Desde su entorno precisaron que la parlamentaria no forma parte del programa cuestionado y que su rol ha sido exclusivamente fiscalizador desde el inicio del Caso Convenios en la región.

El equipo de la diputada Ericka Ñanco salió al paso de las interpretaciones surgidas tras la publicación de antecedentes vinculados al Caso Convenios en La Araucanía, aclarando que la parlamentaria no tiene participación en los hechos investigados ni en el programa cuestionado del Gobierno Regional.

A través de una comunicación formal, desde su entorno señalaron que la diputada no integra el listado de beneficiarios del programa de reactivación económica, ni ha tenido intervención en las iniciativas que actualmente se encuentran bajo revisión por millonarias rendiciones rechazadas.

En esa línea, enfatizaron que su único vínculo con el caso ha sido en su calidad de autoridad fiscalizadora. “Su rol ha sido fiscalizar desde el inicio este tipo de situaciones y continuará ejerciendo esa función conforme a sus atribuciones”, indicaron.

La aclaración surge en medio del debate generado por antecedentes relacionados con la empresa Ñankus SpA, firma que figura entre las beneficiarias del programa ejecutado entre 2022 y 2023 y que hoy es objeto de cuestionamientos por los documentos de rendición entregados, que se vinculan además a otra arista del caso Convenios.

Si bien esta empresa está relacionado a un primo y tía de la parlamentaria, ella no posee ningún vínculo con la actividad empresarial que desarrollan.

El caso se enmarca en un escenario más amplio, luego de que el gobernador regional René Saffirio confirmara el inicio de un proceso de restitución de más de $8 mil millones en recursos mal rendidos, tras detectarse que más del 90% de las rendiciones fueron rechazadas u observadas.

Desde el equipo de la parlamentaria recalcaron la importancia de resguardar la rigurosidad en el tratamiento de este tipo de información, especialmente en investigaciones en curso que pueden dar lugar a interpretaciones erróneas.

En paralelo, la indagatoria continúa avanzando, mientras los antecedentes sobre empresas beneficiarias —incluyendo rendiciones, facturación y eventuales vínculos— siguen siendo objeto de revisión por parte de las autoridades competentes.

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Las autoridades coincidieron en la importancia de orientar los recursos públicos hacia las necesidades más urgentes de la ciudadanía.

La diputada reelecta por el Distrito 23, Ericka Ñanco, sostuvo una reunión con el gobernador de La Araucanía, René Saffirio, con el objetivo de iniciar una agenda de trabajo conjunta orientada a abordar las principales necesidades de la región, especialmente aquellas que afectan a las familias rurales y a los sectores más vulnerables del territorio.

La máxima autoridad regional explicó que el encuentro permitió avanzar en una coordinación entre el Gobierno de La Araucanía y representantes del Congreso para impulsar diversas iniciativas. “Hemos estado conversando respecto de un conjunto de iniciativas que gradualmente vamos a ir informando a la comunidad. Creo que es importante que parlamentarios, senadores, diputados y el Gobierno Regional colaboremos en una función que tenga como único destino el beneficiar a los sectores más vulnerables de nuestra región”, agregó René Saffirio.

El Gobernador Saffirio valoró el trabajo realizado por la parlamentaria durante su primer período legislativo, destacando su apoyo en materias vinculadas a las comunidades más necesitadas del territorio “La diputada ha sido un apoyo importante durante mi primer año como Gobernador y eso significa que podemos seguir desarrollando una actividad conjunta pensando principalmente en los sectores rurales, también en los grupos urbanos, pero con la mirada puesta en aquellas familias con mayores carencias”.

Por su parte, la diputada Ñanco señaló que el trabajo coordinado con el Gobierno Regional es clave para asegurar que los recursos públicos se destinen a las prioridades de la ciudadanía. “Los recursos de todas y de todos tienen que ser para todas y para todos, no para los mejores amigos de quien está gobernando. El gobernador René Saffirio ha tenido una labor intachable en la búsqueda de entregar estos recursos a quienes más lo necesitan».

La parlamentaria agregó que uno de los énfasis del trabajo conjunto estará puesto en el fortalecimiento de la infraestructura básica en zonas rurales. “Es por eso que nuestro compromiso seguirá por fortalecer más APR y más caminos rurales”, explicó la parlamentaria mapuche.

Finalmente, Ñanco subrayó que el acceso a la salud también forma parte de las prioridades de esta agenda de trabajo. “La salud tiene que ser digna para todos nuestros vecinos y vecinas de la región. Así es que para eso seguiremos trabajando en conjunto”.

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El órgano contralor concluyó que no se suspendió el derecho a sufragio de la autoridad comunal, por lo que no se configuró inhabilidad para ejercer el cargo ni corresponde reintegro de remuneraciones, desestimando los planteamientos formulados por diputadas, un diputado y ediles de la comuna.

Un revés institucional enfrentaron parlamentarios y concejalas que solicitaron un pronunciamiento de la Contraloría General de la República respecto de la situación judicial del alcalde de Collipulli, luego que el ente fiscalizador descartara de manera concluyente que se haya configurado una incapacidad temporal para el ejercicio del cargo.

El Dictamen N° D13/2026 se originó tras requerimientos ingresados por las diputadas Ericka Ñanco y Emilia Nuyado (de la Región de Los Lagos), el diputado Jorge Saffirio, junto a las concejalas Jacqueline Ponce y Carolina Valenzuela, quienes consultaron si la acusación penal por desacato presentada contra la autoridad comunal implicaba su inhabilitación automática para ejercer funciones.

Las autoridades sostenían que, al tratarse de un delito que —a su juicio— podía tener asignada pena aflictiva, se habría configurado la suspensión del derecho a sufragio, lo que activaría la incapacidad temporal establecida en la Ley Orgánica de Municipalidades.

Sin embargo, tras analizar los antecedentes judiciales y administrativos, Contraloría desestimó esa interpretación.

No se configuró incapacidad

El pronunciamiento de Contraloría estableció que para que opere la incapacidad temporal de un alcalde deben cumplirse requisitos copulativos: que exista acusación por delito con pena aflictiva y que dicha condición sea comunicada formalmente al Servicio Electoral.

En este caso, el órgano contralor constató que el Ministerio Público solicitó una sanción que no reviste carácter aflictivo para estos efectos. Asimismo, se verificó que el Juzgado de Letras y Garantía de Collipulli no incorporó la acusación en la nómina que debe remitirse al SERVEL respecto de personas acusadas por delitos con penas aflictivas.

Este elemento fue considerado decisivo por Contraloría, al señalar que no existió comunicación oficial que permitiera configurar la suspensión del derecho a sufragio. En consecuencia, el dictamen concluye que no se configuró incapacidad temporal para el desempeño del cargo.

Derivado de lo anterior, el ente fiscalizador también resolvió que no corresponde exigir el reintegro de remuneraciones percibidas por la autoridad desde la presentación de la acusación, al no haberse materializado inhabilidad alguna, reafirmando así la plena validez del ejercicio del cargo durante el período cuestionado.

Otro frente sigue en tribunales

Respecto de la solicitud para que se evaluara un eventual notable abandono de deberes, Contraloría se abstuvo de emitir pronunciamiento, argumentando que existe un requerimiento de remoción en trámite ante el Tribunal Electoral Regional de La Araucanía, instancia competente para resolver esa materia.

Con ello, el dictamen cierra la controversia administrativa sobre una eventual inhabilidad automática del jefe comunal, pero mantiene abierto el escenario político-judicial, en un conflicto que ha enfrentado públicamente a autoridades fiscalizadoras con la administración municipal de Collipulli.

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