El parlamentario de La Araucanía, junto a otros cuatro diputados, presentó un requerimiento para que se investiguen las declaraciones del legislador del Frente Amplio, quien relacionó las rebajas de condenas a abusadores sexuales de menores con una presunta organización criminal internacional. La presentación cuestiona la falta de antecedentes que respalden dichas afirmaciones y solicita determinar si existieron infracciones a los deberes de ética parlamentaria

El diputado Tomás Kast, junto a los parlamentarios Juan Carlos Beltrán, René Manuel García, Mauro González y Rodrigo Ramírez, impulsó un requerimiento ante la Comisión de Ética y Transparencia de la Cámara de Diputadas y Diputados contra el diputado Jaime Bassa (FA), a raíz de sus declaraciones sobre las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. La presentación solicita investigar eventuales infracciones a los deberes de ética parlamentaria, luego de que el legislador vinculara las decisiones del Ministerio de Justicia con la existencia de una supuesta red internacional de pedofilia, sin presentar públicamente antecedentes verificables que sustenten dicha relación.

La controversia se originó tras las declaraciones realizadas por Bassa el pasado 27 de octubre, cuando exigió la renuncia del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y del subsecretario de la cartera, cuestionando las decisiones adoptadas respecto de las rebajas de condenas. En esa oportunidad, el parlamentario afirmó que “esto no es un error. Esta es una manifestación más de una red de pedofilia internacional”, haciendo referencia también a Paul Schäfer, Jeffrey Epstein y al presidente argentino Javier Milei.

Según el requerimiento, estas expresiones exceden el cuestionamiento político a las decisiones gubernamentales al establecer una vinculación con una presunta organización criminal sin identificar antecedentes concretos que permitan respaldarla.

Frente a este escenario, Kast señaló que “las rebajas de condenas a personas que cometieron delitos sexuales contra menores merecen toda la revisión y fiscalización que corresponda. Pero una cosa es exigir responsabilidades y otra muy distinta vincular al Gobierno con una supuesta red internacional de pedofilia sin presentar pruebas”. En esa línea, agregó que “en política no todo vale y quienes ejercemos un cargo público tenemos la obligación de actuar con responsabilidad. Por eso hemos recurrido a la Comisión de Ética, porque acusaciones de esta gravedad no pueden quedar sin una revisión seria y rigurosa”.

El requerimiento sostiene que las declaraciones podrían contravenir distintas disposiciones del artículo 346 del Reglamento de la Cámara, relacionadas con el deber de mantener una conducta acorde a la investidura parlamentaria, actuar con honradez y buena fe y respetar a las personas y autoridades públicas. Los diputados argumentan que, si bien existe pleno derecho a cuestionar las decisiones del Ejecutivo y exigir responsabilidades políticas, las imputaciones que vinculan a autoridades con organizaciones criminales requieren fundamentos verificables. Por ello, solicitan que la Comisión de Ética examine las circunstancias en que fueron emitidas las declaraciones, los antecedentes disponibles y su compatibilidad con las obligaciones reglamentarias.

Finalmente, los parlamentarios solicitaron declarar admisible el requerimiento e iniciar el procedimiento ordinario correspondiente, permitiendo que Bassa entregue sus descargos y los antecedentes que estime pertinentes. La presentación también pide determinar si existió una infracción a los deberes de ética parlamentaria y, en caso de acreditarse, aplicar las medidas disciplinarias contempladas en el Reglamento. Los diputados recalcaron que la acción no busca impedir el debate sobre las rebajas de condenas ni limitar las atribuciones fiscalizadoras del Congreso, sino establecer si las declaraciones cuestionadas se ajustan a los estándares de responsabilidad exigidos a quienes ejercen la función parlamentaria.

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El parlamentario por La Araucanía anunció que propondrá un programa de acompañamiento permanente para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, incluso después del término del proceso penal. La iniciativa apunta a fortalecer el apoyo psicológico, el seguimiento y la protección estatal, mientras exigió medidas urgentes para las víctimas de agresores beneficiados con rebajas de condenas.

El diputado por La Araucanía, José Montalva (PPD), anunció que propondrá la creación de un programa de acompañamiento permanente para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, que permita extender el apoyo del Estado más allá del término del proceso penal y, al menos, hasta que cumplan 18 años.

La iniciativa fue planteada en medio de la controversia por las rebajas administrativas de condenas otorgadas durante el gobierno del Presidente José Antonio Kast a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

Según los antecedentes difundidos por Bío Bío, 33 de los 56 condenados identificados obtuvieron rebajas de penas y recuperaron su libertad. Entre los casos examinados figuran informes de Gendarmería que advertían un alto riesgo de reincidencia.

Frente a estos antecedentes, Montalva cuestionó la falta de certezas sobre la situación actual de las víctimas y planteó que la responsabilidad del Estado no debe terminar con la sentencia judicial.

Durante una entrevista en el programa La Voz de los que Sobran, el parlamentario advirtió sobre la necesidad de acompañar a los menores afectados incluso después de concluido el proceso penal.

“¿Cuántas víctimas que han sido declaradas, digamos, por un tribunal, con un condenado, el Estado les sigue dando acompañamiento? Es decir, termina el proceso penal y todo el acompañamiento a la víctima se queda absolutamente sola”, sostuvo.

En ese contexto, Montalva planteó que no basta con impulsar reformas legales sobre el cumplimiento de las penas, sino que también se requiere fortalecer la respuesta del Estado hacia quienes sufrieron estos delitos.

“Tenemos que hacer un programa de gestión que pueda apoyar a niños, niñas y adolescentes y sus familias post causa penal cuando han sido víctimas”, afirmó.

El diputado manifestó su preocupación por la situación de vulnerabilidad de las víctimas, especialmente cuando los delitos ocurren en el entorno familiar o cercano. En ese sentido, planteó que el acompañamiento estatal debiera considerar apoyo psicológico, seguimiento de las condiciones de seguridad y evaluación de eventuales riesgos de nuevas vulneraciones.

“Si la herida después de una violación o de delitos de estas características queda para toda la vida, bueno, a lo menos asegurémonos que el Estado los va a acompañar, va a monitorear, va a resguardar, va a ver los riesgos que tienen de algún otro abuso sexual en esas familias, en esos niños”, señaló.

En esa línea, anunció expresamente la iniciativa que buscará impulsar, “yo lo que voy a proponer es un programa de acompañamiento permanente para niños que han sido víctimas de este tipo de delitos, por lo menos hasta que cumplan 18 años, a lo menos”.

Protección inmediata para las víctimas de condenados liberados

Paralelamente, durante un punto de prensa, Montalva exigió que los organismos públicos adopten medidas urgentes para determinar la situación de las víctimas de quienes fueron beneficiados con rebajas de condenas.

“¿Qué ha pasado con las víctimas? ¿Se están enterando por los medios de comunicación de que sus agresores hoy día están en libertad, o el Estado con sus capacidades se ha podido contactar con esas víctimas, ha podido ofrecer apoyo psicológico?”, cuestionó.

Asimismo, llamó a la Defensoría de la Niñez, al Ministerio de Desarrollo Social y al Ministerio Público a revisar la situación de las personas afectadas, determinar si cuentan con medidas de protección y evaluar la asistencia que puedan requerir.

“Acá hay víctimas que no son abstractas, que son verdaderas, que existen, que tienen grados de vulnerabilidad altos, pero no sabemos cuáles son, no sabemos si están siendo atendidas o no por el Estado, no sabemos si tienen una medida de protección o no”, enfatizó.

Finalmente, el legislador insistió en que las discusiones sobre eventuales responsabilidades políticas y reformas legislativas no pueden postergar la protección de las personas afectadas.

“Nosotros pedimos antes que todo, antes que cualquier proyecto de ley, antes que cualquiera reformulación a la legislación vigente, podamos consignar quiénes son las víctimas, qué grado de vulnerabilidad tienen y cómo se les entrega protección hoy, no mañana, hoy a cada una de ellas”, concluyó.

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Detectives de la Brigada de Investigación de Delitos Sexuales (BRISEX) Temuco concretaron dos arrestos por concepto de pensiones de alimentos, en cumplimiento de requerimientos emanados del Juzgado de Familia de Temuco.

Los procedimientos policiales se desarrollaron durante la mañana del 9 de octubre, logrando ubicar y arrestar a dos personas que mantenían deudas por concepto de pensiones alimenticias impagas, por montos de $4.631.915 y $10.730.379, respectivamente.

Los arrestados fueron puestos a disposición de los organismos correspondientes para continuar con el procedimiento establecido por el Juzgado de Familia de Temuco.

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El caso comenzó luego de que una mujer estadounidense difundiera en redes sociales que había sido víctima de una agresión sexual en la vía pública. Después apareció una segunda denuncia y la PDI identificó al menos a otras seis posibles víctimas.

Un caso que se viralizó en redes sociales terminó con un hombre detenido y una investigación que continúa sumando antecedentes en Temuco. Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (BRISEX) de la PDI detuvieron a un sujeto mayor de edad investigado por abuso sexual de mayor de 14 años por sorpresa y/o sin consentimiento.

Todo comenzó cuando una mujer de nacionalidad estadounidense utilizó las redes sociales para relatar que había sido víctima de una agresión de carácter sexual mientras se encontraba en la vía pública, específicamente en el sector poniente de Temuco.

La difusión del caso llevó a la BRISEX a iniciar diligencias en coordinación con el Ministerio Público para establecer las circunstancias de lo ocurrido e identificar al presunto responsable.

De la denuncia viral a más posibles víctimas

Mientras avanzaba la investigación, una segunda mujer concurrió directamente a la PDI y denunció al mismo sujeto como presunto autor de una agresión sexual de similares características.

A partir de ese momento, las diligencias se profundizaron y permitieron establecer la existencia de al menos seis posibles víctimas adicionales, quienes también habrían sido abordadas por el imputado en la vía pública.

De acuerdo con los antecedentes investigativos, el sujeto habría iniciado conversaciones con las mujeres para posteriormente realizar acercamientos físicos, intentos de besos y tocaciones sin su consentimiento.

Los detectives tomaron declaraciones a víctimas, entrevistaron a testigos y analizaron cámaras de seguridad, diligencias que permitieron identificar al imputado y obtener antecedentes de reconocimiento por parte de las afectadas.

Habría dejado su domicilio tras viralización del caso

Los hechos investigados se habrían concentrado principalmente en sectores del centro y poniente de Temuco. La PDI estableció además que el imputado residía en un inmueble del centro de la capital regional, lugar que habría abandonado después de que los primeros antecedentes comenzaron a circular en redes sociales.

Tras diversas diligencias, detectives lograron ubicarlo finalmente en el sector Amanecer de Temuco, donde fue detenido en la vía pública por instrucción verbal del Ministerio Público.

El hombre fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para su respectivo control de detención.

El caso podría seguir ampliándose. La BRISEX mantiene diligencias, entre ellas el análisis de antecedentes relacionados con otras causas y entrevistas a posibles nuevas víctimas, con el objetivo de establecer si existen otros hechos y determinar una eventual participación del imputado en ellos.

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La investigación de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales y la Fiscalía permitió obtener una orden de detención contra el imputado. El hecho habría ocurrido en marzo, cuando la víctima se encontraba imposibilitada de prestar consentimiento o ejercer resistencia.

Un hombre adulto fue detenido en Temuco como imputado por el delito de violación de mayor de 14 años, en el marco de una investigación desarrollada por detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI en coordinación con la Fiscalía Local de Temuco.

De acuerdo con los antecedentes policiales, el hecho investigado habría ocurrido durante marzo de este año en la capital regional y habría afectado a una mujer adulta que, al momento de los hechos, se encontraba imposibilitada de prestar su consentimiento o ejercer resistencia.

Registros audiovisuales fueron parte de la investigación

Las diligencias desarrolladas por los detectives permitieron reunir distintos antecedentes para establecer la dinámica de lo ocurrido y la presunta participación del hombre investigado.

Entre los elementos recopilados se encuentran declaraciones, registros audiovisuales y otras diligencias investigativas, antecedentes que posteriormente fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

Con los antecedentes reunidos, la Fiscalía gestionó ante el Juzgado de Garantía de Temuco una orden de detención verbal, la que finalmente fue ejecutada por detectives de la PDI durante esta jornada.

Tras su captura, el imputado quedó a disposición de la autoridad correspondiente para enfrentar la respectiva audiencia de control de detención, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Ministerio Público.

Desde la Policía de Investigaciones recalcaron que las indagatorias vinculadas a delitos sexuales se desarrollan bajo estrictas medidas destinadas a resguardar la dignidad, privacidad y seguridad de las víctimas, razón por la cual no fueron entregados mayores antecedentes que pudieran permitir su identificación.

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La Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de Temuco detuvo a un sujeto acusado de violar a una joven de 20 años mientras esta se encontraba vulnerable en una habitación durante una celebración. La denuncia, los peritajes y el testimonio de la víctima permitieron acreditar la responsabilidad del imputado.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI Temuco detuvieron a un joven de 18 años, chileno y sin antecedentes policiales, acusado del delito de violación en contra de una mujer de 20 años. La agresión ocurrió durante la madrugada del 16 de noviembre, en una fiesta de cumpleaños organizada por una amiga en común de la víctima y el imputado.

Según la denuncia presentada por la afectada en el cuartel de la PDI, mientras compartía con el sujeto, comenzó a sentirse mal y fue conducida por amigas a una habitación para que descansara. Minutos más tarde, el imputado entró al dormitorio y, aprovechándose de su estado de vulnerabilidad, “la agrede sexualmente, sin su consentimiento”, según detalló la policía civil.

Tras lo ocurrido, la joven contó lo sucedido a sus amigas y decidió formalizar la denuncia. La PDI inició diversas diligencias investigativas, entre ellas exámenes sexológicos, alcoholemia, análisis toxicológico, empadronamiento de testigos, levantamiento de evidencias y trabajo del sitio del suceso, logrando establecer la responsabilidad del acusado en los hechos.

Con todos los antecedentes reunidos, la policía gestionó una orden de detención judicial. El joven fue aprehendido al interior de su vivienda y quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para la correspondiente audiencia de control de detención.

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El sujeto, de 38 años, tenía antecedentes por delitos sexuales en 2014 y 2022. La investigación de la Brigada de Delitos Sexuales de la PDI estableció que aprovechaba el estado etílico de sus víctimas y fingía ser dueño de una agencia de modelaje para obtener material íntimo.

Detectives de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales de la PDI Temuco detuvieron a un hombre de 38 años, acusado del delito de abuso sexual de mayor de 14 años, quien ya contaba con antecedentes por hechos similares en los años 2014 y 2022.

Según informó la institución, la detención se logró tras un proceso investigativo conjunto entre la PDI y la Fiscalía Local de Temuco, que permitió establecer un patrón de conducta reiterado.

“El imputado, en el contexto de fiestas en las que participaba, aprovechaba la condición etílica de sus víctimas para proceder a la comisión de este delito en tres ocasiones”, señalaron desde la policía civil.

Durante las diligencias, se descubrió además que el sujeto utilizaba engaños para acercarse a sus víctimas, haciéndoles creer que era dueño de una agencia de modelaje.

“Junto con la comisión de estos hechos, el individuo, bajo engaños, mantenía fotografías íntimas de diversas mujeres. Aquello fue verificado gracias a las pericias efectuadas al celular del imputado”, precisaron los detectives a cargo del caso.

La investigación, apoyada en análisis criminal e inteligencia policial, permitió acreditar la participación del detenido en los hechos, confirmando que repetía el mismo modus operandi en distintos encuentros sociales.

Con los antecedentes recopilados, la Fiscalía gestionó la orden de detención, que fue ejecutada en el domicilio particular del imputado. Tras su aprehensión, el sujeto fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para el respectivo control de detención.

Desde la PDI destacaron la importancia de la denuncia oportuna y el trabajo especializado de las unidades investigativas para prevenir y sancionar este tipo de delitos sexuales que vulneran la integridad de las víctimas.

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SernamEG Araucanía presentó una acusación particular en representación de una de las víctimas del exalcalde Juan Carlos Reinao. En total, el Ministerio Público y los querellantes solicitan más de 60 años de cárcel por delitos sexuales cometidos entre 2006 y 2019.

El Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) en la Región de La Araucanía presentó una nueva acusación particular contra el exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, en el marco del proceso judicial que enfrenta por diversos delitos sexuales. La acción legal se suma a la acusación ya formulada por el Ministerio Público, que busca una condena total de 63 años de presidio.

La acusación de SernamEG se interpone en representación de una de las víctimas, quien actualmente recibe apoyo psicosocial por parte de la institución. En su presentación, el organismo solicita una pena de 25 años de presidio por los delitos cometidos en contra de esta mujer.

La directora regional de SernamEG, Susana Aguilera, señaló que como servicio “esperamos tener las máximas sanciones en este caso, acordes con una investigación con perspectiva de género y considerando la cantidad de mujeres que fueron víctimas de este agresor, que ostentó cargos públicos y usó su posición para ejercer violencias”.

Aguilera enfatizó también que la violencia de género “no es situación individual o particular, sino que una grave vulneración de derechos humanos y un problema estructural que nos interpela como sociedad. Por eso, hacemos un llamado a no normalizarla y sobre todo, a denunciarla, resguardando siempre la integridad de las víctimas”.

Los hechos por los cuales Reinao será juzgado se habrían cometido entre los años 2006 y 2019, e incluyen tres delitos de abuso sexual agravado, violación reiterada e inducción al aborto, afectando a un total de cuatro mujeres, dos de las cuales eran menores de edad al momento de los hechos.

El Juzgado de Garantía de Cañete fijó la audiencia de preparación del juicio oral para el próximo viernes 27 de junio, instancia clave para definir la admisibilidad de las pruebas y los detalles del proceso judicial.

Desde SernamEG recordaron que cualquier persona víctima o testigo de violencia de género puede comunicarse al fono gratuito 1455 “SernamEG Te Orienta”, disponible de lunes a domingo entre las 08:00 y las 00:00 horas, donde profesionales especializados brindan atención, orientación e información.

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“Es preocupante que la mayoría de las víctimas de estas transgresiones sean niñas y niños menores de 14 años, aunque, en términos totales, los grupos etarios más perjudicados por este tipo de delitos son menores de 14 hasta jóvenes de 29 años, sin considerar que existe una cifra criminal negra: la victimización no denunciada. Aquella que, sólo podemos conjeturar, se aproxima a un 30% de las cifras estadísticas oficiales”, señala Marcela del Sol-Hallett, perfiladora criminal y cocreadora del Proyecto 360 de Prevención Criminal y Autodefensa Psicológica.

Refiriéndonos al alto porcentaje de víctimas infantiles, “es de absoluta importancia compartir información que contribuya a prevenir e identificar la comisión de uno de los más enrevesados traumas que cualquier persona podría sufrir, señala la experta que además fue víctima de abuso infantil.

Por ello, llama a los padres a estar alerta y practicar conductas preventivas desde el hogar para contribuir a la educación comunitaria en materias de prevención del delito, para resguardar la auto estima y seguridad, especialmente, de niños y jóvenes:
 Demuestra interés en sus vidas: Preguntarles con quienes juega en el colegio, con quien comparten el recreo, etc. No solo a un nivel superficial, sino elabora una conversación desde estos puntos de inicio.
 Familiarízate con las personas que circundan la vida de tus hijos: tanto adultos como otros niños, los padres de sus amigos, los profesores, etc. No contradigas las opiniones que tienen de ellos, sino pregúntales, amablemente, porque sienten así.
 Háblales de las noticias de hechos de abuso sexual que podría haber escuchado: Pregúntale que piensa acerca de estos, qué haría en esa situación. De esta manera le indicas que estás disponible para conversar de estos temas.
 Enséñale a tus hijos a tener límites: absolutamente nadie tiene el derecho a tocarlos ni a hacerlos sentir incómodos con expresiones de “afecto” (esto incluye a familiares cercanos). No le digas que es “pesado” por no querer recibir ni dar besos. Esta decisión es su derecho y de nadie más. Pon atención en las personas que, estando presentes en el mismo lugar, parecieran cambiar el comportamiento de tus hijos.
 Edúcate sobre los signos de alarma: pueden ser conductuales y/o físicos.

Señales conductuales: Fobias, desinterés o rechazo a bañarse o hacerlo excesivamente, repentinos comportamientos sexuales e inapropiados, cambio en el ánimo (depresión, ansiedad), regresión conductual (moja la cama, se chupa el dedo), rechaza cercanía física, etc.

Señales físicas:

Ropa interior rasgada, sangrienta y/o con fluidos, dificultad y/o dolor al sentarse, sangrado, picazón y/o lesiones en el área genital.

Además, como regla general y para contribuir a la seguridad de nuestras comunidades, la experta recomienda: “creer, sin enjuiciar, a quien tenga la valentía de confiar para develar que ha sufrido un delito sexual y no olvidar que los delitos sexuales NUNCA son culpa de la víctima. Estos son puntos que, también, se deben validar en las conversaciones.

La perfiladora criminal, Marcela del Sol-Hallett, agrega que “Debemos entender que el delincuente sexual actúa considerándose en una posición de superioridad sobre su víctima. Busca control y posesión de la misma, la deshumaniza y la posiciona como herramienta de satisfacción: la transforma en una cosa que solo existe para satisfacer sus deseos. Es una violación de confianza y autoridad, antes que del cuerpo”.

Finalmente tener en cuenta que “Un abusador sexual aprovecha la vulnerabilidad de sus víctimas, especialmente si estas son niñ@s. Usará todos los mecanismos de auto-protección disponibles, ejerciendo coerción, amenazas y otro tipo de manipulación para imposibilitar a sus víctimas de delatarlo. Especialmente, tomando en consideración que cerca del 90% de los agresores son gente cercana, incluso familiares y a quienes podrías haber considerado confiables”, declara.

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En el último tiempo se han conocido dos hechos graves de violación, cometidas en parques y lugares de uso público, sin un patrón de edad de la víctima, y donde asombra la edad de los victimarios, donde en uno de los casos habrían participado menores de 8 y 12 años.

Los delitos sexuales protagonizados por niños como actores han mostrado una tendencia al alza en los últimos años, es así como un total de 433 niños entre 14 y 17 años fueron detenidos e investigados por la comisión de delitos contra la libertad sexual en el año 2016, según datos del Ministerio del Interior, recogidos por Europa Press.

Ahora bien, los niños menores de 14 años no tienen responsabilidad penal, por lo que, de probarse su responsabilidad en los hechos, el caso va a los Tribunales de Familia para evaluar la situación familiar. Sin embargo, existe otra forma judicial de enfrentar el tema, donde los niños no tiene la calidad de demandados, sino que son sus padres los que pueden ser condenados a una indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en beneficio en el último caso de la niña víctima y de sus padres, ya que se dan algunos de los requisitos necesarios para configurar su responsabilidad, esto es: una acción ilícita de los niños, la culpa o dolo de ellos al realizar este hecho y el perjuicio o daño a la joven víctima y la relación de causalidad entre la acción dolosa y el daño producido y la no concurrencia de una causal de exención de responsabilidad.

En este caso, conforme al artículo 2319 del Código Civil, podría ser capaz de cometer un delito o cuasidelito civil un niño mayor de 7 años, que según el criterio del juez tenga discernimiento, pudiendo responder los padres por estos hechos ajenos, salvo que no pudieran impedir el hecho, según establece el artículo 2320 del código Civil. También el artículo 221 del Código Civil establece que los padres serán siempre responsables de los delitos o cuasidelitos cometidos por sus hijos menores, que conocidamente provengan de mala educación o de los hábitos viciosos que les han dejado adquirir, lo que deberá probarse.

Es esta responsabilidad de los padres sobre los hechos de sus hijos menores por una posible culpar por falta de supervisión directa y por la mala educación que les ha llevado a sus hijos adquirir hábitos viciosos, la que permitió que un reciente fallo de la Corte Suprema condenó a indemnizar perjuicios por responsabilidad extracontractual a los padres de un joven de 15 años de edad, por haber publicado las fotos con contenido sexual que se tomó a una menor de 14 en un contexto de privacidad. Haciendo una distinción entre la responsabilidad civil y la penal, argumentando que tienen estándares distintos.

Estos daños acontecidos a las víctimas y también a sus padres, no solo pueden ser indemnizados los perjuicios por daño moral producidos como consecuencia del delito, sino que también por daño material sufrido por la víctima y su familia, tales como gastos médicos, tratamiento psicológico, entre otros, lo que debe probarse en juicio.

Ahora bien, sin perjuicio, de que lo importante no es solo el valor de la indemnización, sino el mensaje social que se está enviando a la comunidad, al sancionar estos hechos como reprobables y alertar sobre la responsabilidad que tienen los padres en ellos por falta de supervisión y o de educación de sus hijos, también podría incorporarse a los niños que cometieron estos delitos a un espacio de formación especial para que lleguen a ser adultos íntegros.

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