Con la participación de instituciones clave como SERVIU, INDAP, FOSIS, Sercotec, IPS y el Registro Social de Hogares, la iniciativa transformó temporalmente la Escuela Teodosio Urrutia en un verdadero centro cívico, acercando el Estado a decenas de familias que habitan en zonas rurales y comunidades campesinas.

Cinthya Sepúlveda, coordinadora del programa en Malleco, destacó la importancia estratégica de llegar a estos territorios. «Acá en la localidad de Pidima es bastante alejado de lo que son los servicios públicos. Que estén acá ellos colaborando con nosotros es bastante beneficioso para la localidad, ya que ellos tienen que dirigirse, ya sea a Angol, Collipulli o Temuco, a hacer sus trámites», explicó Sepúlveda.

El rol clave de la comunidad educativa

Elizabeth Palma Inostroza, directora de la Escuela Teodosio Urrutia, abrió las puertas del establecimiento, facilitó conexión a internet y soporte logístico para que las y los funcionarios pudieran entregar la oferta del Estado a las y los usuarios.

Palma valoró el impacto social de la jornada, subrayando el perfil de los beneficiados. «Me parece estupenda la iniciativa que puedan estar acá en terreno, porque […] la mayoría de nuestros apoderados son de comunidades campesinas. Es una muy buena iniciativa que puedan venir y hacer todas las consultas. La escuela está a disposición siempre para que la gente solucione sus problemáticas», señaló la directora.

Trámites múltiples en una sola jornada

Para los habitantes de Ercilla, la burocracia suele ir acompañada del desgaste del transporte público y la pérdida de días de trabajo. Silvia Beltrán, vecina del sector Antinao y usuaria de la jornada, lo testifica en sus propias palabras: «Estamos agradecidos del gobierno y de lo que pueden hacer, porque no todas las personas pueden ir a la oficina. Y aparte de eso, que el FOSIS, el SERVIU y todo eso está aquí mismo, en un solo día uno puede hacer varias consultas», relató.

Beltrán, quien destacó que es muy beneficioso «sobre todo para la gente que vive en el campo, que cuesta salir», hizo un llamado a que la iniciativa se mantenga en el tiempo. «Espero que se siga repitiendo, porque para toda la gente es muy, muy bueno», concluyó.

La actividad en Pidima reafirma el compromiso del programa Gobierno en Terreno por romper las barreras geográficas en la provincia, asegurando que los beneficios sociales, de vivienda y fomento productivo lleguen a quienes más lo necesitan, sin importar cuán alejados se encuentren de la capital.

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La Consejera Nacional de CONADI, Ana Llao, expresó su profunda preocupación y rechazo ante las recientes declaraciones del Presidente —emitidas en entrevista ARCHI— respecto a las comunidades mapuche y sus dirigencias en La Araucanía, calificando sus dichos como “graves, innecesarios y perjudiciales para la convivencia democrática”.

En ese contexto, Llao cuestionó el tono utilizado por la autoridad. “Creemos que estamos en democracia, y en una democracia no se amenaza a las comunidades ni se deslegitima a sus representantes tratándolos de ‘seudodirigentes mapuche’”, afirmó. Asimismo, advirtió que este tipo de declaraciones instala un clima de temor y desconfianza: “Lo que se está construyendo es miedo, es una señal peligrosa que profundiza la distancia entre el Estado y el pueblo mapuche, y representa un retroceso en una relación que ya es compleja”.

La Consejera Mapuche también criticó la idea planteada por el Ejecutivo respecto a revisar quién ingresa o permanece en los territorios. “Es extremadamente grave que se pretenda determinar quién entra y quién sale de nuestros territorios. Eso no solo vulnera principios democráticos, sino que desconoce nuestras formas de organización y autonomía”, indicó.

Llao fue enfática en defender la legitimidad de las dirigencias mapuche: “Aquí no hay seudoliderazgos, ni buenos, ni malos dirigentes, nuestras autoridades ancestrales y elegidas merecen respeto las que están validadas por sus comunidades y territorios. No aceptamos descalificaciones desde el poder central”, subrayó.

Finalmente, hizo un llamado directo al Presidente a cambiar el tono y abrir espacios de diálogo. “El Presidente debe irse con más calma, su vocabulario refleja ansiedad y, lamentablemente, rasgos de discriminación. Chile necesita diálogo, escucha activa y respeto, no imposiciones ni estigmatización”. La Consejera reiteró que el país no puede seguir administrando su relación con el pueblo mapuche bajo un modelo “racista y discriminador”, insistiendo en la urgencia de avanzar hacia un trato basado en el respeto mutuo y la participación efectiva de las comunidades.

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La justicia condenó al fisco a pagar $10 millones por daño moral al hermano de Juan Eleuterio Cheuquepán Levimilla, quien tenía solo 15 años cuando fue detenido por agentes del Estado y desde entonces se desconoce su paradero.

Más de cinco décadas después de la desaparición de un adolescente mapuche en plena dictadura, la justicia volvió a pronunciarse sobre el caso. El 29° Juzgado Civil de Santiago condenó al fisco de Chile a pagar una indemnización de $10.000.000 por daño moral al hermano mayor de Juan Eleuterio Cheuquepán Levimilla, joven que fue detenido en la comuna de Lautaro el 11 de junio de 1974, cuando tenía apenas 15 años. Desde ese día, su destino y paradero continúan siendo desconocidos.

En la sentencia, correspondiente a la causa rol 11.395-2025, el juez Diego Portilla Silva rechazó las excepciones de reparación integral y prescripción extintiva presentadas por el fisco, estableciendo que el demandante tiene derecho a ser indemnizado por ser familiar directo de una víctima de violaciones a los derechos humanos.

El fallo señala que el hecho que origina la responsabilidad del Estado es el homicidio calificado de Juan Eleuterio Cheuquepán Levimilla, y que el tribunal debía centrarse en determinar la existencia del daño moral sufrido por su hermano.

“Por consiguiente, siendo indiscutido el hecho dañoso del que deriva la responsabilidad del Estado hecha valer, consistente en el homicidio calificado de don Juan Eleuterio Cheuquepán Levimilla, cabe centrarse en la demostración del detrimento moral alegado por el actor”, sostiene la resolución.

El tribunal explica además que el daño moral corresponde a un agravio o menoscabo a un derecho inmaterial de la persona, que en este caso es atribuible al Estado de Chile. En ese sentido, cita jurisprudencia de la Corte Suprema que define el daño moral como “un mal, un perjuicio o una aflicción en lo relativo a las facultades espirituales, vale decir, cuando se ocasiona a una persona un dolor o aflicción en sus sentimientos”.

Durante el juicio, la parte demandante presentó un informe psicológico sobre los daños asociados a la violencia política, documento que finalmente no fue considerado como prueba debido a que su autora no compareció ante el tribunal para ratificar su contenido.

Sin embargo, el juez concluyó que el daño moral podía presumirse por la propia naturaleza de los hechos, dado que la desaparición de una persona a manos de agentes del Estado genera inevitablemente un profundo impacto en su familia.

“Es dable razonar que para su familia la desaparición de don Juan Eleuterio Cheuquepán Levimilla es equiparable incluso a su muerte, al ser forzosamente privados de tenerlo en su vida, acompañarlo y verlo desarrollarse dentro de su entorno familiar”, señala la sentencia.

El fallo agrega que esta situación puede ser incluso más cruel para los familiares, ya que no existe certeza sobre su destino ni sobre el lugar donde podrían encontrarse sus restos.

No obstante, el tribunal también consideró que la relación entre el demandante y la víctima no habría sido permanente debido a la diferencia de edad y a que el propio actor declaró haber emigrado desde niño a Santiago para trabajar y ayudar a su familia. Además, indicó que solo meses después supo de la desaparición de su hermano.

Por estas razones, el tribunal determinó avaluar prudencialmente el daño moral en $10 millones, cifra que el Estado deberá pagar al demandante.

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La consejera ante CONADI, Ana Llao, denunció que comunidades mapuche de la comuna de Purén llevan más de una semana sin agua potable, debido a la falta de entrega por parte de los camiones aljibe dispuestos por el Estado.

Las comunidades afectadas son Loncoyan Grande, Loncoyan Chico, Hueico Chico y Remehueico, territorios que dependen totalmente de este suministro, ya que las napas subterráneas se encuentran agotadas.

Esta negligencia está provocando un grave daño a niños, niñas y adultos mayores, especialmente en un contexto de altas temperaturas, poniendo en riesgo la salud y la dignidad de las familias.

La consejera señaló la responsabilidad política del Ministro del Interior, Álvaro Elizalde, y del Delegado Presidencial, recalcando que en una comuna rodeada de empresas forestales, las comunidades siguen sin acceso a un derecho humano básico.

Ana Llao emplazó al Ministerio del Interior a actuar de forma inmediata y resolver esta grave crisis hídrica en La Araucanía, exigiendo respuestas concretas y urgentes.

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Por Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador.

¿Es realmente conveniente reducir al Estado a su mínima expresión?

El paradigma del extremo neoliberal, de esa derecha nueva, de raigambre distinta, de apellido libertario, y que ha surgido como respuesta rápida a las crisis, a los desórdenes, a la ralentización del crecimiento económico, a las olas migratorias y –en algunas variantes contradictorias y enrevesadas, porque supuestamente el libertarismo no se mete con tus libertades personales– a la liberalización de la moral en buena parte de la sociedad, considera un pilar para el desarrollo de sus ideas la reducción del Estado a su mínima expresión.

¿Por qué? De acuerdo con su visión, el Estado es la encarnación de varios demonios ideológicos. Para ellos, un Estado que hace algo tan natural como cobrar impuestos, es un gigante que asfixia la libre iniciativa; y que encima te roba, porque hace caridad con tu dinero y el de otros. Luego, un Estado que educa, es un Estado que adoctrina en “socialismo” o en la (inexistente) ideología de género. Para colmo, un Estado que centraliza y administra tus fondos de pensiones, te los quitará de seguro.

Pero la narrativa libertaria no resiste demasiados análisis. Para entenderlo, detengámonos sólo en una de estas ideas: la reducción de la carga tributaria como la medida definitiva para hacer despegar la economía y la creación de empleo. La experiencia internacional lo desmiente.

Reagan, en Estados Unidos, prometió que bajar los impuestos a los más ricos y a las grandes empresas reactivaría el crecimiento. El resultado fue un drástico aumento del déficit fiscal y de la deuda pública –al quedar gastos como la Defensa o el rol redistributivo del Estado desfinanciados–; recortes en programas sociales, un fuerte aumento de la desigualdad y un estancamiento de los salarios, debiendo el Gobierno echar pie atrás y volver a subir los tributos.

Lo mismo ocurrió con Donald Trump en 2017, que redujo impuestos con la promesa de más inversión y nuevos empleos. Ocurrió que las empresas utilizaron esta nueva holgura para recomprar sus acciones y subir su valor en bolsa, pero los salarios y empleos apenas crecieron, y la deuda aumentó.

También lo intentó Liz Truss en el Reino Unido. Otro rotundo fracaso.

Son pocos los ejemplos de países verdaderamente desarrollados donde el Estado es mínimo en tamaño, o más ausente en rol; y aquellos donde sí ocurre (como Suiza, Singapur o Estados Unidos) son naciones donde ya se resolvió lo básico, o bien sociedades con altos y generalizados niveles de riqueza, donde los individuos pueden ser “menos apoyados” –e incluso en esos casos, la lógica individualista también falla, y por mucho–.

Chile, al contrario, es un país en vías de desarrollo, con alta desigualdad territorial, y donde a un privado no le interesa, ni le conviene, instalar una clínica o un banco en una comuna de 5 mil habitantes. Contamos, en lugar de eso, con un sistema público de protección social que atiende a las personas menos afortunadas de la sociedad. Nuestro sistema ha avanzado, pero todavía falta mucho por mejorar. ¿Reducir el Estado después de resolver esas brechas? Puede ser. Pero hacerlo antes sería abandonar a las personas y las comunidades.

En un país como el nuestro, la ausencia del Estado –junto a la legítima reserva que tiene el sector privado, de no estar obligado a hacer lo que no le conviene, o lo que no quiere– empeoraría el hecho de que ya existen zonas rurales sin servicios, así como la falta de vivienda, las deficiencias del transporte, e incluso problemas de seguridad desigual, según el ingreso y el domicilio de las personas.

Por otra parte, y con mínimas regulaciones, el mercado en Chile ha demostrado que tiende a concentrarse, no a competir de manera justa. En la teoría neoliberal y libertaria, el mercado asigna, distribuyendo naturalmente a cada quien de acuerdo al fruto de su trabajo. Pero en Chile los rubros se concentran en pocas empresas. Las mismas terminan por ahogar a los nuevos que desean incursionar; los grandes grupos económicos tienen facilidad para acceder a información privilegiada, y más de un sector se ha coludido de cara al consumidor. Sin Estado, consumidores y trabajadores quedan en la indefensión, y el poder del sector privado en estos sentidos no tiene contrapeso alguno.

Vale decir, además, que el desempeño del Estado en la historia de Chile ha sido destacado, aunque nos quieran vender lo contrario. A partir de la triada de gobiernos radicales y hasta los tiempos actuales –con la excepción de la dictadura, que bregó en dirección opuesta– el Estado chileno ha educado, ha cuidado la salud de las personas, ha industrializado, ha dotado al país de infraestructuras, ha sentado las bases de la previsión –hoy la fortalece– y ha contribuido, con distintas políticas redistributivas, a reducir sostenidamente la pobreza.

En fin, la paradoja es que la falta de Estado no libera a la ciudadanía. Neoliberales y libertarios olvidan, en el contexto de un país como el nuestro, que ricos y pobres llegan a viejos; que ricos y pobres se enferman; que ricos y pobres quedan sin trabajo; que ricos y pobres están afectos a catástrofes e imprevistos. Pero que sólo los primeros pueden defenderse solos.

Por último, un punto pragmático: el Estado es uno de los clientes más relevantes y estructurales para la pequeña y mediana empresa en Chile. Legítimamente alguien pudiera cuestionar aquello, pero si se quiere cambiar dicha realidad, el camino no es hacerlo mediante un shock que genere graves efectos sobre el empleo y la estabilidad de la economía.

¿Cuál es el problema, entonces? Es el Estado, o es un Estado con problemas en diseño e ineficiencias? ¿Arreglamos lo que está mal, o desarmamos la casa y partimos de cero? ¿Necesitamos menos Estado, o un mejor Estado? Esa es la pregunta. ¿Y la respuesta? A mediados del siglo pasado, el humanismo cristiano nos orientó al respecto, proponiéndonos la Economía Social de Mercado: “Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”.

Lo demás es ideología, ya que está tan de moda hablar de ellas.

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El documento revela que noviembre registró 8 hechos de violencia, la cifra más alta del año, lo que significa un aumento del 100% respecto de octubre y un retorno a niveles no vistos desde abril de 2024 .

De ellos, 7 ocurrieron en La Araucanía, principalmente atentados incendiarios, y 4 fueron adjudicados por la WAM, confirmando que las células radicalizadas mantienen capacidad de fuego, logística y despliegue territorial.

El presidente de la Multigremial, Patricio Santibáñez, sostuvo que estas cifras son una “señal de alarma” para la seguridad regional.

“Noviembre marca un rebrote evidente del terrorismo. Quien diga que esto está controlado se equivoca. Las células violentas siguen operativas, se reorganizan y prueban sus capacidades cuando el Estado baja la guardia.”

Según el informe, desde enero de 2021 a noviembre de 2025 se han contabilizado 1.050 hechos de violencia en la Macrozona Sur y 648 durante el actual gobierno, confirmando un conflicto que no cede, pese al descenso registrado en algunos meses del invierno

Preocupación por incendios: “La región no está preparada para un verano con riesgo”

El informe alerta que La Araucanía experimentó el año pasado un aumento de 206% en superficie quemada, con más de 20 mil hectáreas afectadas y un preocupante 52% de incendios atribuidos a causas desconocidas, el porcentaje más alto del país.

“La temporada de incendios debe abordarse con enfoque de seguridad, no solo de emergencia. Hay zonas donde brigadas no pueden entrar sin resguardo policial. El Estado debe anticiparse, no reaccionar cuando ya es tarde”, advirtió Santibáñez.

La Multigremial enfatizó que la región enfrenta simultáneamente dos amenazas que se potencian entre sí: terrorismo activo + incendios intencionales = riesgo crítico para comunidades, empresas y vidas humanas.

Piden mayor preparación, inteligencia y prevención activa

“Chile no puede repetir la improvisación del verano pasado. Antes de que suban las temperaturas, se requieren medidas de prevención, vigilancia reforzada, patrullajes mixtos y un plan integral que combine seguridad, inteligencia y control territorial”, señaló el gremio.

La organización insistió en que la clave no es reaccionar después de cada ataque, sino evitar que ocurran.

“El Estado debe prepararse para un verano duro, actuar antes de que los incendios escalen y desarticular a los grupos violentos que han demostrado capacidad para incendiar, atacar y paralizar zonas rurales completas”, añadió Santibáñez.

Medidas propuestas por la Multigremial

La organización llamó al Gobierno a adoptar acciones inmediatas:

• Inteligencia operativa reforzada

• Grupo de tarea especializado para desarticular organizaciones violentas

• Presencia estatal sostenida en puntos críticos

• Uso pleno de la Ley Antiterrorista sin condicionarlo a reivindicaciones o panfletos

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El Ministerio Público formalizó durante la mañana de este martes a Jorge López Cumplido, presidente de la Fundación Cumplido Circular, y a su hermana Pamela López Cumplido, en el marco de la arista regional del caso convenios con Fundación Local, donde se indaga un eventual delito de fraude al fisco.

La audiencia, desarrollada en la Tercera Sala del Juzgado de Garantía de Temuco, giró en torno a presuntas irregularidades en la administración y ejecución de recursos públicos del Gobierno Regional.
Esta investigación que enfrenta la Fundación Cumplido Circular se relaciona directamente con otra causa judicial que denunció la concejala Claudia Peñailillo en septiembre de este año, por irregularidades detectadas en las rendiciones de proyectos contratados por la Municipalidad de Temuco con la misma fundación cuestionada.

Cumplido Circular, desde 2021, se dedicó al reciclaje de plásticos, subvención aprobada bajo la administración del alcalde, Roberto Neira. Sin embargo, Peñailillo, al conocer antecedentes que podrían configurar delitos, presentó una querella criminal denunciando rendiciones de cuentas presuntamente alteradas, además de la adquisición de una maquinaria, la cual habría sido posteriormente rendida al municipio y a otras dos instituciones.

A estos antecedentes se suma que, según investigaciones preliminares, la fundación triangulaba fondos estatales a través de una empresa constituida a nombre de la hermana del presidente, pero que era controlada de facto por el propio Jorge López junto a Paula Galleguillos, otra de las imputadas con formalización pendiente, según sus propias declaraciones en esta causa.

Este mecanismo habría permitido justificar gastos y desviar recursos mediante servicios y operaciones vinculadas directamente al círculo familiar. Sobre Galleguillos, la ingeniero comercial habría desempeñado un papel de articulación y coordinación entre ambas fundaciones, y posteriormente un rol relevante en Fundacion Local, desarrollando actividades en representación de ambas entidades paralelamente.

De acuerdo con lo expuesto por los persecutores, este conjunto de maniobras configuraría un patrón destinado a defraudar al Estado utilizando convenios públicos para fines distintos a los comprometidos. Por este motivo es que los dos hermanos Cumplido, se les aplicó la medida cautelar de prohibición de salir del país.

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Desde la CONECH A.G., gremio nacional que agrupa a empresas contratistas que ejecutan obras y servicios para el Estado, sostienen que la situación es aún más alarmante. El análisis de la CGR excluye todas las obras re licitadas de manera inmediata, es decir, aquellas que entran rápidamente a un nuevo proceso pero cuya raíz del problema nunca es analizada ni abordada.

Esto plantea a una pregunta fundamental:
¿Cuál es el análisis de causas que la Contraloría realiza sobre esta crisis?
Porque mientras no se identifiquen las razones de fondo, este fenómeno se repetirá año tras año; obras paralizadas, gastos duplicados o triplicados, retrasos que afectan la vida de miles de personas y una utilización ineficiente del dinero de todos los chilenos.

Un problema que supera la estadística

Que Chile tarde 25 meses en promedio en recontratar una obra pública es una señal inequívoca de una falla sistémica. Dos años sin avances significan consecuencias sociales, económicas y comunitarias que no están reflejadas en ningún cuadro estadístico:

¿Cuántas prestaciones de salud no se entregaron por centros inconclusos?
¿Cuántas mujeres vieron truncado su desarrollo por no contar con una sala cuna o jardín infantil?
¿Cuántos barrios quedaron sin áreas verdes, sedes comunitarias o infraestructura básica?

Las cifras más críticas provienen de organismos como JUNJI, municipalidades y diversos Servicios de Salud, donde se concentran obras con largos retrasos, recontrataciones sucesivas y montos que escalan sin control.
Resulta legítimo preguntar:

¿Qué sanciones se aplicarán a los servicios con estos resultados?
¿A los equipos directivos? ¿A los funcionarios responsables de planificación, control y supervisión?
¿O simplemente seguiremos viendo cómo quienes lideran proyectos fallidos son reasignados o ascendidos sin consecuencias?

El Estado existe para brindar bienestar. Hoy, ese bienestar no llega

La evidencia es clara; se está gastando más dinero, se están demorando más las obras y los beneficios para la ciudadanía no llegan de manera oportuna. Este problema ya no puede atribuírsele solamente a los contratistas, como durante años se ha intentado instalar. La causa es más profunda:
Bases administrativas con errores; planificación insuficiente; criterios distintos entre regiones y servicios; ausencia de estándares mínimos de control; falta de supervisión técnica real; nula evaluación de desempeño de los mandantes; inexistencia de mecanismos de aprendizaje institucional.

En consecuencia, es el propio Estado el que hoy está comprometiendo la entrega del bienestar que tiene el deber de garantizar.

CONECH: tres años denunciando lo mismo que hoy confirma Contraloría

Lo que hoy refleja la CGR no es nuevo. Desde hace tres años, la CONECH ha trabajado incansablemente para visibilizar estas falencias: oficios, reuniones, informes técnicos, presentaciones públicas y acompañamiento directo a decenas de empresas afectadas, donde se ha insistido que:
– Las paralizaciones no son exclusivamente responsabilidad de los contratistas.
– Existen fallas graves de origen en la planificación de los proyectos públicos.
– Los mecanismos de control y fiscalización no están corrigiendo el problema.
– La pérdida de recursos públicos, los sobrecostos y los retrasos se están normalizando.

Hoy, el informe de la CGR confirma públicamente lo que miles de empresas han sufrido en silencio durante años. Por eso, como gremio, la CONECH hace un llamado a establecer responsabilidades administrativas y técnicas reales. Revisar y corregir los procesos de planificación y licitación. Exigir estándares mínimos en fiscalización y control. Incorporar a los contratistas en la discusión técnica, en lugar de responsabilizarse en solitario y transparentar públicamente la información de paralizaciones y recontrataciones.

Desde CONECH señalan: “El país no puede permitir que miles de millones sigan perdiéndose en obras inconclusas mientras las comunidades esperan. A las empresas contratistas que han vivido paralizaciones, retrasos injustificados o recontrataciones interminables, les decimos:
No están solas.
Este es el momento de unirse, de fortalecer la voz colectiva y de exigir un sistema que funcione. En la CONECH A.G. estamos comprometidos en seguir empujando cambios reales, aunque incomoden, aunque revelen verdades difíciles. Porque Chile se construye con hechos, no con obras abandonadas”.

El llamado de CONECh es a afiliarse de forma gratuita: “discutimos tu caso y buscamos soluciones funcionales. Sé parte del gremio que defiende a los contratistas frente al Estado”.

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De acuerdo con los antecedentes entregados, en los últimos meses se han registrado prácticas de acoso psicológico, descalificaciones personales y presiones indebidas, generando un ambiente de temor e inestabilidad. Estas situaciones habrían escalado hasta transformarse en una forma de persecución con connotaciones políticas, afectando especialmente a quienes han manifestado opiniones divergentes o han cuestionado decisiones administrativas.

Según las denuncias, las acciones de hostigamiento se habrían centrado en la apertura reiterada de sumarios administrativos, los cuales se estarían utilizando como una herramienta de presión hacia determinados funcionarios. Asimismo, se acusa que las denostaciones públicas y privadas hacia los trabajadores se enfocan en cuestionar injustamente su desempeño profesional, señalando de manera infundada que “no cumplen con sus funciones establecidas”, pese a que estos realizan sus labores conforme a los lineamientos institucionales y normativos vigentes.

Las denuncias también apuntan a incumplimientos de la “Ley Karin” (Ley N°21.643), normativa que refuerza la prevención y sanción del acoso laboral y sexual en el sector público y privado, estableciendo la obligación de los organismos del Estado de garantizar espacios de trabajo seguros, libres de violencia y discriminación.

Ante la gravedad de los hechos, las personas afectadas han solicitado la intervención de las autoridades competentes y el inicio de investigaciones internas y externas que permitan esclarecer responsabilidades y restablecer un ambiente laboral digno. No obstante, desde el Gobernador René Saffirio y su equipo de confianza, no se ha prestado apoyo efectivo, y los procesos, en lugar de avanzar, se han visto retardados en sus respuestas, dejando a los profesionales sin protección ni acompañamiento institucional.

Actualmente, existe un ambiente laboral deteriorado, en donde existe preocupación frente a la posibilidad de que estas persecuciones estén directamente relacionadas con eventuales despidos injustificados que podrían concretarse durante el presente mes, lo que aumentaría aún más la tensión y la incertidumbre dentro del equipo.

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En todo Chile, cientos de empresas —desde grandes constructoras hasta pequeñas firmas proveedoras y de servicios especializados— enfrentan una realidad que se ha vuelto cada vez más recurrente: contratos terminados anticipadamente, pagos retenidos sin justificación y procesos administrativos que dejan a las pymes sin defensa ni respaldo frente al Estado.

De esa necesidad de justicia, transparencia y equilibrio nació la CONECH A.G. (Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile), una organización abierta a todas las empresas contratistas y proveedoras del Estado, sin importar su tamaño o región, que busca fortalecer la representación gremial, defender los derechos de sus asociados y promover una nueva forma de relación entre la administración pública y el sector productivo.

Inscrita en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo bajo el número 5360/2023, la CONECH A.G. surge como una respuesta organizada ante una problemática estructural que por años ha afectado a quienes ejecutan obras, prestan servicios o proveen insumos al Estado: la falta de equilibrio, transparencia y responsabilidad en la gestión de los contratos públicos.

Representar, acompañar y equilibrar

El propósito de la CONECH A.G. es claro: representar, acompañar y defender los derechos de los contratistas y proveedores del Estado, promoviendo una contratación pública más justa, transparente y eficiente, que equilibre la relación entre el Estado y las empresas que lo hacen posible.

Durante la pandemia, la asociación identificó un patrón de malas prácticas que trascendía sectores: terminaciones unilaterales, retenciones arbitrarias, ejecuciones de garantías y atrasos prolongados, afectando no solo al rubro de la construcción, sino también a empresas de servicios, tecnología, seguridad, mantenimiento, etc. y proveedoras.

Convenios que marcan la diferencia

Uno de los principales hitos de la organización fue la firma del convenio con PRF & Asociados, estudio jurídico especializado en derecho administrativo, que financia la operación de la CONECH A.G. y permite que ser socio no tenga costos de incorporación ni mensualidades.

Gracias a esta alianza, las empresas afiliadas pueden acceder a asesoría y representación jurídica sin costo fijo, bajo un modelo basado exclusivamente en los resultados de recuperación efectiva de los recursos retenidos o adeudados por organismos públicos.

A este avance se suma el convenio suscrito con la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile (USACH), firmado en marzo de 2025, que brinda respaldo técnico y académico a través de investigaciones en derecho administrativo, análisis de jurisprudencia y el apoyo a la fecha de siete alumnos pasantes de la carrera de Derecho.
Así, la CONECH une la experiencia gremial con el prestigio académico de una de las universidades más importantes del país.

Presencia nacional y representación territorial

Con más de 50 empresas asociadas y una comunidad digital que ha superado los 1.000 seguidores en solo dos semanas, la CONECH A.G. se consolida como un actor gremial con presencia real y proyección nacional.

Para asegurar una estructura descentralizada y cercana, la organización cuenta con delegados regionales que representan al gremio en terreno, canalizan casos y promueven la organización en cada territorio.

Actualmente, los delegados regionales son:
•Francisco Ríos – Tarapacá
•Enrique Miranda – Antofagasta
•Alejandro Urquieta – Coquimbo
•Rodrigo Valenzuela – O’Higgins
•Sergio Molina – Biobío
•Rodrigo González – La Araucanía
•Jorge Pávez – Los Lagos
•Patricio Flores – Región Metropolitana

Una causa con impacto social

El presidente de la asociación, Patricio Rojas, ha sido enfático en señalar que el problema no se limita al plano económico, sino que tiene una profunda repercusión social:

“Detrás de cada empresa hay familias, trabajadores y proveedores que han sostenido al país con su trabajo. Nuestro compromiso es que ninguna empresa quede sola frente al Estado”, señala Rojas.

En la misma línea, el secretario de la CONECH A.G., Patricio Flores, resalta la necesidad de construir una red nacional de apoyo gremial: “Cuando una obra se detiene o un contrato se termina injustificadamente, no solo pierde la empresa, sino también la comunidad. Cada jardín infantil que no se entrega, cada centro de salud paralizado y cada proyecto que se retrasa impacta directamente en la calidad de vida de los chilenos. Por eso, nuestro llamado es a unir fuerzas: empresarios, trabajadores, proveedores y profesionales del sector público deben entender que mejorar la contratación pública es mejorar el país.”

Un llamado a las empresas de todo Chile

La CONECH A.G. extiende una invitación abierta a todas las empresas contratistas y proveedoras del Estado, especialmente a aquellas que hayan enfrentado términos anticipados, retenciones injustificadas o atrasos en los pagos, así como a las que actualmente trabajan con instituciones públicas.

“Queremos que más empresas se sumen, no solo para defender lo que les corresponde, sino para construir juntos un nuevo estándar de equidad y responsabilidad en la administración pública”, subraya Flores.

El llamado es a unir fuerzas, organizarse y actuar juntos frente a una situación que afecta no solo a las empresas, sino al bienestar de todos los chilenos. “Cuando las empresas se organizan y colaboran entre sí, el país avanza. Esa es la convicción que mueve hoy a la CONECH A.G.”, declararon.

Contacto y redes

Correo: secretario@conech.cl
Sitio web: www.conech.cl
Redes sociales: @conechag
Asociación Gremial de Contratistas del Estado de Chile – CONECH A.G.
“Unidos por una contratación pública más justa.”

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