En el inicio del juicio oral por el triple homicidio de funcionarios de Carabineros ocurrido en abril de 2024, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo ante el tribunal que el ataque no solo buscó quitar la vida a tres personas, sino golpear al Estado de Derecho, solicitando penas de presidio perpetuo calificado para los acusados.

Con una exposición marcada por la gravedad de los hechos y el impacto social del crimen, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, sostuvo que el asesinato de tres funcionarios de Carabineros de Chile en la comuna de Cañete constituye un crimen de odio, perpetrado contra lo que las víctimas representaban como institución.

El juicio oral se inició este lunes en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cañete, casi dos años después del ataque ocurrido la madrugada del 27 de abril de 2024, cuando los suboficiales Carlos Cisternas Navarro, Sergio Arévalo Lobo y Misael Vidal Cid fueron emboscados y ejecutados en el sector de Antiquina. Por estos hechos, enfrentan juicio Nicolás Rivas Paillao y los hermanos Tomás, Felipe y Yeferson Antihuen Santi.

Durante la primera jornada, el fiscal Garrido delineó con dureza la tesis del Ministerio Público, señalando que se trató de una acción planificada y consciente. “Se trata de una violencia voluntaria, planificada y artera, destinada a imponer miedo y demostrar control territorial mediante una demostración de fuerza”, afirmó ante el tribunal, agregando que estos hechos “apuntan a socavar las bases mismas del Estado de Derecho”.

Uno de los puntos centrales de la acusación es la evidencia encontrada en el domicilio de los imputados. Según expuso el persecutor, la presencia de armas y especies sustraídas a los propios carabineros, halladas durante diligencias de la Policía de Investigaciones, constituye un antecedente clave para el veredicto. “Pedimos al tribunal que observe la evidencia en su conjunto y llegue a la única conclusión coherente: la responsabilidad de los imputados en los hechos materia de esta acusación”, sostuvo.

El fiscal fue enfático al explicar el sentido profundo del crimen. “Las víctimas que fueron atacadas no fueron atacadas en cuanto personas, sino por lo que ellas representaban. Fueron asesinadas por su condición de carabineros, porque encarnaban la presencia del Estado en el territorio que los imputados desprecian”, señaló, calificando el hecho como “claramente un crimen de odio”.

Garrido advirtió que las consecuencias de ese odio trascienden a las víctimas directas. “Las primeras consecuencias las sufre toda la comunidad, que ve cómo se debilitan las bases de una convivencia pacífica, pero las seguirán sufriendo las familias de las víctimas”, expresó.

Por estos delitos, la Fiscalía solicitó presidio perpetuo calificado, la pena más alta contemplada en la legislación chilena, además de otras condenas que superan los 20 años de cárcel por ilícitos como robo con violencia, incendio, porte ilegal de armas, traslado de restos humanos y otros delitos asociados.

El juicio, que contempla una extensa y compleja rendición de pruebas, se extenderá por alrededor de 51 días, y continuará este martes a partir de las 10 horas, en un proceso que ha vuelto a remecer al país por la brutalidad de los hechos y su profundo impacto institucional y humano.

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