Detectives hallaron casi 400 kilos de cable eléctrico en un predio agrícola. No hubo detenidos, pero se incautaron elementos usados para el delito.

Un importante golpe al robo de cables se concretó en la comuna de Traiguén, luego que detectives de la Brigada de Investigación Criminal lograran recuperar una gran cantidad de cobre sustraído desde tendido eléctrico, avaluado en más de 2 millones 700 mil pesos.

El procedimiento permitió recuperar 17 rollos de alambre de cobre de 6 milímetros, equivalentes a 396,5 kilos, los que habían sido robados previamente desde infraestructura eléctrica, afectando directamente a una empresa del rubro .

De acuerdo a los antecedentes, la investigación se inició tras una denuncia por el delito de hurto hallazgo, lo que permitió a los oficiales realizar diversas diligencias para dar con el paradero de las especies.

Con esa información, los detectives se trasladaron hasta un predio agrícola del sector Casa de Barro, donde lograron ubicar el material sustraído.

Según informó la policía, en el lugar “encontraron el cable sustraído del tendido eléctrico que afectó a una empresa de electricidad el pasado 13 de marzo del presente año” .

Durante el procedimiento, además del cobre recuperado, se incautaron distintos elementos utilizados para cometer este tipo de delitos, entre ellos sogas y eslingas, herramientas comúnmente empleadas para manipular y sustraer cableado desde postes y estructuras.

Pese a la magnitud del hallazgo, el operativo no dejó personas detenidas, aunque las diligencias continúan para dar con los responsables de este ilícito que afecta directamente el suministro eléctrico y la seguridad en distintos sectores.

El material recuperado fue devuelto al representante de la empresa afectada, cerrando así una etapa clave de la investigación.

El caso vuelve a poner en evidencia el impacto del robo de cables en la región, un delito que no solo genera millonarias pérdidas, sino que también afecta a comunidades completas con cortes de energía y riesgos asociados a la manipulación ilegal de infraestructura eléctrica.

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Autoridad valoró condena a presidio perpetuo calificado por el caso de Cañete y aseguró que el Gobierno trabaja en terreno para combatir el crimen organizado, recuperar terrenos tomados y fortalecer la seguridad en la macrozona sur.

En el marco de su visita a La Araucanía, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, abordó en Temuco uno de los casos más impactantes de los últimos años en el país, junto con delinear las principales acciones que impulsará el Gobierno en materia de seguridad en la región.

La autoridad expresó su conformidad con la reciente sentencia que condenó a presidio perpetuo calificado a los responsables del triple homicidio de carabineros ocurrido en Cañete en 2024, calificando el hecho como “brutal” y destacando el trabajo investigativo que permitió llegar a este resultado.

“Estamos conformes, se ha hecho justicia. Este fue un hecho brutal, cometido en contra de tres carabineros que también eran personas con familia, con historia. Hay que reconocer el trabajo realizado por el Ministerio Público y Carabineros de Chile”, señaló la ministra .

En esa línea, afirmó que este caso marcó un punto de inflexión a nivel país, asegurando que “es un hecho que conmocionó a Chile y que representa un antes y un después en materia de seguridad” .

Trabajo en terreno y foco en La Araucanía

Durante su visita, Steinert enfatizó que uno de los principales desafíos del Gobierno es reforzar la seguridad en la macrozona sur, destacando que la estrategia apunta a una presencia activa en el territorio y un trabajo coordinado con distintas instituciones.

“Queremos ver en terreno cuáles son las necesidades de la Policía de Investigaciones, Carabineros y también de Gendarmería. Vamos a trabajar con la comunidad y con los gremios para enfrentar tanto el crimen organizado como los delitos más comunes”, explicó .

La ministra detalló que ya se están desarrollando mesas de trabajo para abordar estas problemáticas, con el objetivo de diseñar acciones concretas que permitan desarticular organizaciones delictuales y mejorar la sensación de seguridad en la población.

Plan para enfrentar tomas de terreno

Otro de los puntos abordados por la autoridad fue la situación de las tomas irregulares, tema que genera creciente preocupación en distintas comunas de la región.

En este sentido, aseguró que existe un plan en desarrollo que contempla un análisis detallado de cada caso, en coordinación con las policías.

“Si son terrenos que no han sido adquiridos en forma legal, vamos a tener una forma de recuperarlos. Todo esto debe hacerse con responsabilidad, pero vamos a avanzar en esa línea”, afirmó .

Presupuesto y aclaraciones del subsecretario

Durante la actividad, la ministra estuvo acompañada por el subsecretario de Seguridad Pública, Andrés Jouannet, quien respondió a cuestionamientos sobre eventuales recortes presupuestarios en materia de seguridad.

El subsecretario aseguró que estos ajustes no afectarán ni al personal ni a la operatividad de Carabineros. “No va a perjudicar en nada al personal ni a la infraestructura. Lo que se ha hecho es sincerar cifras en proyectos que estaban subejecutados, como compra de vehículos o construcciones que se ejecutan en varios años”, explicó .

Agregó que los recursos se están ajustando en función de lo que efectivamente se ejecutará durante el año, incluyendo también modificaciones en proyectos y en la planificación presupuestaria.

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El máximo tribunal acogió recursos de queja y dejó sin efecto la decisión que había cerrado la causa por obstrucción a la investigación contra el fiscal Luis Arroyo Palma, en el marco de la polémica Operación Huracán.

Un nuevo y decisivo capítulo se abre en el controvertido Caso Huracán. La Corte Suprema acogió recursos de queja y revocó el sobreseimiento definitivo que había puesto fin a la investigación por obstrucción a la investigación contra el fiscal Luis Gerardo Arroyo Palma, ordenando así que el proceso vuelva a reactivarse.

La decisión fue adoptada por la Segunda Sala del máximo tribunal, integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y el abogado integrante Juan Carlos Ferrada, en un fallo dividido que deja sin efecto la resolución dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, la cual había confirmado el cierre del caso.

La causa se remonta a la investigación abierta contra Arroyo Palma en el contexto de la denominada Operación Huracán, uno de los episodios judiciales más polémicos de los últimos años en La Araucanía.

Corte Suprema detecta falta o abuso en la resolución

El máximo tribunal concluyó que la decisión de cerrar definitivamente la investigación no estaba debidamente acreditada, por lo que estimó que los jueces que confirmaron el sobreseimiento incurrieron en una grave falta o abuso.

Según el fallo, el Juzgado de Garantía de Temuco había decretado el sobreseimiento en diciembre de 2023, argumentando que los hechos denunciados no constituían delito y que no se cumplían los requisitos legales para configurar las figuras penales investigadas.

Entre los antecedentes analizados se encontraba la acusación de que el fiscal habría eliminado comunicaciones desde su teléfono celular. Sin embargo, el tribunal de primera instancia consideró que ese hecho no acreditaba la incorporación de antecedentes falsos en la investigación, requisito clave para configurar el delito de obstrucción.

El proceso no podía cerrarse aún

Para la Corte Suprema, sin embargo, no existían certezas suficientes para decretar el cierre definitivo del caso en esta etapa del proceso.

El fallo sostiene que los antecedentes disponibles no permiten acreditar de forma fehaciente que no se configuran los delitos investigados, por lo que declarar el sobreseimiento definitivo resultaba prematuro.

En ese contexto, el máximo tribunal concluyó que la resolución que puso término a la persecución penal perjudicó a las partes querellantes, motivo por el cual decidió dejarla sin efecto.

Investigación vuelve a abrirse

Con esta resolución, queda revocado el sobreseimiento definitivo que había beneficiado al fiscal Luis Arroyo Palma, lo que implica que la investigación podrá continuar su curso en la justicia.

La decisión fue adoptada con voto dividido, ya que las ministras María Teresa Letelier y María Cristina Gajardo estuvieron por rechazar los recursos presentados.

La Corte Suprema también resolvió no remitir los antecedentes al pleno del tribunal para eventuales sanciones disciplinarias, al estimar que la entidad de la falta observada no amerita una medida de ese tipo.

El fallo reabre un caso que durante años ha estado en el centro de la controversia judicial y política en La Araucanía, y que ahora vuelve a tomar fuerza en los tribunales.

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Conflicto entre la Subsecretaría de Prevención del Delito y la empresa Ingesmart pone en riesgo la continuidad del Sistema de Teleprotección en 66 comunas del país.

Las cámaras de televigilancia instaladas en Temuco, Villarrica, Angol y Nueva Imperial como parte del Sistema de Teleprotección a Nivel Nacional podrían quedar fuera de funcionamiento si no se resuelve el conflicto judicial que enfrenta a la Subsecretaría de Prevención del Delito (SPD) con la empresa Ingesmart SpA.

El proyecto contempla cerca de 1.000 cámaras distribuidas en 66 comunas del país, destinadas al monitoreo remoto de espacios públicos y a apoyar la prevención del delito mediante transmisión de imágenes en tiempo real hacia centrales de vigilancia.

Según antecedentes entregados por la empresa, existe el riesgo de que el sistema deje de operar si la controversia contractual no se resuelve, lo que afectaría directamente la continuidad del servicio en las comunas que hoy cuentan con estos dispositivos.

En La Araucanía, las cámaras fueron instaladas en Temuco, Villarrica, Angol y Nueva Imperial bajo una licitación adjudicada en 2020, que incluía instalación, arriendo operativo con opción de compra y mantención integral.

El conflicto escaló el 16 de enero de 2026, cuando se presentó una querella contra la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, por presuntos delitos de apropiación indebida y prevaricación administrativa, tras una resolución que incorporó los equipos al patrimonio del Estado. La acción fue declarada admisible por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.

De acuerdo con Ingesmart, el contrato enfrentó dificultades operativas y posteriormente multas que superarían las UF 189.000, además del cobro de pólizas de garantía. La empresa sostiene que el perjuicio económico ascendería a UF 175.633, cifra cercana a los 7 mil millones de pesos.

Más allá de la disputa financiera, la preocupación en las comunas es concreta: si el sistema deja de mantenerse o se interrumpe el contrato, las cámaras podrían quedar fuera de línea, reduciendo una herramienta que hoy forma parte del esquema de seguridad preventiva en calles y puntos estratégicos.

Desde la Seremi de Seguridad Pública en La Araucanía declinaron referirse al tema debido a que el seremi regional, Israel Campusano, se encuentra haciendo uso de su feriado legal.

Las próximas decisiones judiciales y administrativas serán clave para determinar si el sistema continuará operando con normalidad o si este conflicto terminará impactando directamente la seguridad de las familias en la región.

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El tribunal acreditó que el acusado apuñaló reiteradamente a la víctima en la vía pública, provocándole la muerte en el lugar. Deberá cumplir la pena en forma efectiva y será incorporado al registro nacional de ADN de condenados.

Una violenta escena ocurrida en plena vía pública de Temuco terminó con una condena de 10 años y un día de presidio efectivo para Juan Carlos Millahueque Villagrán, declarado autor del delito consumado de homicidio simple.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Temuco dictó el fallo en forma unánime (causa rol 67-2025), estableciendo que el acusado dio muerte a la víctima la madrugada del 2 de julio de 2024, en la intersección de avenida Balmaceda con Aníbal Pinto.

De acuerdo con lo acreditado en juicio, alrededor de las tres de la madrugada, Millahueque Villagrán apuñaló a la víctima en diferentes partes del cuerpo, provocándole la muerte en el mismo lugar. La causa del fallecimiento fue un traumatismo torácico complicado, producto de múltiples heridas penetrantes que lesionaron el corazón y el pulmón.

Condena efectiva y registro de ADN

El tribunal, integrado por las magistradas Cecilia Subiabre Tapia (presidenta), Patricia Abollado Vivanco y el magistrado José Ignacio Rau Atria (redactor), impuso además las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos, junto con la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Asimismo, una vez que el fallo quede ejecutoriado, se ordenó la toma de muestras biológicas del condenado para determinar su huella genética e incorporarlo al Registro Nacional de ADN de Condenados.

Fundamentos de la sentencia

La resolución señala que el delito de homicidio, contemplado en el artículo 391 del Código Penal, contempla una pena de presidio mayor en su grado medio. En este caso, el tribunal consideró la concurrencia de una sola circunstancia atenuante a favor del acusado y no se acreditó una mayor extensión del daño más allá de la propia consecuencia homicida.

Por ello, la sanción fue fijada en el mínimo del rango permitido por la ley, estimando el tribunal que la pena impuesta resulta proporcional a la gravedad del hecho.

El crimen, ocurrido en uno de los principales ejes de la ciudad y en horario nocturno, vuelve a poner en evidencia la crudeza de la violencia en espacios públicos y deja una condena que deberá cumplirse de manera efectiva tras las rejas.

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La Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía imputó por primera vez en Chile a personas jurídicas por receptar madera robada desde fundos de Forestal Mininco. Se estima que más de 2.300 metros cúbicos fueron adquiridos de forma ilegal por empresas del rubro maderero.

En un hecho sin precedentes en la persecución penal del robo de madera, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía formalizó a siete aserraderos de las regiones del Biobío y La Araucanía por el delito de receptación. Se trata de la primera vez que el Ministerio Público imputa este tipo de delito a personas jurídicas en el país.

Las empresas formalizadas son Laminadora Los Ángeles S.A., Forestal Javier Pezoa EIRL, Inversiones Rayenco Ltda., Maderas Río Blanco SpA, Aserraderos Los Castaños Ltda., Servicios Forestales Rosario Ltda. y Procesadora de Madera Los Ángeles S.A. (PROMASA), las que, según la investigación, durante el año 2022 adquirieron madera robada desde fundos de Forestal Mininco en Galvarino y Collipulli.

“El objetivo fue romper la cadena de producción del delito y no solo perseguir a quienes sustraen la madera, sino también a quienes la compran sabiendo —o no pudiendo menos que saber— su origen ilícito”, explicó el fiscal Enrique Vásquez, quien lidera la investigación junto al OS-9 de Carabineros.

Los antecedentes expuestos por el Ministerio Público permitieron acreditar que los principales responsables del robo fueron Miguel Terán Carrasco y Emanuel Espinoza Contreras, ya condenados a cinco años de presidio por hurto y asociación ilícita para la sustracción de madera.

Cada empresa fue imputada junto a la persona natural que gestionó la compra de la madera en su representación. “Estamos ante un hito relevante: se trata de la primera formalización contra personas jurídicas por un delito determinado. En este caso, por receptación”, enfatizó el fiscal Vásquez.

Seis de las empresas involucradas accedieron a una suspensión condicional del procedimiento, comprometiéndose a aportar más de 80 millones de pesos a escuelas rurales de Galvarino, en beneficio directo de la comunidad local.

La única firma que optó por rechazar la salida alternativa fue PROMASA, la que, de acuerdo con los antecedentes de la investigación, habría adquirido más de 2.300 metros cúbicos de madera sustraída, por un valor superior a los 144 millones de pesos. “Esperamos presentar acusación en su contra. En concreto, la investigación continúa respecto de la persona natural que adquirió de manera directa la madera sustraída, y también respecto de la empresa que no tomó las precauciones a efectos de no cometer delito”, adelantó Vásquez.

René Muñoz, gerente de la Asociación de Contratistas Forestales (Acoforag), valoró el avance de la investigación y sostuvo que “los responsables deben responder ante la justicia”.

La Fiscalía informó además que hay tres empresas más que serán formalizadas próximamente, mientras continúa el trabajo para desarticular por completo las redes de comercialización de madera robada que afectan gravemente a la macrozona sur.

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Lo anterior, conforme a denuncia del afectado a la PDI, un hombre de 73 años de edad, que daba cuenta de la sustracción de una importante suma de dinero desde su inmueble, sospechando de una vecina de confianza, quien regularmente efectuaba labores de hogar en su domicilio.

Con estos antecedentes, detectives de esta unidad territorial se abocaron a desarrollar las primeras diligencias investigativas frente a estos hechos: declaraciones de testigos, trabajo en el sitio del suceso y análisis de material fílmico, que permitieron individualizar y posicionar a la imputada en la comisión de este delito, quien abusando de la confianza depositada en ella y de la situación de vulnerabilidad del afectado procedió a efectuar la sustracción de este dinero.

La imputada fue aprehendida al interior de su inmueble particular, no encontrando el dinero sustraído, sin embargo, quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para su correspondiente audiencia de control.

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Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Angol detuvo a un sujeto mayor de edad por el delito de hurto simple en situación de flagrancia, además de la recuperación de dinero en efectivo y una tarjeta bancaria.

Lo anterior, conforme a denuncia efectuada por la víctima a esa unidad territorial que daba cuenta que, tras haber realizado una transacción en un cajero automático, deja olvidada la tarjeta en el interior del mismo, la cual es utilizada por el imputado quien sustrae dinero desde la cuenta de la denunciante, para posteriormente huir del lugar llevándose consigo la especie olvidada.

Con estos antecedentes, personal policial desarrolló diversas diligencias investigativas de análisis criminal e inteligencia policial, entre esto revisión de evidencia fílmica que permitió establecer la dinámica de los hechos e identificó al imputado.

Es en este contexto que la PDI Angol se contacta con el involucrado quien acude a dependencias de esta unidad policial entregando de manera voluntaria el dinero y la tarjeta sustraída de la víctima, procediendo a su detención de manera flagrante.

El sujeto, quien registraba una orden de detención vigente por el delito de lesiones menos graves emanada del Juzgado de Garantía de Angol, quedó a disposición del respectivo tribunal para su audiencia de control.

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En las últimas horas, Carabineros de La Araucanía realizaron el operativo en las 32 comunas de la región, enfocado en entregar más seguridad a la ciudadanía durante el fin de semana largo, logrando capturar además a 126 personas que mantenían deudas pendientes con la justicia y 100 cometiendo un delito flagrante en las 6 horas que se mantuvo el despliegue en la región.

En un nuevo despliegue integral por parte de Carabineros Zona “Araucanía”, se llevó a cabo una nueva “Ronda Masiva” este jueves en las 32 comunas de la región la cual se mantuvo por seis horas, intenso operativo que tiene como fin entregar mayor seguridad a la ciudadanía, reforzando la presencia policial en la zona considerando este fin de semana largo por Semana Santa.

Es en este contexto y en un hecho inédito desde que se realizan estas “rondas” en la Araucanía, que Carabineros logró detener 226 personas, donde 126 de ellas mantenían órdenes de detención vigentes, mientras que 100 del total fueron sorprendidas de forma flagrante cometiendo algún ilícito, siendo detenidas en el acto. Del total, un 16,8% se vinculan con Delitos de Mayor Connotación Social, asociados a robos con fuerza o violencia e infracción a la Ley de Drogas, logrando en este ámbito sacar de circulación más de 2 kilos de distintas sustancias.

Este operativo es el cuarto que se realiza este año 2025, marcando este último el hito de ser el que más personas se han detenido en La Araucanía desde su ejecución en la región, donde además se desarrollaron 6 mil controles; 3.662 vehiculares y 2.568 de identidad; 144 fiscalizaciones a locales de venta de alcoholes, 126 a locales comerciales y 64 entre bancos y seguridad privada cursando un total de 494 infracciones entre tránsito, alcoholes y comercio.

El General Patricio Yáñez Jefe de Zona Carabineros Araucanía destacó que “en las últimas horas nos mantuvimos con distintos medios logísticos desplegados en las 32 comunas de la región, realizando una nueva Ronda Extraordinaria de intervención, enfocada en entregar más seguridad a los habitantes de la Araucanía, sobre todo en el marco del fin de semana largo por Semana Santa”, enfatizó.

“Por tierra y aire, nos desplegamos con 456 Carabineros y distintos recursos logísticos, logrando la detención de 226 personas, una cifra inédita en la región en estos operativos masivos, 126 de estás mantenían órdenes de detención vigente por distintos delitos y 100 de ellas, fueron sorprendidas cometiendo algún ilícito”, destacó el General Yáñez.

Para finalizar, el Jefe de Zona de Carabineros en La Araucanía resaltó la relevancia de estos operativos en beneficio de la ciudadanía, resaltando que este es el cuarto que se realiza en la Araucanía para un total de 702 detenidos hasta la fecha, “servicios preventivos reforzados e intensificados, siempre con el objetivo de entregar la tranquilidad y seguridad que está región merece”, puntualizó.

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Un total de doce muertos en hechos delictuales se registraron durante el fin de semana previo a Navidad, a nivel nacional. Entre ellos se encuentra el ataque a un hombre que fue acribillado frente a su domicilio.

La alarmante cifra se sumó a otros crímenes como asaltos y un femicidio frustrado, además de varios heridos por arma de fuego.

Inseguridad que también se trasladó hasta La Región de La Araucanía, donde durante 24 horas – entre la tarde del sábado y la noche del domingo – se registraron dos tiroteos, en las comunas de Carahue y Pucón, que dejaron a tres personas fallecidas y a dos heridos de gravedad.

Ante la aparente llegada de este tipo de delitos a la Región, la senadora Carmen Gloria Aravena llamó al Gobierno a actuar con sentido de urgencia para evitar que la ola de homicidios que cada fin de semana se registra en la zona central se instale en La Araucanía.

La senadora Aravena calificó como  “escandaloso” el número de homicidios a nivel nacional y advirtió que “el Gobierno claramente ha fracasado”, y planteó que “uno de los problemas más graves es no mejorar las cosas”.

“Claramente la estrategia ha sido muy negativa y estamos terminando un año con una de las más altas tasas de homicidio (…) ya no es solo Santiago, sino también el resto de las regiones”, advirtió.

La legisladora cuestionó que quienes se encuentran a cargo de la seguridad y el control de la violencia y el delito sean la exconcejal de Providencia y exalcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, nombrada en noviembre como subsecretaria de Prevención del Delito, y que su contraparte en el Consejo de Seguridad Regional de la Región Metropolitana sea el exalcalde de Independencia, y hoy delegado presidencial, Gonzalo Durán.

La senadora por La Araucanía también apuntó a otro de los responsables de la seguridad a nivel nacional, el subsecretario del Interior, Luis Cordero, quien se desempeñaba como ministro de Justicia, pero que “no necesariamente es lo mismo”, sostuvo Aravena.

“Creo que, de alguna manera, esta asignación de cargos fue una irresponsabilidad por parte del Gobierno”, acusó la senadora Aravena, y añadió que “ninguno de los tres tenía gran experiencia ni era experto en el tema. Entonces no sacamos nada con hacer leyes vinculadas a los temas de seguridad si no tenemos a los mejores en cargo, a los más expertos. Chile merece algo mejor que eso”.

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