La autoridad regional busca exponer directamente ante al representante del Ministerio Público su preocupación por posibles conflictos de interés en La Araucanía.

El Gobernador de La Araucanía, René Saffirio, manifestó su preocupación por la falta de una respuesta de fondo a la solicitud de inhabilitación del Fiscal Regional de La Araucanía, así como por el marcado contraste entre los antecedentes recabados por el Ministerio Público y los hallazgos de la Contraloría General de la República en las investigaciones relacionadas con la transferencia de recursos públicos a la Universidad Autónoma de Chile durante los años 2022 y 2023.

“El Gobierno Regional de La Araucanía transfirió $21 mil millones a la Universidad Autónoma de Chile. La Contraloría ya detectó una trama sistemática de conflictos de interés. Por su parte, la Fiscalía Regional dice que no hay hallazgo relevante. Algo no me cuadra”, agregó el Gobernador.

El Gobernador de La Araucanía, René Saffirio, informó que solicitó una reunión con el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, con el propósito de exponer su preocupación respecto del tratamiento que ha tenido en el Ministerio Público con la investigación de las causas asociadas a esta casa de estudio.

“Le pedí fundadamente inhabilitar al fiscal regional Roberto Garrido, ya que este es empleado de la universidad que tiene que investigar. Le pedí, además, reasignar esas causas a otra fiscalía regional. La respuesta no llegó de parte del fiscal nacional, llegó firmada por su jefa de gabinete, que no aborda los temas de fondo, no se hace cargo de la causal de inhabilidad invocada, no se pronuncia sobre la reasignación de las causas y omite el cuestionamiento sustantivo que he formulado en el oficio señalado”, explicó la máxima autoridad regional.

El Gobernador de La Araucanía manifestó que “no es un tema de protocolo, es el ejercicio que cada autoridad debe hacer respecto de sus facultades. Acá está el contraste”.

Por esta razón, el Gobernador de La Araucanía anunció que solicitó una reunión directa con el Fiscal Nacional para exponerle lo que ocurre con el Ministerio Público en nuestro territorio.

“La Fiscalía Regional dice que no hay hallazgos relevantes. Por su parte, la contraloría sostiene que, auditando apenas el 5% del universo de casos, ya develó una trama sistemática de conflictos de interés con el gobierno regional. Cuando dos órganos públicos discrepan, lo mínimo que uno puede esperar es que la respuesta institucional dé cuenta de aquello. Por eso le he pedido una reunión al fiscal nacional, para exponerle directamente, personalmente, lo que está ocurriendo con el Ministerio Público de La Araucanía”, precisó.

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La Fiscalía busca condenas de hasta 71 años de cárcel para cinco acusados por ataques incendiarios, robos, disparos y porte de armamento de guerra en la provincia de Cautín. El juicio comenzó tras cinco suspensiones y bajo estrictas medidas de seguridad.

Con fuertes medidas de seguridad y luego de una extensa espera marcada por reiteradas suspensiones, este lunes comenzó en La Araucanía el juicio oral contra Pelentaro Llaitul Pezoa —hijo del líder histórico de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul— y otros cuatro imputados por una serie de violentos atentados incendiarios ocurridos en noviembre de 2022 en la comuna de Lautaro.

En el banquillo de los acusados también se encuentran Luis Menares Chañilao, Luis Fuenzalida Eneros, Jorge Caniupil Coña y Juan Mardones Sáez, quienes enfrentan cargos por robo con retención de víctimas, robo con intimidación, incendio, disparos injustificados, porte de arma de fuego prohibida y tenencia de municiones.

La Fiscalía sostiene que el grupo actuó previamente concertado durante la mañana del 22 de noviembre de 2022, irrumpiendo primero en el fundo San Luis, en Lautaro, donde intimidaron a trabajadores y perpetraron un ataque incendiario que destruyó maquinaria forestal y vehículos.

Según la acusación, en medio del ataque los imputados sustrajeron una camioneta y retuvieron a su conductor, utilizándola para desplazarse hasta un segundo predio: la parcela 15 del fundo La Colonia. Allí habrían ejecutado un nuevo atentado incendiario antes de escapar por caminos interiores hacia sectores de Cholchol y Galvarino.

La huida terminó en una quebrada del sector, donde personal policial logró detenerlos en flagrancia. De acuerdo con el Ministerio Público, los acusados fueron sorprendidos portando armamento de alto poder de fuego, incluyendo un fusil calibre 762, además de escopetas, municiones, ropa de camuflaje y chalecos anticorte.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, enfatizó la gravedad del caso y el contexto en que se desarrolla este juicio oral. “Se inició el juicio en contra del hijo del líder histórico de la CAM y otras cuatro personas que integran la misma organización. Este procedimiento se inicia por la detención en flagrancia de estas cinco personas, luego de que cometieran dos atentados en contra de industrias y empresas forestales”, señaló.

Garrido agregó que durante el operativo los imputados fueron detenidos con armas de fuego, vestimenta táctica y elementos que los vinculaban directamente a los ataques, incluyendo un lienzo reivindicatorio de la CAM. “Durante el juicio presentaremos diferentes medios de prueba, prueba testimonial, pericial, documental y fotografías que dan cuenta de la participación de estos acusados en los hechos”, afirmó el persecutor.

El fiscal regional también defendió el uso de testigos protegidos, argumentando que las medidas buscan garantizar la seguridad de quienes colaboran con la investigación. “Cuando se trata de organizaciones que tienen gran poder de fuego, que son capaces de intimidar y amedrentar, la reserva de identidad de los testigos no es una opción para el Ministerio Público, es un deber legal y constitucional”, sostuvo.

Por su parte, el fiscal de Alta Complejidad, Miguel Rojas, explicó que la investigación logró reunir una serie de antecedentes que sitúan a los acusados en los atentados ocurridos aquella jornada en Lautaro. “Los acusados fueron detenidos en situación de flagrancia por la comisión de múltiples delitos de incendio, robo con intimidación, robo con retención, disparos injustificados y múltiples infracciones relacionadas con la ley de control de armas”, indicó.

Rojas precisó que la Fiscalía cuenta con registros audiovisuales, peritajes y declaraciones de testigos que respaldan la acusación, además de especies recuperadas tras la detención de los imputados. “Los imputados fueron encontrados con especies objeto de delito de los atentados incendiarios ocurridos en el fundo San Luis y en la parcela 15 del fundo La Colonia”, detalló el persecutor.

La Fiscalía está solicitando penas que van desde los 59 hasta los 71 años de presidio para los cinco acusados, quienes actualmente permanecen en prisión preventiva en el módulo mapuche del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco.

El juicio es seguido con especial atención en la Macrozona Sur debido al impacto de los hechos investigados y al perfil de los acusados, en una de las causas más relevantes vinculadas a violencia rural y ataques incendiarios en La Araucanía durante los últimos años.

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“Pediremos las penas más altas que contempla la legislación chilena para los hermanos Antihuen”, afirmó este martes el fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, en relación a los imputados por el triple asesinato de carabineros en Cañete, hecho ocurrido en abril del año pasado. “Estos crímenes no fueron una situación al azar ni circunstancial. Se escogió el día para ejecutarlos. Hubo traslado de los cuerpos y quema del vehículo”, explicó Garrido en entrevista con Radio Pauta.

A juicio del fiscal, lo más importante para este grupo era quedarse con las armas “porque justamente estaban dedicados hace bastante tiempo a actividades criminales”, pero además, tuvieron la intención de enviar un mensaje, dar una “una demostración de fuerza y de control territorial”, señaló el persecutor regional.

“Es parte del eslogan de las organizaciones criminales que operan en la en la zona sur, tratando de revestir este control territorial de una cierta vinculación con reivindicación de derechos ancestrales, cuando en realidad lo que pretenden es generar espacios territoriales donde puedan cometer delitos con impunidad”, aseguró.

El fiscal descartó -por ahora- vínculos estructurados con grupos organizados como la CAM o la WAM: “Lo que puedo afirmar es que, hasta ahora, no hay antecedentes de que este imputado y sus hermanos sean parte de un grupo superior que les dé instrucciones o que le haya planificado esta acción“.

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Ante el Juzgado de Garantía de Loncoche, se estableció que el comunero deberá permanecer en un inmueble ubicado en calle Chamichaco, en un sector rural de la comuna de Ercilla.

El inmueble está fuera de la comunidad de la cual Carvones (Carbone) es werkén, donde las dificultades a las que se enfrentaría Carabineros para controlar el cumplimiento del arresto motivaron a la justicia a obligar el cambio de domicilio.

Cabe recordar que el tribunal había decretado prisión preventiva en primera instancia, pero se sustituyó por una cautelar menos gravosa.
Carvones está siendo imputado por sustracción de madera, asociación ilícita y delitos tributarios, en una causa donde también están implicados el conductor de camión Mario Poblete y del empresario forestal Felipe Barrios.

El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, explicó que los individuos «legalmente tenían acceso a 50 hectáreas en el exfundo Alaska. Desde ahí han explotado más de 45 hectáreas los últimos 4 años. Sin embargo, la cantidad de madera que han comercializado supera los 76 mil m3».

Agregó que «a través de diferentes sociedades, blanqueaban el origen de la madera para venderla a destinatarios finales».
El persecutor estima un daño fiscal superior a los 2 mil millones de pesos por evasión de tributos, además de un perjuicio por un monto similar a los propietarios afectados.
Sobre Carvones, Garrido indicó que «es la persona que tenía la dirección de la organización, era socio de otra de las personas detenidas, con porcentaje igualitario. Es quien distribuye las funciones, y obtiene importantes beneficios de la sustracción de madera y los ilícitos que se cometen».

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