La comuna de Purén se posicionó entre los municipios con mejor desempeño del país en transparencia activa, según el informe 2025 del Consejo para la Transparencia, logrando además una de las mejoras más importantes a nivel nacional respecto del año anterior.

La Municipalidad de Purén se convirtió en una de las comunas destacadas del país tras los resultados de la fiscalización nacional de transparencia activa 2025 realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT), alcanzando un 91,67% de cumplimiento en las obligaciones establecidas por la Ley de Transparencia.

Con este resultado, Purén se ubicó dentro del grupo de municipalidades con mejores índices del país y entre las comunas mejor evaluadas de La Araucanía, superando ampliamente el promedio nacional de cumplimiento municipal, que este año alcanzó un 81,76%.

El informe del CPLT evaluó a las 345 municipalidades del país, revisando materias relacionadas con disponibilidad, actualización y completitud de información pública, incluyendo presupuestos, compras públicas, participación ciudadana y transparencia administrativa.

Pero uno de los datos más relevantes para Purén fue el importante avance registrado respecto de la medición anterior. En 2024, la comuna había obtenido un 47,8% de cumplimiento, mientras que en 2025 alcanzó un 91,7%, aumentando 43,9 puntos porcentuales en solo un año.

Este incremento posicionó a Purén entre las municipalidades con mayores mejoras del país dentro del listado de organismos que anteriormente habían sido objeto de investigaciones sumarias por bajo desempeño.

En contraste, otras comunas de La Araucanía mostraron resultados considerablemente más bajos. Victoria registró el peor desempeño de todo Chile con apenas un 43,15% de cumplimiento, mientras que Carahue obtuvo un 50,94%, Freire un 55,65% y Galvarino un 56,71%.

A nivel regional, La Araucanía obtuvo un promedio de 77,7%, ubicándose entre las regiones con menores niveles de cumplimiento del país.

El Consejo para la Transparencia explicó que las principales falencias detectadas en municipios del país continúan concentrándose en materias relacionadas con actos administrativos, información presupuestaria y compras públicas.

La fiscalización fue desarrollada entre abril y septiembre de 2025 mediante procesos manuales y semiautomatizados de revisión de la información publicada en los portales de transparencia activa de las municipalidades.

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Para la titular de transparencia los municipios son instituciones fundamentales para las personas, “pues no sólo son la primera cara del Estado frente a la ciudadanía y la institución donde la mayoría de las personas recurre cuando tienen que resolver alguna necesidad, sino que en medio de la pandemia que nos aqueja, hemos sido testigos del importantísimo rol que han jugado las autoridades municipales”, señaló enfatizando que “conocedoras de sus comunidades, se han mostrado activas y diligentes en el cuidado de los intereses y derechos de los vecinos”.

No obstante, De la Fuente, sostuvo que, lamentablemente, también se han conocido importantes  casos de corrupción y prácticas irregulares, sin distinciones políticas y que en el último ejercicio de fiscalización del CPLT, “menos de la mitad de los municipios cumplió satisfactoriamente las exigencias de acceso a información pública y el promedio histórico de cumplimiento de las normas de transparencia activa por parte de las Corporaciones Municipales es apenas de un 54%, cuestiones que no hacen sino erosionar sustancialmente la confianza social y la legitimidad de las mismas”

“Una institucionalidad débil, con una estructura administrativa ininteligible, opaca y con altos niveles de discrecionalidad, presenta condiciones idóneas para la corrupción, la arbitrariedad en la toma de decisiones, y la dilapidación de recursos. Por contrapartida, mientras más altos son los estándares de transparencia y probidad, más clara y oportuna es la rendición de cuentas y más eficiente es la gestión, la prestación de servicios y la entrega de beneficios municipales, tan valiosos y necesarios para mejorar la calidad de vida de las personas.”, espetó la presidenta del Consejo.

Asimismo, la cientista política, señaló que el contexto supone grandes desafíos para el sector que, con recursos siempre escasos, debe cumplir con variadas obligaciones.

“La próxima elección municipal y la discusión que se avecina respecto al rol de los gobiernos locales en el proceso constituyente, es una oportunidad para fortalecer la institucionalidad municipal, poniendo en el centro de la discusión, la necesidad de establecer los mejores mecanismos de transparencia y acceso a la información en su función y dotándolos de las capacidades adecuadas para cumplir cabalmente con esta esencial e insoslayable obligación”, finalizó.

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En su exposición, la titular del CPLT, detalló que en tiempos de la llamada “cuarta revolución industrial”, caracterizada por tecnologías que han permitido generar una “mina de datos personales” explotable con diversos fines, y en que emergen herramientas y técnicas de Big data, Inteligencia Artificial (IA), micro-targeting, entre otras, se ha producido una capitalización de información de millones de personas para generar ofertas y servicios.

De la Fuente afirmó que el problema no son las nuevas tecnologías en sí mismas, sino los malos usos que se hacen de los datos personales, siendo una de sus consecuencias más negativas la desinformación. “Tenemos una serie de avances tecnológicos, pero las buenas noticias también pueden traer aparejadas malas noticias y ello es fundamentalmente la desinformación”, fenómeno que calificó como un flagelo no sólo para las sociedades sino para la procesos democráticos y políticos.

Para enfrentarlo, se refirió a la necesidad de instalar capacidades institucionales para la adecuada protección de datos personales, la promoción y concientización de este problema en la ciudadanía y el establecimiento de un marco normativo adecuado.

“La recopilación de datos no es pasiva, en la práctica los datos transforman el comportamiento humano y de esta manera se han transformado en un vehículo para transformar el mundo, clasificarlo, hacerlo legible y observable, y en eso radica su valor”, sostuvo la representante del Consejo.

“Tenemos que hacer conscientes a funcionarias y funcionarios públicos de la importante que es proteger los datos personales”. Este desafío, apuntó, no sólo se limita al mundo público, sino también al sector privado. También destacó la necesidad de generar conciencia en la población de la importancia de proteger y defender los datos personales de usos abusivos y enfrentar vulneraciones de derechos.

Finalmente, apuntó a lo inadecuado del marco regulatorio vigente en Chile y a lo urgente de “una norma actualizada en materia de protección de datos personales». “Eso nos falta hoy en Chile, nuestra ley es del año 1999”, sostuvo

Desde una perspectiva más amplia, agregó que se requiere contar con “un marco normativo que nos permita efectivamente tener un ecosistema de seguridad de los datos adecuado”. Para ello es fundamental sincronizar políticas y normativas que se relacionan con estos temas, como por ejemplo: ciberseguridad, Inteligencia Artificial, Datos Abiertos, entre otras, con el objetivo de generar sinergias y poder enfrentar desafíos tecnológicos y democráticos, resguardando debidamente los derechos fundamentales de las personas.

El panel que abrió la titular del CPLT estuvo integrado por Eli Pariser autor independiente y representante de la Fundación New America; Karine Nahon, presidenta de la Asociación de Internet de Israel; y el investigador de la Universidad San Sebastián, Jean Gajardo

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En seminario organizado por el Consejo para la Transparencia, representantes de la sociedad civil, Ejecutivo y periodismo de verificación reflexionaron sobre riesgos para la democracia que conlleva la desinformación.

El ministro vocero Jaime Bellolio se refirió a las noticias falsas que circularon ayer sobre contagio del Presidente Piñera por Covid-19, tras informarse PCR negativo del mandatario, y que incluyó que habría tenido contacto con sobrinos que participaron en fiesta clandestina.

Ante un tren eleccionario que incluye un importante número de procesos electorales entre 2021 y 2022, el Consejo para la Transparencia (CPLT) organizó un conversatorio sobre el impacto que puede tener la circulación de informaciones falsas, manipuladas o engañosas en redes sociales y los riesgos que implica para la legitimidad de estos procesos y la democracia.

La titular del CPLT, Gloria de la Fuente, contextualizó el fenómeno refiriendo a una crisis de confianza en las instituciones –incluyendo medios que tienen protocolos de verificación-, un incremento del uso de redes sociales e Internet por parte de los chilenos, y a cambios en las formas de generación y consumo de información, lo que incluye un mayor porcentaje de personas que se informan vía redes sociales.

En este marco, explicó es mucho más complejo la difusión de información oficial, dado que entidades clave para el circuito informativo caen en niveles de credibilidad. Por ello, planteó que “desde el Consejo para la Transparencia nuestro interés fundamental es que se promueva que la información pública es muy relevante y la veracidad aún más”.

Detalló que el CPLT inició “un trabajo que involucra a varios actores –académicos, organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, autoridades- de manera tal de generar una iniciativa que permita tener una plataforma común en torno a la desinformación y cómo la combatimos como flagelo importante”. Por ello ante un ciclo electoral muy fértil como el que enfrentará Chile este año y el próximo se tomen resguardos para prevenir e informar a la ciudadanía.

Ante la situación del país en esta materia, Marcela Ríos, representante asistente del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Chile (PNUD), subrayó que Chile es parte de un programa piloto que impulsa el organismo en varias naciones de la región “preocupados por el efecto nocivo que tiene la difusión de información errónea, maliciosa, de desinformación o contaminación informativa y vemos que en muchos países esto está teniendo efectos en las elecciones, en la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones”.

¿Mentir sale barato en Chile?

“El problema es que son muchas elecciones y no hay mucha información de dónde echar mano”, explicó el director del medio de verificación Fastchecking.cl, Fabián Padilla. Asimismo, planteó que los este tipo de periodismo surge porque: “Hay que elevar el costo de la mentira”. “El presidente Trump dijo hasta hoy que su elección fue un fraude y hay gente que elige creer en eso”, “porque mentir es gratis”, dijo. Explicó que iniciativas como la que lidera buscan “elevar el costo” y que a ciertos actores “les salga más caro mentir”.

Jaime Bellolio, ministro Secretario General de Gobierno, comentó que que en un marco de poder más horizontal, las redes sociales facilitan la ocurrencia de ciertos fenómenos y lógicas a nivel mundial como el de las “funas” y las amenazas, y se refirió a una serie de contenidos que han circulado en el último como ejemplos de contenidos falsos. Así refirió a la circulación de información sobre el estado de salud del presidente Piñera y el inicio de una cuarentena, al igual que la primera dama, por contacto estrecho con una persona con PCR positivo para Covid-19: “que habían sobrinos de él que estaban en Cachagua, mentira; que esos sobrinos lo habían contagiado a él, mentira –porque no estaba contagiado-; y tercero, que presentaba síntomas graves”. Y agregó: “eso se transforma en una especie de realidad y es muy difícil combatirla”.

Desinformación y vacunas

A juicio de quien encabeza el Consejo, el desafío no es sólo para la democracia y los procesos eleccionarios “sino también porque estamos enfrentando una situación sanitaria en el mundo que nos desafía”. Por ello, se debe pensar cómo enfrentar el fenómeno de la desinformación y las Fake News de cara a la protección y fortalecimiento de procesos muy sensibles para la vida de la población, como es la estrategia de vacunación por Covid-19.

Desde esta perspectiva, Padilla de Factcheckin.cl subrayó que la desinformación en este ámbito requiere de atención porque “es muy grave. Hoy hay mucha gente que desconfía de las vacunas» y planteó como desafío de qué forma el Estado «se va a hacer cargo de que la gente vuelva a confiar».

Vacíos regulatorios

De la Fuente del CPLT destacó que la desinformación puede abordarse desde varias aristas, entre ellas destacó el binomio libertad de expresión y poner límites a mensajes de odio y el uso de big data o datos de forma masiva, lo que instala una discusión respecto de la protección de datos personales y los vacíos que evidencia una ley que no se moderniza desde 1999.

“Tenemos que estar alerta porque es la regulación, pero también la educación de la ciudadanía”, dijo la titular del Consejo. Sobre el punto destacan las campañas del CPLT “Descomparte” y “No te Creas Todo” del PNUD, que buscan que las personas colaboren a poner freno a la circulación de contenidos engañosos o maliciosos

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En el marco de una fiscalización -entre abril y julio de este año- el Consejo para la Transparencia (CPLT) recibió de parte de Carabineros datos personales como el RUT de los solicitantes de distintos tipos de permisos.  

La titular informó que el CPLT remitió a organismos de la administración central del Estado recomendaciones actualizadas en materia de protección de datos personales, como una forma de enfrentar algunas situaciones que evidenció con más fuerza la pandemia y de colaborar mientras no haya un ecosistema de seguridad de datos para resguardar adecuadamente a los ciudadanos.

Una fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) arrojó, entre otros hallazgos, la entrega masiva del número de identificación de los solicitantes de algún tipo de permiso o salvoconducto en Comisaría Virtual, tras limitarse la libertad de desplazamiento en tiempos de emergencia sanitaria por Covid-19.  

Esto a partir de la entrega del banco de datos que contenía esta información personal de los usuarios de la plataforma y que Carabineros remitió al CPLT en el marco del proceso de auditoría. La respuesta de la entidad policial a una solicitud del organismo –bajo la metodología de usuario simulado- permitió “acceder a los datos de comuna, Estado Final (Emitido/Permiso No Emitido), Fecha, ID, Nombre Empresa, Origen, Proceso ID (tipo de permiso), Rubro, RUN Personas Naturales, RUT Personas Jurídicas» , señala informe del CPLT.

Al respecto, la presidenta de la entidad, Gloria de la Fuente, explicó que este tipo de situaciones permite mostrar que “el acceso a datos personales no sólo ocurre por hackeos, sino muchas veces por acciones o decisiones que favorecen la exposición de información personal, que en este caso involucran datos sensibles, como ocurre con información sobre hábitos como cuántas veces a la semana y en qué horarios voy al doctor o compro alimentos o medicamentos para mi familia”.

“La digitalización es un esfuerzo en el que estamos comprometidos, pero ésta debe ir de la mano con una generación de conciencia a nivel de los organismos públicos y con la instalación de un ecosistema de seguridad de los datos, es decir, un marco regulatorio específico que determine las obligaciones y responsabilidades que deben asumir tanto el sector público como el privado”, dijo la titular del CPLT.  

Agregó en este sentido “Que el Estado o empresas manejen datos debe darse bajo reglas claras y tenemos que resguardar que esas reglas se cumplan. Esta normativa, de 1999, se hace cargo de establecer ciertos principios de recopilación de información y ciertas obligaciones como la inscripción de bases, por ejemplo”.

“Por ello –explicó- para colaborar con estos objetivos, el Consejo para la Transparencia remitió vía Resolución Exenta a los organismos de la administración central del Estado recomendaciones actualizadas y nuevas disposiciones relativas al tratamiento de información personal”.  

Su finalidad es “incrementar y mejorar el nivel cumplimiento de las obligaciones” en la materia y “contribuir a elevar los estándares de protección de los datos personales en poder de los órganos de la Administración del Estado a fin de asegurar los derechos que la Constitución y las leyes reconocen a los titulares de los mismos” (Resolución Exenta Nº 304 del 30 de noviembre 2020). 

De la Fuente precisó respecto de esta acción que: «Desde el Consejo podemos requerir información para velar por la protección de datos personales –acorde a lo establecido en el artículo 33 letra m de la ley de transparencia-, pero no tenemos facultades más allá de establecer la existencia de alguna vulneración, las personas están desprotegidas, no podemos sancionar y eso es una limitante de la norma actual. El proyecto de ley que se discute hace años en el Congreso sí lo contempla”.

Agregó que: “La pandemia y este tipo de casos sirven para ilustrar nuestros déficits y uno de los más importantes es que en Chile, tras comprobarse una vulneración en el mundo privado o público, no existe una institucionalidad específica que se haga cargo adecuadamente de esto y que proteja a las personas con un adecuado régimen de sanciones, por ejemplo. Por ello esperamos se dé urgencia al proyecto de ley”.

Base de datos sin inscripción

El proceso impulsado por el CPLT permitió además conocer sobre la tardía inscripción en el Registro Civil del banco de datos generado con la información de millones de personas, obligación establecida en la ley vigente de protección de datos personales.  

Desde el Consejo explicaron que, en el contexto del análisis de la situación de seguridad de los bancos de datos asociados a la Comisaría Virtual, pese a que dado que la ley vigente presenta falencias “sí establece que los organismos del Estado deben inscribir estas bases ante el Registro Civil e Identificación”, subrayó De la Fuente. 

Para auditar que se diera cumplimiento a lo anterior, el equipo de fiscalizadores del Consejo realizó solicitudes de acceso a la información a este organismo y a Carabineros, logrando establecer que, al 30 de junio, la policía uniformada no había hecho el mencionado registrado. Durante el desarrollo del proceso de fiscalización, la entidad informó con fecha 11 de agosto que la inscripción se encontraba en proceso.  

La fiscalización del Consejo involucró el análisis y caracterización del acceso, los contenidos y detalles del banco de datos generado a partir de los distintos tipos de autorizaciones entregadas por Carabineros vía Comisaría Virtual en este caso entre marzo y junio de este año. En dicho período se registraron 33.718.270 de solicitudes de permisos temporales individuales y salvoconductos individuales y de uso colectivo. Más de un 91% (30.832.437 registros) correspondientes a registros efectivamente emitidos. 

Políticas de privacidad   

Otra de las aristas auditadas en el marco del proceso impulsado por el Consejo, incluyó la revisión de las políticas de privacidad y términos y condiciones de uso y tratamiento de información personal. En el marco de la auditoría, se evidenció, a partir de información entregada por la institución uniformada, que Carabineros no habría tenido al 9 de julio de 2020 una política de privacidad disponible para informar a los usuarios la forma en que se trataría y resguardaría su información personal, puesto que comunicó que esta se encontraba en “actual desarrollo”.  El enlace a éstas se habilitó cerca de un mes después.  

Acorde al análisis del CPLT esta política de privacidad “presenta información general relacionada a la construcción de la plataforma” y contiene algunas “deficiencias”, como, por ejemplo, no contemplaría antecedentes sobre “posibles transferencias de datos, derechos de los titulares de los datos y tiempo de conservación de la información, pese al deber de informar que tienen los organismos de la administración del Estado”, se lee en el informe del organismo. 

Caracterización de los permisos 

Del total de registros un 95%, correspondiente a 29.249.658 registros, correspondió a permisos temporales de carácter individual, entregados a 6.647.139 personas diferentes. Es decir, en promedio, a cada solicitante se le otorgaron 4 permisos. 

el caso de este tipo de permisos, un 61% (correspondiente a 17.911.798 registros) se asociaron a compras de insumos básicos; 11% (3.226.229 de registros) a pago de servicios básicos y 10% (2.990.078 registros) fueron otorgados con el fin de asistir a establecimientos de salud. 

El permiso con fines de pasear a mascotas concentró un 6,8% (1.984.922 registros) y el de entrega de alimentos u otros insumos de primera necesidad a adultos mayores un 5,7% (1.679.417 registros). 

En cuanto a los salvoconductos colectivos, se detectaron 1.477.452 registros, equivale a un 4,79%, los que fueron solicitados por 261.376 empresas diferentes. En promedio cada organización solicitó 6 salvoconductos. Acorde a la información proporcionada por Carabineros de Chile, el 66% (986.467 registros) de los salvoconductos colectivos se entregó a empresas básicas, el 33 % (490.854 registros) a servicios esenciales y el 0,01% (131) a grandes empresas. No obstante, 30 empresas solicitaron un 13% de este tipo de salvoconducto, siendo Walmart la que registró la mayor cantidad de estos registros (132.297).  

A nivel de comunas, las personas a las a que se les otorgaron mayor cantidad de permisos temporales y salvoconductos eran residentes en Santiago Centro, Puente Alto, Ñuñoa, Maipú y Las Condes. Estas concentraron el 30% a nivel nacional. Sin embargo, al relacionar estos datos con el número de habitantes de cada comuna se observa que el ranking de las 5 comunas que solicitan más permisos cada 100.000 habitantes está compuesto por Ñuñoa, Santiago Centro, Providencia, San Miguel y Las Condes, solicitando al menos 7 veces más permisos que el promedio nacional. 

Respecto del período analizado por el CPLT, éste identificó un aumento en la cifra total de permisos y salvoconductos otorgados a medida que se acercaban los meses de invierno, concentrándose el mayor número de permisos el 23 de junio, último día contemplado por la Fiscalización. La situación descrita anteriormente también ocurre con los permisos temporales individuales. En cambio, los salvoconductos de uso colectivo muestran un carácter oscilante, llegando a su punto máximo el día 5 de mayo de 2020. Con posterioridad a esta fecha disminuyen considerablemente. 

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Fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) evidenció reiterados incumplimientos por parte de estos y otros organismos del ámbito sanitario, entre otras, solicitudes de información sin responder o entrega de antecedentes fuera de plazo. En el caso de la subsecretaría de Redes Asistenciales se identificaron requerimientos de 2019, previo a la pandemia, sin ningún tipo de gestión, levantando las alertas en el organismo que debe garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia.   

Los procesos, que pueden extenderse por un plazo de 60 días, podrían implicar sanciones de entre un 20% y un 50% de las remuneraciones del jefe de servicio, es decir, de los subsecretarios. En el caso de Redes Asistenciales ésta no sería aplicable tras la renuncia de Arturo Zúñiga.   

El Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió instruir investigaciones sumarias a las subsecretarías de Salud Pública y de Redes Asistenciales al constatar solicitudes de acceso a la información sin respuesta y otras fuera de plazo acorde a lo establecido por la Ley de Transparencia.   

Tras fiscalizar a 25 organismos del sector salud en tiempos de pandemia –incluyendo las dos subsecretarías, seremías, servicios de salud y hospitales- en un 76% de los casos evaluados (más de 260 solicitudes de acceso a la información) se habrían establecido infracciones a normas de derecho de acceso a la información.   

Sobre el proceso, la presidenta del Consejo, entidad que debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Transparencia, Gloria de la Fuente, subrayó la relevancia del acceso a información de entidades públicas en contextos de crisis: “En el marco de una emergencia sanitaria como la que generó el Coronavirus, tener acceso a información oportuna puede salvar vidas”.    

Destacó además que contar con antecedentes de fuentes oficiales “colabora con el proceso de toma de decisiones y permite ejercer control por parte de la sociedad sobre lo que se hace y las decisiones que se toman”. Lo anterior, dijo “es central, puesto que ayuda a reconstruir o reparar la confianza y dota de legitimidad a las acciones que emprenden las autoridades, cuestión esencial si lo que se busca es que las personas acaten las medidas que se toman para el cuidado de todas y todos, más aún si se espera un aumento en los contagios”.   

La politóloga explicó que “El Consejo Directivo estableció al inicio de la emergencia sanitaria que el derecho a acceder a información pública se mantenía en el contexto del estado de excepción constitucional. Así lo informamos vía oficio y declaración pública a los organismos públicos, por lo que es parte del ejercicio de nuestro rol garantizar que no se vulnere el derecho de las personas a que se les entregue información”, en particular en contextos sensibles como el de la pandemia por Covid-19.

La presidenta del CPLT detalló parte de las acciones de fiscalización impulsadas por la entidad en el ámbito sanitario durante 2020 y cómo se relacionaron con el proceso que terminó con investigaciones sumarias para las subsecretarías. Sobre ello dijo: “El Consejo consideró que en un contexto de pandemia era importante saber qué estaba pasando en materia de acceso a la información no sólo para controlar recursos, sino también para saber si las entidades estaban respondiendo a requerimientos de información, que en contextos de crisis transforman a la información en un insumo clave”   

De la Fuente comentó que tras una serie de procesos focalizados en materia de compras –como test rápidos-, residencias sanitarias, entre otros, “el equipo de fiscalizadores del Consejo identificó que de manera consistente algunos servicios no respondían a las solicitudes de información o lo hacían de forma extemporánea, lo que levantó las alertas para desarrollar un proceso centrado en este tipo de incumplimientos”.   

En algunos casos, como el de la Seremi de Salud de Los Lagos, no fue posible acceder a los expedientes administrativos, por omisión desde los organismos o ausencia de respuesta a los requerimientos de la Dirección de Fiscalización del CPLT. También destacaron por altos niveles de incumplimientos y entrega parcial de expedientes el Servicio de Salud de Concepción y el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio.   

Sanciones   

La titular del Consejo enfatizó en que “es comprensible que las funciones que deben desarrollar los funcionarios de las entidades sanitarias se hayan visto afectadas por la pandemia”. Sin embargo, apuntó a la necesidad de dar continuidad a las acciones pro-transparencia en un marco de crisis de confianza institucional. Atendiendo el contexto de emergencia sanitaria “se puede entender que haya más dificultades para responder, pero nada justifica el incumplimiento de la ley, ni siquiera el estado de excepción constitucional. De hecho, es parte de las advertencias que en el contexto de la pandemia hizo la Corte Interamericana de Derecho Humanos y que el Consejo reconoció ampliamente”.

Respecto de la situación de la subsecretaría de Salud Pública, el CPLT identificó requerimientos de información que no registraban ningún tipo de gestión desde 2019. Otro hallazgo fue que en 9 de 10 de las solicitudes sin respuesta a las que se hizo seguimiento fueron respondidas durante el proceso de auditoría.  

En cuanto a las sanciones que podrían derivar de estas investigaciones sumarias –que tienen un plazo para resolverse de 60 días-, se contemplarían multas que van de entre un 20% y un 50% de las remuneraciones del jefe de servicio, es decir, de los subsecretarios. En el caso de Redes Asistenciales ésta no sería aplicable tras la renuncia de Arturo Zúñiga.   

En el caso del resto de los servicios, se otorgó un plazo de 90 días desde que fueron notificados de los resultados del proceso para regularizar la situación, previo a que se inicie una nueva fiscalización.   

Registros voluntarios

El proceso, desarrollado entre los meses de julio y octubre, se basó en la selección aleatoria de solicitudes de acceso a la información a partir de los registros del Portal de Transparencia del Estado, plataforma electrónica cuya adscripción resulta voluntaria para las entidades públicas, bajo la administración del Consejo para la Transparencia. 

Ante la identificación de importantes volúmenes de solicitudes de acceso a la información con plazos vencidos y sin respuesta registrada en el Portal de Transparencia del Estado en entidades de salud, sobre el 60% del total en trámite, la fiscalización se dirigió específicamente a los organismos del sector salud que presentaban proporcionalmente más casos en esa situación. 

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Así lo explicó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, quien apuntó a que cualquier tipo de beneficio, incluyendo el bono de clase media, quedan sujetos a obligaciones de transparencia activa de las instituciones públicas y, por ende, deben estar publicadas en sus respectivos sitios web.

Desde el organismo aclararon, además, que en el caso que cualquier solicitante quisiera acceder a información personal adicional de quienes hayan recibido algún tipo de beneficio o subsidio, sólo deben entregarse los datos que permitan su acertada identificación.

“La jurisprudencia del Consejo en este sentido es que el nombre y el número de cédula de identidad ayudan al control social, es decir, como se está haciendo ahora, a verificar si los beneficiarios efectivamente cumplen con los requisitos para haber recibido asignaciones de recursos públicos”, dijo el titular de Transparencia. 

Sin embargo, subrayó que “deben mantenerse bajo reserva otros datos como, por ejemplo, el domicilio, teléfono y correo electrónico del beneficiario, por no ser estrictamente necesarios para individualizarlo”. Esto último de acuerdo a recomendaciones emanadas desde el propio Consejo (Instrucción Nº11).

En el caso del domicilio particular, el abogado del CPLT informó que sería posible identificarlos por comunas, de manera de establecer algún tipo de tendencia general de distribución de las asignaciones de este tipo.

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Así lo explicó el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, quien apuntó a que cualquier tipo de beneficio, incluyendo el bono de clase media, quedan sujetos a obligaciones de transparencia activa de las instituciones públicas y, por ende, deben estar publicadas en sus respectivos sitios web.

Desde el organismo aclararon, además, que en el caso que cualquier solicitante quisiera acceder a información personal adicional de quienes hayan recibido algún tipo de beneficio o subsidio, sólo deben entregarse los datos que permitan su acertada identificación.

“La jurisprudencia del Consejo en este sentido es que el nombre y el número de cédula de identidad ayudan al control social, es decir, como se está haciendo ahora, a verificar si los beneficiarios efectivamente cumplen con los requisitos para haber recibido asignaciones de recursos públicos”, dijo el titular de Transparencia. 

Sin embargo, subrayó que “deben mantenerse bajo reserva otros datos como, por ejemplo, el domicilio, teléfono y correo electrónico del beneficiario, por no ser estrictamente necesarios para individualizarlo”. Esto último de acuerdo a recomendaciones emanadas desde el propio Consejo (Instrucción Nº11).

En el caso del domicilio particular, el abogado del CPLT informó que sería posible identificarlos por comunas, de manera de establecer algún tipo de tendencia general de distribución de las asignaciones de este tipo.

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El presidente del CPLT, Jorge Jaraquemada, subrayó que “las instituciones responsables de estos trámites deben tomar todas las medidas de seguridad disponibles para evitar usos abusivos y no autorizados de los datos de las personas que retiren sus fondos, y además comunicarlas adecuada y oportunamente”.

El titular de Transparencia agregó que “esperamos que los organismos que estarán a cargo de la seguridad de estos procedimientos implementen y refuercen sus mecanismos digitales con miras a la adecuada implementación de este proceso y al resguardo de la información que se recopile”. Explicó que una de las cuestiones clave del retiro de fondos es la autentificación de la identidad, es decir, demostrar que la persona que solicita el retiro del dinero es quien dice ser.

Además, Jaraquemada, especificó que “no sólo se requiere demostrar fehacientemente la identidad del titular de los fondos, sino también determinar la voluntad del afiliado o cotizante que solicita el retiro, procedimientos que requieren de la entrega de datos personales por parte de aquellos que quieran implementarlo”.

El abogado apuntó que este tipo de cuestiones adquiere aún más relevancia en tiempos de emergencia sanitaria por Covid-19, dado que “no se puede exponer a los ciudadanos a riesgos innecesarios. Ellos deben tener información oportuna y clara de cómo proceder para realizar este trámite”.

“La idea es que la gente pueda realizar este procedimiento en línea para evitar trámites presenciales, lo que requiere que se tomen las medidas de resguardo de datos personales de los cotizantes, que se van a recopilar y tratar en el marco de este proceso”, detalló el representante del Consejo.

Recomendaciones a organismos responsables de tratamiento de datos personales

Desde el CPLT informan que las entidades responsables de registrar y almacenar datos personales que serán solicitados en el marco del proceso de retiro de fondos previsionales deben –acorde a lo establecido por la ley de protección de datos datos personales-:

• Implementar todas las medidas necesarias –técnicas y organizativas- para resguardar los datos personales de filtraciones o hackeos, garantizando su confidencialidad y acceso no autorizado.
• Informar adecuada y oportunamente a los usuarios acerca de los procesos y requisitos que se establecerán para cuidar sus datos personales, señalando qué medidas de seguridad van a implementar con este fin.
• En el caso de trámites en línea –que implican levantar y recopilar datos personales- deberán usar sitios con protocolos seguros, que garanticen que los datos introducidos a la web serán cifrados, restringiendo que sean interceptados por personas no autorizadas.
• Establecer medidas que impidan la suplantación del cotizante y que permitan una correcta autentificación de la identidad del afiliado. Es decir, deben tomar resguardos para que terceros no puedan usar datos personales –como el nombre, número de identidad o imagen- a los que accedan mediante sustracción de claves, para hacerse pasar por una persona que solicita retirar sus fondos.

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Consejo para la Transparencia (CPLT) detectó: problemas para acceder a información que permita caracterizar el gasto, dueños, localización y número de recintos privados arrendados por la autoridad sanitaria; incumplimiento de normas de transparencia en diversos servicios de salud; y eventuales vulneraciones a la Ley de Compras derivados de procesos cursados sin resolución aprobatoria a la fecha de cierre del proceso. Esta última situación se repite en seis procesos de compra de cerca medio millón de test rápidos de la Subsecretaría de Salud Pública, una de ellas a una comercializadora de productos cosméticos coreanos, proveedor no inscrito en el ISP.

A esto se suman inconsistencias en arriendos de recintos como en la adquisición de kits de detección del Coronavirus como diferencias entre las cifras registradas en los contratos y órdenes de compra.

“Creemos en el trabajo que está realizando la ciudadanía activa, diversos periodistas y organizaciones de la sociedad civil, que han estado atentos para escrutar las acciones y decisiones de las autoridades, por ello ante faltas de respuestas de los organismos públicos la recomendación es a presentar su reclamo ante el Consejo y así reforzar el derecho de acceso”, afirmó el presidente de la entidad, Jorge Jaraquemada.

“Información escasa y poco clara” y compras sin resolución que las apruebe de test rápidos para detectar el Covid-19 y para la adquisición de bienes y servicios asociados al programa de residencias sanitarias –en particular arriendos a privados-, son parte de las evidencias que reportaron informes de Fiscalización del Consejo para la Transparencia (CPLT) focalizados en gastos para enfrentar el Coronavirus. Asimismo, el organismo identificó inconsistencias en procesos administrativos como: diferencias entre los montos de los contratos y las órdenes de compra y la ausencia de mecanismos formales precisos para ciertas contrataciones.

El CPLT impulsó dos procesos centrados en compras asociadas a la emergencia sanitaria por Covid-19, con el objetivo de analizar las condiciones en las que las autoridades del sector están transparentando antecedentes sobre adquisiciones de aspectos clave de la estrategia para contener el contagio de la pandemia, utilizando para ello herramientas de la Ley de Transparencia -como requerimientos de información a entidades públicas responsables y documentos o registros que deben publicarse en la web de las instituciones o en otras fuentes abiertas-.

Al respecto, el titular de Transparencia, Jorge Jaraquemada detalló: “evaluamos el cumplimiento de obligaciones de transparencia asociadas a compras en el ámbito de la salud, a partir de la caracterización de las residencias sanitarias y de eventuales fórmulas o procedimientos de adquisición de bienes y servicios como kits de detección de Covid-19 y arriendos de recintos a privados, entre otros”.

A partir del análisis del CPLT y de las limitadas respuestas que dieron los organismos a los que se requirieron antecedentes, la entidad pudo establecer “poca claridad en los procesos de compra de bienes y servicios asociados a la puesta en marcha de residencias sanitarias e información limitada sobre este tipo de contrataciones como en las de los kits de detección rápida, lo que nos impidió caracterizar bien la oferta e identificar estándares y/o mecanismos formales precisos en este tipo de adquisiciones. Más allá de evidenciar que todas son autorizadas vía trato directo aludiendo al estado de emergencia”, detalló el presidente del organismo, Jorge Jaraquemada.

Ante ello, el titular de Transparencia sostuvo: “El ejercicio del derecho de acceso a la información está en riesgo en el sector salud en los ámbitos fiscalizados”. Agregó que: “El recordatorio para las autoridades es que el derecho de acceso a la información no está suspendido en el contexto de la crisis sanitaria y que no sólo deben cumplir con la ley sino intentar ir más allá, porque donde hay transparencia hay confianza y la confianza es la única que dotará de legitimidad a las decisiones que se tomen”.

Asimismo, Jaraquemada enfatizó en el rol de los ciudadanos: “creemos en el trabajo que está realizando la ciudadanía activa, diversos periodistas y organizaciones de la sociedad civil, que han estado atentos para escrutar las acciones y decisiones de las autoridades, por ello ante la falta de respuestas de los organismos públicos la recomendación es a presentar su reclamo ante el Consejo y así reforzar el derecho de acceso”.

Mapeo incompleto de las residencias

El proceso impulsado por el CPLT para obtener información que permitiera individualizar y caracterizar la oferta de recintos privados usados como residencias sanitarias y sus dueños, tuvo resultados limitados: sólo pudo identificar un 62% del universo informado por el Ministerio de Salud (Minsal) el 24 de junio pasado (equivalente a 138 residencias a nivel nacional). Además, fue imposible establecer los mecanismos o criterios utilizados por la autoridad para contabilizar las residencias disponibles.

Los informes del Consejo detallan algunas situaciones que apuntan a dificultades en el  adecuado ejercicio de control social. Entre ellas destacan cifras oficiales informadas que no coinciden con las que identificó el CPLT –en los casos de las regiones Arica y Parinacota y Los Lagos el universo superó el número comunicado por la autoridad -; 32 recintos en los que no se encontró en las fuentes consultadas una orden de compra asociada al arriendo y cuya individualización sólo pudo efectuarse mediante antecedentes levantados en la web de organismos públicos o noticias de prensa. En 51 residencias sí se constataron uno o más documentos de este tipo en Mercado Público (71 documentos) o bien un contrato relativo a bien inmueble o un convenio informado en Transparencia Activa.

Respecto del gasto asociado al arriendo de estos recintos, desde el CPLT se logró estimar –a partir de la información disponible en los plazos de desarrollo de las fiscalizaciones- un gasto de 6 mil 500 millones de pesos ($6.560.156.539). Sin embargo, la cifra debiera ser más alta dado que el organismo identificó diversas órdenes de compra asociadas a arriendos por montos de un $1 peso, las que aparentemente serían regularizadas en fecha posterior –fuera del plazo de esta fiscalización- mediante la emisión de una nueva orden de compra. En otros casos, pese a no localizarse registro que autorice arriendos de un recinto sí se encontraron órdenes de compra correspondientes a compras de suministros para residencias en algunas regiones –de televisores y servicios de atención en salud, entre otros-.

Otra inconsistencia administrativa detectada en el período de la fiscalización, apuntó a que sólo en el caso de 25 comunas se pudo dar cuenta de antecedentes como el monto y las partes intervinientes -a través del acceso a registros del sistema de compras públicas o por medio de actos administrativos publicados en las secciones de Transparencia Activa-. En los demás casos, no fue posible consolidar antecedentes referidos a los procedimientos adoptados por la autoridad para formalizar los acuerdos asociados a cada residencia.

En cuanto a las solicitudes de información realizadas en el marco de este proceso a diversas entidades, que podrían haber colaborado a reconstruir el mapeo de las residencias los antecedentes recibidos fueron casi nulos hasta la fecha de cierre de la fiscalización del CPLT. A partir de lo consignado en el informe del organismo hasta la primera semana de julio sólo se podría haber constatado que el Servicio de Salud Metropolitano Oriente cuenta con 6 residencias y que el Servicio de Salud Osorno dispuso de un hotel.

Compras sin resolución y adquisición a importadora coreana no inscrita en el ISP

Con respecto a la adquisición de test rápidos por parte de la Subsecretaría de Salud Pública realizadas entre marzo y abril de 2020 disponibles en Transparencia Activa, el Consejo para la Transparencia pudo calcular un gasto cercano a los 12 mil 300 millones de pesos ($12.270.811.378), asociado a siete compras por poco más de 1 millón 500 mil kits de detección de Covid-19 (1.500.010) vía trato directo e invocando la causal de “emergencia, urgencia o imprevisto” –art. 8º de la Ley Nº 19.886-.

De dichos procesos, sólo el primero -del 19 de marzo de 2020- y que involucra las cifras más altas, contaba con resolución aprobatoria aunque fechada el 19 de mayo, dos meses después de emitida la orden. En este caso se ordenaba la compra de 1 millón de test por cerca de 9 mil millones ($8.925.000.000) a nombre de la empresa BIOQUIMICA.CL.S.A. Dicha situación y la de las seis compras restantes -por un monto promedio individual de $6.997- acorde a lo establecido por el Consejo, podría contravenir lo establecido en el artículo 50 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, que establece la publicación de la resolución fundada que autoriza la procedencia del Trato o Contratación Directa, especificando el bien y/o servicio contratado y la identificación del proveedor con quien se contrata, a más tardar dentro de un plazo de 24 horas desde la dictación de dicha resolución.

Respecto de los proveedores, el Consejo realizó algunos hallazgos de los cuales se desprenden requisitos genéricos y poco excluyentes para definir las empresas con las que se establecen contratos. Por ejemplo: la Subsecretaría de Salud Pública habría adquirido 100 mil test a Skinlab SPA, empresa cuyo rubro se asocia a comercialización de cosmética coreana.

Tras solicitar mayores antecedentes sobre dicha compra al organismo responsable y sobre aquella compañía al Instituto de Salud Pública (ISP), este último reportó que tras la revisión de registros de inscripción de empresas fabricantes, importadoras y distribuidoras de dispositivos esta “no aparece en el listado de inscripción, tampoco se tienen solicitudes ingresadas a la fecha por la empresa señalada”. El CPLT pudo dar cuenta sólo con un documento único en Mercado Público asociado al proceso de compra en cuestión correspondiente a un certificado de disponibilidad presupuestaria cuyo monto establece $702.100.000 y en palabras indica “sesenta millones pesos”, inconsistencia administrativa que se identificó en el caso de otra de las adquisiciones de test rápidos.

Respecto de la inscripción del test COVID-19 vendido por la entidad mencionada, el ISP informó que “no ha sido registrado ni aprobado por el ISP, por tanto no existen resoluciones de aprobación para este producto”. Ante la falta de una resolución aprobatoria que respalde la compra y la denominación genérica del producto en la orden de compra, fue imposible cruzar la información con el listado del ISP con fines de verificación.

Espacio Riesco

Pese a que la autoridad sanitaria ha informado que no se trataría de una residencia sanitaria, en el caso de Espacio Riesco se detectó que la contratación corresponde a un contrato relativo a bienes inmuebles suscrito por la Subsecretaría de Redes Asistenciales con el Centro de Convenciones Santiago S.A., por un monto de 5.400 UF para el período comprendido entre 01/05/2020 – 21/08/2020. Se advierte que a pesar de constituir un contrato de arriendo de bien inmueble, la resolución aprobatoria corresponde a un acto que autoriza la modalidad de trato directo, califica la urgencia y aprueba dicha contratación, y la fecha de dictación del documento fue 35 días hábiles después de la firma del contrato.

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