Mientras la parlamentaria cuestiona la existencia de desigualdades estructurales y del Ministerio de la Mujer, estudios regionales y cifras oficiales muestran persistentes brechas laborales, económicas y una alta incidencia de violencia intrafamiliar con mujeres como principales víctimas.

Las declaraciones de la senadora por La Araucanía, Vanessa Kaiser, en la comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado y en medios nacionales, volvieron a instalar una discusión que cruza lo político, lo social y lo estadístico: si en Chile existen o no desigualdades estructurales que afectan a las mujeres.

En su intervención, la parlamentaria fue enfática. “No hay problemas estructurales”, afirmó, cuestionando además la existencia del Ministerio de la Mujer, el cual —según sostuvo— “ha sido usado para implementar una política odiosa de los hombres contra las mujeres”. Incluso planteó que “tendría que haber entonces uno del hombre”.

Sus dichos no solo generaron reacciones en el mundo político, sino que también abrieron un contraste con los datos disponibles, especialmente en una región como La Araucanía, donde diversos estudios han advertido brechas persistentes en distintos ámbitos.

Brechas laborales que persisten en la región

Uno de los principales focos del debate está en el ámbito laboral. La senadora descartó que las diferencias salariales respondan a discriminación, señalando que “está absolutamente probado que las brechas de sueldo no tienen que ver con una discriminación”, y atribuyéndolas a decisiones personales o diferencias en preparación académica.

Sin embargo, estudios del Observatorio Económico y Social de la Universidad de La Frontera muestran que en La Araucanía las brechas de género no solo existen, sino que presentan un carácter estructural.

De acuerdo con estos análisis, las mujeres en la región enfrentan una menor participación en el mercado laboral, mayores niveles de informalidad y menores ingresos en comparación con los hombres. Estas diferencias se explican por factores como la alta ruralidad, el acceso limitado a oportunidades y, especialmente, la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados.

En ese sentido, si bien parte de las brechas puede vincularse a trayectorias laborales distintas, los estudios coinciden en que dichas trayectorias están condicionadas por factores sociales que afectan de manera diferenciada a hombres y mujeres.

El peso del trabajo no remunerado

Uno de los elementos que más incide en la desigualdad es la carga de trabajo no remunerado. En La Araucanía, como en el resto del país, las mujeres concentran la mayor parte de las labores de cuidado, lo que limita su disponibilidad para empleos formales o jornadas completas.

Este factor aparece de manera reiterada en estudios de género como una de las principales barreras para la autonomía económica femenina, y permite explicar por qué muchas mujeres acceden a trabajos más precarios o con menor remuneración.

Así, la discusión sobre si las brechas responden a decisiones individuales o a condiciones estructurales sigue siendo uno de los puntos centrales del debate.

Violencia intrafamiliar y femicidios: cifras que marcan la discusión

Otro de los aspectos abordados por la senadora fue la violencia de género. En ese contexto, relativizó el peso de los casos individuales en la discusión, señalando que estos “dan absolutamente lo mismo” frente al debate sobre la perspectiva de género.

Sin embargo, las cifras oficiales muestran un escenario relevante en esta materia. Según datos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), durante 2025 se registraron 44 femicidios consumados en Chile. En La Araucanía, en tanto, se contabilizaron 4 casos, además de múltiples situaciones frustradas o tentadas.

A esto se suma que, a nivel nacional, entre el 70% y el 80% de las víctimas de violencia intrafamiliar son mujeres, lo que evidencia una mayor afectación en este grupo y ha sido uno de los fundamentos para el desarrollo de políticas públicas específicas. Las estadísticas también muestran que gran parte de estos hechos ocurre en contextos de cercanía, como relaciones de pareja o convivencia, lo que refuerza el carácter complejo de este tipo de violencia.

El rol del Ministerio de la Mujer en el debate

En medio de la discusión, Kaiser cuestionó directamente la existencia del Ministerio de la Mujer, señalando que su implementación ha contribuido a instalar una visión que enfrenta a hombres y mujeres.

Actualmente, dicha cartera tiene como función coordinar políticas públicas en materia de equidad de género, incluyendo programas de prevención, atención y protección de víctimas de violencia, además de iniciativas orientadas a reducir brechas en ámbitos como empleo y participación.

Su existencia responde a una institucionalidad creada en función de diagnósticos que identifican desigualdades persistentes, tanto a nivel nacional como regional.

Una discusión que se tensiona entre política y evidencia

El debate abierto por la senadora se inserta en una discusión más amplia sobre el enfoque de género en las políticas públicas, donde conviven distintas interpretaciones respecto a su alcance y necesidad. “Se está usando a las mujeres para destruir a los hombres”, expresó la parlamentaria.

En regiones como La Araucanía, donde factores como la ruralidad, la pobreza y la desigualdad territorial influyen en el desarrollo social, esta discusión adquiere una dimensión particular.

Mientras desde el ámbito político se cuestiona la existencia de desigualdades estructurales, los estudios académicos y las cifras oficiales continúan mostrando un escenario donde estas brechas persisten, tanto en el acceso al empleo como en la exposición a situaciones de violencia en el ámbito privado.

Así, más allá de las posiciones ideológicas, el contraste entre discurso y datos vuelve a instalar una pregunta de fondo: cómo se construyen las políticas públicas cuando la evidencia disponible apunta en una dirección distinta a la planteada por parte del debate político.

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El diputado, Henry Leal, denunció una situación que, a su parecer, es una discriminación arbitraria y odiosa que afecta directamente a niños y niñas de escasos recursos que estudian en colegios particulares subvencionados. El parlamentario, aseguró que, mientras todos los estudiantes de séptimo básico de escuelas públicas están recibiendo computadores a través del programa del Ministerio de Educación, cientos de alumnos de establecimientos subvencionados están quedando fuera del beneficio.

“Nos parece bien que los estudiantes de escuelas públicas reciban este apoyo, pero no podemos tolerar que se excluya a niños de igual condición socioeconómica solo por pertenecer a un tipo de establecimiento. Hoy, 4 o 5 alumnos reciben sus computadores, pero el resto queda fuera. Esa es una discriminación que el Ministerio de Educación, y en particular la JUNAEB, están avalando”, señaló el diputado gremialista.

Asimismo, el legislador denunció una grave situación respecto a la asignación de becas indígenas. Muchos estudiantes que durante años han sido beneficiarios de esta beca, este 2025 han visto detenido el beneficio de forma arbitraria, a pesar de contar con el certificado de calidad indígena. El diputado Leal, precisó que, ha recibido denuncias de parte de alumnos, quienes aseguraron que, uno de los motivos del cese de la beca, es porque no están afiliados a una comunidad indígena, un requisito que no siempre es posible de cumplir.

Al respecto el diputado Leal, dijo que, “esta es una medida excluyente e injustificada. No se puede desconocer la calidad indígena de una persona solo porque no está formalmente afiliada a una comunidad. Esta interpretación restringida de los requisitos perjudica directamente a estudiantes vulnerables, y es una regla arbitraria impuesta por este gobierno”.

Ante esta situación, el parlamentario ha oficiado al Ministro de Educación y solicitará que sea citado a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados, para que explique por qué se continúa discriminando año tras año a estudiantes de colegios subvencionados y por qué se está negando un beneficio histórico a alumnos indígenas con reconocimiento formal.

“Este tipo de discriminaciones no pueden ser toleradas en un Estado que dice avanzar en equidad e inclusión. Es urgente corregir estas medidas injustas”, concluyó el legislador.

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Este martes 13 de mayo, la Comisión de Constitución del Senado retomó la discusión del proyecto de ley que busca reformar el régimen de sociedad conyugal. Esta iniciativa, que ya lleva 14 años de tramitación, busca corregir una discriminación histórica que impide a las mujeres casadas bajo este régimen administrar libremente sus bienes.

La ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, asistió a la Comisión de Constitución del Senado para dar cuenta de los alcances del proyecto, subrayando la necesidad de avanzar hacia la igualdad entre hombres y mujeres en materia de administración patrimonial. “En el cotidiano vemos, por ejemplo, cómo las mujeres rurales enfrentan múltiples barreras para acceder a programas como la Ley de Riego o la Ley de Fomento Productivo de INDAP, debido a que deben pedir permisos al marido para acceder a a los beneficios. También observamos cómo muchas emprendedoras no pueden formalizar empleos, ya que requieren de la autorización del esposo para diversos trámites. En algunas zonas, incluso, no se puede avanzar en procesos de reconstrucción por el mismo motivo”, indicó la ministra Orellana y agregó: “Queremos alcanzar un acuerdo que garantice la igualdad en todos los ámbitos de la vida, y uno fundamental es el derecho de las mujeres a la administración y control de sus bienes”.

El proyecto actual es resultado de la fusión de dos mociones parlamentarias y un mensaje presidencial presentado en 2011. En 2023, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género ingresó indicaciones y urgencia a la tramitación de este proyecto, lo que permitió que, por primera vez en muchos años, avanzara en su tramitación.

La iniciativa busca mantener la sociedad conyugal como el régimen que se aplica por defecto al contraer matrimonio, pero con una nueva lógica: establecer la administración conjunta de los bienes, eliminando la facultad exclusiva del marido para decidir sobre el patrimonio común.

En esa línea, establece una distinción práctica: mientras que en los trámites cotidianos cualquiera de los cónyuges podrá actuar de forma indistinta, en las decisiones relevantes, como la venta de inmuebles, se requerirá la firma de ambos.
¿Qué significa esta reforma?

Actualmente, si una mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal quisiera, por ejemplo, comenzar una empresa, tramitar un crédito, recibir una herencia o acceder a ciertos apoyos estatales luego de un siniestro; necesitaría la autorización de su esposo para realizar estos trámites, ya que él es quien tiene la administración exclusiva de la sociedad conyugal.
Con las modificaciones propuestas en la reforma, en cambio; las mujeres podrán tomar decisiones como estas sin necesidad de solicitar permiso, actuando por sí mismas en temas patrimoniales importantes y ganando autonomía para gestionar sus bienes.

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En medio de la crisis por los incendios forestales en La Araucanía, la Dirección Nacional de Senapred exigió la renuncia del hasta entonces director regional, Alejandro Pliscoff (47), argumentando una “pérdida de confianza” debido a conductas consideradas incompatibles con la función pública. La medida generó tensión en el equipo local y dio paso a diversas especulaciones sobre los motivos detrás de la decisión.

El jueves 20 de marzo, en un momento clave para la gestión de emergencias debido al riesgo extremo de incendios forestales, Pliscoff recibió una llamada de la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, quien le comunicó que debía presentar su renuncia. Consultado por la prensa, el ahora exdirector regional fue categórico: “Me pidieron la renuncia”, descartando así que se tratara de una decisión voluntaria.

La salida de Pliscoff se hizo efectiva en un escenario en el que su desempeño no había sido cuestionado operativamente. Según fuentes cercanas, su destitución estuvo influenciada por publicaciones en redes sociales realizadas en horario laboral y con un tono que Senapred consideró inadecuado.

Desde Senapred emitieron un comunicado en el que explicaron que la renuncia “fue solicitada por la Dirección Nacional, siendo aceptada por el funcionario el día 21 de marzo durante la tarde”. Agregaron que “esta renuncia se da en el contexto de conductas que no estuvieron acordes a la dignidad y altura del cargo que debe representar un alto directivo público”, haciendo referencia a publicaciones en un medio digital que no cumplían con los estándares de trato y profesionalismo esperados.

Sin embargo, el exdirector y algunos cercanos han planteado dudas sobre los verdaderos motivos detrás de la decisión. Entre las versiones que han circulado, se menciona que sus opiniones públicas sobre el conflicto en Medio Oriente y su identidad judía podrían haber influido en su destitución. No obstante, Senapred desmintió categóricamente cualquier tipo de discriminación, afirmando que “en ningún caso se ha ejercido discriminación en base a credo, origen o religión”.

El viernes 21 de marzo, en una reunión telemática con funcionarios del servicio, la directora nacional reiteró que la decisión de desvincular a Pliscoff obedeció exclusivamente a la pérdida de confianza en su desempeño. “Confíen en mí”, fue su escueto mensaje.

Pliscoff había asumido el cargo el 6 de febrero tras un proceso de selección por Alta Dirección Pública. Previamente, se desempeñó en el Ejército con el grado de teniente coronel y tuvo experiencia en la gestión de emergencias, incluyendo su labor en el incendio de Santa Olga en 2017.

Actualmente, la dirección regional de Senapred Araucanía está a cargo de manera subrogante por Catedrin Savaria, jefa del Departamento de Operaciones, mientras se lleva a cabo el proceso para designar un reemplazo definitivo.

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Entre los reclamos más recurrentes destacan las dificultades relacionadas con la accesibilidad física. Las personas con discapacidad enfrentan rampas inexistentes o en mal estado, ascensores fuera de servicio o insuficientes, y el uso indebido de estacionamientos exclusivos:

“Me acerqué a la bencinera a cargar combustible y, debido a mi discapacidad y el lugar para estacionar, no pude quedar cerca de los surtidores. Me obligaron a salir de la fila y cuando les indico que soy discapacitado (mostrando carnet), me indican que no les importa. Cuando solicité hablar con el encargado, él mismo me indicó que no tenía tiempo y me obligó a salir de la estación de servicio sin el combustible.

Además, los consumidores con discapacidad frecuentemente reportan trato discriminatorio y falta de protocolos inclusivos. Muchos relatan experiencias con personal no capacitado para atender sus necesidades específicas:

“Soy madre de un hijo con TEA con un porcentaje de discapacidad del 62,5%. Asistimos con la expectativa de disfrutar de una jornada de esparcimiento familiar. Sin embargo, nos encontramos con una serie de deficiencias en materia de accesibilidad que impidieron a mi hijo disfrutar en igualdad de condiciones que el resto, siendo ambos discriminados por personal de su empresa”, reclamó una consumidora.

Respecto al mercado de transporte, SERNAC recibió reclamos relacionados con discriminación y problemas de accesibilidad: tanto en el terrestre como en el aéreo. Los pasajeros mencionan la falta de asistencia adecuada, infraestructura deficiente y protocolos que no consideran sus necesidades. Además de la ausencia de rampas adecuadas, la demora en los servicios de buses y actitudes discriminatorias por parte del personal:

“Soy una persona con discapacidad y tuve que esperar casi una hora más que el resto de pasajeros para que el aeropuerto me asistiera para poder bajar del avión, ya que no tenían disponible la manga, ni oportunamente me asistieron para bajar por las escaleras. El trato que me dieron fue discriminatorio y me parece que no respondieron a mi derecho como pasajera de experimentar la experiencia de viajar igual que las demás personas.”

En eventos masivos, los reclamos recibidos reflejan la falta de infraestructura accesible en recintos y problemas en los sistemas de ingreso:

“El área designada como silla de ruedas para el concierto estaba a nivel del suelo, junto a sectores con asientos. La falta de visibilidad debido a que la mayoría de los asistentes se pusieron de pie fue una experiencia recurrente, evidenciando una falta de consideración hacia las personas con discapacidad. A pesar de mis intentos de comunicarme, la productora mostró una respuesta insatisfactoria y careció de disposición para ofrecer soluciones”, reclamó un consumidor.

Por otro lado, SERNAC registró reclamos relacionados con protocolos de seguridad. Muchos consumidores con discapacidad señalaron que las medidas de seguridad implementadas no consideraron sus necesidades específicas, resultando en tratos diferenciados y discriminatorios:

En caso de querer ingresar un reclamo, existen varias alternativas para hacerlo: ingresando a SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o de manera presencial en las oficinas ubicadas en cada región.

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Un 72% de las mujeres que se sintieron discriminadas en el comercio no reclamaron ante dicha situación.

Las mujeres indican que se sintieron discriminadas mayoritariamente al momento de comprar un producto o contratar un servicio en mercados como el automotriz, financiero, de ferretería o tecnológico, donde los dependientes les hablan suponiendo que no saben nada. Este fenómeno es conocido como “mansplaining”.

Consultadas por sus conocimientos en materia de consumo, el 56% se considera medianamente informada y ejerce sus derechos.

Una nueva versión de la “Encuesta de Percepción Mujer y Consumo” de SERNAC estableció que un 59% de las mujeres se ha sentido discriminadas por razones de género en sus relaciones de consumo.

El objetivo de esta encuesta fue conocer las experiencias diarias en temáticas de consumo y saber si las mujeres se han sentido discriminadas o afectadas por malas prácticas por parte de las empresas.

Esta encuesta estuvo disponible en el sitio web del SERNAC entre el 8 y el 31 de marzo.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

Un 59% de las mujeres encuestadas señala que se han sentido discriminadas como consumidoras por ser mujer.

Del total de las mujeres que indicó haberse sentido discriminadas, un 75,4% indicó que reveló haber padecido esta situación hace menos de un año.

Otro dato relevante de esta encuesta es que un 72% de las mujeres que se sintieron discriminadas no reclamaron ante dicha situación.

Por otro lado, un 85,7% indicó que se han sentido discriminadas por otros motivos, principalmente por la edad (43,6%); por falta de recursos económicos (29,5%); y por su orientación sexual (5,6%).

Situaciones de discriminación

Al analizar las situaciones en las que las mujeres se han sentido discriminadas, un 48,7% de las mujeres indican que se sintieron discriminadas al momento de comprar un producto o contratar un servicio de mercados como el automotriz, financiero, de ferretería o tecnológico, donde los dependientes les hablan suponiendo que no saben nada, fenómeno conocido como “mansplaining”.

En segundo lugar (un 47,5% de las menciones) las mujeres se han sentido discriminadas al comprar ropa debido a la falta de tallas; y luego, (42,6%) por tener que pagar de más debido a que los productos dirigidos a mujeres, fenómeno conocido como “Impuesto Rosa”.

Mercados donde más se discrimina

Las grandes tiendas y cadenas de retail son los mercados donde más se han sentido discriminadas las mujeres, con un 45%; seguido de los Servicios de salud, como Isapres y Centros Médicos (37,4%); y en tercer lugar (33,5%) los servicios financieros.

Mercados con más problemas de consumo

Además, y más allá de los aspectos relacionados con la discriminación, se consultó a las mujeres respecto de los mercados donde han experimentado más problemas de consumo, destacando los servicios de telecomunicaciones (38,6%); seguidos de grandes tiendas (33%); y servicios de salud (25,8%).

Publicidad

Respecto a la publicidad emitida por las empresas en el país, sólo un 28% de las mujeres señala sentirse representada; mientras que un 37,3% indica que no se siente representada; y un 34,7% sólo a veces.

Respecto de quienes señalaron que “no” se sienten representadas o solo “a veces”, se les consultó qué tendrían que hacer las empresas para que las mujeres se sientan representadas.

En este contexto, con un 46,1%, indica que los mensajes publicitarios deberían reflejar la realidad de las mujeres de este país y no los estereotipos de género tradicionales, como mujeres rubias, de ojos claros y delgadas, características de las que no se sienten parte.

Finalmente, consultadas respecto de los conocimientos de sus derechos como consumidoras, el 56% de las consultadas se considera medianamente informada y que ejerce los derechos.

Para conocer en detalle la encuesta, visite www.sernac.cl

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Esta normativa establece que luego de un período de 5 años de haber sido dado de alta de una patología oncológica, sin recaída posterior, las empresas no pueden discriminar a las personas al momento de contratar algún servicio, como, por ejemplo, un seguro de salud o un producto financiero.

Con el propósito de conocer si se están respetando los derechos establecidos en la denominada “Ley de Derecho al Olvido Oncológico”, SERNAC anunció que está monitoreando el comportamiento de las empresas, especialmente las aseguradoras y entidades financieras.

La Ley 21.656, vigente desde febrero pasado, y que modificó la Ley N° 21.258 que creó la Ley Nacional del Cáncer, estableció una serie de derechos para las personas que padecieron la enfermedad.

La norma al establecer el “derecho al olvido oncológico” busca proteger a quienes hayan padecido cáncer, y hayan finalizado su tratamiento radical, sin recaída posterior, impidiendo que sean discriminados por las empresas al momento de contratar servicios, por ejemplo, seguros de salud o productos financieros.

De esta misma forma, una vez que hayan transcurrido cinco años desde haber sido dados de alta de la enfermedad y sin recaídas posteriores, se prohíbe la solicitud de información oncológica o la obligación de declarar haber padecido una patología oncológica a la fecha de suscripción del contrato.

Lo anterior implica que las empresas aseguradoras o las entidades financieras no pueden tomar en cuenta o solicitar el historial clínico de las personas que fueron afectadas por cáncer ni obligarlas a declarar la preexistencia de alguna enfermedad oncológica permitiendo a quienes padecieron esta enfermedad acceder a los servicios bajo las mismas condiciones respecto de quienes no la han tenido.

Asimismo, la normativa establece que serán nulas las cláusulas donde las empresas disponen de limitaciones dirigidas a quienes padecieron cáncer, de acuerdo a los requisitos señalados en la misma ley.

Cualquier incumplimiento a estas obligaciones implica la posibilidad de denuncias ante la justicia con el propósito de sancionar a las empresas infractoras.

Esta Ley indica también que, en caso de incumplimientos, las sanciones, indemnizaciones y reparaciones están sujetas a los procedimientos establecidos en la Ley del Consumidor (Ley N°19.496). Al respecto, SERNAC cuenta con la facultad de defender los derechos de las personas afectadas, pudiendo fiscalizar, interponer denuncias de interés general, iniciar Procedimientos Voluntarios Colectivos o incluso demandar colectivamente.

Adicionalmente, es importante considerar que la Intendencia de Fondos y Seguros Previsionales de Salud dictó la Circular N°461 de 2023, cuyo objetivo es precisar las características de la información que deben entregar los prestadores de salud en el Formulario de Constancia de Información al Paciente GES, cuyos hitos podrían resultar útiles para la aplicación de la ley 21.656, disposición que entrará en vigencia el próximo 03 de junio de 2024.

Finalmente, el llamado a las personas, en caso de cualquier incumplimiento a los derechos establecido en la “Ley de Derecho al Olvido Oncológico”, es a reclamar ante SERNAC a través de www.sernac.cl o llamando al número 800 700 100.

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La Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen) arrojó que las personas lesbianas y gays tienen más años de estudios y mejores ingresos económicos que los heterosexuales y que solo el 22,9% ha sufrido discriminación en el último año, mientras el porcentaje de quienes reconocen orientaciones sexuales o identidades de género diversas es muy inferior al reportado por otros estudios.

Los resultados fueron publicados por La Tercera al analizar la base de datos de la Casen.

“Si los porcentajes dados a conocer por este medio de comunicación son los correctos, lo cual debe aclarar el Ministerio de Desarrollo Social y la Familia, sin duda la Casen debe con urgencia mejorar su metodología. Mientras ello no ocurra,  sus datos merecen un análisis muy crítico, pues no solo se escapan de otros estudios y de la realidad que a diario se conoce. Además, entran en abierta contradicción consigo mismos”, señaló hoy el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

En efecto, según la Casen el 1,72% de los encuestados/as se declara gay o lesbiana, el 1.52%, bisexual y el 0,23% de “otra” orientación sexual distinta a la heterosexual, lo cual significa que el 3,47% de personas reconoce ser parte de las diversidades sexuales, en circunstancias que en 2017 esa cifra solo llegaba al 1,98% y en 2015 al 1,41%.

Además, el 0.37% declara un género o una identidad de género diversa, divididos en personas transmasculinas (0.09%), transfemeninas (0.03%), no binarias (0,21%),  y “otro género” (0,04%)    

“Una buena noticia podría ser que el número de personas que reconoce ser parte de las diversidades sexuales aumentó un 175% en comparación a la Casen del 2017. Sin embargo, el número sigue siendo bajo en relación a otros estudios, como el de la  “Encuesta Global Orgullo LGBT+ 2023” (IPSOS), según el cual el 8% tiene una orientación sexual diversa y el 3% un género o identidad de género diversa, siendo Chile uno de los países de América Latina donde más se reconoce ser LGBTIQ+”, apuntó el Movilh.

“Ahora bien, si comparamos las cifras con otros estudios oficiales la situación es similar. Por ejemplo, según la Casen el número de jóvenes menores de 29 años que declaran orientación sexual diversa es de 8,17%, pero de acuerdo a la 10ma Encuesta Nacional de la Juventud la cifra es del 15%. Todo indica, por tanto, que la Casen debe ir perfeccionando su metodología de manera de acercarse de una manera más real al número exacto de personas que se declara LGBTIQ+, pues en caso contrario, sus resultados distorsionan la realidad”, señaló el Movilh.

La Casen, empero, si coincide con otros estudios en torno a que las personas más jóvenes tienen una mayor disposición que las más adultas para reconocer orientaciones sexuales diversas.

En efecto, entre los 18 y 29 años el 2,9% se declara gays o lesbiana;  entre los 30 y 44 años, el 2,78%; entre los 45 y 59 años, el  0.73% y en quienes tienen más de 60 años el 0.27%  En el caso de los bisexuales, la cifras son, en forma respectiva, del 4,59%; 1.38%;  0.27%; y 0.08% y, en relación  “otras orientaciones sexuales”, de 0,68%; 0.19%;  0.05%;  y 0.05%, A estos se añade que 1,26% no responde y un 0.46% no sabe.

Otras distorsiones de la Casen

El Movilh advirtió que la “Casen al no contar con una metodología  fina y precisa para dar con el porcentaje o número real de personas que en Chile hoy se declaran LGBTIQ+, termina arrojando diferencias muy notables con todos los otros estudios referentes al tema, llegado al extremo de no dar cuenta real de la discriminación y de la vulnerabilidad que afecta a este grupo humano”.

En efecto, según la Casen solo el 22,9% de gays y lesbianas, el 9.7% de bisexuales y el 19.7% de quienes declaran “otras orientaciones sexuales”  ha sido discriminado en el último mes; mientras que un sondeo de la Subsecretaría de Prevención del Delito aplicado en 2021 arrojó que el 64,3% de las personas LGB+ fue excluida o marginada por su orientación sexual en el último año.

“Más aún, de acuerdo a la Casen el 0,5% de las personas heterosexuales (cuyo número es mayor a quienes se declaran LGBTIQ+) dice haber sido discriminada por su orientación sexual. Es decir según la Casen hay más personas  discriminadas por ser heterosexuales, que personas LGBTIQ+, lo cual tiene poca lógica, si además se suma el hecho de que de acuerdo al mismo sondeo gays y lesbianas tienen más educación y mejores ingresos económicos que el resto de la población”, señaló el Movilh.

El promedio de años de estudios de de gays y lesbianas  es de 14,9; de bisexuales, de 14,6 años; de “otras orientaciones”, de 13,9% años y de  heterosexuales de 12,1 años.

Más aún, según la Casen el ingreso monetario promedio de gays y lesbianas es de $792,064; de heterosexuales de $614.912; de bisexuales de $460.487 y de “otras” orientaciones sexuales de $376.553.

En “concordancia” con ello, según la Casen, el 52,4% de los heterosexuales se ubica en los deciles de ingresos económicos más bajos  (de I a V) y el 47,7% en los más altos (de VI a X). En cambio solo el 25,1% de los gays y lesbianas se ubica en los deciles más bajos y el 74,9%  en los más altos. En el caso de los bisexuales la cifra es de 34,6% y 63,6% y en “otras orientaciones” de 42,4% y 57,6% en forma respectiva.

“En primera instancia se podría fácilmente suponer que gays y lesbianas tienen más ingresos, porque tienen más estudios. Sin embargo, es la misma Casen la que desacredita esa hipótesis, en tanto los bisexuales tienen más estudios que los heterosexuales y aún así sus ingresos monetarios son menores. Suma y sigue: de aceptar los resultados de la Casen, tendríamos que concluir que gays o lesbiana sufren menos discriminación laboral y educacional que heterosexuaesl.  Sin duda a la Casen le falta mucho pulir su metodología para ser una radiografía de sectores históricamente discriminados, como es el caso de las personas LGBTQ+”, señaló el Movilh.

Otras eventuales errores de la Casen se refiere a las porcentaje de personas que declaran orientaciones sexuales diversas por región. Encabeza la lista la Región Metropolitana, con el 4.1%, seguida por Antofagasta (4.1%), Valparaíso (3.5%), Tarapacá (3.4%), Atacama (3%), Arica y Parinacota (2,9%), Biobío (2,7%),  Los Ríos (2,6%),  O`higgins (2,5%),  Aysén (2,5%), Magallanes (2.4%, Coquimbo (2,3%), Los Lagos (2.1%), La Araucanía (1,9%), Maule (1,8%), Ñuble (1,4%).

“Que Antofagasta supere a Valparaíso y que Biobío esté en el séptimo lugar de reconocimiento es algo que debiese llamar la atención por una razón muy simple. La R.M,. Valparaíso y Biobío son las tres regiones donde más se reportan denuncias por discriminación basadas en la orientación sexual o identidad de género, y Antofagasta, Tarapacá y Atacama, donde menos se reportan, según todos los estudios. Y de acuerdo a diversos y compartidos análisis  los lugares donde las personas más denuncian discriminación, son las mismas localidades donde más se reconoce la orientación sexual o identidad de género. Algo está mal con la Casen”, finalizó el Movilh.

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En el marco de la ley 21.369, la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa Huencho, junto a la subsecretaria de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza; la presidenta del Consejo Nacional de Educación, Luz María Bugde; el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, Renato Bartet; y representantes de Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, se reunieron en el Ministerio de Educación para relevar el trabajo conjunto intersectorial que las distintas instituciones han realizado dada la importancia de esta ley para generar cambios en las instituciones de educación superior, pues busca promover políticas integrales que estén orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia de género, el acoso sexual y la discriminación en virtud del género en los espacios de educación superior.

A partir de este jueves 15 de septiembre de 2022, la adopción de las políticas integrales, en los términos señalados por esta ley, serán obligatorias para las instituciones de educación superior, y serán consideradas para acceder u obtener la acreditación institucional otorgada por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). También formará parte de los procesos que acompaña el Consejo Nacional de Educación (CNED) como el licenciamiento de nuevas IES, la supervigilancia de los CFT Estatales, entre otros. Por otra parte, el incumplimiento general de esta ley puede ser sancionado por la Superintendencia de Educación Superior (SES).

El Ministerio de Educación, por medio de la Subsecretaría de Educación Superior, ha impulsado numerosas acciones para apoyar y acompañar a las instituciones de educación superior en el desafío que se inicia con la implementación de esta ley, contando con la valiosa colaboración de diversos organismos del Estado.

La subsecretaria Verónica Figueroa Huencho señaló que “hemos desarrollado distintas estrategias y esfuerzos que van en la línea de promover y acompañar a las instituciones en la aplicación de la ley. En el marco del Comité Coordinador del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (SINACES), creamos una Mesa Técnica, asumiendo además la coordinación intersectorial con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, y con el Ministerio de Ciencias, Tecnología, Innovación y Conocimiento, actores clave en lograr que esta política sea entendida como una política transversal, sustantiva y estratégica en educación superior, y que supone un compromiso que se instala desde el 15 de septiembre, pero que también va a tener una permanencia en el tiempo”.

En la instancia, la subsecretaria de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Carolina Gainza, planteó que «es muy importante ser parte de este trabajo interministerial para la implementación de esta ley. Estamos trabajando fuertemente en implementar lineamientos de gobierno para permear y transversalizar en el mundo de la investigación, la ciencia, los conocimientos, la tecnología y la innovación, políticas de género que permitan terminar con la discriminación y la violencia que vivimos las mujeres e investigadoras y uno de esos espacios son las universidades”.

Dentro de las acciones coordinadas y lideradas por la Subsecretaría de Educación Superior se encuentra la elaboración de un documento orientador que busca acompañar los procesos de implementación de políticas integrales que abordan acoso sexual, violencia y discriminación de género en educación superior con aportes de las instituciones integrantes de la mesa, dirigido a las instituciones de educación superior.

La presidenta del Consejo Nacional de Educación, Luz María Bugde, agradeció la  posibilidad de llevar a cabo este trabajo en conjunto. “Creemos firmemente que para todo el sistema educacional el poder recibir orientaciones hechas de manera coordinada, entre todos quienes han tenido alguna relación con la ley, es una tremenda ayuda. Valoramos la transparencia, el poder trabajar articuladamente y transmitir preocupaciones e inquietudes, que fueron recogidas en el documento y será enriquecedor para todas las instituciones de educación superior en la implementación de la Ley”.

Por su parte, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, Renato Bartet, valoró el trabajo realizado en la construcción de las orientaciones y de la mesa técnica, señalando que “estamos bastante comprometidos en la implementación de esta ley. Valoramos enormemente este documento que la Subsecretaría de Educación Superior ha elaborado y pondrá a disposición de las instituciones, porque este contiene dos aspectos que son muy relevantes: por un lado entrega orientaciones relevantes para las instituciones para el cumplimiento de esta ley, pero por otro lado contiene una serie de aspectos y elementos que permiten a las IES plantearse un desarrollo de estas materias en el largo plazo, insumos bastante relevantes que las instituciones podrán hacer uso en virtud de su autonomía, en función de sus proyectos educativos, de sus propósitos institucionales para una mejora de la calidad en el sistema de la Educación Superior».

Otras acciones que se encuentra impulsando la Subsecretaría de Educación Superior:

En términos de financiamiento, la Subsecretaría de Educación Superior ha incluido en el Concurso de Áreas Estratégicas 2022, tanto del Subsistema Universitario cómo Técnico Profesional, el área 4 sobre igualdad de género y no discriminación, que incluye acciones vinculadas al cumplimiento de la ley. Los proyectos presentados por las instituciones podrán durar entre 18 y 36 meses, con montos que van desde los 200 a 400 millones de pesos.

Además, como resultado de la colaboración y trabajo con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género se ofrecerá durante los próximos meses un curso gratuito e-learning sobre los desafíos de la Ley 21.369 para el abordaje del acoso sexual, violencias y discriminación de género en la educación superior, a disposición de todas las instituciones de educación superior tanto técnico profesionales como universidades.

También en colaboración con el CNED se proyecta el desarrollo de actividades de acompañamiento y seminarios con las Instituciones de Educación Superior, especialmente los CFT Estatales e Instituciones Técnico Profesionales. Junto con ello, la Subsecretaría de Educación Superior participa en la mesa de género convocada por la CNA para operacionalizar los nuevos criterios y estándares de acreditación articulando dicho trabajo con la implementación de esta ley.

Para la Subsecretaría de Educación Superior es importante enfatizar que las políticas integrales son un medio para un fin mayor que busca establecer ambientes seguros y libres de acoso sexual, violencia y discriminación de género, para todas las personas que se relacionen en comunidades académicas de educación superior, con prescindencia de su sexo, género, identidad y orientación sexual.

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El Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, junto al Subsecretario Emardo Hantelmann y el Director del Observatorio de Participación Ciudadana y no Discriminación, Camilo Cayuqueo, dieron a conocer los resultados de la Segunda Consulta Ciudadana de Discriminación, en el marco de la campaña “Yo Te Respeto”.

Entre diciembre de 2019 y enero de 2020 se llevó a cabo este proceso de consulta, el cual consistió en un trabajo a nivel nacional de manera presencial y online, a través de la página www.yoterespeto.cl. El formato online estuvo disponible en diferentes idiomas: español, mapudungún, aymara, rapanui y kreyol. En total participaron más de 67.809 personas.

Entre sus principales resultados, se encuentra que un 48% se ha sentido discriminado arbitrariamente. En ese sentido, un 42% dice que ha sido debido a su apariencia personal, un 22% por su ideología u opinión política y un 21% por su situación económica.

También, un 75% asegura haberse sentido discriminado arbitrariamente según su género en la clasificación “otro”. Al ser consultados por personas o grupos que los han discriminado, un 39% dice que fue un compañero o compañera de trabajo o estudio

El Vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, señaló que “los resultados que hoy día se presentan son parte de la campaña que hemos llamado «Yo te respeto». Y la quisimos llamar así porque es una profundidad más allá de lo que comúnmente se habla como tolerancia. La tolerancia es aceptar que otro está ahí, mientras que respetar implica que el otro también tiene su propia dignidad, por tanto, soy capaz de enriquecerme en la diferencia y diversidad de la otra persona. Esa es la lógica de la campaña «Yo te respeto”, es decir, que te considero una persona exactamente igual que yo, con los mismos derechos, deberes, su dignidad”.

Por su parte, Camilo Cayuqueo expresó que “para el Observatorio de Participación Ciudadana y No Discriminación es de gran importancia poder dar a conocer los resultados de la Segunda Consulta de Discriminación. Esto nos permite impulsar variadas acciones en pos de avanzar hacia un país más respetuoso, inclusivo y en donde las diferencias se valoren como un aporte hacia la sociedad. Nuestra unidad trabaja constantemente por terminar con todo tipo de discriminación arbitraria y conocer los resultados de la Consulta nos impulsa a seguir en esta misma senda. También quiero agradecer el rol que tuvieron las regiones, ya que fueron fundamentales en la aplicación de esta consulta y la información entregada por los Seremis nos permite conocer las diferentes realidades de nuestro país”.

Conoce los resultados de la Segunda Consulta Ciudadana de Discriminación en www.msgg.gob.cl.

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