El máximo tribunal finalizó la revisión de los cuadernos de remoción abiertos contra integrantes del Poder Judicial. De los 37 casos que llegaron a votación, resolvió remover a 11 personas y rechazó la salida de otras 26. Otros 11 procedimientos permanecen suspendidos por determinación del Tribunal Constitucional.

La Corte Suprema resolvió remover a 11 integrantes de la judicatura en el marco de los procedimientos abiertos contra miembros del escalafón primario que viajaron fuera del país mientras se encontraban haciendo uso de licencias médicas.

La decisión fue adoptada en votación dividida por el Pleno del máximo tribunal, que este viernes 11 de septiembre concluyó el análisis de los denominados cuadernos de remoción. Según informó la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, se determinó que las 11 personas removidas no mantuvieron un buen comportamiento, conforme a lo establecido en el artículo 80 de la Constitución Política de la República.

En total, inicialmente se ordenó abrir procedimientos respecto de 58 integrantes de la judicatura, entre ministros y ministras de Cortes de Apelaciones, relatores y relatores, además de jueces y juezas.

Sin embargo, 11 casos quedaron suspendidos debido a requerimientos presentados ante el Tribunal Constitucional, mientras que en otros 10 la Corte Suprema determinó que no correspondía analizar una eventual remoción por distintas razones vinculadas al cargo ejercido, la calidad de suplente, una renuncia previa y el cese de funciones de una de las personas involucradas.

De esta manera, fueron 37 los casos que finalmente quedaron en condiciones de ser resueltos por el Pleno.

11 removidos y 26 continúan en la judicatura

Tras analizar individualmente los antecedentes, la Corte Suprema decidió remover a 11 integrantes del Poder Judicial y rechazó aplicar esta medida respecto de otros 26.

Entre estos últimos, en siete casos no se alcanzó el quórum de 11 votos necesario para disponer la remoción; en otros 15, la mayoría del Pleno resolvió rechazarla, mientras que cuatro terminaron con empate en la votación.

La Corte Suprema dispuso además la suspensión inmediata de las 11 personas removidas como medida cautelar, hasta que las respectivas resoluciones queden ejecutoriadas.

La presidenta del máximo tribunal explicó que las decisiones fueron adoptadas luego de revisar individualmente los antecedentes de cada integrante de la judicatura involucrado.

“Respecto de aquellos que se removió es porque se estimó que había habido mal comportamiento, tal cual como lo señala el artículo 80 de la Carta Fundamental para disponer la remoción y en la mayoría de los casos se consideró el criterio de la proporcionalidad”, señaló Gloria Ana Chevesich.

La magistrada precisó que la apertura inicial de los procedimientos se realizó con los antecedentes disponibles en ese momento, pero posteriormente correspondía analizar cada situación en particular.

“Todos los jueces, todas las juezas, informaron, acompañaron antecedentes, se agregó su hoja de vida y esos fueron los antecedentes que se consideraron para tomar una decisión concreta sobre la materia”, explicó.

Chevesich reconoció además la complejidad que significó para el Pleno adoptar decisiones de esta naturaleza.

“Obviamente remover un juez o una jueza igual es complejo. O sea, había cierta emocionalidad incorporada en la decisión”, sostuvo, agregando que cada integrante del tribunal votó de acuerdo con los antecedentes concretos de cada caso.

11 casos continúan pendientes

La revisión todavía no termina completamente. Otros 11 procedimientos permanecen suspendidos por resolución del Tribunal Constitucional y serán examinados por la Corte Suprema una vez que su situación procesal permita retomar su tramitación.

Chevesich recalcó que para resolver las remociones el Pleno no aplicó el auto acordado sobre responsabilidad disciplinaria, sino directamente el artículo 80 de la Constitución.

De esta manera, el proceso originado por los antecedentes sobre viajes al extranjero durante períodos de licencia médica cerró una de sus principales etapas con 11 integrantes de la judicatura removidos, 26 respecto de quienes se rechazó la medida y otros 11 casos que permanecen pendientes de resolución.

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El informe también advirtió que personal a honorarios realizó actividades particulares vinculadas a materias que debía resolver el propio municipio y detectó gestiones durante la jornada laboral.

Más de $758 millones en órdenes de compra con proveedores vinculados familiarmente a funcionarios municipales, contrataciones de un prestador a honorarios con el propio municipio y profesionales relacionados con expedientes que debían ser revisados por la Dirección de Obras Municipales. Ese es parte del escenario detectado por la Contraloría Regional de La Araucanía tras una investigación especial en la Municipalidad de Curacautín.

El organismo estableció que al menos 14 proveedores, vinculados por parentesco hasta el segundo grado con funcionarios del municipio, suscribieron 78 órdenes de compra por un total de $758.742.525 durante 2024 y 2025. Contraloría determinó que estas operaciones incumplieron la normativa sobre inhabilidades en la contratación pública.

A ello se sumó el caso de un trabajador a honorarios que, mientras prestaba servicios al municipio, contrató con la misma entidad a través de una empresa de su propiedad por $1.992.000, para la adquisición de implementos deportivos.

La auditoría también verificó que al menos tres servidores a honorarios ingresaron expedientes de edificación ante la DOM como arquitectos patrocinantes, mientras dos funcionarios a honorarios participaron en proyectos sanitarios y estructurales asociados a permisos que debían ser tramitados por la propia municipalidad.

Contraloría concluyó que estos hechos evidenciaron debilidades en los controles internos y constató que el municipio no contaba con procedimientos específicos para prevenir contrataciones inhabilitadas ni detectar incompatibilidades en actividades particulares de sus trabajadores.

La Municipalidad de Curacautín informó que inició una investigación sumaria y adoptó medidas para reforzar sus controles. Contraloría mantuvo las observaciones y ordenó implementar nuevos procedimientos, capacitar al personal en probidad y acreditar las acciones dentro de los plazos establecidos.

Además, la investigación detectó que un funcionario de planta de la Municipalidad de Lautaro realizó gestiones particulares ante la DOM de Curacautín durante su jornada laboral, por lo que se ordenó iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas.

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Durante la reciente sesión del Consejo Regional transmitida públicamente, el gobernador aseguró que tiene los WhatsApp que dan cuenta de que pidió al Contralor pronunciarse “lo antes posible” sobre la consulta que presentó por la controversia con el CORE en torno a los recursos del 8% del FNDR. La revelación supone una gestión informal cuyo propósito, reconocido por la propia autoridad, era acelerar la respuesta del organismo fiscalizador.

Una declaración realizada públicamente por René Saffirio durante una sesión transmitida del Consejo Regional puso inesperadamente el foco sobre la propia Contraloría. El gobernador reconoció haber realizado gestiones por WhatsApp con el Contralor para conseguir una respuesta más rápida a la consulta presentada por el GORE en medio de su disputa con el CORE por los recursos del 8% del FNDR.

“Yo le he pedido, tengo los WhatsApp… le pedí al Contralor que el pronunciamiento se produjera lo antes posible porque nos afectaba los procesos administrativos futuros y que estábamos, en consecuencia, que estaba en juego también la ejecución en el caso de los privados de 10.000 millones de pesos”, sostuvo Saffirio ante los consejeros regionales.

El cuestionamiento no está en que el gobernador haya recurrido a Contraloría. El GORE puede solicitar formalmente un pronunciamiento e incluso fundamentar institucionalmente la necesidad de obtener una respuesta con prontitud.

Lo llamativo es que Saffirio reconoce una gestión directa por WhatsApp con el Contralor y, además, explicita su finalidad: que el pronunciamiento se produjera “lo antes posible”. Por lo tanto, fue el propio gobernador quien señaló públicamente que pretendía acelerar el trámite por esa vía.

El punto de fondo no es únicamente qué aplicación utilizó Saffirio. En la administración pública, una eventual responsabilidad depende de la obligación o principio que pudiera haberse vulnerado mediante una determinada conducta.

Los procedimientos administrativos tienen la obligación de permitir el registro y trazabilidad de las actuaciones, mientras que los órganos públicos están sujetos a principios como la probidad, imparcialidad e igualdad de trato. Por eso, si una comunicación informal llegara a traducirse en una priorización efectiva, podrían surgir cuestionamientos respecto del tratamiento otorgado frente a otras instituciones que también esperan pronunciamientos de Contraloría.

La declaración también complica al Contralor

Y este es precisamente el punto que traslada la controversia desde Saffirio hacia Contraloría. Una cosa está reconocida: el gobernador pidió directamente acelerar el pronunciamiento. Lo que todavía no se conoce es qué hizo el Contralor frente a esa solicitud.

¿Respondió los mensajes? ¿Accedió a la petición? ¿Las comunicaciones quedaron registradas institucionalmente? ¿La gestión tuvo algún efecto sobre los tiempos de tramitación?

No existen antecedentes que permitan afirmar actualmente que el Contralor haya concedido un trato preferente. Pero conocer esas respuestas resulta fundamental precisamente porque Contraloría debe resguardar su independencia e imparcialidad frente a las autoridades cuyos actos fiscaliza.

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Juan Pablo Leonelli cumple prisión preventiva en Capitán Yáber, un reducido anexo con capacidad para solo 16 personas por cuyas celdas han pasado políticos, empresarios y protagonistas de algunos de los casos judiciales más mediáticos del país. Hoy quedan apenas tres cupos y otros conocidos imputados buscan ingresar.

No está en Santiago 1 ni en una cárcel de La Araucanía. Juan Pablo Leonelli Lepín, exjefe de gabinete del Gobierno Regional de La Araucanía, cumple prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, recinto conocido mediáticamente como la “cárcel VIP” por el perfil de muchas de las figuras que han pasado por sus dependencias.

La lista es conocida. Por sus celdas han pasado el abogado Luis Hermosilla, protagonista del denominado Caso Audios; el exsubsecretario del Interior Manuel Monsalve; Rafael Garay, condenado por estafa; el exsenador Jaime Orpis, condenado en el caso Corpesca; imputados del caso Penta; el exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba; el exdiputado René Alinco y el exalcalde de Recoleta Daniel Jadue, entre otras figuras públicas.

Actualmente, Leonelli comparte el recinto con nombres vinculados a causas judiciales de alta notoriedad: el exfiscal regional Metropolitano Oriente Manuel Guerra; Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco; el expresidente de Azul Azul Michael Clark y el exdirector de la PDI Héctor Espinosa, entre otros.

Solo tres cupos y hay quienes buscan entrar

Capitán Yáber, ubicado en avenida Pedro Montt en Santiago, tiene capacidad máxima para 16 internos, distribuidos en cuatro celdas de aproximadamente 12 a 18 metros cuadrados. Según publicó El Mercurio, actualmente alberga a 13 personas y solo quedan tres plazas.

En ese escenario, los ejecutivos vinculados al caso Sartor Pedro Pablo Larraín, Carlos Larraín y Sergio Yáñez realizan gestiones para abandonar Santiago 1 y ser trasladados a Yáber. También busca ingresar el exalcalde de San Ramón Miguel Ángel Aguilera, actualmente recluido en Santiago Sur.

Las defensas han recurrido a tribunales para solicitar celeridad a Gendarmería. Pedro Pablo Larraín argumenta razones de seguridad, mientras que los abogados de Sergio Yáñez, de 64 años, han invocado además normas internacionales de protección a las personas mayores.

Sin embargo, los tres cupos disponibles no necesariamente pueden ser ocupados por cualquiera de los solicitantes, debido a las políticas de segmentación de Gendarmería que diferencian las plazas para condenados de aquellas destinadas a personas en prisión preventiva.

“Un privilegio que la ley no contempla”

En medio de las solicitudes, la abogada querellante Susana Borzutzky cuestionó los argumentos para conseguir estos traslados.

“Los argumentos de las defensas no justifican el traslado. No existe un derecho a cumplir la prisión preventiva en Capitán Yáber por estar imputado por delitos económicos. La determinación del recinto responde a criterios técnicos de Gendarmería”, señaló a El Mercurio.

La abogada agregó que acceder al traslado únicamente por el perfil de los imputados implicaría establecer “un privilegio que la ley no contempla”.

La declaración cobra especial interés considerando la composición histórica y actual de la denominada “cárcel VIP”: formalmente, la destinación de sus internos responde a criterios técnicos y de segmentación definidos por Gendarmería.

El vínculo con La Araucanía

Uno de quienes ya está en Yáber es Juan Pablo Leonelli, exjefe de gabinete del Gobierno Regional, actualmente imputado en causas vinculadas al denominado Caso Convenios en La Araucanía.

Leonelli está formalizado por diversos delitos económicos en la causa Fundación Local y acusado por fraude al fisco en el denominado caso Manicure. Hasta junio cumplía arresto domiciliario nocturno, pero tras verse involucrado en un accidente de tránsito en estado de ebriedad mientras debía estar cumpliendo esa medida cautelar, el Juzgado de Garantía de Temuco decretó su prisión preventiva.

Así, mientras otros conocidos imputados recurren a tribunales buscando ser trasladados a Capitán Yáber, el exjefe de gabinete del Gobierno Regional de La Araucanía ya integra el reducido grupo de 13 internos del recinto.

Y la discusión deja una pregunta abierta: si, como sostiene la abogada querellante, estar imputado por delitos económicos no basta para justificar el ingreso a Capitán Yáber, ¿qué criterios técnicos determinaron que el exjefe de gabinete del Gobierno Regional cumpliera allí su prisión preventiva?

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Durante un conversatorio sobre descentralización en Concepción, la candidata presidencial Evelyn Matthei interpeló directamente a José Antonio Kast, recordándole el caso del diputado Mauricio Ojeda, hoy en prisión preventiva por fraude al fisco. Kast no ejerció su derecho a réplica.

Un tenso momento se vivió durante el “Conversatorio por la Descentralización”, realizado en el marco de la Cumbre de las Regiones organizada por Corbiobío y el Gobierno Regional del Biobío, cuando la alcaldesa de Providencia y carta presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, interpeló directamente a José Antonio Kast (Partido Republicano) en el tema de la corrupción.

Durante su intervención, Matthei abordó la necesidad de combatir la corrupción sin distinciones partidarias y aprovechó la instancia para hacer un emplazamiento directo a su contendiente: “Tengo entendido que el único diputado privado de libertad, por un caso de fundaciones, es un diputado que fue llevado en la lista de ustedes, José Antonio”, señaló, en referencia al exdiputado Mauricio Ojeda, quien en 2021 fue electo como independiente por la Región de La Araucanía en cupo republicano y que hoy se encuentra en prisión preventiva, imputado por fraude al fisco en la arista Manicure del caso Convenios.

Antes de esa afirmación, Matthei había reflexionado sobre el fenómeno de la corrupción en el país: “Desgraciadamente, la corrupción está en todas partes, yo creo que nadie puede escupir al cielo. Hemos tenido corrupción en distintos partidos políticos, también en Carabineros, en Fuerzas Armadas, en el Ejército, en la Fuerza Aérea, entre los jueces… también con fiscales”, señaló.

Y concluyó con un llamado transversal: “O nos ponemos todos de acuerdo en que no vamos a aceptar la corrupción, venga de donde venga, y que no vamos a mirar para al lado cuando toque a uno de los nuestros, o nuestro país no tiene futuro”, sentenció.

Cabe destacar que José Antonio Kast no respondió a la interpelación, ya que no hizo uso de su derecho a réplica durante el panel, lo que fue interpretado por algunos asistentes como una señal de incomodidad ante el emplazamiento de Matthei.

El cruce marca un nuevo hito en la creciente disputa entre ambas figuras de la derecha con miras a las presidenciales, y confirma que la lucha contra la corrupción será uno de los temas centrales en el debate político de cara a 2025.

Debate con tensión, pifias y emplazamientos marcó el Conversatorio por la Descentralización

El «Conversatorio por la Descentralización», realizado en el marco de la Cumbre de las Regiones en Concepción, no solo fue escenario de un fuerte emplazamiento de Evelyn Matthei a José Antonio Kast, sino también de un debate marcado por la tensión entre los tres presidenciables convocados: Matthei (Chile Vamos), Jeannette Jara (Unidad por Chile) y Kast (Partido Republicano).

El ambiente en la sala fue crispado, con intervenciones interrumpidas por pifias, aplausos y risas irónicas del público. En ese contexto, se desarrollaron varios momentos que evidenciaron choques ideológicos y personales, especialmente entre Kast y Jara.

Durante su exposición, Matthei buscó marcar una posición más transversal, con un tono que apuntó a consensos más que a confrontaciones. “Nosotros queremos tener una buena atención de salud, eso no es de derecha ni de izquierda; es hacerlo bien o hacerlo mal… Nuevamente, eso no es de derecha ni de izquierda”, expresó. Y agregó: “Yo quisiera que realmente podamos ponernos de acuerdo en Chile, sin extremismo”.

Por su parte, Jeannette Jara fue blanco de múltiples críticas por parte de Kast, quien centró gran parte de sus intervenciones en apuntar a la gestión del Gobierno, especialmente en materia de descentralización y corrupción. Ante ello, Jara respondió: “Acusándose unos con otros y no reconociendo los errores propios, va a ser bien difícil avanzar en descentralización”, remarcando luego que, “yo provengo de una cultura en la que no se promueve el odio. Por el contrario, tratamos de promover los acuerdos”, lo que provocó risas entre parte del público.

La exministra de Trabajo también hizo una reflexión más política al cierre de su intervención: “A mi entender, el autoritarismo y el populismo son muy contrarios a la descentralización. Lo dejo para la reflexión de cada quien”, señaló, en una clara alusión a Kast.

El abanderado del Partido Republicano, en tanto, reaccionó al tema de la seguridad abordado por Jara, haciendo alusión a una imagen de la candidata con una polera del “Perro Matapacos”: “Las cosas se producen precisamente por la denigración que sufrieron nuestras fuerzas de orden cuando muchos usaban el Perro Matapaco en la polera o cuando hablaban de los pacos”, criticó Kast, agregando: “Hoy día le vuelvo a agradecer una vez más que ya no se refiera así a los Carabineros y que hable de Carabineros. (…) Espero que nunca más se denigren las instituciones policiales de nuestro país”.

Kast también acusó a Jara de minimizar el terrorismo en el sur del país: “Los terroristas que han quemado y matado gente aquí, en esta zona (…), terrorismo que tú dijiste que no conocías y que existe, porque es una realidad acá en Arauco y también en La Araucanía”, declaró.

Ante los abucheos de parte del público, Kast respondió: “Pareciera ser que el respeto que promueve Jeannette no lo plantean sus partidarios (…) Vas a tener que ser más convincente con tus seguidores, Jeannette”.

El debate, además de mostrar las tensiones dentro del bloque oficialista y la derecha, expuso las distintas visiones sobre el país, el rol de las regiones y el manejo de temas sensibles como seguridad, corrupción y gobernabilidad.

Este nuevo cruce entre los tres presidenciables refuerza la idea de que la descentralización y la probidad serán temas clave en la carrera hacia La Moneda.

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Por Rodrigo Molina Sáez, ingeniero civil industrial y máster en Gestión de Proyectos

Se enviaron a los postulantes los resultados del primer filtro del fondo Crece de Sercotec. Un subsidio de hasta 5 millones de pesos para pequeñas y medianas empresas. Sin embargo, en lugar de ser una buena noticia, el proceso ha generado frustración entre muchos postulantes debido a la falta de transparencia en la evolución inicial, que consiste en un cuestionario automatizado.

Este cuestionario determina quién avanza y quién queda afuera sin que los proyectos sean leídos o revisados técnicamente. El test que filtra las postulaciones en esta primera etapa no entrega retroalimentación ni permite conocer los criterios con los que se asignan los puntajes. Esto impide que los emprendedores aprendan de la experiencia y genera dudas legítimas sobre la integridad del proceso.

La opacidad del sistema abre la puerta a sospechas de favoritismos o incluso de corrupción, lo que debilita la confianza en las instituciones encargadas de administrar recursos públicos. Además, el cuestionamiento incluye preguntas sobre temas que no están explícitamente consideradas en las bases del concurso como factores de evaluación, como el origen étnico, la ubicación del negocio o experiencias de emprendimientos previos. Aunque son temas importantes no se especifica cómo influyen en el resultado ni cuáles respuestas otorgan mayor puntaje, lo que pone en tela de juicio la objetividad del sistema.

Otro problema grave es que el sistema no verifica la veracidad de las respuestas. Esto significa que un postulante puede obtener ventaja mintiendo, mientras otro que responde con honestidad queda fuera sin posibilidad de apelación o revisión.

La falta de control y seguimiento en la postulación hace que el proceso parezca arbitrario y desmotiva a quienes participan de buena fe. Es urgente que Sercotec revise y mejore este sistema de evaluación.

La institución ha sido históricamente un ejemplo de buen funcionamiento técnico y en los tiempos que corren no hay espacio para hipotecar las confianzas. Para ello debe asegurar procesos transparentes con criterios claros y mecanismos de retroalimentación que permitan mejorar a quienes no resulten seleccionados, fortaleciendo así la credibilidad y la legitimidad de las políticas de fomento al emprendimiento.

Ante la falta de transparencia en el proceso es válido preguntarse, reclamar y exhibir un estándar más alto.

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Así lo manifestó el alcalde Labraña, quien sostuvo que se han realizado auditorías internas donde se han detectado acciones fraudulentas que podrían constituir delitos al interior del municipio, un hecho grave considerando, además, que Cholchol es una de las comunas con los más altos índices de pobreza en el país, superando ampliamente el promedio nacional.

Sobre estos nuevos hechos descubiertos gracias a sumarios e investigaciones internas en el municipio, el alcalde Álvaro Labraña dijo que, “el día de hoy estamos presentando acá en Fiscalía una denuncia por una posible defraudación al municipio de Cholchol por funcionarios municipales, precisamente por el ex asesor jurídico que tenía el municipio de Cholchol, que trabajó por muchos años y la verdad que nosotros llevamos un mes de infracción trabajando como alcalde de la comuna, donde junto a nuestro equipo jurídico hemos detectado y nos hemos encontrado con varias irregularidades. Y la verdad que hoy estamos cumpliendo con poner a disposición los antecedentes que hemos logrado recabar en este corto plazo y ponernos a disposición para que el Ministerio público sea quien revise y quien finalmente pueda señalar, si es que hoy día nosotros hemos sido afectados por una defraudación a nuestro municipio por parte de ex autoridades y por parte de El ex asesor jurídico que hemos tenido en la municipalidad”

Además, la máxima autoridad comunal, señaló que, “lo que nosotros estamos haciendo y queremos precisar, es que hoy día como alcalde estamos haciendo lo necesario para poder transparentar nuestro municipio de Cholchol, por eso hoy, estamos presentando una nueva arista. Hace un par de días salió por la prensa un proceso de investigación en contra de algunos municipios de la región y nosotros en este contexto, estamos presentando una nueva arista, porque creemos que en nuestro municipio se generó un defraude al estado, a nuestro municipio respecto de la mala utilización de recursos que son de todos los chilenos”

El alcalde Labraña en la oportunidad, además, aseguró que seguirán recabando antecedentes y trabajando para transparentar a la comunidad la gestión municipal y para fomentar la probidad al interior del municipio de Cholchol.

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● Un total de 165 instituciones del ámbito público y privado, con presencia en Chile y Latinoamérica, participaron del estudio, el cual fue respondido por más de 44 mil 500 trabajadores de distintos estamentos.

● “Los resultados del Barómetro muestran que las organizaciones están trabajando activamente en la construcción de una cultura de integridad, gestionando este valor que es tan importante a partir de la detección de sus fortalezas y flancos débiles que deben reforzar”, sostuvo Janet Awad, presidenta de FGE.

Santiago, 25 de enero de 2024.- En un año desafiante para la integridad como fue 2023, marcado por numerosos casos que pusieron en vilo este valor tanto en el ámbito público como privado, las organizaciones están trabajando activamente para prevenir su ocurrencia, pese a lo cual perciben un alto riesgo de que estos puedan suceder. Así lo revelaron los resultados del Barómetro de Valores e Integridad Organizacional de Fundación Generación Empresarial, encuesta en la que participaron 165 instituciones con presencia en Chile y en Latinoamérica, siendo respondida por más de 44 mil 500 trabajadores de distintos estamentos.

Si bien un 78% de los encuestados dijo haber participado en alguna capacitación sobre temas de integridad en el último año, un 32% aseveró que percibe un alto riesgo de que el lugar donde se desempeña se vea envuelto en escándalos de corrupción o faltas a la integridad. Respecto de los temas en los cuales han estado recibiendo formación, los sondeados mencionaron la revisión de buenas prácticas, conducta ética o buen comportamiento (80%); mecanismos de denuncia de comportamientos antiéticos (75%) y prevención de delitos promovidos por la ley (71%) como las principales materias.

Desafío en el que tienen que trabajar y al que se suman otros relacionados con mejorar la comunicación de procesos internos, pues un 49% de los encuestados dijo no estar seguro de si su organización ha aplicado sanciones por la transgresión de normas éticas. Además, un 20% de las personas que sí está al tanto dijo que se enteró a través de medios informales, como rumores o conversaciones de pasillo.

También es fundamental fortalecer confianzas para que las personas se atrevan a alzar la voz. El Barómetro FGE dejó en evidencia que un 39% de quienes han presenciado situaciones al respecto no las ha reportado, debido a que dudan que denunciar tenga algún efecto y temen posibles represalias (55%) y, adicionalmente, desconfían de la confidencialidad de los sistemas de reporte (47%).

“Los resultados del Barómetro muestran que las organizaciones están trabajando activamente en la construcción de una cultura de integridad, gestionando este valor que es tan importante a partir de la detección de sus fortalezas y flancos débiles que deben reforzar. Valoramos que 165 instituciones públicas y privadas se hayan atrevido a hacer un autoexamen en el marco del Reconocimiento, cifra que marcó un récord respecto del año anterior cuando 104 fueron parte de este proceso”, afirmó Janet Awad, presidenta de FGE.

Comunicación de valores y efecto integridad

Así como hay retos que deben abordar las organizaciones, existen situaciones positivas que las animan a seguir adelante en el trabajo que están realizando para construir entornos laborales comprometidos con las buenas prácticas. Así lo muestran cifras como el 87% que afirma que el lugar donde trabaja tiene valores establecidos y los promueve. Principios que, además, inspiran a las personas, pues un 71% de los encuestados dice que se siente muy representado por ellos.

Adicionalmente, un 82% percibe que los valores son difundidos activamente, algo en lo que se involucran los directivos, pues un 72% dijo que estos actúan de acuerdo a ellos, dando el ejemplo, y un 63% que el Gobierno Corporativo comunica sobre ellos.

Señales alentadoras que se suman a la positiva percepción de los trabajadores respecto del efecto que tiene la integridad. El Barómetro FGE mostró que un 75% cree que fortalece la marca, un 70% que refuerza lealtad y el compromiso del personal, un 69% que aumenta lealtad de los clientes y atrae a otros nuevos, y un 66% que genera mayor confianza y otorga credibilidad a la organización.

“Esperamos que estos resultados positivos sean la hoja de ruta sobre la cual las organizaciones puedan trabajar para elevar aún más sus estándares en materia de integridad. No debemos quedarnos en la autocomplacencia, pues construir una cultura organizacional con foco en este valor es un trabajo diario”, aseguró Fernanda Hurtado, gerente general de FGE.

Sobre el Barómetro de Valores e Integridad Organizacional

Esta encuesta que mide la definición, vivencia y comunicación de valores empresariales; el conocimiento de las herramientas de prevención de conductas antiéticas; la presencia de conflictos éticos y el compromiso de las jerarquías con la integridad al interior de las instituciones es aplicada desde hace 17 años por FGE. Un instrumento que cuenta con el respaldo técnico de la Dirección de Estudios Sociales (DESUC) de la Universidad Católica.

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Cuestionó la delincuencia y corrupción desatadas y dio a conocer las herramientas para combatirlas, que incorpora la nueva propuesta de Constitución.

A través de sus redes sociales, el diputado por La Araucanía, Miguel Becker, abordó el proceso eleccionario del 17 de diciembre y, en particular cómo este puede ser decisivo para frenar la delincuencia desatada a nivel nacional, y disponer de mecanismo efectivos para evitar nuevos casos de corrupción, como los conocidos en distintas regiones del país, y que han permitido defraudar al Estado con sumas millonarias

El Diputado Becker reconoció que “al igual que ustedes, estoy cansado de la corrupción, cansado de la delincuencia, cansado de la forma cómo este Gobierno está llevando adelante las cosas”.

Por eso, añadió el parlamentario, “les invito a votar este próximo 17 de diciembre a favor de Chile, a favor de la nueva Constitución, a favor que crear una Comisión para tener control sobre los delincuentes. Para defender a las víctimas de estos mismos delincuentes. Y , por otro lado también, crear una agencia contra la corrupción”, detalló Becker.

“Queremos un mejor país. Queremos un mejor Chile”, dijo el diputado Becker, y por ello, enfatizó que “a favor de Chile es nuestra opción para este 17 de diciembre”

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En un desayuno organizado por WTW, se reunieron especialistas en el tema, entre ellos, Gonzalo Medina, quien fue protagonista en la escritura de la nueva legislación. “Chile ha avanzado a ser un país más íntegro del que era”, destaca.

La nueva “Ley contra delitos económicos y atentados contra el medioambiente”, también conocida como “de cuello y corbata”, establece duras penas para la criminalidad económica. Promulgada este mes, busca castigar a aquellas personas que se saltan las reglas y, además, generar más confianza desde la ciudadanía hacia los empresarios.

Para analizar los desafíos de esta flamante legislación, y sus impactos en empresas y directorios, WTW organizó un desayuno con especialistas en el tema. Entre los asistentes estuvo Gonzalo Medina, uno de los redactores del texto, quien profundizó en los alcances de éste.

¿Cuánto ayuda esta nueva ley a la confianza de la ciudadanía en los empresarios?

Esta ley obliga a las empresas a elevar aún más sus estándares de ética e integridad. En este sentido, es una contribución a que la sociedad los perciba de mejor manera, que entienda que hay un castigo adecuado a aquellos que se saltan las reglas y que, en general, las empresas, si cumplen con los deberes que tienen, van a ser un gran aporte al desarrollo del país.

¿Cuáles fueron los puntos donde fue más difícil llegar a un acuerdo?

Mayores disensos no hubo, fue una ley aprobada por amplia mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados. Hubo mucho acuerdo en todos los parlamentarios en que ésta fuera una ley que diera efectivamente una señal al empresariado y a la población de que malas prácticas no son tolerables. Adicionalmente, se tuvo siempre en consideración poner a Chile a nivel de estándares internacionales, o sea, que hacer negocios en Chile cumple los mismos estándares que en países desarrollados.

Hace 10 años, era difícil encontrar a Chile un país corrupto, hoy ha cambiado un poco esa percepción. ¿Se puede decir que Chile es un país corrupto o todavía estamos bajos?

Si uno revisa los índices de percepción de la corrupción a nivel global, Chile se ha mantenido más o menos en el mismo lugar en los últimos años. Lo que existe es mayor investigación, mayores denuncias y más interés de la población por conocer estos hechos. Eso puede hacer que pareciera que hay más corrupción, pero yo creo que Chile ha avanzado a ser un país más íntegro del que era.

¿Cuál es la máxima pena que una persona podría recibir con esta nueva ley?

Depende del delito, hay delitos que van a tener penas muy altas. Por ejemplo, la contaminación medioambiental, generando graves daños a las personas e irreparables al medioambiente, van a tener penas severas, que es como deberíamos haber tenido. En ese sentido, hay cambios.

¿Qué experiencias internacionales sustentan esta nueva ley?

Hay diversas regulaciones internacionales que miramos, como la inglesa y la norteamericana, para guiarnos hacia las mejores prácticas a nivel global en cómo se enfrenta la criminalidad económica. Esas prácticas fueron incorporadas dentro de la ley, por ejemplo, las regulaciones e incentivos a la cooperación eficaz, no sólo en libre competencia o mercado de valores, sino como una regla general en todos los delitos económicos.

“LOS PAÍSES VECINOS NOS RECONOCEN”

En el desayuno también estuvo Manuel Carvallo, socio y gerente general del Estudio Carvallo. El abogado coincidió con Medina, explicando que “Chile tenía que actualizarse y llegar al estándar mundial de la persecución de delitos económicos, comparativamente con lo que se rige en Europa y Estados Unidos. Esto es parte de esa aproximación al mundo empresarial internacional”.

Respecto a la posición chilena en el contexto regional, el especialista fue claro. “Más que la calificación de decir que somos ‘un país corrupto’, es que la corrupción se persiga. Lo bueno es que los países vecinos nos reconocen, es que cuando aparecen casos de cualquier tipo se persiguen, eso es clave. Esta ley permite, a todo nivel público, privado o mixto, que eso ocurra”, comentó.

Otra experta que asistió al encuentro fue Alejandra Schibli, socia fundadora de Schibli Asesores Legales en Seguros Limitada, quien destacó la nueva legislación para elevar la confianza ciudadana. “Le brindará una mayor legitimidad al sector privado, que a veces ha estado tan cuestionado por casos de colusión y eventos de esas características. Sin duda que permitirá al mundo empresarial adecuar sus modelos de prevención de delitos y cambiar también la mirada del riesgo, es decir, asumir una responsabilidad mayor de los riesgos que expone su actividad”, resaltó.

Por su parte, Ricardo Peralta, abogado de Viollier & Asociados Liquidadores de Seguros, señaló que “a nivel de sensaciones, me parece que esta ley debiera marcar un camino para que la ciudadanía vaya cambiando la percepción que hoy tiene del empresariado, sin embargo, habrá que ver cómo se da en la práctica”. Además, tuvo palabras para comparar lo que hoy se vive en la región en torno a los estándares de corrupción: “A diferencia de otros países, me parece que Chile está mucho más bajo, claramente da la impresión de que somos menos corruptos que varios de los vecinos”.

Finalmente, Caroline Baes, Head of Finex de WTW para Argentina, Chile y Perú, resumió la importancia del nuevo marco legal para las compañías. “Es fundamental que las empresas se protejan, comprendiendo bien las implicancias que va a tener la ley y su funcionamiento. Deben informarse para poder prevenir”, cerró la anfitriona de la cita.

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