZI y fueron detenidas cinco personas, quienes quedaron en prisión preventiva. 

A ello se sumó, en abril, un operativo desarrollado en Lonquimay, en La Araucanía, donde Carabineros decomisó 86.500 cajetillas de cigarrillos de origen extranjero junto a más de dos mil fuegos artificiales, en un procedimiento considerado histórico para la región y que permitió detener a tres personas. 

A ello se suman procedimientos de incautación a lo largo del país, por lo que frente a este escenario, el proyecto del senador Becker propone elevar las penas vigentes, estableciendo penas privativas de libertad desde los 61 días incluso para los delitos de menor valor, aumentando progresivamente hasta llegar a presidio mayor en su grado máximo, es decir, entre 15 y 20 años de cárcel, cuando concurran agravantes asociadas al crimen organizado.

“Durante demasiado tiempo el contrabando de cigarrillos fue visto como un delito económico menor, cuando en realidad se ha transformado en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado”, argumentó el senador Miguel Becker. Añadió que, en la actualidad, las redes de contrabando de cigarrillos “utilizan los mismos corredores transnacionales, los mismos mecanismos y muchas veces las mismas estructuras que se emplean para el narcotráfico, el tráfico de armas y otros delitos graves”. Por ello, enfatizó, “no podemos seguir enfrentando esta amenaza con sanciones insuficientes. Lo que estamos proponiendo es una señal clara: quien participe, financie u organice estas actividades deberá enfrentar penas efectivas y proporcionales al enorme daño que provocan al Estado, a la seguridad pública y a todos los chilenos”, afirmó el senador Becker. 

Uno de los aspectos más innovadores de la propuesta es la creación del delito de fabricación clandestina de cigarrillos dentro del territorio nacional, conducta que no se encuentra tipificada de manera específica. Para estos casos se contemplan penas de entre 10 y 20 años de presidio efectivo, además de multas que podrían alcanzar hasta 200 veces el valor de la mercancía producida ilegalmente.

Asimismo, el texto incorpora agravantes especiales cuando exista participación de bandas organizadas, uso de armas, violencia, tecnologías destinadas a eludir controles, o intervención de funcionarios públicos. En este último caso, además de aumentar las penas hasta los 20 años de cárcel, se establece la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

La moción también busca fortalecer la persecución penal de los líderes y financistas de estas estructuras, limitando la posibilidad de renunciar a la acción penal cuando existan antecedentes de asociación ilícita o vínculos con operaciones de lavado de activos.

Para el senador Becker, el desafío consiste en cerrar las brechas legales que hoy permiten que las organizaciones criminales sigan obteniendo millonarias ganancias mediante una actividad de bajo riesgo penal en comparación con otros delitos. Con ello se busca convertir el contrabando de cigarrillos en un ilícito cuya persecución y sanción reflejen el verdadero impacto económico, fiscal y de seguridad que genera en el país.

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Por el delito de receptación flagrante, la Brigada de Investigación Criminal Temuco detuvo a una mujer mayor de edad.

Lo anterior, en virtud a diligencias investigativas propias de esta unidad territorial en el sector de la plaza de armas de la capital regional y en coordinación con inspectores municipales, observaron que la imputada ejercía el comercio ambulante de cigarrillos. Al efectuar el control respectivo a esta mujer y registrar el bolso que portaba, los detectives encontraron 189 cajetillas de cigarrillos de distintas marcas extranjeras junto a dinero efectivo.

Al consultarle a la mujer la procedencia de esta mercancía no pudo acreditar su dominio, siendo detenida en flagrancia por receptación de cigarrillos de contrabando e incautando estas especies.

Estos antecedentes fueron informados por la PDI a la Fiscalía de Primeras Diligencias, quien instruyó que la mujer detenida fuese apercibida y puesta en libertad a espera de citación del Ministerio Público. Mientras que la mercadería fue derivaba a Aduanas.

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Un importante decomiso fue realizado por personal SIP de la 1° Comisaría de Carabineros de Lautaro, en la región de la Araucanía, con la incautación de 1.149 cajetillas de cigarrillos provenientes del contrabando, avaluados en $2.300.000 pesos.

El procedimiento se desarrolló en el sector de Calle Nueva, ubicada en la comuna de Lautaro, donde personal de Carabineros realizaba una ronda de fiscalización. En un minimarket de la zona, se descubrió la venta de cajetillas de cigarrillos ilegales de diversas marcas, con un valor de $2.000 pesos la cajetilla.

Tras la fiscalización, la patrulla procedió a la detención de una mujer, quien fue identificada como la operadora del local, siendo posteriormente trasladada al recinto de la unidad policial, junto con los productos incautados para ser contabilizados.

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de consumo de tabaco y comercio ilícito 2023, realizada por el centro MIDE UC, se estima que uno de cada dos cigarrillos consumidos en Chile proviene del mercado ilegal, lo que representa una evasión tributaria anual de USD 1.150 millones. Además, el estudio indica que el 35,2% de los cigarrillos comercializados en la Macrozona Sur son de contrabando, y el 82,8% de los cigarrillos ilegales vendidos en esta área tienen un precio igual o inferior a los $2.000, lo que se atribuye a la falta de pago de impuestos.

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Lo anterior, en medio de controles vehiculares preventivos que se realizan en el sector Niágara, ruta S-269.

El Mayor Carlos Morgado Cortés, Comisario de la 3ª Comisaría, precisó que se trató de la incautación de 477 cajetillas de cigarros: “Carabineros de Padre Las Casas, en las últimas horas, logró la detención de una persona adulta quien transportaba 477 cajetillas, las cuales no se encuentran con la nomenclatura para su comercialización en nuestro país. Esta persona fue detenida mientras se realizaba un control vehicular y fue sorprendida transportando estas cajetillas de cigarros”.

La totalidad de los antecedentes del procedimiento fueron informados a la Fiscalía local de Temuco.

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En el primer operativo de fiscalización en la Región, se revisaron 32 vehículos incautando un automóvil deportivo avaluado en 25 millones de pesos.

La Sección Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros (SEBV) y la Dirección Regional Aduanas de Talcahuano, en el marco de una alianza estratégica, se unen para sacar de circulación vehículos por el delito de contrabando en La Araucanía.

Lo anterior, realizando acciones operativas en forma conjunta, en lo que respecta a la fiscalización de vehículos motorizados en una eventual vulneración de la franquicia aduanera.

En el primer operativo de fiscalización en la Región, el SEBV y Aduanas, revisaron 32 vehículos, permitiendo incautar un automóvil deportivo, marca Nissan, modelo Z 350, año 2010, avaluado en 25 millones de pesos.

Según precisó el jefe del SEBV de Carabineros en La Araucanía, Capitán Luis Baeza Lagos, gracias a la fiscalización conjunta “se logró establecer con personal de Aduanas que este vehículo, había sido trasladado desde el norte del país hacia la ciudad de Temuco en forma fraudulenta, configurándose el delito de contrabando, lo que motivó su inmediata incautación”.

“Con estas acciones, como Carabineros en conjunto con otros organismos gubernamentales, buscamos traspasar la inseguridad que pueda sentir la comunidad hacia los delincuentes y que las personas en La Araucanía, duerman, vivan y se desplacen tranquilas”, destacó el Capitán Luis Baeza.

Los operativos SEBV-Aduanas continuarán realizándose en la Región, con el objetivo de sacar de circulación vehículos que transiten de manera irregular, para así normalizar el parque vehicular en beneficio de la población.

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