Las parlamentarias PDG Tamara Ramírez y Flor Contreras solicitaron a la Subsecretaría de la Niñez antecedentes sobre menores expuestos a drogas ilícitas, los protocolos de coordinación con salud y el seguimiento posterior de estos casos.

Las diputadas del PDG Tamara Ramírez y Flor Contreras, integrantes de la Comisión de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza y Planificación, oficiaron a la Subsecretaría de la Niñez para conocer cómo está respondiendo el sistema de protección frente a casos de niños, niñas y adolescentes intoxicados o expuestos a drogas ilícitas. La solicitud surge luego del caso de un niño de cinco años que ingresó al Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar con convulsiones y signos de intoxicación aguda por cocaína.

Tamara Ramírez, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, puso el foco en la necesidad de que la intervención no termine una vez superada la emergencia médica y que exista seguimiento efectivo de los menores afectados. “No podemos conformarnos con que un niño sea atendido en un hospital y después el sistema pierda de vista lo que ocurre con él. Queremos saber quién activa la protección, cuánto demora esa intervención y qué seguimiento existe para garantizar que una situación tan grave como la exposición a una droga ilícita no vuelva a repetirse”, sostuvo.

Por su parte, Flor Contreras apuntó especialmente a la evaluación del entorno familiar y de los adultos responsables del cuidado. “Cuando un niño de cinco años termina intoxicado con cocaína, tenemos que preguntarnos qué condiciones hicieron posible que esa sustancia llegara hasta él. El Estado tiene herramientas para proteger a la niñez, pero necesitamos saber si están funcionando a tiempo, si se están detectando los factores de riesgo dentro del hogar y si también existe una intervención con aquellos adultos que puedan presentar consumo problemático de drogas”, señaló.

En el oficio, ambas legisladoras solicitaron conocer cuántos menores registraron intoxicaciones o exposición a drogas ilícitas durante 2024, 2025 y lo que va de 2026, cuántos fueron derivados a las Oficinas Locales de la Niñez o al Servicio Nacional de Protección Especializada y cuántos permanecen actualmente bajo seguimiento. También pidieron antecedentes sobre los protocolos de coordinación con salud, los tiempos efectivos de intervención y las medidas que se estén evaluando para fortalecer la detección temprana y evitar nuevas vulneraciones.

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